EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Son muchas las personas que caen en manos de organizaciones que les explotan, sexual o laboralmente, arrebatándoles su libertad en contra de su voluntad.  La trata de personas se ha convertido en la forma de esclavitud del siglo XXI. 

Es importante conocer a qué nos referimos con la trata de personas, cuyo día mundial se celebra el 30 de julio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la define como “el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación en su mayoría sexual, laboral o en la mendicidad”.  

Para conocer las dimensiones de este delito, Naciones Unidas señala que hay alrededor de 21 millones de víctimas, siendo un 30 por ciento de ellas niños y un 70 por ciento mujeres y niñas. Además, todas estas víctimas provienen de 137 países, un dato que refleja la dimensión que tiene este problema.  

“Captación, traslación y explotación” 

Existe una diferencia entre la trata y el tráfico de personas. En el caso de la trata de personas “se tienen que dar tres fases: captación, traslación y explotación”, según señala Félix Durán, jefe del grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y experto del proyecto en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP.  

En base a ello, se capta a ciertas personas para su explotación laboral, sexual, mendicidad o tráfico de órganos, entre otros; y se utiliza este engaño para traer a esas personas a otros países. “Para hablar de trata de personas tiene que haber un traslado y finalmente una explotación final”, destaca Félix Durán. La fase de explotación es la que diferencia a la trata con el tráfico de personas. 

Además, Félix Durán nos cuenta que la mayoría de los casos de trata que se dan en España son de personas que provienen del sur de África (en mayor medida desde Nigeria), del este de Europa (Bulgaria y Rumanía) y de China. El perfil de las víctimas se corresponde con niñas, especialmente de Nigeria, así como personas de edad avanzadas si hablamos de Rumanía.  

Por otro lado, existe una gran dificultad para demostrar un delito de trata de personas, especialmente si es sexual. Para poder justificar judicialmente el delito y poder llevar a cabo la detención de las personas implicadas, es de especial importancia contrastar las tres fases mencionadas, lo que en muchas ocasiones es muy complicado de conseguir. 

El caso de Bolivia 

En el proyecto de Bolivia, ya mencionado, se trabaja en la lucha contra la trata de personas, al ser este problema un delito conexo con el narcotráfico, tema principal del proyecto. El proyecto se centra fundamentalmente en las “3P”: prevención, persecución y protección.  

En este país existe mucha trata, tanto es así que se ha incluido a Bolivia “en el listado negro de países que no trabajan contra la trata”, según afirma Félix Durán, experto de este proyecto.  

Además, se ha creado un programa en el que se proporciona formación a los funcionarios públicos que están estrechamente relacionados con esta problemática, trabajando tanto con la administración nacional como con la municipal.  

En esta línea, destaca la importancia que tienen los proyectos de cooperación en esta materia, en la que se “debe concienciar y sensibilizar a los funcionarios públicos” que trabajan en esta lucha; la obligación de “realizar una formación para que estos conozcan si es o no un caso de trata de personas” y finalmente, al ser la trata “un tipo delictual”, la necesidad de que haya cooperación internacional entre instituciones, según Durán. 

Nigeria, escenario de trata 

En el caso de las mujeres nigerianas que están en Europa, el 95% de ellas pertenece a Benin City, un pueblo de alrededor de 10 millones de habitantes perteneciente a Edo State.  

La mayoría de estas niñas son captadas dentro de un entorno familiar en el que son los mismos padres quienes las ponen a disposición de las organizaciones de trata de personas. Tal es el número de víctimas de este país, que se cuenta con mediadoras del propio Benin City, muchas de ellas antiguas víctimas de trata, que facilitan el trabajo a las autoridades para comunicarse con ellas. 

En este país, con el proyecto A-TIPSOM, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, se busca reducir la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, tanto a nivel nacional y regional como entre Nigeria y la UE. Además, en él se persiguen cinco objetivos fundamentales, las “5P”: política o fortalecimiento de las instituciones y el marco legal, prevención con actividades de sensibilización y formación, protección de las víctimas, persecución de los tratantes y traficantes y partenariado o coordinación de los actores involucrados. 

Según Rafael Ríos Molina, coordinador de este proyecto, la situación en Nigeria ahora mismo es compleja, ya que “el país es un punto fuerte de migración y de tránsito” al encontrarse en el centro del continente africano. Además, “la cantidad de mujeres y niños que son víctimas y que caen en la red de prostitución y de explotación laboral, según las estadísticas, es superior al de hombres”, razón por la que se focalizan más en estos colectivos. 

 La enorme cantidad de casos de trata de personas existente en la actualidad exige abordar este problema desde una dimensión transnacional, a través de una cooperación entre países y regiones. 

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. 

La UNODC proporciona de esta forma información al gobierno boliviano sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos, pues parte de la hoja de coca se desvía hacia el tráfico ilícito. Que este producto se convierta en una droga internacional es lo que trata de evitar la Policía boliviana y otras instituciones involucradas. Este informe les permite el desarrollo de estrategias y políticas para su control. 

Estas instituciones cuentan además con el apoyo en esta tarea de un proyecto gestionado por la FIIAPP, en coordinación con el Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con fondos de la Unión Europea y de la AECID. Y es que la paradoja es todavía más difícil de abordar cuando la hoja de coca es un producto cultural. 

El agricultor no es el traficante 

Javier Navarro es uno de los expertos del proyecto. El inspector de la Policía Nacional española recuerda que “el consumo de hoja de coca es algo que está muy arraigado en sus costumbres”. En Bolivia, el producto se consume directamente con el acullico (mascar la propia hoja de coca con otros productos que la dulcifiquen) o se utiliza para mate o caramelos. 

Su producción se gestiona a través de cooperativas. Cada agricultor registrado tiene derecho al cultivo de un cato de coca (1.600 m2). El producto llegaría al mercado legal después de pasar por la cooperativa. El problema es que no toda la producción sigue ese camino.  

Parte de la hoja de coca se introduce en “circuitos paralelos” y con ella se fabrica la pasta base de la que sale el clorhidrato de cocaína. Una vez conseguida esta sustancia, explica el inspector de policía, se habla de tráfico propiamente dicho. Además, existen cultivos ilegales “en zonas de frontera o de difícil acceso”. 

Sin embargo, ningún agricultor colabora en ese fin, simplemente viven de ello. “El productor no tiene ese perfil de traficante”, comenta Navarro, e incluso si actuara de manera ilícita, se trataría del eslabón más pequeño de toda la cadena de narcotráfico. 

Javier Navarro apunta además que “Bolivia no es solo un país productor, sino también de tránsito”, principalmente por cuestiones geográficas. Al país llega la pasta base de Perú, igualmente productor, para realizar la denominada “purificación” en laboratorios. 

Y aporta un dato representativo: “el kg de clorhidrato de cocaína sale en Bolivia a 2.500 dólares. Cuando llega a España, pasa a costar 35.000 dólares”. España vuelve a funcionar en este caso como país de tránsito: desde aquí se exporta la cocaína a Francia, Italia o Gran Bretaña con el consiguiente incremento de precio. Un recorrido que lo convierte en un problema transnacional. 

¿Cuál es el papel del proyecto? 

Para hacer frente a este problema, miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en este proyecto con los agentes bolivianos en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la trata y el tráfico de personas. Además se actúa en fronteras y aeropuertos. 

En concreto, se forma a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, unidades especializadas repartidas en varios puntos de la geografía boliviana. Y es que el narcotráfico representa el sector dominante del crimen organizado. La evolución de sus formas de organización y acción requieren una adaptación constante de los dispositivos y estrategias de lucha contra esta problemática. 

Una formación que se ha complementado con visitas a España para conocer los procedimientos de las fuerzas de seguridad españolas, por ejemplo, en inteligencia e investigación criminal. 

Tras dos años de trabajo, “el proyecto está consolidado y son las propias instituciones las que acuden a él”, explica Javier Navarro. Se ha conseguido, entre otras cosas, abordar las investigaciones de una forma más integral. Esto es, según el inspector, que no solo se detenga al transportista, sino que se lleguen a desarticular organizaciones. 

Un trabajo que se completa con la sensibilización de los ciudadanos a través de algunas actividades de comunicación. La última, un taller para periodistas en el que se trabajó sobre cómo comunicar adecuadamente sobre temas tan sensibles.

Proyectos para un problema transnacional 

La FIIAPP gestionaba hasta hace poco un proyecto similar en Perú, ejemplo de buenos resultados con la desarticulación de más de cien organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La Fundación también está presente en esta dimensión operativa con el proyecto SEACOP, para la  lucha contra el tráfico marítimo de drogas.  

Además, existen programas regionales que acompañan las políticas públicas de los países latinoamericanos. Es el caso de EL PAcCTO contra el crimen transnacional organizado o COPOLAD, que abarca la dimensión social y sanitaria. 

Además, otros proyectos siguen las rutas de narcotráfico más importantes, como la de la heroína. UE-ACT  actúa en 30 países de Asia central, la costa Este de África y Europa del Este, y trabaja para mejorar la eficacia de las policías y de los órganos judiciales, además de la prevención del consumo de drogas.