El proyecto EU-ACT (Acción de la Unión Europea contra las Drogas y el Crimen Organizado), está financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y se desarrolla en cinco regiones que engloban lo que se ha llamado la “Ruta de la Heroína”, aunque en realidad habría que hablar de rutas. Ucrania es el país prioritario en la región del Este de Europa.

El objetivo del proyecto EU-ACT en Ucrania es impulsar una aproximación omnicomprensiva al problema de las drogas: apoyar el trabajo de las instituciones encargadas de reforzar la aplicación ley mientras se favorece el control de demanda. Por tanto, el ámbito de trabajo de EU-ACT abarca diferentes sectores de la Administración Pública ucraniana y de la sociedad civil.  Como ejemplo, basta citar los beneficiarios “registrados” ante el Gobierno de Ucrania: El Ministerio de Sanidad, El Observatorio de Drogas, El Servicio de control del Medicamento y las Drogas, El Servicio Fiscal del Estado, el Ministerio del Interior y dentro de este el Servicio de Fronteras y la Policía Nacional de Ucrania, la Oficina de la Fiscalía General, el Servicio de la Administración de Justicia de Ucrania, el Ministerio de Justicia, el Servicio de Prisiones y la Unidad de Inteligencia Financiera de Ucrania.

Este proyecto, tal y como se recoge en su DoA (Description of Action), tiene un enfoque innovador al establecer sus actividades de acuerdo con las necesidades manifestadas por sus beneficiarios. Tan es así que con ellos se acordaron las principales áreas de desarrollo del proyecto en Ucrania, que son las siguientes:

Por un lado, el Apoyo a la Estrategia Nacional de Drogas de Ucrania (2013-2020) y al Plan de Acción (2018-2020) que desarrolla dicha estrategia en el que el proyecto EU-ACT ha participado en la fase de elaboración destacando, entre otras actividades, el apoyo a la participación de la Delegación ucraniana en la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), tanto en el 61º periodo de sesiones (año 2018) como en el 62º (2019). Asimismo, se ha llevado a cabo un continuo asesoramiento y apoyo en todas aquellas iniciativas legales que tengan que ver con la política de drogas. En este sentido, caben destacar la regulación del empleo de Naloxona para evitar las muertes por sobredosis, la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de drogas para autoconsumo, el desarrollo de las competencias del Observatorio de Drogas de Ucrania y el establecimiento de medidas alternativas a la prisión por delitos menores relacionados con el consumo de drogas.

Por otro lado, el proyecto también participa en la iniciativa y el desarrollo del Programa Nacional de Rehabilitación para presos con desórdenes mentales y de comportamiento por el consumo de sustancias psicoactivas. Esta actividad se desarrolla con el Servicio de prisiones de Ucrania.

Además, se ha promovido la creación de un Centro de Coordinación de Investigaciones de delitos relacionados con el tráfico de drogas entre distintas agencias policiales de Ucrania, un primer paso para implantar en Ucrania un modelo Inteligencia que permitirá a los responsables políticos tomar decisiones basadas en evidencias. Para ello, se ha elegido mejor práctica o modelo a seguir la del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado) del Ministerio del Interior español.

A iniciativa de la Fiscalía ucraniana y con el apoyo de la Oficina Regional de Ucrania, el proyecto EU-ACT lanzó en septiembre de 2018 en la ciudad de Odesa (Ucrania), la Red de Fiscales del Mar Negro que ya engloba fiscales de Moldavia, Rumania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Irán y de Ucrania.

El proyecto EU-ACT también apoya la integración de las administraciones ucranianas en instituciones de la Unión Europea, así como en otras organizaciones supranacionales. Entre ellas destaca la integración en el Observatorio Europeo de Drogas, Alcohol y Adicciones (EMCDAA) la Red Europea de Institutos Forenses (ENFSI) o la Iniciativa del Pacto de París (PPI).

En relación con la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias psicoactivas se ha privado a los líderes de las organizaciones criminales de los beneficios obtenidos por su actividad delictiva ya que es el único modo de obtener un impacto relevante y prolongado contra esta actividad. La Oficina Regional de EU-ACT junto a la Unidad de Inteligencia de Ucrania y con todas las agencias encargadas de reforzar la aplicación de la ley de Ucrania está elaborando de una metodología adaptada al país para llevar a cabo investigaciones financieras paralelas a las tradicionales en este ámbito.

Uno de los objetivos de EU-ACT es reforzar la cooperación inter e intrarregional de los países en los que se desarrolla el proyecto y, en ese sentido, se está apoyando el trabajo de equipos conjuntos de investigación de policías y fiscales ucranianos con otros países, así como el intercambio de expertos entre países, tanto por el propio proyecto como en programa de CEPOL.

Finalmente, y siguiendo también el modelo español del Plan Nacional sobre Drogas, se está intentando crear en Ucrania un fondo especial de bienes confiscados en delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Afganistán se sitúa desde hace décadas como principal exportador mundial de heroína, una droga mortal al calor de la cuál prolifera el crimen organizado y un negocio enorme que mueve miles de millones de euros anualmente.

Con una producción de 4.800 toneladas de opio en 2016 y más de 200.000 hectáreas cultivadas, según los datos de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el país se sitúa en el centro neurálgico de la zona conocida como Medialuna de Oro (Afganistán, Pakistán e Irán), de donde procede la mayoría de los opiáceos que se consumen en Europa.

En línea con la Estrategia Europea de Drogas 2013-2020, se ha lanzado esta semana en Bruselas el proyecto UE-ACT Acción contra las Drogas y el Crimen Organizado, la tercera fase de una iniciativa que lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada asociada a dos ámbitos:

Reducción de la oferta: se trata de reforzar la cooperación judicial y policial transnacional para atacar a las grandes redes de narcotráfico.

Reducción de la demanda: también se dirigen esfuerzos a la prevención del consumo de drogas y la mejora del tratamiento de las drogodependencias.

Ambos frentes son fundamentales. Como explica el líder del proyecto Thomas Carter, “son dos caras de la misma moneda: debe existir un balance entre las políticas represoras que persiguen el tráfico y el crimen organizado, y aquellas que se centran en la reducción de la demanda”.

Más de treinta países

Desde Afganistán, tradicionalmente, la Ruta de la Heroína atravesaba los Balcanes para llegar a Europa. Sin embargo, las vías se han multiplicado y recorren una treintena de países a través de varias rutas:

Ruta de los Balcanes: Une Afganistán con Irán y transita luego por Turquía. Constituye la distancia más corta y la ruta terrestre más directa hacia los mercados de consumo europeos. Se utiliza desde la década de 1980.

Ruta meridional: en años recientes han atraído la atención internacional los voluminosos cargamentos de heroína embarcados en puertos de Irán y Pakistán.

Ruta septentrional: desde el Norte de Afganistán, la heroína se destina principalmente a los grandes mercados de consumo de Asia central, Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

Ruta del Cáucaso: la droga producida en la Medialuna de Oro se transporta desde Irán hasta Turquía pasando por Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Ruta Sur: pasa por África del este para después alcanzar la UE por el sur.

El proyecto se centra en más de 30 países beneficiarios con necesidades muy diferentes y con 5 zonas estratégicas: Asia Central, Cáucaso Sur, Ucrania, Asia y este de África.

El coronel de la Guardia Civil y codirector del proyecto Manuel Marión destaca la flexibilidad de la iniciativa: “Una de las necesidades más acuciantes de Kirguistán es formar a fiscales y policías en utilizar técnicas especiales de investigación en materia de drogas, como por ejemplo las entregas controladas”.

Sin embargo, “puede ocurrir que Tanzania requiera conocer la experiencia europea en vigilancia de costas porque la heroína llega al país en barcos” indica Marión.

La acción policial y judicial se realiza generalmente a nivel nacional, lo que dificulta acabar con fenómenos globales como éste. Por eso, el proyecto pone especial énfasis en la coordinación entre policías de todos los países por los que transita la droga. La cooperación transnacional y transregional es fundamental.

Un negocio millonario

Tom Carter explica una de las principales dificultades para acabar con el tráfico de heroína: la corrupción. “Estamos hablando de miles de millones de euros y la cuestión es que cuanto más cerca está del mercado más dinero se mueve y más caro es el producto. Por ejemplo, puede ser que un kilo de opio en Afganistán sean 2.000 euros y con el tiempo, según se va acercando a Europa puede alcanzar entre 25.000 a 40.000 euros”.

“Es un negocio enorme e invasivo. Se mueve tanto dinero que corrompe fácilmente. Un policía o un agente de aduanas de cualquier país fuera de Europa, por ejemplo en Asia central o África, se ve muy tentado cuando alguien le ofrece 200 euros a cambio de no abrir un camión”. Se trata de invertir en desarrollo porque “en un país minado por oficiales corruptos en las instituciones el proyecto se convierte en algo inútil”, apunta Carter.

La clave: influir en las políticas

Uno de los objetivos principales del proyecto es ayudar a las autoridades y órganos de seguridad de estos países a identificar y perseguir a los grandes traficantes, que manejan grandes cantidades de droga.

Sin embargo, se trabaja paralelamente en la búsqueda de alternativas a la prisión como tratamientos de desintoxicación. “No tenemos ni el presupuesto ni el tiempo para solucionarlo todo pero podemos aportar nuestras experiencias desde la perspectiva de la UE. Hay que cambiar percepciones para que vean a un drogadicto como una víctima y no como un criminal”, explica Carter.

La ruta de la heroína

Durante cuatro años la FIIAPP gestionará este proyecto, que cuenta con una financiación de 12.000.000€ de la Comisión Europea, y que será ejecutado por expertos del Ministerio de Interior de España, Carabinieri de Italia y Nacional Crime Agency (NCA) de Reino Unido.