EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

En 2011, la gente tomó las calles de Oriente Medio y el Norte de África. El mundo árabe pidió democracia y derechos en sus países, a través de protestas populares que se englobaron en el concepto de Primavera Árabe. Siete años después, los cambios no son del todo destacables. Conflictos armados o el terrorismo han coartado muchas de esas expectativas. Sin embargo, sí se iniciaron reformas políticas, económicas o sociales que en algunos casos siguen desarrollándose a un ritmo más lento.

Procesos en los que la cooperación ha tenido y puede tener un papel determinante, aportando experiencias de otros países que han pasado por situaciones similares o haciendo frente a amenazas que frenan ese desarrollo. En este contexto de transición, se gestionan desde la FIIAPP varios proyectos en la región con financiación de la Unión Europea. Destacan, entre otros, los que tienen que ver con la justicia y la seguridad.

Túnez fue el primer país en el que se habló de revolución. Desde entonces, “ha habido unas primeras elecciones democráticas, un gobierno constituyente y una aprobación de la Constitución en 2014”. Así lo explicaba Ángel Llorente, coordinador del proyecto para acompañar la reforma judicial en el país que finaliza este año. El objetivo ha sido llevar a cabo en el Ministerio de Justicia “una reforma organizativa como consecuencia del proceso de transición democrática”. Y crear desde ahí un poder judicial independiente que nunca había existido en Túnez.

Pese a algunas resistencias que podrían haber supuesto una vuelta atrás, Llorente cree que la sociedad civil no dejará que ocurra: “son muy conscientes de sus derechos, yo veo muy difícil que ahora puedan renunciar a algo que les ha costado mucho trabajo conseguir”. Una ilusión que le recuerda a la España de hace algunos años.

EuroMed Justicia IV también apuesta por mejorar los sistemas judiciales. En este caso, en la región sur del Mediterráneo. Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, y Siria trabajan junto a los Ministerios de Justicia español y francés en la creación de un sistema eficiente, democrático, que respete los derechos humanos y coherente con las normativas internacionales.

En su cuarta fase, el proyecto forma además parte de la estrategia de vecindad de la UE. Y es que la mayoría de estos países se incluyen en la Política Europea de Vecindad, que fue revisada precisamente en el contexto de las revoluciones del mundo árabe, para prestar un mejor apoyo en sus transiciones democráticas. Al fin y al cabo, su objetivo principal es reforzar las relaciones con los países vecinos del espacio comunitario, basadas en unos valores comunes -democracia, derechos humanos o Estado de Derecho- y que fomente una mayor integración económica, movilidad y estabilidad.

Unas relaciones que, en el caso de EuroMed Justicia IV buscan una cooperación judicial internacional necesaria, según Victoria Palau, coordinadora del proyecto. “Hay problemas como el terrorismo, el cibercrimen o el tráfico de personas que, si no se resuelven a nivel regional, es imposible hacerles frente”, comenta. En este contexto, el proyecto fue testigo de la primera declaración de colaboración entre fiscales generales europeos y de los países del Mediterráneo, para trabajar conjuntamente frente a esos problemas.

La cooperación judicial es también uno de los componentes del proyecto para la aplicación del Estado de Derecho en el Cuerno de África y Yemen, cuyo objetivo es luchar contra las amenazas de seguridad. En concreto, trabaja para mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia, de las fuerzas cuerpos de seguridad, así como de fiscalías y tribunales.

Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Yemen y Djibouti son los países que se benefician de este proyecto financiado a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP). Lo que en estos países se produce, aunque no se incluyan en la región vecina de la UE, sí afecta al continente.

Además, es una región ejemplo de cómo los grupos terroristas aprovechan momentos de inestabilidad política para actuar. “Cuando hay un vacío de poder, siempre intentan colarse estos grupos con mayor o menor éxito”, comenta Javier Vega, coordinador del proyecto. Al final, el terrorismo es una amenaza cada vez más global con un foco importante en esta zona geográfica.

La clave está en actuar regionalmente para que no se extienda al resto del mundo. Por ejemplo, a través del control del territorio que también se lleva a cabo en la región Sahel -a través de los Grupos de Acción Rápida- y en Níger, más centrado en la inmigración ilegal.

La Agenda Europea de Seguridad subraya la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta amenaza de una manera más eficaz y global, que incluya a la comunidad internacional y a los proyectos de cooperación. Uno de estos últimos, también gestionado por la FIIAPP, se centra precisamente en la lucha contra el terrorismo en la región MENA (Middle East and North Africa).

Un trabajo que, según Mariano Guillén, director del Área de Justicia y Seguridad en la FIIAPP, busca además “fortalecer el diálogo político dentro de la Liga Árabe”, para favorecer la cooperación entre los países de la región. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Siria y Palestina son los países que, a pesar de sus diferencias políticas, económicas y sociales, trabajan para tener respuestas comunes ante el terrorismo. “La amenaza terrorista no distingue de niveles de desarrollo de los países y solo se puede atacar desde la cooperación”, comenta Mariano Guillén.

La inestabilidad de los cambios deja hueco a amenazas de seguridad que no entienden de fronteras. Pero los mismos cambios son necesarios si los vemos como una oportunidad para mejorar, como un buen momento para nutrirse de experiencias similares mientras se trabaja conjuntamente frente a esos problemas que nos afectan a todos.