EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

En 2024 se cumplen 20 años desde que se produjo la mayor adhesión de países a la Unión Europea (UE). El 1 de mayo de 2004, diez nuevos países se unieron al club comunitario: las islas de Chipre y Malta junto con ocho países de Europa Central y Oriental, poniendo así fin a la división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, más países han ido entrando dentro de las fronteras comunitarias, aunque los procesos de integración son lentos y complejos, pues requieren muchos cambios estructurales en los senos de los países a fin de que cumplan con las estrictas condiciones que fija la UE como requisito para esa adhesión.  

Con esta política de ampliación, la UE busca unificar los países europeos en torno a un proyecto político y económico común, a la vez que reforzar su presencia en la escena internacional. No obstante, ambas partes sacan tajada de este proceso. Para los países candidatos, según fuentes de la UE, “las ampliaciones han demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la promoción de reformas políticas, económicas y sociales, así como en la consolidación de la paz, la estabilidad y la democracia en todo el continente”. 

Para agilizar este proceso, la UE financia proyectos de cooperación técnica en los que especialistas europeos intercambian sus conocimientos y experiencias con especialistas de los países candidatos en ámbitos como la seguridad –para luchar contra bandas de crimen organizado, por ejemplo– o la justicia –para frenar la corrupción, entre otras. En las próximas líneas se recogen los testimonios de seis especialistas de instituciones de justicia y de policía de España que participan en proyectos de cooperación en Albania, Bosnia y Serbia. Nos trasladan el contexto histórico y social de estos países, los beneficios que trae la adhesión y los complejos procesos que se están apoyando a través de los proyectos europeos. 

¿Qué interés tienen Bosnia, Albania y Serbia en adherirse a la UE? 

“En el caso de Bosnia y Herzegovina (BiH), es un modo de fijar un camino hacia la estabilidad en la zona y superar el conflicto bélico de los años 90 y equipararse con Croacia, que también formó parte de la antigua Yugoslavia y ya está integrada en la UE. A la vez, es un modo de neutralizar la influencia de los países islámicos, al menos los más radicales, respecto al país”, responde Jorge Obach, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y experto principal desplazado en Sarajevo en el marco del proyecto europeo EU4Justice-Bosnia-Herzegovina, de apoyo a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Bosnia y Herzegovina (BiH). 

Para conocer el caso de Albania, nos responden Álvaro García Pérez-Iraola, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba, y Arturo Valdés Trapote, magistrado de la Audiencia Provincial de Granada, son dos expertos movilizados por la FIIAPP en el marco del proyecto europeo EU4Justice-Albania, para la mejora de la capacidad de las instituciones judiciales independientes en Albania.

“Para Albania, unirse a la UE representa una oportunidad para fortalecer sus instituciones y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía a través de la implementación de reformas políticas, económicas y sociales. En primer lugar, formar parte de la UE ofrece acceso a fondos estructurales de cohesión, que pueden contribuir al desarrollo económico del país. Además, la adhesión va acompañada de mejoras en la estabilidad política, seguridad y defensa, así como un incremento en los estándares democráticos y de derechos humanos”, afirman los especialistas.

También desde Albania, Maria Luisa Iglesias,  Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba y subdirectora del programa de lucha contra el crimen organizado a través de investigaciones financieras y criminales, EU4FOCAL, apunta que los principales puntos de interés para Albania son la libre circulación dentro de la UE para su ciudadanía y el acceso a los fondos comunitarios. «Hay que tener en cuenta que la comunidad albanesa es emigrante por naturaleza y para ellos la libre circulación de personas representa un gran logro. Por otro lado, el acceso a los fondos comunitarios representaría un paso muy importante en la necesaria modernización del país».

Para el caso de Serbia, nos responde la magistrada Marta Pizarro, experta movilizada en el marco del proyecto financiado por la Unión Europea para apoyar a Serbia en materia de justicia, libertad y seguridad: “La voluntad de integración en la Unión Europea surgió en Serbia tras los conflictos armados de los años noventa, como un camino para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y para incrementar los estándares de seguridad, libertad y democracia en el país. Serbia consiguió el estatus de país candidato en 2012, y desde entonces se han llevado a cabo trascendentales reformas de carácter político, legislativo y económico. Es, posiblemente, uno de los países de la región con mayor de preparación en las negociaciones de adhesión con la Unión Europea actualmente”.  

No obstante, Pizarro advierte sobre el decaimiento de los ánimos de la población serbia: “No puede obviarse que el entusiasmo europeísta inicial ha dado paso en Serbia a un creciente escepticismo, relacionado con la lentitud del proceso, y con una serie de factores de carácter político que dificultan la posición del país en el marco europeo, como la ausencia de sanciones a Rusia o la situación de Kosovo. Por ello, dada la relevancia de Serbia como país en el corazón de Europa, la Unión Europea ha de afrontar también el reto de fortalecer el espíritu europeísta de la ciudadanía serbia”. 

¿Qué desafíos en materia de justicia deben abordar estos países para cumplir con los estándares europeos? 

En el caso de BiH, los desafíos son “asegurar la independencia del poder judicial evitando interferencias políticas; garantizar la integridad de sus miembros cumpliendo la normativa sobre conflictos de interés y declaraciones de bienes; y promover la eficiencia del sistema, especialmente en investigar y juzgar casos de corrupción y crimen organizado”, afirma Obach.   

Según Valdés y García, los retos que enfrenta Albania incluyen “la lucha contra la corrupción, la mejora de la independencia judicial y la eficiencia del sistema judicial, el respeto por el Estado de derecho y los derechos fundamentales, así como la implementación efectiva de medidas contra el crimen”. 

En el caso de Serbia, señala Pizarro que incluyen “abordar los problemas endémicos de corrupción en el país y fortalecer la capacidad de las instituciones serbias para investigar y procesar de manera efectiva los casos de crimen organizado, e incrementar la capacidad de recuperación de activos procedentes de la actividad delictiva”. 

¿Cómo están apoyando los proyectos esta adhesión? 

En Serbia, afirma Pizarro que “la cooperación se efectúa de manera transversal, involucrando a todos los actores del proceso penal, desde la policía, hasta los miembros de la carrera judicial y fiscal. Entre otras actuaciones, se está dando apoyo a las instituciones serbias en el diseño de modificaciones legislativas para incrementar la eficiencia del marco legal y jurídico, y potenciar herramientas que mejoren la coordinación entre policía, fiscalía y poder judicial”. 

“El proyecto EU4Justice-Bosnia se asienta en cuatro pilares: asegurar la eficiencia del sistema, a través de actividades por parte de especialistas de España en las que se han aportado análisis comparativos entre países de la UE y países vecinos; garantizar la integridad, con acciones destinadas a asegurar la declaración de bienes; fomentar el cumplimiento de la regulación de conflictos de intereses, con participación de especialistas españoles en temas de ética judicial; y reforzar la calidad y eficiencia en el modo de investigar y juzgar, especialmente los casos de corrupción, proveyendo formación especializada”, responde el magistrado desplazado en BiH. 

En el caso de Albania, explican los especialistas desplazados en Albania que se está haciendo “a través de la capacitación de funcionariado, intercambio de mejores prácticas, desarrollo de capacidades institucionales y apoyo económico para implementar reformas”. Por su lado, Óscar Ruiz y Javier Agud, inspectores de la Policía Nacional y especialistas de EU4FOCAL, confirman que desde el programa se está apoyando a las instituciones albanesas mediante el refuerzo de capacidades y la armonización de procedimientos de trabajo con los países miembros de la UE. «Algunos ejemplos del apoyo prestado son la elaboración de un manual de la investigación de los delitos de blanqueo y el reforzamiento de sus capacidades forenses». 

¿Qué experiencias exitosas de España en su proceso de adhesión podrían ser relevantes para estos países? 

“El proceso de adhesión de España a la UE aceleró la democratización del país, trajo un gran bienestar social, y fortaleció el Estado de derecho”, afirma Pizarro. “Ya entonces se sentaron las bases para la creación de estructuras sólidas, que permitieron progresivamente afrontar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado de manera eficiente. De hecho, la fortaleza del Estado de derecho en España es valorada muy positivamente por las instituciones serbias, como un relevante modelo de aprendizaje”. 

“Es muy difícil poder trasladar el status quo de España antes de 1985 a la actualidad de Bosnia y Herzegovina. Seguramente el éxito de España radicaba en la solidez de su administración pública capaz (y deseosa) de absorber la regulación europea, con una rápida adaptación tanto de la normativa como de los procedimientos internos, además de una buena campaña de sensibilización a la opinión pública sobre las ventajas de formar parte de la UE. Y, seguramente, porque no había otra alternativa”, afirma el magistrado Obach. 

Según Valdés Trapote y García Pérez-Iraola, algunas lecciones son “la importancia de abordar las reformas estructurales a nivel institucional y legal, la necesidad de promover la estabilidad política y social, así como el compromiso con la implementación de políticas y normativas comunitarias. La experiencia española podría inspirar a Albania a trabajar en la consolidación de la democracia, la mejora del Estado de derecho y la modernización de sus instituciones”.  

¿Por qué la cooperación internacional entre instituciones públicas es relevante en esta materia?  

En opinión de Obach, “es el único modo de llevar a cabo cualquier proyecto, sea la materia que sea, eficazmente en cualquier país. Solo compartiendo conocimientos entre las distintas instituciones públicas y colaborando conforme a las competencias de cada una de ellas puede obtener un resultado óptimo”. 

Según García Pérez-Iraola y Valdés-Trapote, “la UE busca garantizar que los países candidatos tengan sistemas judiciales transparentes, independientes y eficientes. La cooperación con instituciones públicas de otros países facilita el intercambio de conocimientos, mejores prácticas y experiencias. Además, esta colaboración, especialmente en áreas como la justicia, contribuye a fortalecer la capacidad institucional y a garantizar la aplicación coherente de estándares europeos en el ámbito judicial y legal”. 

A lo anterior añade la jueza Pizarro que “no puede obviarse que la cooperación internacional entre instituciones públicas es fundamental para abordar cuestiones críticas como la eficacia en la lucha contra el crimen organizado, dada su naturaleza transfronteriza y global”. 

Finalmente, los inspectores Agud y Ruiz y la fiscal Iglesias aseguran que las instituciones públicas albanesas no cuentan siempre con la confianza de la ciudadanía. «Resulta necesario que esas instituciones se modernicen tomando como referencia a homólogos europeos, para lo cual resulta fundamental la cooperación internaciones entre instituciones». 

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto movilizado?

Hasta ahora el mayor logro ha sido haber podido conseguir que las instituciones mozambiqueñas confíen en la capacidad del proyecto de Apoyo a la lucha contra la corrupción en Mozambique de trabajar con ellas para poder combatir, de un modo eficaz, la corrupción y conseguir su implicación, total, en el mismo.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Del trabajo en equipo y del esfuerzo desplegado, hasta ahora, con mis compañeros en FIIAPP a la hora de defender la asistencia técnica pública como un valor destacado.

¿Cómo ha contribuye tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Como Magistrado concibo el servicio público a la ciudadanía como una prioridad absoluta y como un activo necesario para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entiendo importante exportar esos valores y conocimientos a otros países por medio de la asistencia técnica pública promovida por FIIAPP.

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

Capacidad técnica y experiencia, mérito y capacidad en la selección de profesionales, y priorización en el ejercicio profesional de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

¿Qué aprendizaje destacarías?

Que, a veces, no es fácil defender lo público frente al mercantilismo del mercado, consultorías privadas e intereses creados. Pero que no hay duda de que en el ámbito público existen magníficos profesionales conocedores de la práctica diaria, y que debe defenderse este modelo público a pesar de los obstáculos.

El eslogan de la FIIAPP “de lo público para lo público” reconforta.  Transmite un objetivo colectivo, de colaboración institucional, ajeno a intereses particulares y nos hace sentir que lo que hacemos en conjunto es positivo y puede tener un impacto efectivo en la mejora de sistemas judiciales en distintos lugares del mundo, porque lo hacemos desde lo público. Lo sé por propia experiencia, como exconsejero residente de un Twinning en Serbia que me hizo conocer a la FIIAPP, hacer extraordinarios amigos y vincularme con la visión del Fiscal español como un profesional especializado que puede exportar la mejor imagen de España.

La Fiscalía es veterana en estas tareas de cooperación institucional y la colaboración de la Fiscalía española con la FIIAPP comienza casi desde su creación en 1998 y ha ido creciendo gestionada a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF). Puedo afirmar que nuestra relación es permanente, compleja y positiva y, por supuesto, pública.

Es permanente porque, pese a que tenemos una plantilla escasa, formada únicamente por 2571 fiscales – nada comparable con el número de otros colectivos del ámbito de Justicia como jueces, letrados de la Administración de Justica o policías, entre otros – y, de ellos, no más de 30-40 participan en actividades internacionales; nuestra presencia en los proyectos de Justicia y también de Interior es muy relevante: no solo contamos en la actualidad con cuatro Fiscales en el extranjero o de plantilla de FIIAPP coordinando hermanamientos, proyectos de cooperación delegada o asimilados, sino que la participación en misiones de corto plazo es permanente. Por ejemplo, el pasado año 2020, pese a la pandemia, alrededor de 30 fiscales españoles participaron en sendas misiones de FIIAPP, sin contar la participación con otras instituciones, como AECID, las propias actividades derivadas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de la que la UCIF ostenta la secretaría general y proyectos de la UE como EUROMED, entre otros. Esto implica compromiso.

Es compleja. Quienes estamos detrás de la gestión somos personas que respondemos a perfiles institucionales distintos y participamos de culturas corporativas diferentes. El Ministerio Fiscal no tiene como objetivo cooperar en el extranjero, nuestra función es la promoción de la acción de la Justicia y su visión originaria nada tenía que ver con los retos actuales en el exterior. Hoy contamos con una Fiscal de la máxima categoría profesional (Fiscal de Sala) a cargo de la cooperación internacional, convencida de la importancia de esta cooperación técnica. Y también de una Unidad de la Fiscalía General dedicada a ello, que engloba la cooperación judicial penal y la cooperación institucional con terceros países, lo que es un logro que nace de un compromiso personal de unos pocos fiscales que creyeron en lo que hoy parece una obviedad. El diálogo de esa estructura con la de la FIIAPP genera complejidad, en aspectos como diseño de actividades, cuestiones de recursos humanos, relaciones institucionales… La complejidad provoca dificultades, pero la clave es el entendimiento, que existe, a pesar de los escasos recursos humanos que la UCIF dispone para desarrollar su labor.

Es positiva. La FIIAPP ha hecho que la Fiscalía española crezca y se proyecte hacia el exterior y le ha permitido desarrollar la posibilidad de expandir en el mundo el conocimiento y la experiencia de una institución que ofrece la especialización como uno de sus principales activos, permitiéndonos crear y reforzar Fiscalías hermanas y otras instituciones, a través de hermanamientos y otros proyectos. Sin ánimo de ser exhaustivo, hemos estado en primerísima línea en Eslovaquia, Polonia, Albania, Croacia, Serbia, Perú y, ahora de nuevo, en Albania, Marruecos, Colombia, sin olvidar la participación permanente en misiones en Iberoamérica, este de África, Mozambique… De este modo, nuestras ideas han podido dar fruto. Sé lo que digo. Creemos que FIIAPP se ha beneficiado igualmente de este impacto.

Es pública. El eslogan es un permanente recuerdo de algo esencial: la FIIAPP es el vehículo de la cooperación española y la Fiscalía como institución pública desarrolla su misión exterior al amparo de esa cobertura. Los Fiscales españoles no participan de misiones gestionadas por consultorías privadas, salvo excepciones que pudieran justificarse, en el entendimiento de que los servidores públicos no pueden hacer competencia a instituciones públicas prestando servicio a empresas que compiten por un mismo proyecto. De lo público a lo público significa esto y nos honra defenderlo.

¿Qué esperamos del futuro? Mantener la intensidad de nuestra cooperación y poner en valor a la Fiscalía española como una institución capaz de mostrar en el exterior lo mejor de España. Para eso necesitamos a la FIIAPP. Pero también necesitamos más visibilidad y avanzar en una relación más profunda. Tenemos experiencias compartidas de que los proyectos se ganan solo si se plantifican bien, si se conoce a los beneficiarios, si se selecciona y se cuida adecuadamente a los expertos, si el equipo de la FIIAPP es cualificado y flexible y por ello es necesario establecer nuevas fórmulas de relación.

La FIIAPP y nosotros, nosotros y la FIIAPP. Un entramado complejo, necesario, útil que nos hace volar. Que dure.

Borja Jiménez Muñoz. Fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado

El llamado “estallido social” iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos y destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 

En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacional. En ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19. A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta a que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura.  

Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

Hoy por hoy, la cooperación judicial internacional es una necesidad para todos los países. En concreto, si hablamos del sistema europeo, hemos pasado de una cooperación entre Estados a una cooperación entre jueces de los Estados, sin necesidad de pasar por un sistema de control centralizado de las autoridades administrativas. En ese sentido, por tanto, en Europa tenemos una experiencia muy desarrollada basada en un principio de integración.

Con el objetivo de desarrollar esta integración, desde EL PAcCTO -proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal– trabajamos para que se refuerce una cooperación judicial efectiva con América Latina. La región está llena de profesionales y, además, de profesionales de verdad, que trabajan en sus respectivos países y que son muy competentes. Sin embargo, las estructuras que tienen para trabajar en cooperación judicial internacional siguen siendo muy dependientes de la cooperación entre los Estados. Y nosotros, EL PAcCTO, podemos llegar hasta donde determine la voluntad de los Estados, puesto que se trata de un proyecto a demanda.

En cualquier caso, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por facilitar los sistemas de cooperación, incrementando los actos de cooperación que puedan tener entre ellos; es decir, no se trata en absoluto de que ellos puedan prestar ayuda a jueces extranjeros o a fiscales extranjeros, sino de que tengan las mejores condiciones para solicitar ayuda hacia el exterior: abrir sus fronteras al mundo para poder recibir información e investigar los delitos que están sufriendo.

Estamos trabajando a través de varias líneas: por ejemplo, estamos facilitando una actualización de las leyes de cooperación internacional para que dispongan de las técnicas nuevas que inevitablemente van llegando. Lo cierto es que la delincuencia avanza tan rápido, el dinero se mueve tan rápido, los autores de los delitos cruzan tan velozmente las fronteras, que cualquier intento de seguir con un esquema basado en la cooperación entre los Estados, propio de mediados del siglo XX, conduce a pocos resultados.

La delincuencia organizada requiere estar muy al día y, para conseguirlo, coger el ritmo es muy importante. Por ello, estamos trabajando en la creación de equipos conjuntos de investigación y otras técnicas novedosas de cooperación entre los Estados; también en lo relativo al cibercrimen porque las formas de cooperación en esta materia, como los contactos instantáneos entre las autoridades policiales y fiscales de los Estados requieren, efectivamente, una puesta al día.

Asimismo, estamos estableciendo una línea de trabajo que está siendo aprovechada por distintas naciones para facilitar sistemas técnicos informáticos. De esta manera, los usuarios del sistema, y me refiero al fiscal o al policía que esté en la última esquina de la frontera de los Estados, podrá disponer de los mecanismos para, no solo tener la información, sino también la facilidad de preparar actos de cooperación con otro Estado. Todo esto de una manera sencilla, facilitando el trabajo de todos y, en definitiva, propiciando que exista una mayor cooperación internacional entre ellos.

En definitiva, EL PAcCTO no está basado en cursos de capacitación, ni en actualizaciones de conocimientos, sino que buscamos tener un efecto lo más práctico, lo más directo posible y, por lo tanto, aprender haciendo pero también y, sobre todo, mejorando las estructuras, los sistemas y las técnicas.