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El cambio climático ha situado a tres de cada diez viviendas de Centroamérica y el Caribe en situación de riesgo. A esta vulnerabilidad ambiental se ha de añadir la vulnerabilidad social agudizada por los efectos de la pandemia. Urge, por tanto, poner en marcha políticas integrales para reducir las desigualdades y mitigar la pobreza.
La COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y no afecta igual en todos los territorios. Casi el 60% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, muchas de ellas no planificadas, según los cálculos de ONU-Hábitat. Barrios con altos grados de hacinamiento, dispersos, mal conectados y sin apenas servicios e infraestructuras cuya población ha visto incrementada su vulnerabilidad a causa de la pandemia. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, el hacinamiento en viviendas y la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Además, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar ya que muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad, fundamentalmente las mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Lo que supone casi el 50% de la población femenina de la región.
“Desde que inició la pandemia la situación en el barrio fue un caos porque vivimos muy pegadas unas casas a otras y conviven hasta 15 personas en viviendas muy pequeñas. En mi casa, que tiene tres cuarticos, éramos tres y ahora somos ocho porque ha tenido que venirse a vivir con nosotros mi hija y mis nietos. Dependo de una pensión que me da el gobierno por invalidez, pero es muy pequeña”, nos explica Alicia Bremes desde Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica. Los distritos de Pavas y Uruca agrupaban en agosto del 2020 más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país.
“¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos acceso a agua? ¿o cómo vamos a desinfectarnos con gel si el precio es tan elevado?” se lamenta Bremes, quien ha sufrido en su hogar las consecuencias de la pandemia. “Uno de mis hijos arregla celulares y ha estado sin trabajo muchos meses. Tengo otro hijo con discapacidad que iba todos los días a un taller del psiquiátrico y sufrió mucho porque ya no tenía a donde ir. Como es muy callejero cogió la COVID y sufrió fiebres y asfixia, pero se recuperó. Pero tengo muchos vecinos, de todas las edades, que fallecieron”, asegura.
Tal y como explica Alicia Bremes, la situación en los barrios es de extrema vulnerabilidad. “Muchas madres del barrio trabajaban en limpieza de hogares y les despidieron por la pandemia. La COVID también ha disminuido la venta ambulante de la que dependen muchas familias para poder comer diariamente”, afirma. Por ello, es imprescindible centrarse en las necesidades de los colectivos más vulnerables y tratar de amortiguar los efectos de la pandemia que rápido se ha convertido en una crisis socio económica además de sanitaria.
En este contexto, el Consejo de la Integración Social (CIS) solicitó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) que, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, gestionado por FIIAPP, IILA y Expertise France, y en alianza con agencias y programas de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT, elaborasen un “Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana”. El Plan es una hoja de ruta común regional y está compuesto por una serie de proyectos estratégicos articulados en torno a tres ejes de intervención: la protección social, el empleo y el desarrollo urbano sostenible.
El Plan, que ha sido respaldado por los Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, centra sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad socio espacial, cuya expresión territorial más evidente son los asentamientos informales, que se estima suponen el 29% de la población urbana centroamericana. A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la población residente en asentamientos informales en los últimos 15 años, mucha gente sigue viviendo en esta situación. A lo que hay que sumar los riesgos derivados por el cambio climático, que expone a un creciente número de habitantes a los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes o deslizamientos.
Urge ampliar la mirada y pensar en el barrio como el entorno que nos permita hacer efectivo el derecho a la ciudad, para lo que habremos de atender no solo a la provisión de viviendas, si no asegurar que éstas cuenten con las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios.
Persisten todavía muchos desafíos que afrontar para cambiar el rostro de la pobreza y la desigualdad por un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás. Por ello es urgente apalancar recursos financieros adicionales para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas e igualitarias y ambientalmente más sostenibles.
Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca
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Helena Farinha, Directora general adjunta del FAS, nos cuenta qué es el FAS y cuáles son sus objetivos en la lucha contra la pobreza en Angola.
HISTORY OF THE FAS
Actions to fight poverty by the Angolan government started to take shape with the creation of the Social Support Fund (FAS) on 28th October 1994 through Decree No. 44/94 of the Council of Ministers within the framework of the Economic and Social Programme – PES/94. As a government body, it was granted legal personality and administrative and financial autonomy in its founding statutes.
To accomplish its mission, the FAS has utilised funds from the Angolan government and grants from diverse funding sources, such as World Bank credits, multilateral donations from the European Union and bilateral donations (Norway, Japan, Sweden, Italy, the Netherlands, and the United States of America) totalling 186.3 US dollars.
WHY FUNDS WERE REQUESTED FROM THE EU
In 2013, the FAS expanded its scope to provide national coverage and invest in regions of the countries with extremely vulnerable populations in terms of access to goods, services and opportunities.
The main objective of the Local Development Project (LDP) financed by the European Union is to combat poverty in Angola through effective decentralisation of service delivery, increased opportunities for business, and income generation. Its specific objectives are the following:
Improve the access of rural and vulnerable families to basic social services and economic opportunities.
Strengthen the institutional capacities of Angolan municipalities.
The FAS has always been attentive to context changes in order to adapt them to the real needs of the target public, i.e., the most vulnerable populations. This has meant transitioning from emergency intervention, whose main priority was reconstruction and construction of local physical capital (peri-urban and rural areas), to a type of intervention focused on strengthening physical, human and social forms of capital, and, more recently, economic capital (since 2011). The primary objective of this is to strengthen the 26 municipalities so that local and municipal leaders participate in their development process through better utilisation of the potential and productivity they have.
In this way, with this intervention, the FAS is working in the following areas:
Strengthening physical capital in the face of growing limitations on the access of populations to basic social and economic services (education, health, water, market, bridges and temporary bridges).
Strengthening social capital to address the need to continue stimulating the participation of citizens in identifying and solving the problems of their towns through public consultation mechanisms, bringing citizens, the civil society sector, the private sector and public bodies (municipal administrations) closer together.
Strengthening human capital because, during the war, there was a great exodus from rural zones towards the cities in search of protection; the majority of municipalities were left without qualified administrators, and so it is necessary to invest in training, not only of organised civil society but also to build the capacities of the employees of the local administration.
Strengthening economic capital because most economic and productive sectors which could be a means of lifting the local economy are not trained or developed enough to represent an added value for collecting revenue for municipalities, and because the main source of income for families tends to be the informal sector, especially in the case of women.
Helena Farinha
Deputy Director General of the FAS
