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Cada año más de 1,7 millones de mujeres y niñas son víctimas de explotación sexual. Aunque las redes criminales y los proxenetas son el brazo ejecutor de estos delitos, muchas veces actúan gracias a algunos funcionarios corruptos que permiten estas actividades o que incluso participan en ellas. En el Día Mundial Contra la Trata ponemos el foco en esta dimensión de la trata de personas y en el compromiso de las Fiscalías de América Latina para combatirla.
Gabriella tiene 15 años, pero en su carnet pone que acaba de cumplir los 19. Desde hace dos años, una red de proxenetas la tienen encerrada en un prostíbulo donde la explotan sexualmente. Hace seis meses consiguió escapar de ese lugar. Cuando a lo lejos vio una comisaría, pensó que ya estaba salvada. Al llegar la atendió un policía, le hizo pasar a un cuarto y le tomó declaración. Cuando Gabriella terminó de hablar, el policía salió un momento para hacer una llamada. A los quince minutos, un coche se presentó en la comisaría para llevarla de vuelta al prostíbulo de donde había escapado. Al día siguiente, el policía pasó por allí para que los proxenetas le devolviesen el favor.
Gabriella no existe, pero su historia la viven cada día más de 1,7 millones de mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual. Aunque se suele señalar a los proxenetas, los funcionarios corruptos que miran hacia otro lado o encubren estos delitos son igualmente responsables. “La corrupción es un flagelo que permea todas las estructuras, tanto públicas como privadas. El ámbito de la trata de personas no escapa a ella”, afirma María Soledad Machuca, Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra el Orden Económico y Corrupción de Paraguay.
Algunos funcionarios públicos no sólo miran hacia otro lado, llegan a participar activamente o a beneficiarse de la explotación sexual. “Muchas veces funcionarios corruptos negocian con tratantes y explotadores el pago de coimas o favores sexuales en los que son las propias víctimas la moneda de cambio para cumplir con esos pagos”, explica María Alejandra Mángano, Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina.
Para Rosario López Wong, Fiscal coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Perú, uno de los problemas que facilitan la trata son los avisos sobre operaciones policiales: “Sentimos una gran frustración cuando un operativo planificado de rescate de víctimas no se realiza o se trunca porque los tratantes han sido alertados y las víctimas han sido ocultadas, incluso menores de edad”.
Otros funcionarios dan licencias de cafeterías a prostíbulos, falsifican documentos de identidad para hacer pasar a niñas por mayores de edad o intimidan a las víctimas para que no denuncien, como cuenta Marcelo Colombo, Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina: “Existen funcionarios públicos que amenazan a las víctimas y a los testigos, ya sea para que estos no denuncien los hechos de corrupción o incluso para que no se presenten como testigos a los juicios”,
Las Fiscalías de América Latina, en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), trabajan para detectar y combatir la corrupción pública que encubre la trata. Los Ministerios Públicos son conscientes de la importancia de trabajar de forma conjunta y cooperar para terminar con esta lacra. “Nos encontramos fortaleciendo en la cooperación y coordinación entre las Unidades Especializadas de Trata de Personas y Anticorrupción para poder desarrollar una investigación eficaz y oportuna”, explica Carina Sánchez, Fiscal de la Unidad de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de Paraguay.
Desde FIIAPP, a través de programas como EUROsociAL+, EL PAcCTO o A-TIPSOM, trabajamos para impulsar la cooperación entre administraciones públicas y combatir, de forma conjunta, la trata de personas. Lo hacemos abordando la cadena criminal en su conjunto. Esto implica trabar tanto la dimensión policial (investigación y detención) pasando por la judicial (elaboración de la legislación y enjuiciamiento de acuerdo con las leyes vigentes) y terminando en la penitenciaria (aplicación de las penas impuestas).
Con la campaña #FiscalíasContralaCorrupciónylaTrata, visibilizamos una cara poco visible de la explotación sexual. Aunque los funcionarios corruptos son sólo una parte de la Administración, detectar esas‘manzanas podridas es fundamental para acabar con la trata. Como afirma Sergio Rodríguez, Titular de la Fiscalía Anticorrupción de Argentina: “No existe la trata de personas sin corrupción”.
