EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Gabriella tiene 15 años, pero en su carnet pone que acaba de cumplir los 19. Desde hace dos años, una red de proxenetas la tienen encerrada en un prostíbulo donde la explotan sexualmente. Hace seis meses consiguió escapar de ese lugar. Cuando a lo lejos vio una comisaría, pensó que ya estaba salvada. Al llegar la atendió un policía, le hizo pasar a un cuarto y le tomó declaración. Cuando Gabriella terminó de hablar, el policía salió un momento para hacer una llamada. A los quince minutos, un coche se presentó en la comisaría para llevarla de vuelta al prostíbulo de donde había escapado. Al día siguiente, el policía pasó por allí para que los proxenetas le devolviesen el favor. 

Gabriella no existe, pero su historia la viven cada día más de 1,7 millones de mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual. Aunque se suele señalar a los proxenetas, los funcionarios corruptos que miran hacia otro lado o encubren estos delitos son igualmente responsables. “La corrupción es un flagelo que permea todas las estructuras, tanto públicas como privadas. El ámbito de la trata de personas no escapa a ella”, afirma María Soledad Machuca, Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra el Orden Económico y Corrupción de Paraguay. 

Algunos funcionarios públicos no sólo miran hacia otro lado, llegan a participar activamente o a beneficiarse de la explotación sexual. “Muchas veces funcionarios corruptos negocian con tratantes y explotadores el pago de coimas o favores sexuales en los que son las propias víctimas la moneda de cambio para cumplir con esos pagos”, explica María Alejandra Mángano, Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina. 

Para Rosario López Wong, Fiscal coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Perú, uno de los problemas que facilitan la trata son los avisos sobre operaciones policiales: “Sentimos una gran frustración cuando un operativo planificado de rescate de víctimas no se realiza o se trunca porque los tratantes han sido alertados y las víctimas han sido ocultadas, incluso menores de edad”. 

Otros funcionarios dan licencias de cafeterías a prostíbulos, falsifican documentos de identidad para hacer pasar a niñas por mayores de edad o intimidan a las víctimas para que no denuncien, como cuenta Marcelo Colombo, Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina: “Existen funcionarios públicos que amenazan a las víctimas y a los testigos, ya sea para que estos no denuncien los hechos de corrupción o incluso para que no se presenten como testigos a los juicios”,  

Las Fiscalías de América Latina, en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), trabajan para detectar y combatir la corrupción pública que encubre la trata. Los Ministerios Públicos son conscientes de la importancia de trabajar de forma conjunta y cooperar para terminar con esta lacra. “Nos encontramos fortaleciendo en la cooperación y coordinación entre las Unidades Especializadas de Trata de Personas y Anticorrupción para poder desarrollar una investigación eficaz y oportuna”, explica Carina Sánchez, Fiscal de la Unidad de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de Paraguay. 

Desde FIIAPP, a través de programas como EUROsociAL+, EL PAcCTO o A-TIPSOM, trabajamos para impulsar la cooperación entre administraciones públicas y combatir, de forma conjunta, la trata de personas. Lo hacemos abordando la cadena criminal en su conjunto. Esto implica trabar tanto la dimensión policial (investigación y detención) pasando por la judicial (elaboración de la legislación y enjuiciamiento de acuerdo con las leyes vigentes) y terminando en la penitenciaria (aplicación de las penas impuestas). 

Con la campaña #FiscalíasContralaCorrupciónylaTrata, visibilizamos una cara poco visible de la explotación sexual. Aunque los funcionarios corruptos son sólo una parte de la Administración, detectar esas‘manzanas podridas es fundamental para acabar con la trata. Como afirma Sergio Rodríguez, Titular de la Fiscalía Anticorrupción de Argentina: “No existe la trata de personas sin corrupción”.  

El 30 de julio se celebra el día Mundial de lucha contra la trata. Como una apuesta en firme en la lucha contra este delito por parte de las autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha instaurado el 23 de septiembre como el Día Nacional de lucha contra la trata de personas en el país.  

Alineándose a este compromiso público, la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (SC-CONALTID), están llevando a cabo en Bolivia el proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Para entender de forma correcta la enorme problemática que supone la trata de seres humanos debemos previamente conocer qué es. La definición de trata viene recogida en el Protocolo de Palermo de la siguiente forma “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta mercantilización del ser humano se ha convertido en el nuevo modelo de esclavitud del siglo XXI, generando enciclopédicos ingresos a las mafias organizadas que operan lucrándose a través de este delito. Se considera la trata de seres humanos como el segundo sector delictivo más lucrativo, por detrás del narcotráfico, cuyos ingresos se estiman entre 32 y 36 mil millones de dólares, según el informe sobre tráfico de personas de la ONU (2016). 

Algunos datos para dimensionar el problema a nivel mundial: aproximadamente 21 millones de personas son víctimas de este delito, de los cuales el 70% son mujeres y niñas (51% y 20% respectivamente), el 21% hombres y el 8% niños. Las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a este delito, por lo que las políticas públicas de lucha contra la trata demandan una estrategia de género rigurosa y efectiva. Las víctimas provienen de un total de 137 países, lo que nos da una certera imagen de la problemática global que supone este delito.  

Las principales causas que motivan la trata de seres humanos son, entre otras, la pobreza y las crecientes desigualdades; la proliferación de un modelo económico con un enfoque hacia la medición del valor en términos mercantilistas, alejado de una proyección más social; la creciente y continua escalada de conflictos bélicos; o la existencia de un aumento de los desplazamientos humanos. Todos estos factores han incrementado la vulnerabilidad de importantes grupos humanos cuyo riesgo a caer en redes delictivas ha aumentado exponencialmente.  

La trata de personas es considerada, por lo tanto, un delito que vulnera derechos como la libertad, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la vida misma de las personas, reduciéndolas en el imaginario a objetos pasibles de ser utilizados, explotados y/o comercializados. 

Bolivia: origen, tránsito y destino 

En Bolivia existen datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el ente que lidera el Consejo Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de Bolivia. Esta institución coordina con todos los Ministerios, sociedad civil y Defensor del Pueblo la operatividad de la Política Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas. En el informe del año 2016 se notificaron un total de 829 casos, de los cuales más del 70% eran mujeres, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, una mirada exhaustiva a la realidad del país nos traslada una constante en este delito y es la falta de visibilidad del mismo. Se duda de que estos datos sean lo suficientemente realistas para describir la verdadera dimensión de este problema. Bolivia está considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de seres humanos. Origen porque existen flujos de trata hacia Perú (principalmente por explotación sexual) y hacia Argentina (explotación laboral), entre otros, dentro de lo que conocemos como trata externa. Pero existe una realidad muy dura en relación a la trata interna, la que se produce dentro del país y en donde las víctimas son desplazadas internamente. Sectores productivos tradicionales como son la agricultura y minería ocultan una realidad de víctimas de trata por explotación sexual, comercial y explotación laboral. La trata por servidumbre costumbrista es una realidad de la cual el país todavía no ha conseguido visionar su verdadero impacto.  

Existe una lógica economicista perversa que describe el proceso de recuperación de la inversión, entendida la inversión como el capital dedicado a la captación, traslado y acogida de las víctimas. La finalidad de estos procesos es la explotación del ser humano, diferente de la del tráfico de armas o tráfico de drogas, donde el lucro termina en el momento de la transacción comercial (compra/venta). En el caso de la trata, la tasa de retorno es continuada, los servicios prestados en términos de prostitución, explotación laboral, servidumbre, etc. continúan de forma recurrente.  En la trata de seres humanos, las personas se convierten en mercancías objeto de explotación continua y recurrente.  

Continuando con esta lógica economicista, no hay que olvidar que las víctimas de trata no entran dentro de los canales oficiales del mercado laboral. Esto supone un grave perjuicio para ellas, ya que su trabajo no se encuentra amparado en beneficios sociales futuros, lo que supone además a las arcas públicas una falta de ingreso de esas actividades productivas. El problema de la trata no sólo es una total vulnerabilidad a los derechos humanos de las víctimas, sino que supone además un perjuicio de desarrollo económico a los países, afectando a su estructura de servicios sociales.  

Un proyecto para un problema transnacional

La estrategia de lucha contra este delito, a través del proyecto operado por la FIIAPP, se centra en los 3 pilares fundamentales: prevención, persecución y protección, que se conocen como las 3 P. Se ha puesto en marcha un programa muy ambicioso de formación a funcionarios públicos involucrados en la lucha contra este delito (policía, fiscales, magistrados, servicios sociales de atención a víctimas, sociedad civil, entre otros), marcando una estrategia en forma de embudo: desde la administración nacional hacia niveles departamentales y municipales, ya que mientras a un nivel nacional se establecen las políticas públicas, a un nivel municipal se está trabajando directamente con el personal que atiende a las víctimas.  

Se han llevado a cabo además viajes regionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la coordinación regional e internacional en la lucha contra este delito, pues no hay que olvidar el carácter transnacional del mismo. Se están reforzando los Consejos Departamentales de lucha contra la trata y tráfico de personas, a través del apoyo en la formulación de los Planes Departamentales de lucha contra la trata. En coordinación estrecha con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se está elaborando un manual de investigación en trata que busca sistematizar y estandarizar los procesos investigativos con el fin de mejorar la capacidad de investigación de policías y fiscales y de, entre otras cosas, reducir el riesgo de revictimización de las víctimas.  

Desde la FIIAPP tenemos la firme convicción de que debemos seguir apoyando procesos de cambio a través del apoyo a políticas públicas y el alineamiento en el marco jurídico-normativo de los países con los que trabajamos. La lucha contra la trata y tráfico de personas va más allá de un compromiso institucional, siendo una obligación humana posicionarse en el lado de aquellas instituciones y personas que trabajan por las víctimas y su reinserción en la sociedad.  

Santiago Santos, coordinador del proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia 

Pocos trabajos tienen un ritmo tan endiablado como el de periodista. Las urgencias del día a día raramente dejan huecos para la reflexión sobre la labor propia, para pensar despacio en las cosas en las que fallamos, también en las que salen bien, pero, sobre todo, en qué podemos hacer para mejorar. Por eso aprecio tanto mi trabajo como profesor en la Escuela de Periodismo UAM-El País, porque me obliga a reflexionar sobre todo ello. Y también por eso acepté, sin pensarlo dos veces, la invitación de la FIIAPP para impartir en La Paz (Bolivia), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del CONALTID, y con la financiación de la Unión Europea y la AECID, el Taller internacional de crónica periodística sobre prevención en el consumo de drogas y la trata y tráfico de personas, unos temas tan importantes y tan serios que merecen todavía mayor cuidado y autocrítica a la hora de abordarlos desde los medios de comunicación. 

En ese contexto, lo más lógico para mí era plantear desde el principio, de cinco días, una reflexión conjunta con los participantes, una veintena de profesionales de la prensa, la radio y la televisión bolivianas.  Precisamente, la heterogeneidad del grupo (no solo porque venían de medios distintos, sino también porque había algunos muy jóvenes, recién llegados al oficio, junto a curtidos periodistas con décadas de experiencia a sus espaldas) acabó aportando una enorme riqueza al taller. Pero también fue la primera dificultad, solventada, en todo caso, por el formato elegido: presentaciones breves, aliñadas con muchos ejemplos de textos de referencia, un trabajo sobre el que poner inmediatamente en práctica todas las ideas y las técnicas que se iban exponiendo, y mucha interacción, mucho diálogo.  

Esa tarea práctica consistía en escribir una crónica/reportaje en torno al consumo de drogas o la trata y el tráfico de personas, el cual nos sirvió para repasar todo el proceso periodístico, desde la elección del tema, su desarrollo, la documentación, el trabajo de campo, hasta la redacción y edición (en este caso, la corrección).  En ese camino pudimos profundizar en las técnicas de ficción que nos pueden servir para presentar nuestro trabajo de una forma más profunda y atractiva, sin perder nunca de vista las ideas fuerza de cualquier texto periodístico: la honestidad, el rigor, la comprobación de cada dato o la presentación del contexto necesario para entender realidades complejas. Y todo ello, buscando el inexcusable equilibrio entre la distancia profesional y la sensibilidad que requiere tratar temas sociales, en general, y de drogas y trata, en particular.  

Muchos de los problemas a los que los alumnos se fueron enfrentando en el camino son los mismos que nos podemos encontrar los profesionales españoles en nuestro día a día: cómo abordar a los personajes, cómo plantear la historia y hacerla atractiva, qué parte de la información obtenida con enorme esfuerzo debemos dejar fuera para que el resultado final sea mejor, etc.  Sin embargo, otros tenían que ver con particularidades bolivianas, con unas condiciones de trabajo y un entorno culturar propios; por ejemplo, el burocrático procedimiento escrito necesario para solicitar casi cualquier dato oficial. Las respuestas que todos juntos hemos dado a estos problemas, en el vértice de su experiencia y la mía, han resultado la parte más interesante del curso, al menos para mí, y creo que además tiene mucho que ver con la filosofía de trabajo de la FIIAPP en todos los países en los que está presente.    

Por lo demás, mi objetivo en este curso era ofrecer una serie de herramientas a los alumnos para poder contar de una manera un poco más atractiva, un poco más cercana, tanto las historias grandes, esos grandes despliegues por los que puede apostar un medio, como las historias pequeñas de todos los días, esas que hay que hacer a toda velocidad, pero que también merecen, aparte del irrenunciable rigor, todo el cuidado y el cariño que seamos capaces de darles. Sobre todo, cuando se abordan temas tan sensibles como los que tienen que ver con el consumo de drogas y la trata y tráfico de personas.  

Juan Antonio Aunión, redactor especializado en temas sociales y educativos de El País 

“A sus 27 años Noelia ha vivido más que cualquier persona de su edad; ella es una de las cinco mujeres que están internadas en el pabellón de Farmacodependientes del Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba, por consumo de múltiples de drogas…” 

Así comienza Momentos de placer a cambio de una vida de sufrimiento, el relato ganador del I Concurso Crónica Periodística “Prevención del Consumo de Drogas y Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas”. Laura Manzaneda Barrios, periodista de Los Tiempos en Bolivia, narra la vida de una drogodependiente que pierde la custodia de sus hijos y llega a una institución para rehabilitarse.

Según el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana, el 97% de la población considera el consumo de drogas como un problema social. Y es que el país es epicentro del narcotráfico.

Reflejar experiencias positivas en la prevención del consumo de drogas o en la lucha contra la trata y tráfico de personas es el objetivo de este concurso organizado por la SC-CONALTID y la FIIAPP, en el marco del proyecto de apoyo en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.

Un trabajo que busca dar formación a las instituciones bolivianas en los campos de investigación criminal operativa, inteligencia, control de fronteras y mercancías, lavado de activos y blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas.

Este último problema es el tema del segundo relato premiado: Desperté de la red, esquivé la trata de personas, del presentador de Red Bolivisión Víctor Hugo Rojas Chávez.

“El aceptar a un atractivo desconocido como contacto fue el pasaje corto a la desgracia, ticket que adquirió al responder el primer “hola que tal” en el chat… el resto sólo un juego de cálidas y halagadoras palabras en medio de los vibrantes emoticones plagados de besos y corazones… así fue el viaje que la condujo por este rumbo, pasaje sin retorno y al más alto precio”.

El fragmento refleja el principio de los muchos casos de lo que UNICEF considera “una forma moderna de esclavitud”. Las principales víctimas del tráfico de personas son niños, adolescentes y mujeres que son seducidos con fines de explotación sexual o trabajo forzado.

Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 2 millones de personas son víctimas de la trata humana cada año. Y un estudio promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló a Bolivia como uno de los países con mayor índice de trata y tráfico de personas en la región.

La acción de las instituciones, fundamental

El proyecto gestionado por la FIIAPP –  financiado por la Comisión Europea y la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) – se centra en la formación de las instituciones bolivianas que pueden hacer frente al problema.

Visibilizarlo con actividades como ésta es el primer paso. Pero hace falta un trabajo coordinado de las entidades públicas e internacionales. Y es que al final, la implicación de estas instituciones es fundamental. Así lo apunta el tercer premiado, el profesor de Comunicación Social (UMSA) Ramiro Reynaldo Quintanilla Ramírez, al final de su relato: La trata de personas un delito silencioso que amenaza Bolivia.

“Las madres seguirán buscando a sus hijas, las víctimas trataran de salir del horror en el que viven y el dinero nunca será suficiente para enfrentar un delito tan lucrativo y peligroso. Sin embargo, hay esperanza para la sociedad mientras haya instituciones que se preocupen por el dolor del otro”.

Para leer los relatos completos, pincha aquí