EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

En estos días en los que la corrupción se ha convertido en un mal endémico que afecta directamente a la calidad democrática de nuestras sociedades, necesitamos más que nunca acercar las Instituciones a los ciudadanos, sus legítimos acreedores. Un elemento que contribuye a disminuir la fractura entre poder público y los ciudadanos es sin duda, el fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que devuelva la confianza en las Administraciones públicas.

En este sentido una iniciativa interesante es la Alianza del Gobierno Abierto (Alianza OGP, por sus siglas en inglés) una iniciativa multilateral en la que participan 69 países, entre ellos España y Colombia, orientada a mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva de la sociedad civil y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos.

Cada estado miembro de la Alianza OGP se compromete a poner en marcha Planes de Acción plurianuales, aplicables transversalmente en sus Instituciones y principalmente en las competencias gubernamentales.

Colombia está demostrando su compromiso con la transparencia ampliando la perspectiva de un “Gobierno Abierto” a un “Estado abierto”, incluyendo en esta iniciativa al Poder Judicial. En ACTUE Colombia llevamos tres años trabajando esta iniciativa en Colombia, apoyando tanto a la entidad coordinadora, la Secretaría de Transparencia, como fortaleciendo la capacidad técnica de la sociedad civil, de forma que puedan mantener un diálogo efectivo con el gobierno colombiano.

Los Planes de Acción OGP están concebidos para construirse de forma participativa entre las distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y Local) y la sociedad civil, en el que la participación de la ciudadanía tiene un rol fundamental en el desarrollo y éxito de esta Alianza.

España, miembro de la OGP desde 2011, ha implementado hasta el momento dos Planes de Acción, de los cuales la sociedad civil demandaba más transparencia y participación. Dichas demandas han sido recogidas por la Audiencia Nacional, en una reciente Sentencia (SAN 3357/2017) en la que reconoce el Derecho de Acceso a la organización Access Info Europe y argumenta para ello jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 8.11.16 y 25.06.13), que entiende este Derecho como fundamental y meritorio de una esfera de especial protección; por lo que si bien en nuestro país el Derecho de Acceso a la Información no ha sido reconocido como un Derecho Fundamental, en la práctica actual podemos hablar de un contexto esperanzador al respecto.

En esta línea el III Plan de Gobierno Abierto, lanzado en junio de este año para el periodo 2017-19, ha introducido importantes mejoras al respecto, como así lo recomendaba el Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza; estructurado en cinco Ejes (Colaboración; Participación; Transparencia; Rendición de cuentas y Formación) ha sido elaborado incluyendo propuestas de las administraciones territoriales y Ministerios así como posibilitando la participación de la ciudadanía a través de la herramienta de información pública, en la que cualquier ciudadano podía hacer llegar sus propuestas a través del portal de transparencia, en el que se puede realizar el seguimiento de todas las Fases del III Plan.

Asimismo como novedad se prevé la constitución de un Foro Multisectorial, en el que tendrán cabida representantes de la academia, de la sociedad civil y las Administraciones públicas para llevar a cabo el seguimiento del III Plan.

Aún nos queda mucho por avanzar hacia la consecución de un Estado abierto, pero algo parece claro y es que nos encontramos ante un cambio de paradigma en cuanto a la construcción de políticas públicas, en el que el Acceso a la Información y la Transparencia, la Educación en cultura de integridad y el avance de un Gobierno en línea son elementos clave para que el ciudadano se convierta en sujeto activo en los procesos públicos de decisión y construcción de políticas y contribuya a mejorar la eficacia y eficiencia de nuestras Instituciones.

Carolina Díaz es Técnico Jurídico del Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia)

En los últimos años el Gobierno de Ghana ha realizado avances positivos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas en sus reformas. Entre estos compromisos cabe destacar el desarrollo y puesta en marcha, en un horizonte temporal de 10 años, del Plan Nacional Anti-Corrupción (NACAP), así como la adhesión en 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Como parte de estos esfuerzos, el Proyecto ARAP, financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP, trabaja en las áreas de “Rendición de cuentas, fomento del Estado de Derecho y Anti-corrupción”. El objetivo del programa es contribuir a los actuales procesos de reforma para reducir la corrupción y reforzar la rendición de cuentas, anticorrupción y gobernanza ambiental.

El acceso a la información resulta crítico y decisivo para todos aquellos que quieran exigir la rendición de cuentas al gobierno. La información es  fundamental para tomar decisiones informadas. La información es también poder. Cuando la información no se ofrece ni se consulta libremente, se generan condiciones que propician la corrupción.

El acceso privilegiado a la información puede confluir en situaciones en las que se requieren sobornos a aquellos que demandan de dicha información. No es de extrañar por tanto, que el acceso a la información se haya convertido en un pilar de la buena gobernanza, y una herramienta fundamental contra la corrupción.

Hoy, 28 de Septiembre, es el Día Internacional del Derecho a Saber. El Día Internacional del Derecho Universal de Acceso a la Información fue declarado hace dos años por la UNESCO. Sin embargo muchos desconocen esta iniciativa de las Naciones Unidas tiene sus raíces en África, siendo un resultado de las labores de promoción y defensa de la Plataforma Africana para la Información (APAI- African Platform on Access to Information).

En los últimos 10 años, el derecho a la información ha sido reconocido por un número cada vez mayor de países, mediante la adopción de una oleada de Leyes de Libertad de la Información. En 1999, únicamente 13 países habían adoptado legislaciones nacionales en materia de libertad de la información, mientras que en la actualidad hay 90 Leyes de tal calado adoptadas en todo el mundo.

Hasta el momento Ghana no dispone de una ley que regule la libertad de información, a pesar de que ha sido debatido en el país durante los últimos 20 años. Aunque existen signos positivos del gobierno que afirman que el Proyecto de Ley será aprobado el próximo año, en el marco de las reformas legislativas en marcha que incluyen varias iniciativas anti-corrupción como la creación de una Fiscalía especial Anti-corrupción o la protección de denunciantes y testigos.

Equipo del Proyecto “Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana” (ARAP)

Colombia arrastra a sus espaldas las trágicas cifras de 218 mil muertes y casi 6 millones de desplazados , todo esto como consecuencia de un conflicto armado que se ha prolongado durante más de 50 años. Un conflicto que ataca a la sociedad colombiana a todos los niveles, donde uno de los grandes protagonistas encargado de la perpetuación de este contexto de violencia ha sido la corrupción.

Hoy Colombia mira hacia delante, depositando todas las esperanzas en un arduo Proceso de Paz que debe tener en cuenta a todos los actores de la sociedad. Una pieza clave para avanzar en este proceso de paz es el compromiso con la transparencia y la prevención de la corrupción tanto en las instituciones públicas como en las entidades privadas del país.

En coherencia con esta premisa en 2014 nace el proyecto ACTÚE Colombia como respuesta de la Unión Europea a una solicitud del Gobierno colombiano para el fortalecimiento e implementación de políticas públicas anticorrupción. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP que trabaja mano a mano con varias instituciones públicas colombianas, como son la Secretaría de Transparencia, Departamento de la Función Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas, Procuraduría y Consejo de Estado como representante del poder judicial, entre otras.

Con este proyecto se busca crear un enfoque integral en la prevención de la corrupción que trabaje desde cuatro áreas estratégicas de especial impacto en el país:

Integridad Pública y Gobierno Abierto: Creación de un gobierno abierto y transparente a través de instrumentos como la ley de transparencia y acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética pública, la protección de los denunciantes, entre otros. Tal y como expresa Liliana Caballero, directora del departamento administrativo de la Función Pública “para el Gobierno es muy importante que el ciudadano confíe en el Estado y en los empleados de las administraciones públicas y los ciudadanos deben tener la seguridad de que tienen acceso a toda la información, que ya no hay un secreto en lo que se maneja, en los presupuestos”. 

Acción Sectorial: para fomentar la integridad y la transparencia también es necesario incidir en los sectores concretos como son los órganos de justicia, la sanidad, las industrias extractivas y cultura de integridad. 

• • El Consejo de Estado de Colombia está trabajando en la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y la ética judicial. Para servir como precedente el Consejo de Estado llevó a cabo el pasado 29 de junio una audiencia pública de rendición de cuentas, lo que ha supuesto la primera vez que un órgano de justicia organiza un acto de rendición de cuentas en el país.

   

  • La industria extractiva supone uno de los sectores económicos más importantes de Colombia, en el año 2015 la industria extractiva reportaba el 7,2% del PIB del país, por esto es importante que esta actividad económica no caiga en las redes de la corrupción. Por ello se está incentivando la aplicación de la iniciativa EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) en todo el país, y ya se han comprometido a la aplicación de esta iniciativa las 16 empresas extractivas más importantes de Colombia, que suponen un 80% de la producción minera.

   

  • En el sector salud, ACTUE Colombia ha venido apoyando lo que algunos llaman “transparencia radical” en la política farmacéutica del país con miras a no solamente garantizar el goce de derecho, el acceso a un servicio de calidad y transparente, sino también para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sector. Para asegurar estos objetivos se han desarrollado iniciativas que involucran a varios actores y donantes como es el Decálogo de Transparencia e Integridad en el sector salud y se han implementado herramientas de acceso a la información como  Medicamentos a un Clic, plataforma web para los profesionales de la salud o el Termómetro de Precios de Medicamentos, entre otras.

   

  • Además ACTUE Colombia apoyo el compromiso del gobierno nacional por promover un cambio cultural, dado que existe amplio reconocimiento que las leyes son importante pero insuficientes . En este sentido se están implementando las Rutas Pedagógicas para la promoción de la Transparencia, la Integridad y el Cuidado de lo Público, destinados a sensibilizar desde las aulas de los colegios, las universidades y desde las instituciones públicas a las personas acerca de su rol en un tal cambio cultural de conductas personales e institucionales

Participación ciudadana y sector privado: Tanto ciudadanos como empresas son actores clave para la lucha contra la corrupción. Para crear una sociedad sana, integra y consciente es necesario que sean partícipes en los cambios culturales, institucionales y normativos.

• Para promover la corresponsabilidad de los empresarios en prevención de la corrupción se ha dado continuidad a iniciativas que promueven la ética empresarial, la Autorregulación, anti-soborno y las reglas claras, como son el Registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción y la Guía de Pactos Empresariales de Transparencia y Anticorrupción.

• Para involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y la integridad, se han apoyado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, el impulso de una Red de Amigos de la Transparencia o la mejora de la rendición de cuentas en las instancias de participación ciudadana, así como en las ONGs, entre otras.

Gobierno Abierto Territorial: El cambio debe tener lugar en todos los niveles políticos, desde el gobierno nacional a los gobiernos territoriales. Esta área fortalece las capacidades regionales y locales en la aplicación de la ley de transparencia; atención al ciudadano y gestión de los riesgos de corrupción; fomentar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas. Además se está impulsando la creación de una red de gobernaciones abiertas con miras a promover el intercambio y aprendizaje entre pares.

La labor de coordinación y el enfoque integral de ACTÚE está facilitando los pasos hacia un cambio real en Colombia pero acabar con la cultura de la corrupción es una tarea que requiere del compromiso y el trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad colombiana.

En 2014, Colombia expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública con el fin de reducir los niveles de corrupción con los que cuenta el país. Según las encuestas, la corrupción sale como una de las grandes preocupaciones de la población. Guarda casi la misma importancia que los temas de seguridad, violencia y desempleo.

El Secretario de Transparencia de Colombia, Camilo Enciso, analiza en este vídeo cuál es el papel del programa EUROsociAL en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.

Entrevista completa a Camilo Enciso aquí