EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

En 2011, la gente tomó las calles de Oriente Medio y el Norte de África. El mundo árabe pidió democracia y derechos en sus países, a través de protestas populares que se englobaron en el concepto de Primavera Árabe. Siete años después, los cambios no son del todo destacables. Conflictos armados o el terrorismo han coartado muchas de esas expectativas. Sin embargo, sí se iniciaron reformas políticas, económicas o sociales que en algunos casos siguen desarrollándose a un ritmo más lento.

Procesos en los que la cooperación ha tenido y puede tener un papel determinante, aportando experiencias de otros países que han pasado por situaciones similares o haciendo frente a amenazas que frenan ese desarrollo. En este contexto de transición, se gestionan desde la FIIAPP varios proyectos en la región con financiación de la Unión Europea. Destacan, entre otros, los que tienen que ver con la justicia y la seguridad.

Túnez fue el primer país en el que se habló de revolución. Desde entonces, “ha habido unas primeras elecciones democráticas, un gobierno constituyente y una aprobación de la Constitución en 2014”. Así lo explicaba Ángel Llorente, coordinador del proyecto para acompañar la reforma judicial en el país que finaliza este año. El objetivo ha sido llevar a cabo en el Ministerio de Justicia “una reforma organizativa como consecuencia del proceso de transición democrática”. Y crear desde ahí un poder judicial independiente que nunca había existido en Túnez.

Pese a algunas resistencias que podrían haber supuesto una vuelta atrás, Llorente cree que la sociedad civil no dejará que ocurra: “son muy conscientes de sus derechos, yo veo muy difícil que ahora puedan renunciar a algo que les ha costado mucho trabajo conseguir”. Una ilusión que le recuerda a la España de hace algunos años.

EuroMed Justicia IV también apuesta por mejorar los sistemas judiciales. En este caso, en la región sur del Mediterráneo. Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, y Siria trabajan junto a los Ministerios de Justicia español y francés en la creación de un sistema eficiente, democrático, que respete los derechos humanos y coherente con las normativas internacionales.

En su cuarta fase, el proyecto forma además parte de la estrategia de vecindad de la UE. Y es que la mayoría de estos países se incluyen en la Política Europea de Vecindad, que fue revisada precisamente en el contexto de las revoluciones del mundo árabe, para prestar un mejor apoyo en sus transiciones democráticas. Al fin y al cabo, su objetivo principal es reforzar las relaciones con los países vecinos del espacio comunitario, basadas en unos valores comunes -democracia, derechos humanos o Estado de Derecho- y que fomente una mayor integración económica, movilidad y estabilidad.

Unas relaciones que, en el caso de EuroMed Justicia IV buscan una cooperación judicial internacional necesaria, según Victoria Palau, coordinadora del proyecto. “Hay problemas como el terrorismo, el cibercrimen o el tráfico de personas que, si no se resuelven a nivel regional, es imposible hacerles frente”, comenta. En este contexto, el proyecto fue testigo de la primera declaración de colaboración entre fiscales generales europeos y de los países del Mediterráneo, para trabajar conjuntamente frente a esos problemas.

La cooperación judicial es también uno de los componentes del proyecto para la aplicación del Estado de Derecho en el Cuerno de África y Yemen, cuyo objetivo es luchar contra las amenazas de seguridad. En concreto, trabaja para mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia, de las fuerzas cuerpos de seguridad, así como de fiscalías y tribunales.

Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Yemen y Djibouti son los países que se benefician de este proyecto financiado a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP). Lo que en estos países se produce, aunque no se incluyan en la región vecina de la UE, sí afecta al continente.

Además, es una región ejemplo de cómo los grupos terroristas aprovechan momentos de inestabilidad política para actuar. “Cuando hay un vacío de poder, siempre intentan colarse estos grupos con mayor o menor éxito”, comenta Javier Vega, coordinador del proyecto. Al final, el terrorismo es una amenaza cada vez más global con un foco importante en esta zona geográfica.

La clave está en actuar regionalmente para que no se extienda al resto del mundo. Por ejemplo, a través del control del territorio que también se lleva a cabo en la región Sahel -a través de los Grupos de Acción Rápida- y en Níger, más centrado en la inmigración ilegal.

La Agenda Europea de Seguridad subraya la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta amenaza de una manera más eficaz y global, que incluya a la comunidad internacional y a los proyectos de cooperación. Uno de estos últimos, también gestionado por la FIIAPP, se centra precisamente en la lucha contra el terrorismo en la región MENA (Middle East and North Africa).

Un trabajo que, según Mariano Guillén, director del Área de Justicia y Seguridad en la FIIAPP, busca además “fortalecer el diálogo político dentro de la Liga Árabe”, para favorecer la cooperación entre los países de la región. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Siria y Palestina son los países que, a pesar de sus diferencias políticas, económicas y sociales, trabajan para tener respuestas comunes ante el terrorismo. “La amenaza terrorista no distingue de niveles de desarrollo de los países y solo se puede atacar desde la cooperación”, comenta Mariano Guillén.

La inestabilidad de los cambios deja hueco a amenazas de seguridad que no entienden de fronteras. Pero los mismos cambios son necesarios si los vemos como una oportunidad para mejorar, como un buen momento para nutrirse de experiencias similares mientras se trabaja conjuntamente frente a esos problemas que nos afectan a todos.

En América Latina, las Defensorías Públicas son actores clave para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con pocos recursos o privadas de libertad y asegurar que puedan ejercer sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los principales retos de las Defensas Públicas de la región para poder ejercer una defensa pública eficaz?

Existen tres dimensiones. Conceptualmente y aunque parezca inicialmente contradictorio, la Defensa no es un servicio asistencialista de personas pobres. Es la representación de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a un Derecho Fundamental. Presentarlo de otra forma permite que el Estado eluda su responsabilidad y afecte directamente a la igualdad ante la ley, precisamente de las personas más vulnerables.

La siguiente dimensión hace referencia a aspectos institucionales. La independencia técnica de los defensores, la autonomía institucional que asegure esa independencia, la dotación, los recursos para seleccionar y capacitar, la equivalencia de remuneraciones con los demás actores del sistema, la capacidad y financiación para sostener la investigación propia, la habilitación de infraestructuras que permitan atender dignamente a sus representados y las tecnologías de la información que aseguren una gestión de la defensa en igualdad con la persecución penal.

Finalmente, la dimensión cualitativa pretende asegurar estándares de defensa y un sistema que controle su cumplimiento. A través de AIDEF, las Defensorías de América y Caribe hemos avanzado notoriamente en este ámbito. De no considerar esta dimensión, nos encontraríamos con abogados que no tienen ninguna posibilidad de representar eficazmente los intereses y derechos de sus defendidos.

La actuación de EUROsociAL+ en la línea de justicia está orientada a ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de asistencia prestados por las Defensorías Públicas, con el fin de humanizar y dignificar la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué grupos en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para el acceso a la justicia, debido al limitado reconocimiento de esa condición?

La realidad de América Latina nos demuestra que la población perteneciente a pueblos originarios, migrantes y las personas privadas de libertad presentan vulneraciones a su dignidad y derechos. Ocurre lo propio con los jóvenes, mujeres – principalmente las privadas de libertad – población LGTBI, personas con capacidades diferentes. Todos transversalmente unidos por el principal factor de vulnerabilidad y discriminación: la pobreza.

A nivel regional, EUROsociAL+ trabaja en estrecha colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF), apoyando el avance en la construcción de respuestas y marcos estratégicos comunes de referencia para políticas públicas regionales, la adopción de acuerdos, declaraciones o lineamientos conjuntos o la elaboración de protocolos u otros productos comunes. ¿Qué valor añadido tiene el trabajo en red para las Defensorías de América Latina?

En primer lugar, defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en pactos internacionales sobre la materia, que es también uno de los objetivos de AIDEF. Actuar de forma conjunta y coordinada provoca un impacto real en debates que de forma aislada serían complejos de sostener. Permite establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas con el propósito de elevar los estándares de defensa en cada una de ellas.

Finalmente, actuar en red y en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, produce un evidente apalancamiento de las instituciones de defensa que logra atenuar las deficiencias estructurales.

Actualmente, en coordinación con la AIDEF, se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico y guía de actuación de las Defensas Públicas en casos de violencia institucional, para dar respuesta acasos de tortura o violencia institucional en cárceles. Según diagnósticos recientes, a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, en América Latina aún subsisten importantes desafíos en materia de violencia institucional. ¿Cree que la población en general en América Latina desconoce la dimensión del fenómeno de la tortura? ¿Cómo se podría abordar esta problemática desde el quehacer de las Defensorías Públicas?

Este es un tema profundo. Tras las dictaduras recurrentes en la región, ha sido difícil el tratamiento de vulneraciones graves a los DDHH en gobiernos democráticos, tanto para distinguirlas, enfrentarlas y hasta para “denominarlas” tal cual son, como es el caso de torturas.

Sin duda es un tema que hemos liderado, ya que las situaciones más frecuentes de violencia institucional y tortura se presentan en los extremos del proceso penal. Al inicio, después de la detención en los recintos policiales, y, al final, tras la sentencia condenatoria privativa de libertad en los recintos penitenciarios.

Hemos logrado posicionar la temática, precisamente a través de los proyectos que hemos llevado adelante con EUROsociAL+, con la incorporación del debate en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de Resoluciones Generales de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y audiencias plenarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la misma institución, entre otros instrumentos.

Todo ello ha permitido permear el debate interno en torno a la privación de libertad y sus consecuencias, el uso excesivo de la prisión preventiva (ya como pena anticipada y mecanismo de control social), la reclusión como elemento central de la pena en la región y, en particular, la violencia institucional y tortura en recintos carcelarios que se producen en dichas circunstancias.

Finalmente, dada la diversidad de actores que intervienen en el ámbito de la justicia y que se trata de problemáticas multidimensionales, ¿qué mecanismos/instrumentos se podrían poner en marcha para mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de políticas de acceso a la justicia?

Más que crear o poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos, lo que actualmente se requiere en América Latina es fortalecer y mejorar las instancias que ya existen para una buena coordinación interinstitucional. Robustecer el trabajo entre las instituciones del ámbito de la justicia y capacitar a los actores potenciando el trabajo en conjunto.

Porque una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, pero no sólo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los mismos actores del sistema.

María Luisa Domínguez, Técnica Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

Inmaculada Aguado es Jefa de la Unidad de Apoyo del Director General de Cooperación Internacional en el Ministerio de Justicia. Su colaboración con la FIIAPP viene de lejos, desde 2005 hasta ahora ha sido la encargada de coordinar numerosos proyectos de cooperación internacional en materia de justicia gestionados por la FIIAPP.

En la actualidad su labor se centra en numerosas tareas de carácter institucional, como la preparación de visitas de delegaciones extranjeras que quieren conocer la experiencia española en el ámbito de la justicia, la negociación de acuerdos de colaboración con otros países, así como la coordinación de la participación del Ministerio de Justicia en proyectos internacionales.

¿Cuál es el trabajo del Ministerio de Justicia en cooperación internacional?

Cuando hablamos de cooperación internacional en el ámbito de la Justicia, hay que diferenciar muy bien entre la cooperación jurídica internacional y la cooperación internacional al desarrollo. En relación al primer caso, la cooperación jurídica internacional, hay que señalar que el auxilio judicial entre países es esencial en un mundo globalizado en el que los procesos judiciales tienen cada vez más un componente extraterritorial ya que se necesita de la colaboración de las autoridades de varios países para el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes.

Y respecto al ámbito de la cooperación internacional al desarrollo se trata de la participación del Ministerio de Justicia en proyectos relacionados con la Justicia con países con los que tenemos unas especiales relaciones. Estos proyectos pueden tener fines muy distintos; apoyar reformas legislativas de códigos penales, la formación de jueces y fiscales, la modernización de los sistemas de justicia, la creación de juzgados especializados en determinados materias como la violencia de género, etc.

¿Cuál es la relación entre el Ministerio de Justicia y las Políticas de Acción Exterior de la Unión Europea?

El Ministerio de Justicia de España seguimos las indicaciones que nos marca nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que a su vez están en línea con las políticas de la Acción Exterior de la UE y apoyamos el fortalecimiento del Estado de Derecho en países prioritarios para España. Estos países son los países Iberoamericanos, los países europeos que tiene como objetivo adherirse a la UE, (los Balcanes y Turquía) y los países con los que nos interesa que exista una estabilidad, como los del Norte de África, ya que son nuestros vecinos del sur y nuestra seguridad depende de su estabilidad y desarrollo.

¿Qué asuntos tratan los proyectos de justicia en los que colaboras con la FIIAPP?

En la actualidad el Ministerio de Justicia participa liderando dos proyectos de hermanamiento con Túnez y Turquía.

El proyecto con el Ministerio de Justicia tunecino tiene por finalidad apoyar a ese Ministerio para que adapte su organización y su funcionamiento a los nuevos retos a los que se enfrenta, ya que tras la Revolución de 2011 tienen que acometer reformas que afectan al Estado de Derecho tras la aprobación de la Constitución en 2014.

También tenemos otro proyecto con el Ministerio de Justicia de Turquía y la Abogacía turca para apoyarles en la mejora de su turno de oficio, por lo que también contamos con la colaboración de los Colegios de Abogados de Barcelona, Madrid y Valencia.

En ambos proyectos, participan funcionarios del Ministerio, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y abogados que se desplazan durante una semana a Túnez o Turquía para trabajar y compartir buenas prácticas con sus colegas tunecinos y turcos. Estos proyectos los ejecutamos en colaboración con otros países, en el caso de Túnez con Italia y en el caso de Turquía con Lituania y Francia.

En el tiempo que llevas colaborando el este tipo de proyectos, ¿has visto una evolución en los proyectos de cooperación?

Los proyectos de cooperación cada vez tienen objetivos más ambiciosos, así en el caso de los que yo me suelo ocupar, se trata de proyectos que tienen por finalidad apoyar en cambios institucionales de los países en los que trabajamos.

Para contribuir a cambios reales, los expertos españoles tienen un cargo de responsables de las correspondientes instituciones de España, ya que son los profesionales de la Justicia los que saben cómo sugerir propuestas de mejora a otros países porque ellos ya han tenido que hacer esas reformas. Así pues, cada vez se demandan a personas más especializadas que tienen que conocer su ámbito técnico de trabajo (por ejemplo la formación de jueces) y además tener ciertas habilidades para trabajar en entornos culturales diferentes y en numerosas ocasiones en otro idioma.

¿Cuáles son los desafíos de la justicia en un mundo globalizado?

En un mundo globalizado en el que ya no hay fronteras, ni siquiera para los delincuentes, la Justicia tiene como reto buscar nuevos mecanismos para luchar contra nuevos delitos como los de la Ciberdelincuencia, así como los de criminalidad organizada y terrorismo.

Para combatir estos delitos es necesaria la armonización de legislaciones, tarea que corresponde a los Ministerios de Justicia de los países, pero también la colaboración entre todos los profesionales que forman parte de la cadena penal del delito, ya sea a nivel operativo a través de la investigación policial, así como en la fase de enjuiciamiento responsabilidad de fiscales y jueces.

En diciembre de 2010, en el centro de la capital tunecina aconteció uno de los momentos que cambiarían la historia reciente del país. En las proximidades de la plaza central de la ciudad, Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante de frutas y verduras de 26 años, fue detenido por 3 agentes municipales que le pidieron sobornos mientras vendía sus productos. Mohamed se negó y los policías requisaron sus productos y su carretilla. Esa misma tarde acudió a la oficina del gobernador a reclamar que le devolvieran lo que los agentes le habían requisado, pero no tuvo ninguna respuesta, así que decidido, compró un bidón de gasolina y unas cerillas y se prendió en llamas dentro de la oficina de gobernanza.

Estas llamas de Mohamed encendieron las tensiones de la población tunecina y las plazas se llenaron de gritos de esperanza. Miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar los derechos de los que se les habían privado durante el régimen de Ben Alí.  Tras varias semanas de manifestaciones ciudadana se disolvió el partido.

Desde entonces Túnez vive una transición democrática. En 2014 se aprobó la constitución y se celebraron elecciones libres y democráticas, en las que se nombró primer ministro a Habib Essid del partido Nida Tunes.

Proyecto europeo de apoyo al ministerio de justicia

La Unión Europea ha aplaudido los avances en la transición democrática tunecina y se ha comprometido a apoyarla en todo el proceso, y un ejemplo de ello es el proyecto de apoyo al Ministerio de Justicia tunecino, que comenzó en 2015 y, que está financiado a través den Instrumento Europeo de Vecindad y gestionado por la Fundación Internacional de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP).

Este proyecto tiene como objetivo acompañar al sistema judicial tunecino en el proceso de transición democrática y definir la organización y la estructura del Ministerio de Justicia y del Consejo General de la Magistratura.   El coordinador del proyecto residente en Túnez, Ángel Llorente, explica la situación de la que parte el proyecto, “al pasar de un régimen autocrático a un sistema democrático de libertades había que cambiar las leyes más importantes porque, en el Ministerio de Justicia, anteriormente confluían competencias que deben ser ejercidas por un poder judicial independiente, dotado de una autonomía y de una financiación propia”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su ecuador. Ya se ha realizado una primera fase de estudio de la situación para conocer la situación previa y así identificar las necesidades a partir de las cuales diseñar la futura implementación de políticas públicas. El letrado de tribunal superior de justicia de Murcia y líder del proyecto, Javier Parra, explica que uno de los logros tangibles alcanzado hasta el momento es la elaboración de un plan quinquenal sobre la implantación de tecnologías de la información.

Pero los resultados del proyecto no sólo tienen vigencia durante los 2 años y medio de su ejecución, se espera que estos pasos dados sean el motor de un cambio mucho más profundo en la estructura de los órganos de justicia tunecinos. Un ejemplo de ello es el plan quinquenal de objetivos a conseguir durante los próximos 5 años. La consejera del Ministerio de Justicia de Túnez y encargada de la misión lo explica, Najet Ben Salah, “estamos comprometidos con la espera de resultados, tenemos unos objetivos que están ya incluidos dentro del plan de acción global y esperamos que estos resultados se consigan en los próximos 5 años”.