Soy francesa y llevo casi dos décadas viviendo en España. Soy migrante, extranjera, pero he tenido la enorme suerte de tener el respaldo de un marco legal que me ha permitido instalarme, estudiar, trabajar, acceder a los mismos derechos y servicios públicos que cualquier ciudadana española.  

Antes que yo, mis abuelos maternos también migraron, desde el Portugal rural pauperizado de los años 50, a una Francia en plena expansión económica tras la II Guerra Mundial. Al igual que mis bisabuelos paternos, que huyeron de la Italia fascista de los años 20. Ellas y ellos no tuvieron tantas oportunidades, ni en su ruta migratoria, ni en su acogida, ni en su integración. Me recuerda constantemente la importancia de la institucionalidad y de las políticas públicas que, desde el espacio territorial, es necesario construir y compartir con otros para mejorar los sistemas.  

La migración es una oportunidad y la cooperación un eje para articular sociedades e instituciones en países de origen, destino y tránsito. Es esta cooperación descentralizada un espacio privilegiado para aportar a la construcción de respuestas operativas a los desafíos de la movilidad humana. 

Hay tres elementos que me parecen particularmente importantes a la hora de analizar la realidad migratoria. Estos son la multidimensionalidad del fenómeno; la necesidad de salir de marcos analíticos lineales que asocian, por ejemplo, desarrollo económico en países de origen con reducción de movimientos migratorios; y, por último, la importancia de la coherencia de políticas. 

Además, hay otra perspectiva que me gustaría plantear: la importancia de la cooperación técnica pública, basada en la experiencia de gestión pública, en particular a nivel territorial. 

Creo que es especialmente relevante abordar respuestas a los desafíos de la movilidad desde el nivel territorial porque es el espacio de proximidad, donde se hace tangible la atención a personas migrantes, su protección, su inclusión, donde se encuentran las diásporas que trabajan con los países de origen, donde se conectan los servicios públicos, donde se desarrolla la educación y la formación para el empleo. 

En este sentido, el rol de la cooperación descentralizada cobra mucho sentido, pues puede tejer en torno a su valor añadido territorial. O dicho de otra manera: los entes territoriales pueden orientar su cooperación en aquellos ámbitos de gestión pública donde tienen mayor expertise o experiencias.  

Peggy Martinello. Directora del Área de Administración Pública y Asuntos Sociales en la FIIAPP

La naturaleza gestionada por estas comunidades está disminuyendo con menos rapidez que en otras zonas, puesto que realizan una labor de protección del medioambiente a largo plazo a través de un uso sostenible de la gestión y gobernanza de la biodiversidad. Sin embargo, son los más afectados por los efectos del cambio climático.  

Las tierras que gestionan representan el 28% del carbono almacenado en los bosques a nivel mundial. Anualmente, secuestran una cantidad de CO2 equivalente, de media, al 30% de los objetivos de Brasil, Colombia, México y Perú para 2030. Estos países almacenan el 28% del carbono mundial, pero solo representan el 5,1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.  

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) alerta de la pérdida de ecosistemas y de la disminución de producción de alimentos y de acceso a los mismos, lo que ha producido un incremento de la malnutrición y ha afectado gravemente a la economía de estas comunidades indígenas.Las políticas climáticas han ignorado tradicionalmente los conocimientos y saberes ancestrales de los indígenas y, por ello, en la COP26 de Glasgow 141 gobiernos se comprometieron a reconocer los derechos de estas comunidades y sus tierras como elemento fundamental para terminar con la deforestación para el 2030.  Ahora Perú estrena una Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático.

Se convierte así en un país pionero en el reconocimiento de los saberes y prácticas indígenas que contribuyen a la gestión integral del cambio climático, conforme a lo establecido en el Acuerdo de París.

La FIIAPP apoya esta Plataforma

Hablamos con Teresa Aguilar y Álvaro Ovejas, Técnicos de Proyectos en el programa europeo Euroclima+, coliderado por la FIIAPP, que ha apoyado la formación de esta Plataforma. Nos cuentan los retos en la puesta en marcha de esta propuesta y los grandes beneficios que aporta. Un espacio en el que confluyen por primera vez los Ministerios de Cultura y Ambiente de Perú con los pueblos indígenas del país.

¿Cómo nace la Plataforma de Pueblos Indígenas de Perú para enfrentar el cambio climático?  

Teresa: Esta Plataforma nace de la propia demanda del pueblo indígena y aúna a las siete organizaciones indígenas registradas y legalizadas del país. Es un hito en el continente latino porque reúne a pueblos indígenas de diferente casuística, de diferente índole étnica y procedencia.  

Álvaro: Desde la Plataforma se da voz al pueblo indígena en instancias de gobernanza climática, como la Comisión Nacional. Además, Perú es ratificador del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas en todas las medidas políticas y jurídicas que sean capaces de afectarles directamente. 

¿Cuáles han sido los principales retos a la hora de poner en marcha esta plataforma?  

Teresa: El primer reto ha sido el lingüístico. Los diferentes pueblos indígenas no pueden entenderse entre ellos, porque no todo el mundo habla castellano, solamente los dirigentes políticos.  Ellos hablan cinco lenguas originarias como el quechua, el aymara, shipibo o awajún. También nos hemos encontrado con el reto territorial. No es fácil desplazarse en un país como Perú y son pueblos que tampoco tienen acceso a la digitalización.  

¿De qué manera afecta más el cambio climático a las mujeres indígenas?  

Teresa: La población indígena, por su origen, es población rural y sus medios de vida dependen de los recursos naturales. Por lo tanto, el cambio climático afecta directamente a su actividad económica.  

 El impacto del cambio climático se agrava y es más desproporcional en las mujeres, ya de por sí discriminadas y vulneradas. Son ellas las encargadas socialmente de la salud alimentaria, del hogar y, al vivir en entornos rurales, sus medios de vida se basan en la pesca, la ganadería, la agricultura o la gestión agroforestal. El impacto del cambio climático degrada su economía, e incluso estamos viendo ya migraciones climáticas ante desastres ambientales producidos por el cambio climático.  

¿Cuál ha sido el papel del programa europeo Euroclima y la FIIAPP en la construcción de la Plataforma?  

Álvaro: Euroclima ha estado involucrado desde el comienzo de este proceso. Comenzó con la consulta previa que se realizó a los pueblos indígenas sobre la Ley Marco de Cambio Climático, en la que se acordó, entre otras disposiciones, la creación de esta Plataforma. Es a la hora de desarrollar la Ley Marco de Cambio Climático cuando se inicia una colaboración directa entre Euroclima y el Ministerio de Ambiente de Perú.  

Por un lado, hemos apoyado el desarrollo de diálogos entre el Ministerio de Ambiente de Perú y las organizaciones nacionales. Y, por otro lado, hemos respaldado el proceso de la creación de todo el marco jurídico normativo e institucional que da encaje a la Plataforma. 

¿Por qué a los pueblos indígenas se les conoce como guardianes de la diversidad? 

Álvaro: El modo de vida que tienen los pueblos indígenas no solamente es muy rural, sino que no precisa de la misma infraestructura que se usa en las ciudades. Su rutina se adapta mucho más al entorno. 

Teresa: Yo creo que los guardianes de la naturaleza son indudablemente las poblaciones que originalmente se han criado y han vivido en ella. Es su ecosistema y lo conocen a la perfección, es lo que se llama el saber ancestral. 

Las grandes extensiones de Latinoamérica están ocupadas muchas veces por grandes plantaciones que no están destinadas al alimento, sino al desarrollo económico de entidades privadas. Los pueblos indígenas viven directamente del territorio y, por tanto, esa actividad les afecta directamente.  

¿Es esta iniciativa en Perú un referente para otros países de América Latina?  

Teresa: Perú es ahora un país que otros admiran. Hay países que podrían replicarlo porque la experiencia peruana es escalable. Toda Latinoamérica tiene población indígena, pero hace falta voluntad política. Todo depende de la naturaleza del país y de cómo esa figura indígena es recibida por los gobiernos. 

También se habla de asociaciones indígenas a nivel regional, como por ejemplo las amazónicas. La Cuenca Amazónica tiene mucho valor a nivel forestal y medioambiental, es el pulmón del planeta y toca varios países. Por ello, ya no estaríamos hablando de una plataforma a nivel nacional, sino transnacional. Cuando hablas con asociaciones indígenas regionales, su sueño es que exista una plataforma que los aúne a nivel regional. 

En el marco del Proyecto EVALÚA,  gestionado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea,  se ha elaborado una Guía metodológica sobre la aplicación de metodologías de economía experimental y del comportamiento para la evaluación de políticas públicas. La guía, elaborada por Diego Aycinena Abascal, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá e investigador visitante del Economic Science Institute de la Chapman University de Orange, recopila los hallazgos más relevantes extraídos mediante experimentos comportamentales desde el inicio de la disciplina hace 50 años hasta la actualidad, de forma que se puedan utilizar de manera y puedan ser tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones. 

¿Cómo nos afectan los sesgos y las preferencias no estándar durante la crisis del COVID-19? 

La economía política clásica establece que los seres humanos somos lo que se conoce como “homus economicus” que, dicho de forma sencilla, significa que tomamos decisiones haciendo un balance racional entre el coste y el beneficio de nuestras acciones, de forma que éste sea mayor que aquél. Sin embargo, desde mediados del siglo XX se ha venido comprobando de forma experimental que nuestras acciones se desvían en muchas ocasiones de esta manera de actuar. 

Preferencias no estándar, creencias no estándar y toma de decisiones no estándar

Estos conceptos implican que el comportamiento de los seres humanos se desvía de lo racional porque está influido por sesgos, intuiciones y falsas creencias. Por ejemplo, la aversión a las pérdidas es un comportamiento (sesgo) muy frecuente que conlleva que preferimos no perder ahora antes que ganar más más adelante. La aversión miope a las pérdidas combina lo anterior con una situación de riesgo, y puede llevarnos a actuar de tal forma que el resultado a medio plazo sea perjudicial. Cuando nos enfrentamos a situaciones que involucran riesgos, nuestra percepción es completamente distinta sobre las pérdidas que sobre las ganancias, como evidencia la teoría de los prospectos: en una situación de riesgo, preferimos no perder ahora antes que la ganancia que obtendríamos más adelante, es decir, frente a una posible pérdida, se asumen riesgos, frente a una posible ganancia, se busca seguridad.  

El sesgo presente o problemas de auto-control, involucra actuaciones inconsistentes y demuestra que nuestra fuerza de voluntad es limitada. Podemos tomar una decisión y después ir postergándola de manera más o menos indefinida. Conlleva en muchas ocasiones gastar dinero para intentar doblegar nuestra falta de voluntad o de acción, por ejemplo, la compra de “productos milagro” en lugar de comenzar la dieta planificada. 

Los modelos de normas sociales sugieren que al elegir una acción no solo importan los beneficios y costes que se obtienen de dicha acción. También se toma en cuenta si esa acción es acorde a lo que el grupo de referencia (círculo social) normalmente hace y lo que éste considera apropiado hacer en esa situación. Este hecho determina que nuestras decisiones están muy influenciadas por el entorno social en el que vivimos, que puede llegar a pesar más que el balance del coste y el beneficio que podamos obtener con nuestra acción. 

El sesgo de comprensión retrospectiva es la tendencia de las personas con conocimiento de un resultado a creer falsamente que hubieran predicho el resultado de un evento, exagerando la similitud entre sus creencias ex post y las que eran sus creencias antes de un evento informativo. 

La preferencia por lo prominente, a pesar de no ser una estrategia racional, conduce a las personas a elegir la opción más llamativa o que sobresalga del resto por motivos espurios, como pueden ser la estética o el lugar preferente en el que se encuentre la opción (estante del supermercado, por ejemplo).  

En definitiva, muchos de estos fenómenos (problemas de auto-control, preferencias sociales, normas sociales, sobre-proyección de preferencias) se deben a nuestras emociones y sentimientos. La literatura psicológica muestra el papel de las emociones como mecanismo mediador de nuestras acciones. Sin embargo, recientemente se han empezado a incorporar estos hallazgos psicológicos a las políticas públicas.  

Sesgos, falsas creencias y preferencias no estándar durante la crisis del COVID-19  

Nos afectan en la toma de decisiones y en nuestro día a día más de lo que pensamos. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, estamos viendo, por ejemplo, que el sesgo de la aversión a las pérdidas ha influido en la toma de decisiones de muchos gobiernos, sobre todo en un inicio, cuando aún no se era consciente de la magnitud del fenómeno que se desarrolló poco después. El hecho de tomar medidas más contundentes de aislamiento en muchos casos se retrasó por temor a la afectación económica, sin analizar despacio que una “pérdida” más temprana podía ahorrar muchos “costes” posteriores. Está estrechamente relacionado en este caso con la teoría de los prospectos, que incluye el sesgo anterior en una situación de riesgo. Estos sesgos se sumaron a otros también frecuentes como el del optimismo y la ilusión del control, que provocó que mucha gente recurriera a remedios inútiles, a pseudociencias y supersticiones, haciendo circular un número enorme de bulos y mentiras sobre la pandemia. 

Asimismo, estamos observando recurrentemente el sesgo de comprensión retrospectiva enunciado más arriba, en multitud de opiniones a nuestro alrededor, hasta llegar a parecer que una mayoría de la gente ya sabía lo que iba a pasar desde el primer momento y cuáles eran las mejores decisiones que se debían tomar. 

Los modelos de normas sociales han influenciado claramente nuestro comportamiento durante el confinamiento, habiéndose observado situaciones en las que el incumplimiento o cumplimiento más estricto de las normas ha estado condicionado por lo que ocurría en el entorno inmediato (familia, barrio, municipio). 

Aunque en un plano más psicológico que económico, también hemos podido observar a algunos líderes políticos o sociales que han animado al incumplimiento estricto de la normativa, cuestionando su eficacia o su legitimidad. El sesgo de la obediencia a la autoridad implica que, si una autoridad nos permite violar la ley e incluso traspasar la frontera de nuestra moralidad, sentimos propensión a hacerlo, como ha ocurrido recientemente en ciertos casos.  

El sesgo optimista, que nos lleva a proyectar nuestros propios deseos sobre los datos objetivos, ya mencionado, también se puede observar en esta etapa de la desescalada. Tendemos a pensar que el riesgo se minimiza y se observan conductas alejadas de la toma de las precauciones que serían necesarias si analizamos despacio los datos. 

Son sólo algunos ejemplos de cómo nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos se desvían de lo racional, tanto en pequeñas decisiones como en asuntos trascendentales. Conocer nuestras desviaciones y atajos mentales nos puede ayudar a mejorar nuestras decisiones individuales, pero resulta crucial para los tomadores de decisiones en materia de Políticas Públicas. 

 ¿Qué son los nudges? 

Una de las intervenciones comportamentales más frecuentemente utilizada para políticas públicas son los llamados nudges. Los nudges son intervenciones que buscan influir en las decisiones modificando la arquitectura de la toma de decisiones, sin modificar sustancialmente los incentivos ni restringir opciones, explotando los diversos hallazgos de la economía del comportamiento. 

Los nudges se han vuelto muy populares pues permiten hacer intervenciones de bajo costo y basadas en un paternalismo suave o libertario, sin recurrir a prohibiciones ni restricciones. Además, se han documentado varios casos exitosos de intervenciones usando nudges, por ejemplo, para incrementar las donaciones de órganos, dejar de fumar mediante contratos de compromiso, reducir muertes en quirófanos mediante checklists, incrementar la tasa de repagos de préstamos mediante recordatorios personalizados, incrementar el cumplimiento de pago de impuestos, entre otros. 

Sin embargo, los nudges deben diseñarse con cuidado, de lo contrario pueden ser inefectivos o incluso contraproducentes o utilizarse con otros fines. Algunos de los sesgos mencionados nos pueden llevar a sobreestimar la probabilidad de éxito de los nudges. Las intervenciones que muestran efectos positivos tienden a recibir más atención y aquellas que no muestran efectos tienden a ser ignoradas o a quedar almacenadas para el olvido. Además, se ha encontrado que para algunas intervenciones los efectos tienden a ser de corto plazo y se ignora efectos nulos a largo plazo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito de una intervención comportamental o de un nudge va a ser tan buena como tan sólido sea el fundamento comportamental en que se base. 

Los experimentos comportamentales aplicados a las políticas públicas

Los experimentos comportamentales han sido ampliamente utilizados en materia de consumo, márketing político, inversión y finanzas, entre otros. Su aplicación a las políticas públicas, en cuanto a su diseño, a su gestión y evaluación es mucho más reciente. Sin embargo, ya existe una pequeña tradición que nos permite extraer algunas enseñanzas importantes: 

Los datos experimentales son replicables en la medida que permiten construir conocimiento basándose en hallazgos previos. Esto facilita un proceso acumulativo y sistemático de aprendizaje experimental. Es de esta forma como se construye conocimiento generalizado que respalda el diseño de las políticas públicas, lo que redunda en su pertinencia y su viabilidad. 

 Los datos que nos muestran los experimentos nos permiten observar directamente variables que de otra forma no sería posible. Por ejemplo, observar acciones antisociales que fuera del laboratorio se buscaría mantener ocultas (solo sería posible observar las denuncias), como tomar dinero ganado por terceros, o subdeclaraciones de ingresos para evitar impuestos y obligaciones. 

 Los temas en los que se pueden utilizar los experimentos de campo son enormemente amplios, por ejemplo, han resultado exitosos para evaluar intervenciones orientadas a incrementar la participación electoral, medir la corrupción en calificaciones educativas, medir reducciones en consumo de agua o energía o el incremento del reciclaje, determinar la respuesta para mejorar el cumplimiento fiscal. 

 Existen distintos tipos de experimentos. Según su naturaleza, los experimentos de laboratorio, artefactuales y enmarcados tienen menores costos y ventaja comparativa en ayudarnos a comprender los mecanismos y en darnos información valiosa antes de implementar una política o programa mediante pruebas a escala. Los experimentos de campo naturales tienen ventaja comparativa en evaluar el impacto de políticas o programas ya ejecutados (policy experiments), o para medir con precisión los efectos en la población específica de interés en su contexto natural. Sus enfoques pueden ser complementarios, como se ha podido ver en combinaciones de experimentos de campo artefactuales con experimentos de campo naturales. 

La Guía metodológica es una herramienta al servicio de las instituciones que permite seleccionar el tipo de experimento que se quiera llevar a cabo y disecciona la hoja de ruta para su puesta en marcha, definiendo los pasos para su desarrollo y describiendo sus ventajas y limitaciones. 

En la elaboración de las Agendas Nacionales de evaluación, distintas finalidades entran en juego: la rendición de cuentas a la ciudadanía, la mejora de la política o programa evaluado, de su diseño o de su gestión, fomentar la transparencia como herramienta democrática, el aprendizaje institucional o gerencial. 

En materia de Gestión de Riesgos de Desastres, esta evaluación tiene relevancia en todos los aspectos mencionados. Es una materia especialmente sensible: además de visibilizar las fuertes vulnerabilidades a las que está sometida una gran parte de la población mundial, son conocidos algunos casos por las lamentables carencias en la gestión de los fondos destinados a emergencia y reconstrucción. La opinión unánime de los especialistas, también recogida en el Marco de Sendai, es que en materia de riesgos de desastres contar con un sistema sólido de prevención marca la diferencia en los daños producidos, tanto en la pérdida de vidas humanas como en pérdidas materiales y de bienes básicos para la supervivencia de la población. También marcará la diferencia a la hora de afrontar la reconstrucción posterior. 

El 16 abril de 2016, se registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)3 en la costa Noreste de Ecuador.  Se contabilizaron 671 fallecidos y 6.277 heridos. Los daños alcanzaron a cuatro provincias y catorce cantones fueron declarados en estado de excepción.  

Después de atender los primeros momentos de la emergencia, el gobierno ecuatoriano aprobó el Plan de Reconstrucción post Terremoto 2016, enmarcado en su normativa de Gestión de Riesgos y en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR). El Plan de Reconstrucción tiene como fin la recuperación territorial, direccionar los procesos de reconstrucción y recuperación de los medios de vida post terremoto, bajo criterios de resiliencia y sostenibilidad, a través de las intervenciones y coordinación intersectorial y multinivel. 

¿Cuál ha sido la cobertura de la ayuda de emergencia y reconstrucción a la población en las zonas afectadas? ¿Cuántos núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas y por cuánto tiempo? ¿Cómo y de qué manera se asignaron las ayudas de acogida, alquiler y alimentación? ¿Se atendió a la población más vulnerable? ¿Cuál es el grado de rehabilitación de las infraestructuras? ¿Cuántos establecimientos de salud pública fueron repotenciados rehabilitados y reconstruidos? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y los servicios médicos? ¿El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Ecuador es el idóneo para prevenir y gestionar desastres de esta naturaleza? ¿Qué mejoras deben llevarse a cabo para minimizar las consecuencias de posibles desastres futuros? 

Son algunas de las preguntas que responderá la evaluación: transparencia, mejora, aprendizaje. 

El equipo consultor contratado por EVALÚA ya ha finalizado el trabajo de campo. En pocas semanas tendremos las respuestas. 

Hace tiempo tuve la ocasión de conversar con un oficial de investigación de la policía nacional de un país latinoamericano en una reunión a la que me invitaron en calidad de evaluador.

Es mucho lo que se está haciendo en este ámbito con el apoyo técnico de instituciones, también españolas entre otras, y con el cuidado de no aplicar “modelos” de otros países en una realidad nacional totalmente ajena y extremadamente compleja. Estados Unidos, por ejemplo, se ha enfocado especialmente en los temas de narcóticos y las pandillas juveniles. En España, tenemos muchas experiencias, si bien puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo realizado en Guatemala para disminuir el número de casos de delitos contra la vida y violencia contra las mujeres.

El oficial con el que conversaba decía que en su país los policías tenían mucho estrés, que llevaban varios años haciendo su trabajo con gran presión y que a muchos de ellos les gustaría terminar de estudiar una carrera universitaria, hacer otra cosa, o, al menos, tener un mejor sistema de turnos que les permitiera descansar.

También me contaba que habían aprendido que pocos delincuentes cometen muchos delitos, y que si hay, digamos, 10.000 víctimas de homicidios anuales éstas podrían ser atribuibles a unos 1.000 victimarios. Es decir, que con un poco de investigación, con buen criterio político y una mejor coordinación entre fiscales, jueces y policías el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana se podía manejar mucho mejor.

“No nos dejen solos”, me decía preocupado por los escasos apoyos que tenían internamente y por el hecho de que estos temas pudieran dejar de ser una prioridad para la cooperación. . Seguramente algunos así lo ven, cansados de apoyar una institucionalidad que podemos definir como débil-fuerte-ausente-presente.

Débil, en lo que se refiere a la dirección estratégica puesto que muchas instancias trabajan en torno a los mismos temas de manera descoordinada: investigación criminal, fiscalía, jueces, sistema penitenciario, instituciones de lucha contra el crimen organizado… Fuerte, porque a veces estas instituciones solo contemplan como respuesta aceptada por la sociedad el meter a los jóvenes en las cárceles, lo cual no lleva sino a saturar las cárceles, donde por otro lado hay pocos tratamientos apropiados para salir del circulo de la violencia. Ausente, porque no hay policías o jueces allí donde se necesitan y no llegan a muchos lugares donde se sigue linchando a los delincuentes. Y, por último, presente, porque el gobierno tiene un gran afán de estar en los medios y demostrar que la inseguridad ciudadana es su gran prioridad, sin que sepamos bien a qué se refieren realmente.

Evaluación de políticas públicas

Por eso es necesario mejorar nuestros diagnósticos apoyándonos en herramientas como la evaluación de políticas públicas, para tener la capacidad de mejorar los programas y hacer frente a estos desafíos que generan respuestas tan contradictorias desde las instituciones.

Ya tenemos una larga experiencia de trabajo con muchas instituciones como para poder introducir la evaluación como un requisito para la realización de programas de cooperación para la reforma institucional, y también hemos generado la confianza necesaria que permite hacer análisis no solo de tipo cualitativo sino también cuantitativo, con líneas de base y encuestas después de varios años.

A simple vista parece más fácil cuantificar el impacto de la ayuda cuando se trata de programas sociales, o de reducción de la pobreza, que es donde tradicionalmente se han venido realizando este tipo de evaluaciones, pero si lo observamos con atención desde el ámbito institucional y, más concretamente, del desarrollo de capacidades hay muchas opciones interesantes.

Si se diseñan los programas desde el principio con el objetivo de ser evaluados, podríamos decir qué impacto tiene sobre el rendimiento de los policías, por poner un ejemplo, el que se haga un tipo de formación u otro, y eventualmente, qué impacto tiene sobre el cambio institucional y la reducción del crimen, que es de lo que se trata. También sería un gran avance, y estamos en condiciones de hacerlo, saber qué efecto tiene la capacitación de unidades de investigación criminal sobre la variable impunidad, es decir, en cuánto ayuda nuestra cooperación en lo que se refiere a resolución de casos y la capacidad de llevarlos a juicio.

De esta manera las propias instituciones serán más conscientes de los límites y oportunidades que se plantean para poder desarrollar reformas de mayor escala y para ir construyendo una nueva cultura de desarrollo institucional.

Miguel Angel Lombardo trabaja desde FIIAPP en la cooperación sur sur para la evaluación de políticas públicas en América Latina.