EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Valentina Salvato, técnica del proyecto Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano coliderado por la FIIAPP,  reflexiona sobre la importancia de prestar atención a la salud mental en policías y a la acción que desarrolla el proyecto a través de diversas formaciones con esta finalidad.

¿Por qué es necesario este enfoque?

Ser policía significa exponerse a diario a eventos traumáticos que pueden poner en peligro su propia vida: accidentes, violencia, situaciones críticas y de emergencias, catástrofes naturales… Todo ello conlleva riesgos que pueden afectar la salud mental de cualquier persona. Además, debemos tener en cuenta el contexto actual del Líbano, un país afectado por una grave crisis política, económica y financiera sin precedentes y una serie de eventos traumáticos – las manifestaciones de octubre 2019, la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020 y la consecuente agudización de la pandemia Covid-19- que han generado un impacto directo en la vida de los ciudadanos, en su comportamiento, su estabilidad psicológica y su salud mental. 

¿Cómo abordamos la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad?

Desde el proyecto Apoyo a la policía de proximidad en Líbano, buscamos arrojar luz sobre el tema de la salud mental en las fuerzas de seguridad: un problema que, a menudo, es ignorado, desconocido o incluso rechazado. Sin embargo, lo cierto es que los policías pueden desarrollar problemas de salud mental y física debido a los traumas a los que se enfrentan durante su carrera. Entender y aprender a gestionar el estrés permite prevenir, reconocer o evitar malas conductas que perjudican la confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tal y como apunta el inspector jefe de la Policía Nacional española y director del proyecto, Joaquín Plasencia García, «si un policía pierde la confianza del ciudadano, lo pierde todo».  

Por eso,  brindamos apoyo a la policía libanesa con el fin de poner marcha una estrategia preventiva y psicoeducativa con herramientas y metodologías psicológicas para prevenir, proteger, y resolver posibles situaciones de estrés. 

Gracias a las formaciones que hemos ofrecido en el Líbano, como la última en la Academia de las Fuerzas de Seguridad Interna (Aramoun), 63 oficiales de policía han recibido herramientas para prevenir y enfrentar situaciones de estrés, de resolución de conflicto, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, depresión, gestión de la ira o control de las emociones. Una formación en salud mental que es, a la vez, una excelente forma de prevención primaria, puesto que aumenta los conocimientos, la concienciación y la capacidad de recuperación de todos los agentes, consiguiendo un impacto directo en la atención a la ciudadanía, ya que reduce y evita episodios de malas conductas en las fuerzas de seguridad.  

Cuidando del bienestar de quien nos cuida, los ciudadanos obtienen una mejor atención y servicio. 

Hablamos con Joaquín Plasencia García, Inspector Jefe de la Policía Nacional española y Jefe del Equipo del proyecto financiado por la Unión Europea “Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano”. Plasencia ofrece su visión sobre la misión de la Policía Nacional libanesa (también denominada Fuerzas de Seguridad Interna) en el contexto actual del país. El proyecto está gestionado por la FIIAPP. 

¿Qué pretende alcanzar el proyecto? 

El proyecto de “Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano” pretende introducir cambios fundamentales en la naturaleza y la cultura de la policía en el Líbano. Su principal objetivo es promover la cohesión social a través de la transformación del desfasado concepto de “Fuerza Policial” hacia un concepto más actual y necesario de “Policía al Servicio de la ciudadanía”. Con esta transformación se aspira a fortalecer los lazos de confianza y la cooperación entre la ciudadanía y la policía, relación que se ha visto deteriorada durante los últimos acontecimientos político-sociales por los que está atravesando el país.  

¿En qué situación está actuando la Policía Nacional libanesa hoy en día? 

La Policía Nacional libanesa (ISF – Internal Security Forces por su denominación en inglés) se encuentra en una encrucijada entre las necesidades del pueblo libanés, su vocación de servicio al ciudadano, y el cumplimiento de las órdenes que emanan del gobierno. 

La actual situación de crisis política, social, sanitaria y económica que está sufriendo el Líbano incrementa las demandas de la ciudadanía que requiere respuestas y cambios inmediatos.  El país se encuentra en una crisis sin precedentes que incluso para muchos, es peor que la vivida durante la guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990. Con un enorme empobrecimiento, los libaneses deben subsistir con lo mínimo para llevar comida a sus hogares, medicinas a sus enfermos y cubrir sus necesidades.  

Esta realidad ha incrementado las manifestaciones en las calles, muchas de las cuales han generado actos violentos. Los recientes enfrentamientos entre policías y manifestantes dejan enormes huellas en ambos “lados”; por un lado, algunos ciudadanos sufren el resultado de la actuación policial con detenciones y heridos, pero, por otro lado, algunos policías terminan también lesionados e incapacitados durante días. A estas lesiones físicas hay que añadir la carga psicológica y emocional que su desempeño conlleva, especialmente cuando en casa deben confrontar a familia y amigos. 

Los oficiales de la ISF son hombres y mujeres, hijos, hijas, madres y padres de libaneses, que han visto como su profesión, la cual eligieron libremente y de forma voluntaria con el fin de “Servir y Proteger”, está siendo diezmada, y no solo en el aspecto económico, como el resto del país, sino también como institución pública al servicio del ciudadano. Las recientes manifestaciones ponen a la policía en el objetivo de la ira y la frustración por la crisis y la corrupción de sus gobernantes. 

 ¿Cuál es la percepción de la policía libanesa entre la ciudadanía? ¿Y en España?  

Los ciudadanos no confían en las instituciones nacionales y solo el ejército gozaba, hasta hace poco, de cierto respecto por parte de los ciudadanos. 

En España el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estima que casi el 55% de la población aprecia el trabajo de la Guardia civil y Policía Nacional. La Policía, la Guardia Civil y el Ejercito resultan una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos en España. De hecho, la escalada de valoración ciudadana que refleja el CIS parece no tener fin. Si en 2013 el Cuerpo Nacional de Policía obtenía un 5.65, en el año 2015 la Policía Nacional obtiene un 5.95, mientras en 2016 llegó a un 6.8 que deja muy atrás la marca de los años anteriores. Estos resultados positivos solo se explican por la dedicación al servicio público, la profesionalidad y el sacrificio del Cuerpo Nacional de Policía. En la Policía Nacional en España se comparte el sentimiento de ser parte integrante de la sociedad, no solo sirviéndola y protegiéndola sino entendiendo las demandas y aceptando las críticas de carácter constructiva para mantener, mejorar y nunca perder la confianza del ciudadano. 

  ¿Cuáles son los estándares de profesionalidad que se piden a los miembros de las fuerzas de seguridad interna de Líbano? 

La profesionalidad de un miembro de una fuerza de seguridad se mide por la excelencia en su trabajo, por la lealtad a la institución a la que pertenece y el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos. Pero a la vez, también es necesario establecer una conexión especial con los ciudadanos para ofrecerles un servicio de calidad en el sector de la seguridad. 

Si algo hemos percibido en el tiempo que lleva el proyecto de la FIIAPP de policía de proximidad en marcha, es que la ISF está formada por profesionales comprometidos con la ciudadanía; con nuevas y viejas generaciones que empujan para introducir mejoras en la organización, a través de proyectos como el nuestro que intenta “Mejorar, Mantener y Nunca Perder la confianza del ciudadano”.  

A lo largo de los próximos 4 años de ejecución, esperamos volver a contaros los alcances reales y concretos que nuestro proyecto de Apoyo a la Policía de Proximidad va alcanzando. 

El proyecto de la FIIAPP y CIVIPOL “Promoting Community Policing in Lebanon” avanza según la planificación prevista, a pesar de las muchas dificultades y retos que actualmente afronta el Líbano.  

La crisis política, económica y social continúa cerniéndose en el Líbano, y como consecuencia del plan de reducciones lanzado por el Gobierno, los productos básicos han ido aumentando sus precios drásticamente y la grave crisis eléctrica causada por la falta de reservas de gas y petróleo, mantienen al país sumido en una recesión económica cada vez más preocupante.  

Durante los últimos días, la empresa nacional Electricidad del Líbano (EDL), responsable de proveer corriente eléctrica al tendido nacional, se ha visto forzada a racionalizar la provisión del servicio a lo largo del día, provocando largos periodos de cortes de luz y de corriente eléctrica. En ese sentido, durante la primera semana de julio, en Beirut se han vivido momentos de especial tensión, debido a un acceso limitado e irregular de 4 horas de electricidad diarias, mientras que, en otras regiones, como en el caso de Trípoli, la población solo está teniendo acceso a corriente eléctrica durante 2 horas al día. Las empresas de electricidad privadas, que reemplazan al servicio eléctrico estatal en esta época de recortes, están poniendo a disposición de la ciudadanía grupos electrógenos y generadores, que también están sufriendo ya la falta de aprovisionamiento del carburante necesario para mantenerlos operativos, y se han declarado incapaces de mantener el nivel de suministro demandado por mucho más tiempo, si no hay acceso a una mayor cantidad de petróleo o gas subvencionado.  

La reducción de carburante afecta también el sector de transporte y los desplazamientos internos en el país. Ante las gasolineras se acumulan largas colas de coches, camiones, motos y furgonetas para poder comprar un máximo de 10 litros de gasolina o gas por un importe muy elevado para la población local, debido al actual nivel de inflación de la libra libanesa.  

Estos recortes eléctricos y la falta de acceso al transporte provocan grandes dificultades a la ciudadanía para desarrollar cualquier actividad económica, política o social. Las tensiones y ansiedad social van en aumento, y las manifestaciones en las calles se multiplican día tras día.  

A pesar de estos retos, el Proyecto y su equipo siguen adelante con el plan de trabajo, adaptándose a la realidad del país, haciendo lo posible por mantener el nivel de compromiso de todos los actores implicados a través de visitas personales, llamadas telefónicas y, cuando la electricidad lo permite, comunicación online permanente entre los miembros del equipo y sus interlocutores nacionales.

Muestra de dicho compromiso adquirido ha sido la realización del primer Comité Directivo del Proyecto, que ha tenido lugar el 6 de julio en Beirut, de forma telemática. Esta reunión de lanzamiento del Plan de Trabajo del Proyecto ha logrado reunir virtualmente a más de 30 representantes de institucionales libanesas y al equipo completo de FIIAPP y CIVIPOL en el terreno y en Madrid. El Comité Directivo ha aprobado unánimemente el plan de trabajo propuesto, lo cual supone todo un éxito en tiempos difíciles como los actuales. 

Consuelo Navarro, coordinadora del proyecto de Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano

Laia Castells, experta en Derechos Humanos del proyecto de Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. 

La UNODC proporciona de esta forma información al gobierno boliviano sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos, pues parte de la hoja de coca se desvía hacia el tráfico ilícito. Que este producto se convierta en una droga internacional es lo que trata de evitar la Policía boliviana y otras instituciones involucradas. Este informe les permite el desarrollo de estrategias y políticas para su control. 

Estas instituciones cuentan además con el apoyo en esta tarea de un proyecto gestionado por la FIIAPP, en coordinación con el Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con fondos de la Unión Europea y de la AECID. Y es que la paradoja es todavía más difícil de abordar cuando la hoja de coca es un producto cultural. 

El agricultor no es el traficante 

Javier Navarro es uno de los expertos del proyecto. El inspector de la Policía Nacional española recuerda que “el consumo de hoja de coca es algo que está muy arraigado en sus costumbres”. En Bolivia, el producto se consume directamente con el acullico (mascar la propia hoja de coca con otros productos que la dulcifiquen) o se utiliza para mate o caramelos. 

Su producción se gestiona a través de cooperativas. Cada agricultor registrado tiene derecho al cultivo de un cato de coca (1.600 m2). El producto llegaría al mercado legal después de pasar por la cooperativa. El problema es que no toda la producción sigue ese camino.  

Parte de la hoja de coca se introduce en “circuitos paralelos” y con ella se fabrica la pasta base de la que sale el clorhidrato de cocaína. Una vez conseguida esta sustancia, explica el inspector de policía, se habla de tráfico propiamente dicho. Además, existen cultivos ilegales “en zonas de frontera o de difícil acceso”. 

Sin embargo, ningún agricultor colabora en ese fin, simplemente viven de ello. “El productor no tiene ese perfil de traficante”, comenta Navarro, e incluso si actuara de manera ilícita, se trataría del eslabón más pequeño de toda la cadena de narcotráfico. 

Javier Navarro apunta además que “Bolivia no es solo un país productor, sino también de tránsito”, principalmente por cuestiones geográficas. Al país llega la pasta base de Perú, igualmente productor, para realizar la denominada “purificación” en laboratorios. 

Y aporta un dato representativo: “el kg de clorhidrato de cocaína sale en Bolivia a 2.500 dólares. Cuando llega a España, pasa a costar 35.000 dólares”. España vuelve a funcionar en este caso como país de tránsito: desde aquí se exporta la cocaína a Francia, Italia o Gran Bretaña con el consiguiente incremento de precio. Un recorrido que lo convierte en un problema transnacional. 

¿Cuál es el papel del proyecto? 

Para hacer frente a este problema, miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en este proyecto con los agentes bolivianos en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la trata y el tráfico de personas. Además se actúa en fronteras y aeropuertos. 

En concreto, se forma a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, unidades especializadas repartidas en varios puntos de la geografía boliviana. Y es que el narcotráfico representa el sector dominante del crimen organizado. La evolución de sus formas de organización y acción requieren una adaptación constante de los dispositivos y estrategias de lucha contra esta problemática. 

Una formación que se ha complementado con visitas a España para conocer los procedimientos de las fuerzas de seguridad españolas, por ejemplo, en inteligencia e investigación criminal. 

Tras dos años de trabajo, “el proyecto está consolidado y son las propias instituciones las que acuden a él”, explica Javier Navarro. Se ha conseguido, entre otras cosas, abordar las investigaciones de una forma más integral. Esto es, según el inspector, que no solo se detenga al transportista, sino que se lleguen a desarticular organizaciones. 

Un trabajo que se completa con la sensibilización de los ciudadanos a través de algunas actividades de comunicación. La última, un taller para periodistas en el que se trabajó sobre cómo comunicar adecuadamente sobre temas tan sensibles.

Proyectos para un problema transnacional 

La FIIAPP gestionaba hasta hace poco un proyecto similar en Perú, ejemplo de buenos resultados con la desarticulación de más de cien organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La Fundación también está presente en esta dimensión operativa con el proyecto SEACOP, para la  lucha contra el tráfico marítimo de drogas.  

Además, existen programas regionales que acompañan las políticas públicas de los países latinoamericanos. Es el caso de EL PAcCTO contra el crimen transnacional organizado o COPOLAD, que abarca la dimensión social y sanitaria. 

Además, otros proyectos siguen las rutas de narcotráfico más importantes, como la de la heroína. UE-ACT  actúa en 30 países de Asia central, la costa Este de África y Europa del Este, y trabaja para mejorar la eficacia de las policías y de los órganos judiciales, además de la prevención del consumo de drogas. 

Garantizar la seguridad es uno de los retos más importantes a nivel internacional, ¿cuáles son a su juicio los temas o áreas más relevantes para la Policía en cooperación internacional?

España mantiene su interés por luchar contra cualquier forma de terrorismo, delincuencia organizada o inmigración ilegal, así como contra los delitos relacionados: trata de seres humanos, falsificación documental o blanqueo de capitales. Pero es igualmente preciso destacar que formamos parte de la Unión Europea y es la Agencia de Policía Europea (EUROPOL) la que, tras recibir las aportaciones de los Estados Miembros, establece cuáles son las prioridades a través de sus informes: SOCTA y TE-SAT, claves a la hora de establecer las polí­ticas nacionales.

Por otra parte, el avance del terrorismo yihadista ha supuesto un cambio sustancial en las dinámicas de trabajo en lo que a cooperación internacional se refiere y la transformación de los procedimientos de colaboración.

¿Dónde cree que hacen más falta proyectos en los que participe la Policí­a? ¿En qué áreas y en qué países?

Siguiendo la línea trazada, en la actualidad va a ser interesante participar en cualquier proyecto de cooperación que luche contra el terrorismo, la inmigración ilegal, la delincuencia organizada y sus delitos conexos. Ahora mismo la región clave, por la que pasan gran parte de estos fenómenos, es África. Sin olvidarnos de lo ya trabajado en la zona de Iberoamérica, donde se han podido llevar a cabo varios proyectos de éxito.

¿Cuáles son los retos de la cooperación policial internacional?

Tras el Tratado de Lisboa, se introdujo una perspectiva interesante: el «enfoque integrado», según el cual los trabajos o iniciativas de la UE ya no se constituyen de manera estanca y por pilares, sino que implican diferentes trabajos transversales y sinergias entre distintos actores.

Este enfoque obliga a que, en cuestiones policiales o judiciales, se observen otras perspectivas como la social o la educativa, que van a consolidar la estabilidad deseada pero que nos obliga a trabajar solidariamente con diferentes instancias.

¿Puede destacar algún proyecto de cooperación internacional en el que hayan trabajado por sus resultados y repercusión?

Estamos muy satisfechos de la participación de la Policía Nacional en muchos proyectos, lo que indica una colaboración excelente con FIIAPP, pero resaltaría los trabajos de AMERIPOL. Lo que inicialmente comenzó como una experiencia en la que la UE auspició un proyecto dedicado al intercambio de datos en materia de tráfico de drogas, ha ido creciendo con el apoyo de diferentes países de Iberoamérica, con el desarrollo de las Unidades Nacionales de Ameripol, así­ como del uso del SIPA (Sistema de Intercambio de Información Policial para AMERIPOL). Esperamos un mayor desarrollo, crece siguiendo una evolución parecida a la de EUROPOL.

Actualmente la Policía está trabajando frente a desafíos de diversa í­ndole, como aquellos que afectan al medio ambiente. ¿Cómo valora los proyectos que tratan las amenazas químicas y biológicas NRBQ?

La Unión Europea muestra cada vez más interés por los delitos medioambientales: los tráficos ilícitos, las talas ilegales, los incendios provocados o los vertidos ilí­citos. En este marco europeo, ha comenzado la octava ronda de evaluaciones mutuas que valorará hasta qué punto la legislación comunitaria y las medidas tomadas por los diferentes Estados Miembros son suficientes para lidiar con las cuestiones relacionadas con los tráficos ilícitos, estableciendo las correspondientes recomendaciones.

Otra de las amenazas contra la que trabajan los técnicos de la Policía es el tráfico de drogas y el crimen organizado, ¿cuáles son los principales avances que puede destacar en esta materia gracias a los proyectos de cooperación internacional?

La Policía Nacional ha venido trabajando los grupos y organizaciones de delincuencia de manera intensa durante muchos años, lo que nos ha permitido conocer perfectamente su evolución hacia modelos especializados en ingeniería financiera y con movimientos precisos en la red a través de las nuevas tecnologías. Obviamente estas nuevas circunstancias mediatizan el trabajo policial y lo hacen mucho más especí­fico, más especializado, de ahí­ que sea en esta lí­nea donde nos estamos moviendo últimamente.

El tráfico de armas y personas son también fenómenos globales, ¿cuáles son los principales desafíos al respecto a nivel policial?

Tanto una actividad delictiva como la otra cuentan con el apoyo político de las más altas instancias de la Unión Europea y de la Dirección General de la Policí­a española.

El tráfico de armas se ha desarrollado dentro del llamado Ciclo de Polí­tica Criminal como un Plan de Acción Operativo que se desarrollará durante los años 2018 y 2019. España ha liderado esta iniciativa obteniendo unos resultados extraordinarios. Como la Operación PORTU realizada a principios de año en la provincia de Vizcaya, en la que se incautó más de ocho mil armas de guerra listas para la venta a terroristas y grupos organizados.

En cuanto al tráfico y la trata de personas, se ha marcado como objetivo estratégico minimizar los perjuicios que esta lacra social ocasiona. Desde las campañas publicitarias, como la lanzada hace unos años «Con la trata no hay trato», así­ como la especial dedicación a la desarticulación de las organizaciones dedicadas a este fenómeno, en el que el componente de la cooperación internacional es clave. Puedo afirmar que constituye una de las grandes prioridades en el ámbito policial.

La Policía lleva trabajando con la FIIAPP casi veinte años ¿Cómo valora el trabajo de la FIIAPP en estos temas, así como la colaboración entre ambas instituciones alrededor del mundo?

Únicamente puedo mostrar mi satisfacción. La colaboración entre la FIIAAP y la Policía Nacional se ha venido gestionando de manera eficaz desde hace muchos años. Fruto de esa cooperación ha sido la ejecución de numerosos proyectos: desde los hermanamientos para los países candidatos a adherirse a la UE hasta la gestión de los programas del Fondo de Seguridad Interior o, más recientemente, el Fondo Fiduciario que destina una importante cantidad de dinero a los proyectos vinculados con el área de inmigración ilegal, fundamentalmente en África. En todos estos casos, la FIIAPP ha sido un compañero de viaje sólido y solvente.

Soy plenamente consciente de que la gestión de fondos no es una tarea fácil y, en este caso, la Fundación nos brinda el apoyo necesario para sacar adelante todas las iniciativas de cooperación internacional que nos interesan. Esperamos poder contar con este apoyo en los años venideros y afianzar esta relación de confianza mutua que nos permite avanzar en la especialización y mejor servicio de la Policía Nacional.