EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

A lo largo de los años 2003 a 2008 se observa en Europa un incremento notable del tráfico de drogas (cocaína) vía marítima, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FFCCSE) presionaron en crear lo que posteriormente se denominó policialmente “muro de contención”, y que supuso que las rutas habituales de transporte se derivasen hacia África como ruta alternativa.

En ese marco nace el proyecto SEACOP, un proyecto que necesitó realizar sobre el terreno visitas a los diferentes países productores, de tránsito y destinatarios de la droga, requiriendo adaptar y consensuar las necesidades de todos ellos en un proyecto sobre el que se contribuyese a esta lucha.

Así nace y surge el proyecto SEACOP, un proyecto que se basa en cuatro pilares principalmente como son: equipos de inteligencia (MIU); equipos de control portuario (JMCU); bases de datos y cooperación a nivel regional y transregional.

Es en África donde inicialmente se focalizan los primeros esfuerzos desde el año 2008 y los avances eran más que notables. Por primera vez éramos capaces, como especialistas, de aunar los esfuerzos de las agencias que operan en los tres países en los que se desarrollaba el SEACOP: Senegal, Ghana y Cabo Verde.

El idioma siempre ha sido un pequeño problema para que entre ellos se comunicasen de forma fluida e inclusive intercambiasen experiencias o métodos de trabajo pero, poco a poco, con diferentes encuentros entre ellos, viéndose las caras han logrado entablar diversas comunicaciones entre los equipos.

Por parte de los especialistas policiales, que participaban en el proyecto, se pudo confirmar como había una clara necesidad de homogeneizar las formaciones que se impartían a los agentes u oficiales que formaban parte del proyecto, aunque muchos de ellos habían tenido poco contacto con ordenadores u otros medios utilizados para el desarrollo de inteligencia y búsquedas en embarcaciones.

Las actividades desarrolladas, en esos tres países, permitieron que incluso por parte de la Unión Europea se considerase la extensión del proyecto a diversos países africanos en una II fase con objetivos tales como: Sierra Leona, Togo, Benín o Costa de Marfil, entre otros, siendo un verdadero reto para todos los integrantes del proyecto.

En fases posteriores, se constata la necesidad no sólo de involucrar a los países que eran destino de parte de la droga producida en Latinoamérica, sino que además se sigue extendiendo en sucesivas fases III y IV a otras regiones como el Caribe y los países productores y de tránsito de la droga en Latinoamérica.

La zona del Caribe es especialmente sensible al tráfico de cocaína en embarcaciones de recreo y esa es la razón por la cual SEACOP establece alianzas con otros proyectos ya operativos en la zona, con el fin de potenciar los puntos fuertes y reforzar los débiles, tales como la conexión entre las islas, las formaciones sobre profiling de embarcaciones, elementos que levantan sospechas de los oficiales cuando visitan las marinas, trabajo en equipo y como no dotarles del material necesario para poder realizar las búsquedas en embarcaciones sin perjudicar o dañar demasiado las mismas.

Esa misma formación, aunque adaptada a las necesidades de cada país, se ofrecía por los especialistas a los diferentes oficiales que forman parte de este. Nuestra experiencia tras más de veinte años luchando contra el tráfico de drogas se ha puesto a su servicio siendo muy gratificante ver cómo, poco a poco, adquirían el nivel adecuado para engrosar la familia que hoy supone pertenecer al SEACOP.

Los países productores son más que relevantes para el proyecto, países como Colombia con la experiencia adquirida en su lucha diaria contra el tráfico de drogas o Argentina donde el problema fluvial se añade a sus problemas en puertos, suponía un reto que, sin duda, ha tenido reflejo en las labores tanto de formación regional como transregional y en las cuales los países aportaban su granito de arena sobre la manera como desarrollaban las labores en cada una de las fronteras y a nivel internacional.

Si bien el gran problema que hemos encontrado ha sido sin duda la itinerancia de los oficiales en sus puestos, la necesidad de ese compromiso de permanencia ha sido uno de los puntos débiles que, sin duda, se tendrá en cuenta en futuros proyectos.

Nos quedamos con el buen sabor de boca de la labor bien realizada, con el placer de saber que se han creado los puentes necesarios para llevar a cabo futuras operaciones contra el tráfico de drogas y sobre todo de crear esa red de contactos que supone uno de los mayores valores que puede aportar este proyecto.

Atrás quedan horas de trabajo, muchos casos analizados y horas de formación que nos ha dejado siempre una satisfacción, que se ha potenciado el desarrollo de esas labores que, hoy día, vienen desarrollando y que, al menos, seguirá en los próximos años como uno de los referentes en la lucha contra el tráfico marítimo de cocaína.

Alberto Morales, Inspector Jefe de la Policía Nacional y experto clave del proyecto

El concepto de “lavado de dinero”,   surge durante los años veinte del siglo XX en Estados Unidos. Las mafias norteamericanas, dedicadas al contrabando de bebidas alcohólicas, crearon una red de lavanderías para ocultar la procedencia ilícita del dinero que derivaba de este negocio.  

Como explica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el lavado de activos, o blanqueo de capitales, es “el método utilizado por contraventores para disimular los orígenes ilegales de su riqueza y proteger sus rendimientos, con el fin de evitar sospecha por parte de las instituciones de investigación y de aplicación de la ley”.  

La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera que establece estándares para organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.  

Asimismo, la UNODC destaca que los individuos y las organizaciones terroristas emplean técnicas similares a las llevadas a cabo por las personas que están involucradas en el lavado de activos para ocultar sus recursos. Todas estas técnicas traen consigo delitos como la corrupción o la delincuencia organizada. 

En este sentido, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Min Zhu, señala que “el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general. Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar los factores que propician abusos financieros”.  

Siguiendo estas líneas, debemos destacar que el dinero generado por las actividades delictivas es difícil de ocultar. Los Estados han reforzado, a lo largo de los años, los mecanismos necesarios para poder identificar, incautar y decomisar ese dinero en cualquier parte en que el que se encuentre. “Las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo tanto, responden no solo a una imperativa moral sino a una necesidad económica”, según Zhu.  

Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible 16  

España, junto a los 193 países de las Naciones Unidas, se comprometió al cumplimiento de la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. En este contexto, la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) ha publicado un informe, que ha tomado como referencia los meses de abril a junio de 2018, con el fin de conocer el progreso de España en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 centrado en la promoción de una sociedad justa, pacífica e inclusiva, en la que se contiene metas relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este documento se centra en la situación sobre los flujos financieros ilícitos, soborno y corrupción en todas sus formas, instituciones transparentes y responsables que rindan cuentas, libertades públicas y derecho de acceso a la información.  

Además, el informe destaca que, aunque España ha avanzado mucho a nivel legislativo en esta materia, “se hace necesario que las instituciones que trabajan en la primera línea de la prevención y la lucha contra la corrupción, como la Fiscalía Anticorrupción, mantengan su total independencia respecto al poder político”. Asimismo, “España tiene el reto de conseguir un marco legal homogéneo y efectivo en todas las materias relacionadas con integridad pública y rendición de cuentas y en todos los niveles territoriales”.  

La FIIAPP trabaja en la lucha contra el lavado de activos 

La FIIAPP trabaja a través de diversos proyectos en la lucha contra el blanqueo de capitales o lavado de activos.  

EL PAcCTO, es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILa y de Camões. El objetivo principal de este proyecto es la lucha contra el crimen transnacional organizado y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana en 18 países de América Latina.  

“EL PAcCTO pretende plantear diversos desafíos y por los intercambios realizados, en grupos de trabajo y la ponencia de casos prácticos, también identificar las dificultades y debilidades propias de América Latina, identificar posibles dificultades de coordinación entre los actores de la lucha contra el lavado de activos”, destaca Jean Dos Santos, experto del proyecto EL PacCTO.  

Por otro lado, el proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. El proyecto ha buscado la capacitación a través de cursos formativos, se ha centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional y ha dado apoyo a la asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.  

“De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales”, destaca Javier Navarro, inspector de la Policía Nacional y experto en este proyecto.  

Siguiendo esta misma línea de trabajo, el proyecto de Apoyo de las fuerzas de la ley de la UE en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú busca mejorar la eficacia de las escuelas formativas, la cooperación interinstitucional y los sistemas de inteligencia peruanos con el fin de luchar contra las drogas, el crimen organizado y el lavado de activos.  

Asimismo, los proyectos EU-ACT de Acción contra las drogas y el crimen organizado y SEACOP, también trabajan en la lucha contra el lavado de activos, una problemática estrechamente relacionada con el tráfico de drogas y el crimen organizado.  

“Las organizaciones de tráfico de drogas están establecidas en diferentes países. En un país pueden estar proporcionando la materia, otros países de tránsito, otros países de destino… Incluso otros países para el lavado de dinero. Por tanto, si esto no se aborda desde un punto de vista transnacional, es imposible”, señala José Antonio Maté, coordinador del proyecto EU-ACT en la zona de Asia Central.  

Con el proyecto ARAP-Ghana, ‘Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana’, se pretende reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas del país africano, teniendo en cuenta el blanqueo de capitales que trae consigo esta problemática. Ghana ha creado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (NACAP) en el cual se encuadra este proyecto.  

Finalmente, en el proyecto El PacCTO: Apoyo a AMERIPOL, se prevé que el lavado de activos entre en la plataforma tecnológica de intercambio de información policial que está impulsando este proyecto en América Latina. 

¿Cómo investiga la Fiscalía española el narcotráfico? 

La Fiscalía General del Estado tiene varias Fiscalías especiales, entre ellas la Fiscalía especial Antidroga, que aborda el narcotráfico desde dos puntos de vista: desde uno, digamos, central, en la Audiencia Nacional hay doce fiscales antidroga que trabajamos en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico cuando el delito se comete por una organización criminal y afecta a varias provincias; esos son los límites competenciales de la Audiencia Nacional y también de nuestra Fiscalía especial. El segundo punto de vista lo componen los delegados en determinadas provincias, por ejemplo, en Cádiz (Algeciras) donde la especialización es un grado e incluso una necesidad. 

Por lo tanto, la Fiscalía investiga el narcotráfico sobre todo desde la especialidad y desde la experiencia, trabajando de manera muy próxima y cercana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la investigación sobre narcotráfico? 

Obviamente, hay una falta de medios, comparativamente hablando, si nos fijamos en las organizaciones criminales, pues éstas disponen de unos recursos financieros y humanos ilimitados, mientras que nosotros tenemos unos recursos limitados; además, ellos no tienen barreras a la hora de hacer uso de la globalización, de la transnacionalidad y nosotros tenemos que reunir una serie de requisitos, seguir unos parámetros legales que nos marca nuestra actuación para que la prueba que obtengamos sea admisible en juicio. 

También tenemos una dificultad inicial: la necesidad de que la sociedad se dé cuenta de que el narcotráfico no es una cuestión menor; es necesario que la sociedad perciba que el narcotráfico es una amenaza real, importante, no solo para la salud en términos del daño que pueda producir una determinada sustancia sino también en términos de seguridad, en términos de integridad de las instituciones. 

En mi opinión, en muchos casos se frivoliza con la droga y eso tiene una consecuencia: se percibe el narcotráfico como algo que no tiene un perjuicio directo sobre la ciudadanía, no hay una víctima individualizada (salvo que alguien tenga en su familia a alguien con una grave adicción). Pero fuera de esos casos, que afortunadamente ya no se perciben con la misma visibilidad de antes, la sociedad, me temo, no percibe la gravedad del problema.  

¿Qué importancia tiene la cooperación entre fiscales de distintos países en la lucha contra el narcotráfico?

Es fundamental, es un requisito necesario. Hoy por hoy no se puede combatir el narcotráfico simplemente a nivel nacional, porque éste opera en países de producción, de tránsito y de destino. Si no se actúa al mismo tiempo en las tres áreas, lo único que conseguimos es detener a unas personas en lugar concreto -pongamos España- que mañana serán reemplazadas por otras, pero los proveedores que suministran las sustancias seguirán libres para enviar cargamentos de droga a nuestro país. 

Entonces, obviamente, si no desmantelamos toda la cadena, incluyendo países de producción y tránsito, no estamos siendo eficaces. 

¿Cómo coopera España con otros países en la lucha contra el narcotráfico? 

Se puede establecer una diferenciación: a nivel de la Unión Europea, tenemos un marco común, un marco legal, en muchos casos también un reconocimiento directo mutuo de las resoluciones judiciales. Existe, por tanto, un contacto directo entre jueces y fiscales y compartimos un nivel de garantías. 

Si hablamos de Latinoamérica, pese a que pudiera parecer otra cosa por el hecho de tener una cultura y una lengua común, la situación es mucho más dispersa. No existe ese grado de confianza mutua, las instituciones no siempre tienen la misma fortaleza… Con lo cual el trabajo es más complejo. Hay que tratar de establecer plataformas, mecanismos que permitan generar esa confianza y esa comunicación directa entre fiscales. 

Entonces, ¿cómo trabaja la Fiscalía Antidroga con Latinoamérica? 

Desde la Audiencia Nacional lideramos una Red de fiscales antidroga en Iberoamérica que está constituida por 16 fiscalías antidroga y con puntos de contacto en todos los países. A través de la red tratamos de establecer estos canales de comunicación entre fiscales de manera fluida, frecuente, ágil y segura para intercambiar información y también para coordinar investigaciones. Esta red, constituida en 2014, exige mucho trabajo de mantenimiento, pero también da frutos. 

A raíz de la Red de fiscales de Iberoamérica y, auspiciada por el proyecto EU-ACT que gestiona la FIIAPP, ha surgido la Red de fiscales del mar Negro. 

Exacto. Esta red sigue exactamente los mismos parámetros que la Red de Iberoamérica, es decir, confianza mutua, intercambio de información y marco operativo común. En definitiva, contacto directo entre los fiscales. 

A partir de ahí, lo que se espera de esta plataforma es que sea capaz de mejorar la cooperación entre fiscales especializados, que complemente -pero no reemplace- los mecanismos tradicionales de cooperación internacional, lo que llamamos comisiones rogatorias. 

La comisión rogatoria es la manera de introducir legalmente la prueba obtenida en otro país, pero en muchos casos son lentas y eso hay que mejorarlo. ¿Cómo? A través de mecanismos más flexibles que permitan comunicación directa, intercambio de información espontánea y que los compañeros de otros países dispongan de la información con rapidez. 

¿La situación de las fiscalías de estos países es comparable a la de los países de la Red Iberoamericana? 

No es comparable. Algunos de estos países no tienen fiscalías especializadas y son más formalistas que en Latinoamérica. Además, hay estructuras que hay que tratar de fortalecer. 

Uno de los mayores desafíos de esta red es superar esta formalidad, que no se trata de reemplazar, pero sí de complementar, conseguir que la información se comparta a través de otros canales. La formalidad ralentiza el proceso. 

Si yo mando una solicitud de aquí a Ucrania y yo, desde esta Fiscalía Antidroga la mando a la autoridad central, de ahí lo mandan al Ministerio de Asuntos Exteriores o al Ministerio de Justicia, de allí a la unidad de cooperación internacional y de allí al fiscal especializado, supone un recorrido muy largo. Cuando, en realidad, solo se trata de que el fiscal de aquí se comunique con el de allí y le transmita la información, que el fiscal de allí disponga de la información y la pueda utilizar. 

¿Cómo y cuándo surge la Red del Mar Negro? 

Surge en septiembre del 2018 en Odessa, donde se constituye con representantes de Ucrania, Georgia, Armenia, Rumanía y Moldavia. Surge por la necesidad común de todas las fiscalías de abordar un problema que no es nacional, sino que es transnacional y que exige una cooperación de todos los países. 

¿Se han obtenido ya resultados? 

Sí, ya se están obteniendo. Es sorprendente que en tan breve espacio de tiempo algunos fiscales han sido ya capaces de identificar investigaciones comunes, investigaciones transnacionales y hayan tenido la voluntad de compartir ya información. 

¿Qué papel ha tenido la FIIAPP en la creación de esta red? 

Decisivo. Sin la FIIAPP y sin el proyecto EU-ACT, la red no hubiera podido surgir. Porque les ha brindado una posibilidad, les ha presentado una idea, una plataforma y ha sido capaz de ilustrarles. La idea se les ha explicado bien, ellos la han entendido y han considerado que funcionaría. Además, les está poniendo los medios, acompañándolos para que ellos puedan ponerla en marcha. Pero, sobre todo, y para mí es lo fundamental, ha sido capaz de decir: vosotros tenéis una necesidad, que estáis abordando de esta manera, pero podéis abordarla mejor de esta otra. Y los países así lo han entendido. 

¿Cómo está considerada la hoja de coca en Bolivia?

La producción y el consumo de hoja de coca están muy arraigados en la sociedad y en sus costumbres. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene reconocidas 20000Ha de cultivo de hoja de coca en dos áreas principales: la zona de Las Yungas, en el departamento de La Paz y la zona del Chapare, en el trópico de Cochabamba. El productor está registrado y tiene derecho al cultivo de un “cato” de coca (1600m²). Después, la hoja de coca pasaría a una cooperativa y de ahí al mercado legal, bien para consumo propio, lo que allí llaman “picheo”, es decir, las bolas de hoja de coca que se introducen en la boca y de las que se aspira el jugo, o bien para el mate de coca, caramelos u otros productos. Todo lo que se salga de esas zonas está considerado como cultivo ilegal. Por ello, el Gobierno también tiene que gestionar la erradicación de la hoja de coca en aquellos puntos donde no está habilitado el cultivo.

¿Cómo pasa a ser ilegal?

Lógicamente, no toda la producción pasa al mercado legal, hay una parte que pasa a unos circuitos paralelos y con ella se fabrica la pasta base. Esta surge fruto de la inclusión de otros elementos en la coca y con esta pasta base, posteriormente, se produce lo que es el clorhidrato de cocaína.

Además, hay que tener en cuenta que Bolivia no es solo país productor, es un país también de tránsito, pues a Bolivia le llega la pasta del Perú; país igualmente productor que cuenta con unas 45000Ha de cultivo de coca.

Entonces, ¿cuál es el perfil del productor de hoja de coca en Bolivia?

Es, puramente, un perfil de agricultor, que con un “cato” de hoja de coca gana una cantidad económica básica para vivir durante el año de manera humilde. Esa es la realidad y lo que yo percibo. ¿Posteriormente esa hoja de coca pueda derivar en una transformación o pueda ir a un mercado ilícito? Puede ser que vaya, pero el productor por excelencia no tiene ese perfil de traficante.

El productor produce para su economía básica de subsistencia, para vivir decentemente junto a su familia, pero la figura del productor es diferente a la del traficante. Quizá sería el eslabón más pequeño, el más bajo de la cadena, en caso de que ese productor lo estuviera haciendo de forma ilícita.

¿Con qué medios cuenta Bolivia para evitar el tráfico ilícito?

El Gobierno tiene en la policía boliviana y particularmente en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, un aliado esencial para combatir este tráfico ilícito de drogas. Son unidades especializadas que están repartidas en todos los puntos de la geografía boliviana y que tratan de impedir que ese tráfico de drogas se recrudezca.

¿Cuál es el papel del proyecto en todo este entramado?

El proyecto trata de apoyar y fortalecer áreas e instituciones relacionadas con el tráfico de drogas, reforzando ámbitos de capacitación a través de asesorías técnicas (legales, de protocolo, manuales), asistencias en las que contamos con expertos de corto plazo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil así como también expertos franceses; estos ayudan, en áreas muy especializadas, a fortalecer aquellos aspectos donde ellos consideran que es necesario. En concreto, se abordan cinco temáticas: investigación criminal, inteligencia, fronteras y aeropuertos y delitos conexos (blanqueo de capitales y la trata y tráfico de personas).

¿Cuáles son las perspectivas?

El proyecto está consolidado y asentado; de hecho, son las propias instituciones las que acuden a él para que sean fortalecidas en las áreas que consideran más debilitadas. Durante este año, estamos trabajando en todas las áreas para consolidarlas, afianzarlas fuertemente y que el próximo año sea el definitivo en la implementación.

Además, esperamos que, lógicamente, cuando termine esta primera parte del proyecto pueda haber, porque sería muy interesante, una segunda parte donde podamos seguir fortaleciendo aquellas áreas y seguir avanzando y mejorando todas las instituciones bolivianas.

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. 

La UNODC proporciona de esta forma información al gobierno boliviano sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos, pues parte de la hoja de coca se desvía hacia el tráfico ilícito. Que este producto se convierta en una droga internacional es lo que trata de evitar la Policía boliviana y otras instituciones involucradas. Este informe les permite el desarrollo de estrategias y políticas para su control. 

Estas instituciones cuentan además con el apoyo en esta tarea de un proyecto gestionado por la FIIAPP, en coordinación con el Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con fondos de la Unión Europea y de la AECID. Y es que la paradoja es todavía más difícil de abordar cuando la hoja de coca es un producto cultural. 

El agricultor no es el traficante 

Javier Navarro es uno de los expertos del proyecto. El inspector de la Policía Nacional española recuerda que “el consumo de hoja de coca es algo que está muy arraigado en sus costumbres”. En Bolivia, el producto se consume directamente con el acullico (mascar la propia hoja de coca con otros productos que la dulcifiquen) o se utiliza para mate o caramelos. 

Su producción se gestiona a través de cooperativas. Cada agricultor registrado tiene derecho al cultivo de un cato de coca (1.600 m2). El producto llegaría al mercado legal después de pasar por la cooperativa. El problema es que no toda la producción sigue ese camino.  

Parte de la hoja de coca se introduce en “circuitos paralelos” y con ella se fabrica la pasta base de la que sale el clorhidrato de cocaína. Una vez conseguida esta sustancia, explica el inspector de policía, se habla de tráfico propiamente dicho. Además, existen cultivos ilegales “en zonas de frontera o de difícil acceso”. 

Sin embargo, ningún agricultor colabora en ese fin, simplemente viven de ello. “El productor no tiene ese perfil de traficante”, comenta Navarro, e incluso si actuara de manera ilícita, se trataría del eslabón más pequeño de toda la cadena de narcotráfico. 

Javier Navarro apunta además que “Bolivia no es solo un país productor, sino también de tránsito”, principalmente por cuestiones geográficas. Al país llega la pasta base de Perú, igualmente productor, para realizar la denominada “purificación” en laboratorios. 

Y aporta un dato representativo: “el kg de clorhidrato de cocaína sale en Bolivia a 2.500 dólares. Cuando llega a España, pasa a costar 35.000 dólares”. España vuelve a funcionar en este caso como país de tránsito: desde aquí se exporta la cocaína a Francia, Italia o Gran Bretaña con el consiguiente incremento de precio. Un recorrido que lo convierte en un problema transnacional. 

¿Cuál es el papel del proyecto? 

Para hacer frente a este problema, miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en este proyecto con los agentes bolivianos en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la trata y el tráfico de personas. Además se actúa en fronteras y aeropuertos. 

En concreto, se forma a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, unidades especializadas repartidas en varios puntos de la geografía boliviana. Y es que el narcotráfico representa el sector dominante del crimen organizado. La evolución de sus formas de organización y acción requieren una adaptación constante de los dispositivos y estrategias de lucha contra esta problemática. 

Una formación que se ha complementado con visitas a España para conocer los procedimientos de las fuerzas de seguridad españolas, por ejemplo, en inteligencia e investigación criminal. 

Tras dos años de trabajo, “el proyecto está consolidado y son las propias instituciones las que acuden a él”, explica Javier Navarro. Se ha conseguido, entre otras cosas, abordar las investigaciones de una forma más integral. Esto es, según el inspector, que no solo se detenga al transportista, sino que se lleguen a desarticular organizaciones. 

Un trabajo que se completa con la sensibilización de los ciudadanos a través de algunas actividades de comunicación. La última, un taller para periodistas en el que se trabajó sobre cómo comunicar adecuadamente sobre temas tan sensibles.

Proyectos para un problema transnacional 

La FIIAPP gestionaba hasta hace poco un proyecto similar en Perú, ejemplo de buenos resultados con la desarticulación de más de cien organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La Fundación también está presente en esta dimensión operativa con el proyecto SEACOP, para la  lucha contra el tráfico marítimo de drogas.  

Además, existen programas regionales que acompañan las políticas públicas de los países latinoamericanos. Es el caso de EL PAcCTO contra el crimen transnacional organizado o COPOLAD, que abarca la dimensión social y sanitaria. 

Además, otros proyectos siguen las rutas de narcotráfico más importantes, como la de la heroína. UE-ACT  actúa en 30 países de Asia central, la costa Este de África y Europa del Este, y trabaja para mejorar la eficacia de las policías y de los órganos judiciales, además de la prevención del consumo de drogas. 

Pocos trabajos tienen un ritmo tan endiablado como el de periodista. Las urgencias del día a día raramente dejan huecos para la reflexión sobre la labor propia, para pensar despacio en las cosas en las que fallamos, también en las que salen bien, pero, sobre todo, en qué podemos hacer para mejorar. Por eso aprecio tanto mi trabajo como profesor en la Escuela de Periodismo UAM-El País, porque me obliga a reflexionar sobre todo ello. Y también por eso acepté, sin pensarlo dos veces, la invitación de la FIIAPP para impartir en La Paz (Bolivia), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del CONALTID, y con la financiación de la Unión Europea y la AECID, el Taller internacional de crónica periodística sobre prevención en el consumo de drogas y la trata y tráfico de personas, unos temas tan importantes y tan serios que merecen todavía mayor cuidado y autocrítica a la hora de abordarlos desde los medios de comunicación. 

En ese contexto, lo más lógico para mí era plantear desde el principio, de cinco días, una reflexión conjunta con los participantes, una veintena de profesionales de la prensa, la radio y la televisión bolivianas.  Precisamente, la heterogeneidad del grupo (no solo porque venían de medios distintos, sino también porque había algunos muy jóvenes, recién llegados al oficio, junto a curtidos periodistas con décadas de experiencia a sus espaldas) acabó aportando una enorme riqueza al taller. Pero también fue la primera dificultad, solventada, en todo caso, por el formato elegido: presentaciones breves, aliñadas con muchos ejemplos de textos de referencia, un trabajo sobre el que poner inmediatamente en práctica todas las ideas y las técnicas que se iban exponiendo, y mucha interacción, mucho diálogo.  

Esa tarea práctica consistía en escribir una crónica/reportaje en torno al consumo de drogas o la trata y el tráfico de personas, el cual nos sirvió para repasar todo el proceso periodístico, desde la elección del tema, su desarrollo, la documentación, el trabajo de campo, hasta la redacción y edición (en este caso, la corrección).  En ese camino pudimos profundizar en las técnicas de ficción que nos pueden servir para presentar nuestro trabajo de una forma más profunda y atractiva, sin perder nunca de vista las ideas fuerza de cualquier texto periodístico: la honestidad, el rigor, la comprobación de cada dato o la presentación del contexto necesario para entender realidades complejas. Y todo ello, buscando el inexcusable equilibrio entre la distancia profesional y la sensibilidad que requiere tratar temas sociales, en general, y de drogas y trata, en particular.  

Muchos de los problemas a los que los alumnos se fueron enfrentando en el camino son los mismos que nos podemos encontrar los profesionales españoles en nuestro día a día: cómo abordar a los personajes, cómo plantear la historia y hacerla atractiva, qué parte de la información obtenida con enorme esfuerzo debemos dejar fuera para que el resultado final sea mejor, etc.  Sin embargo, otros tenían que ver con particularidades bolivianas, con unas condiciones de trabajo y un entorno culturar propios; por ejemplo, el burocrático procedimiento escrito necesario para solicitar casi cualquier dato oficial. Las respuestas que todos juntos hemos dado a estos problemas, en el vértice de su experiencia y la mía, han resultado la parte más interesante del curso, al menos para mí, y creo que además tiene mucho que ver con la filosofía de trabajo de la FIIAPP en todos los países en los que está presente.    

Por lo demás, mi objetivo en este curso era ofrecer una serie de herramientas a los alumnos para poder contar de una manera un poco más atractiva, un poco más cercana, tanto las historias grandes, esos grandes despliegues por los que puede apostar un medio, como las historias pequeñas de todos los días, esas que hay que hacer a toda velocidad, pero que también merecen, aparte del irrenunciable rigor, todo el cuidado y el cariño que seamos capaces de darles. Sobre todo, cuando se abordan temas tan sensibles como los que tienen que ver con el consumo de drogas y la trata y tráfico de personas.  

Juan Antonio Aunión, redactor especializado en temas sociales y educativos de El País