EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

En América Latina, las Defensorías Públicas son actores clave para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con pocos recursos o privadas de libertad y asegurar que puedan ejercer sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los principales retos de las Defensas Públicas de la región para poder ejercer una defensa pública eficaz?

Existen tres dimensiones. Conceptualmente y aunque parezca inicialmente contradictorio, la Defensa no es un servicio asistencialista de personas pobres. Es la representación de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a un Derecho Fundamental. Presentarlo de otra forma permite que el Estado eluda su responsabilidad y afecte directamente a la igualdad ante la ley, precisamente de las personas más vulnerables.

La siguiente dimensión hace referencia a aspectos institucionales. La independencia técnica de los defensores, la autonomía institucional que asegure esa independencia, la dotación, los recursos para seleccionar y capacitar, la equivalencia de remuneraciones con los demás actores del sistema, la capacidad y financiación para sostener la investigación propia, la habilitación de infraestructuras que permitan atender dignamente a sus representados y las tecnologías de la información que aseguren una gestión de la defensa en igualdad con la persecución penal.

Finalmente, la dimensión cualitativa pretende asegurar estándares de defensa y un sistema que controle su cumplimiento. A través de AIDEF, las Defensorías de América y Caribe hemos avanzado notoriamente en este ámbito. De no considerar esta dimensión, nos encontraríamos con abogados que no tienen ninguna posibilidad de representar eficazmente los intereses y derechos de sus defendidos.

La actuación de EUROsociAL+ en la línea de justicia está orientada a ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de asistencia prestados por las Defensorías Públicas, con el fin de humanizar y dignificar la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué grupos en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para el acceso a la justicia, debido al limitado reconocimiento de esa condición?

La realidad de América Latina nos demuestra que la población perteneciente a pueblos originarios, migrantes y las personas privadas de libertad presentan vulneraciones a su dignidad y derechos. Ocurre lo propio con los jóvenes, mujeres – principalmente las privadas de libertad – población LGTBI, personas con capacidades diferentes. Todos transversalmente unidos por el principal factor de vulnerabilidad y discriminación: la pobreza.

A nivel regional, EUROsociAL+ trabaja en estrecha colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF), apoyando el avance en la construcción de respuestas y marcos estratégicos comunes de referencia para políticas públicas regionales, la adopción de acuerdos, declaraciones o lineamientos conjuntos o la elaboración de protocolos u otros productos comunes. ¿Qué valor añadido tiene el trabajo en red para las Defensorías de América Latina?

En primer lugar, defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en pactos internacionales sobre la materia, que es también uno de los objetivos de AIDEF. Actuar de forma conjunta y coordinada provoca un impacto real en debates que de forma aislada serían complejos de sostener. Permite establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas con el propósito de elevar los estándares de defensa en cada una de ellas.

Finalmente, actuar en red y en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, produce un evidente apalancamiento de las instituciones de defensa que logra atenuar las deficiencias estructurales.

Actualmente, en coordinación con la AIDEF, se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico y guía de actuación de las Defensas Públicas en casos de violencia institucional, para dar respuesta acasos de tortura o violencia institucional en cárceles. Según diagnósticos recientes, a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, en América Latina aún subsisten importantes desafíos en materia de violencia institucional. ¿Cree que la población en general en América Latina desconoce la dimensión del fenómeno de la tortura? ¿Cómo se podría abordar esta problemática desde el quehacer de las Defensorías Públicas?

Este es un tema profundo. Tras las dictaduras recurrentes en la región, ha sido difícil el tratamiento de vulneraciones graves a los DDHH en gobiernos democráticos, tanto para distinguirlas, enfrentarlas y hasta para “denominarlas” tal cual son, como es el caso de torturas.

Sin duda es un tema que hemos liderado, ya que las situaciones más frecuentes de violencia institucional y tortura se presentan en los extremos del proceso penal. Al inicio, después de la detención en los recintos policiales, y, al final, tras la sentencia condenatoria privativa de libertad en los recintos penitenciarios.

Hemos logrado posicionar la temática, precisamente a través de los proyectos que hemos llevado adelante con EUROsociAL+, con la incorporación del debate en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de Resoluciones Generales de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y audiencias plenarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la misma institución, entre otros instrumentos.

Todo ello ha permitido permear el debate interno en torno a la privación de libertad y sus consecuencias, el uso excesivo de la prisión preventiva (ya como pena anticipada y mecanismo de control social), la reclusión como elemento central de la pena en la región y, en particular, la violencia institucional y tortura en recintos carcelarios que se producen en dichas circunstancias.

Finalmente, dada la diversidad de actores que intervienen en el ámbito de la justicia y que se trata de problemáticas multidimensionales, ¿qué mecanismos/instrumentos se podrían poner en marcha para mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de políticas de acceso a la justicia?

Más que crear o poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos, lo que actualmente se requiere en América Latina es fortalecer y mejorar las instancias que ya existen para una buena coordinación interinstitucional. Robustecer el trabajo entre las instituciones del ámbito de la justicia y capacitar a los actores potenciando el trabajo en conjunto.

Porque una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, pero no sólo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los mismos actores del sistema.

María Luisa Domínguez, Técnica Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

Cuando se cumple un año de la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, entrevistamos en Bogotá al ex alcalde de la ciudad, el profesor Antanas Mockus. Gran defensor del proceso de conciliación nacional y un referente en el cambio de comportamientos colectivos mediante la educación. Entre ellos, los referidos al pago de impuestos.

Durante sus mandatos en la alcaldía, Bogotá experimentó una transformación de su cultura fiscal, al apreciar los ciudadanos una reciprocidad entre los tributos y la mejora de los servicios públicos, generándose de ese modo sentimientos de corresponsabilidad en la financiación del desarrollo basados en la convicción, y no en el temor a la sanción. ‘Todos pagan’ y ‘Recurso público, recurso sagrado’ fueron algunos de los lemas acuñados por Mockus, quien además promovió una campaña denominada ‘110 por ciento con Bogotá’, a través de la cual se solicitaba añadir voluntariamente un 10 por ciento extra a los impuestos, pero dando la oportunidad de decidir el proyecto al que se destinaría dicha cantidad.

¿Qué papel cumple la fiscalidad en el pos conflicto colombiano?

El proceso de paz que está viviendo Colombia tiene muchos aspectos; uno de ellos es lograr que no se utilice la fuerza de las armas para impulsar transformaciones. El Estado debe llegar al territorio de manera mucho más densa, pero también la ciudadanía tiene que aportar de su lado. Los ciudadanos tienen que aprender a comprender cómo funciona el Estado, cómo el Estado reasigna recursos para fines normalmente más nobles que el gasto de un privado; no tendría sentido cobrar impuestos para hacer cosas menos buenas.

El Estado social de derecho que estableció la Constitución de 1991 de Colombia prevé que uno de los deberes del ciudadano es tributar. Ahora bien, ese deber está asociado con el deber del Estado de cumplir en la protección de sus derechos. Pero los derechos cuestan. Hay un libro de un académico estadounidense Stepehen Holmes, que lleva por título ‘El coste de los derechos’, y que pone de manifiesto que no se puede asegurar un derecho y no tener alguna inversión de recursos en defensa de ese derecho.

Colombia está en deuda en términos de desigualdad socioeconómica y los tributos deben ser entendidos como parte de las herramientas que tenemos para nivelar y generar más igualdad. Esperemos que la gente de las FARC y del ELN, si se suma al proceso de paz, participen en este proceso pedagógico, entendiendo la enorme importancia de los mecanismos de redistribución. Hay que pasar por el sistema tributario, es lo único que existe en un régimen democrático para redistribuir. La redistribución debe ser comprendida no solo como una forma de repartir los recursos, sino como fundamento de las relaciones humanas. Los recursos públicos son recursos sagrados.

¿Cómo se puede transformar la cultura tributaria de un país?

Conozco una anécdota de un colombiano que está estudiando y trabajando en los Estados Unidos. Va y le cuenta a un amigo estadounidense en un desayuno: “Anoche encontré una manera de reducir la carga tributaria”, y le explica el truco. Y el estadounidense le dice: “Le doy 24 horas para que usted corrija ese truco o, si no, yo le denuncio”.

La cultura mafiosa está asociada a la ley del silencio. En la cultura mafiosa, la norma social es no solo no cumplir la norma legal, sino que incumplir la norma legal se vuelve parte de las obligaciones.

Durante un tiempo, yo pensaba que la corrupción era un acto al cual era muy fácil resistirse, simplemente diciendo que no, pero luego conocí a alcaldes que han sido amenazados por no colaborar con los delincuentes. Entonces, la combinación de la ley del silencio con la utilización de la violencia contra el que no se deja corromper genera una enfermedad un poco más difícil de atender, pero que es más urgente curar.

Cuando uno compra en Colombia un bote de pintura en la ferretería, es todavía frecuente que te pregunten sin IVA o con IVA, sin recibo o con recibo, con la oferta implícita o explícita de no pagar el impuesto a las ventas.

Influye decisivamente la actitud de los ciudadanos hacia los impuestos…

La corriente de la economía conductual ha estudiado que el ser humano es muy averso a las pérdidas. Si usted pierde 10 euros y se encuentra 10 euros, usted no queda en paz, queda claramente en pérdida desde el punto de vista psicológico; usted necesitaría encontrarse 27 euros. A las pérdidas se les aplica una lupa. Si usted ve los impuestos como pérdida, sufre desproporcionadamente; pero es diferente si los ve como una contribución, como hacer una vaca, como decimos en Colombia, -en Perú es chanchito, en México es coperacha (poner un bote en España)-, distintos nombres para un mecanismo que es el de poner recursos en común para lograr objetivos comunes.

Bogotá logró que la gente tuviera una actitud más positiva para el pago de los impuestos. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud mostrando que, además de los impuestos, hay otros esquemas redistributivos. En el modelo de salud de Colombia, las clases más poderosas económicamente contribuyen más que proporcionalmente a la salud y esto es un mecanismo claro de redistribución, porque gente de muy distinta situación económica recibe atención médica similar. Tener las mismas garantías es otra expresión del Estado social de derecho.

Mi experiencia es que, si la gente comprende para qué son los tributos, si comprende cómo funcionan las tarifas para los distintos grupos de ciudadanos, la gente puede entender lo importantes que son los impuestos. La buena administración de los mismos es, en parte, el secreto del desarrollo del país.

¿Qué opinión le merece el trabajo que promueve el programa EUROsociAL + en las universidades con los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)?

Lo que se está promoviendo con los consultorios tributarios en las universidades es un paso muy importante. La figura del contable como el que asesora la evasión o la elusión cede el paso a una cultura del asesor tributario que le explica al ciudadano la razón de ser de las normas y se vuelve así un educador.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+.

“Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas”, recordaba Pelayo Castro un grafiti descubierto por el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum y universalizado por el escritor uruguayo Mario Benedetti. Esta cita, pronunciada por el Embajador de la Unión Europea en Costa Rica durante la apertura del encuentro de EUROsociAL+ en San José, marcó de alguna manera el debate y el intercambio de tres días en la capital costarricense.

Porque si por algo se caracteriza EUROsociAL+ es por buscar respuestas a las demandas que nos llegan desde América Latina. Respuestas que encontramos en Europa y en América Latina, y que en Costa Rica se transformaron en realidades con importantes compromisos para la lucha contra la violencia de género, el diálogo social y el desarrollo regional.

Pero también en esta tercera fase del programa para la cohesión social en América Latina queremos ser parte de las preguntas, lo que significa ser más estratégicos, posicionar de nuevo lo social en la agenda de la cooperación euro-latinoamericana y contribuir al cumplimiento de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, nuestra exigencia fue mayor para la puesta en marcha de las acciones en apoyo a políticas públicas que realmente incidan en una reducción de la brecha de la desigualdad en la región.

Y no solo en el diálogo fue inspirador la cita inicial, también fue premonitoria del inolvidable momento cultural que se vivió en este primer encuentro anual de la tercera fase de EUROsociAL. Los laboratorios de creatividad dieron voz a diferentes realidades existentes en cualquier país de América Latina como son niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión, la lucha del colectivo LGTBI, y la situación de las privadas y los privados de libertad, quienes, a través de la poesía, la pintura y la fotografía expresaron su anhelo de formar parte de una sociedad que les ofrezca los mismos derechos y las mismas oportunidades que a cualquier otra persona.

Fue un encuentro lleno de símbolos, desde la palabra Libertad que da nombre al Parque Metropolitano donde iniciamos el encuentro, hasta el antiguo presidio conocido como “La Peni”, hoy convertido en Museo de los Niños adónde acudimos en coincidencia con el Día Universal del Niño. Por ello, la mejor manera de cerrar estas líneas es acudiendo al prólogo escrito por Kennly Garza, subdirectora del Centro de Atención Integral Vilma Curling, para el libro de poemas de las privadas de libertad de este centro, titulado “Luna compartida”. En este preámbulo, de nombre “Alquimistas de significados”, Kennly nos hace un llamado de atención sobre algunas de estas alegorías: “La prisión de mujeres es un lugar incómodo y antagónico; la insospechada bienvenida de querubines apura la sonrisa. Al fondo, el susurro de quinientas escritoras inquieta la conciencia al sabernos parte de esas tramas. Escenario de pérdidas y reivindicaciones, es también una isla de guerreras cuyas historias merecen ser contadas antes que el Río Cañas las reclame su patrimonio. Hasta entonces, aquí el tributo de su palabra, transparente y directa, advirtiendo que mientras haya mujeres escribiendo desde la cárcel de la desigualdad, el hablar de libertad nunca será un facilísimo ni un lugar común, es una deuda urgente que solo el aplauso no refrenda”.

Enrique Martínez es responsable de comunicación del programa EUROsociAL+

Cuando Margarita acudió a su hospital del Seguro Social salvadoreño para la revisión periódica de su tratamiento de diabetes grado 2, su expediente clínico había desaparecido. Tras horas de búsqueda infructuosa, pasó a ver a su médico con un expediente provisional (vacío) para que le recetara las correspondientes medicinas. Ante la ausencia de información clínica, el doctor le indicó que no le podría recetar la glimepirida, uno de los dos fármacos claves en el tratamiento de su diabetes, hasta no contar con unos análisis precisos sobre su situación médica. Margarita tuvo que esperar casi un mes para obtener los resultados de unos nuevos análisis clínicos, sin recibir mientras tanto el adecuado tratamiento farmacológico. Al cabo de casi tres meses, el expediente fue por fin encontrado, sorprendentemente, en el archivo de defunciones.

Gestionar adecuadamente las historias clínicas resulta crítico para mejorar el tratamiento de los pacientes y el ejercicio de sus derechos, pero también para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema sanitario. Sin embargo, se trata de una tarea titánica que requiere afrontar enormes desafíos como la ausencia de espacio de almacenamiento o las carencias de recursos humanos y económicos, al tiempo que se garantiza la debida protección de los datos personales de los pacientes o se logra de manera progresiva la compleja transición del formato papel al expediente electrónico.

Conscientes de la imperiosa necesidad de abordar esta problemática en el Salvador, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) han unido fuerzas con el objetivo de construir los pilares para una nueva etapa en la gestión de los expedientes clínicos del sector sanitario público del país centroamericano.

El Programa EUROsociAL+, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP, acompaña a El Salvador en este proceso de reforma. Como primer paso, del 25 al 28 de septiembre se desarrolló en Madrid una visita de representantes de las tres instituciones salvadoreñas para conocer los avances y desafíos que ha vivido España en este ámbito. Durante una semana, pudieron intercambiar experiencias y aprendizajes con el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), el Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y con la Agencia Española de Protección de Datos Personales. La visita incluyó el desplazamiento al archivo del Hospital Clínico San Carlos y al Archivo Central de la Administración del Estado en Alcalá, así como una presentación de las lecciones aprendidas en el proyecto sobre el expediente electrónico en Túnez liderado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea.

Esta actividad ha representado un primer paso para impulsar el diálogo interinstitucional en El Salvador, avanzar en la creación de instrucciones operativas y nuevas normativas, e impulsar el cambio cultural necesario para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el país centroamericano.

Borja Díaz Rivillas, técnico senior de Gobernanza Democrática / Senior Officer of Democratic Governance. EUROsociAL+

En El Salvador, pocos temas pasan tan desapercibidos en las agendas públicas y mediáticas como la gestión de los expedientes clínicos. La ironía es que estos documentos contienen datos personales sensibles sobre la salud de miles de personas que deberían de ser protegidos con los máximos estándares de calidad. El tema adquiere más relevancia en el sector sanitario público, al que recurre el 84 % de la población (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014, DIGESTYC-MINEC).

Entre enero y marzo de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó una serie de entrevistas a personal clave del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para conocer, de manera preliminar, algunos aspectos sobre la gestión documental y la protección de datos personales. La información contribuirá a que el IAIP, como ente rector en esas materias, emita lineamientos en torno a la temática. Desde las primeras entrevistas se planteó una realidad compleja.

En términos de normalización se encontraron al menos seis documentos que contienen diferentes criterios para el manejo de los expedientes clínicos. Sin embargo, no existe una gestión normalizada para todo el sector público. Por ejemplo, el archivo de documentos se ha vuelto un problema que, literalmente, está desbordando el sistema de salud público. Si bien no es igual en todos los centros de atención, existen almacenes en los que se guardan estos documentos sin mayor criterio que su peso en kilos.

Otro hallazgo que surgió fue el poco o nulo conocimiento sobre los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos). Por un lado, operadores de salud que no garantizan el pleno ejercicio de estos derechos; y por otro, usuarios que no los exigen. ¿Pero cómo exigir un derecho que no es conocido por quienes tienen que garantizarlo?

Durante las entrevistas, los desafíos sobre la gestión de los expedientes clínicos aparecieron uno tras otro. Casi todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de migrar a formatos electrónicos y únicos. Algo que, entre otros beneficios, permitiría la interoperabilidad de la información. Es decir, acceder a la historia clínica para la intervención de un paciente desde cualquier lugar en donde se encuentre. Pero aunque haya argumentos favorables de sobra, la posibilidad de migrar choca con otra realidad. Su implementación requeriría de una importante inversión financiera. Datos preliminares, proporcionados por ambas instituciones, arrojan que se trata de una inversión aproximada de 40 millones de dólares. Pero aún en un escenario favorable, la normalización sobre la gestión no se agota con la migración al formato electrónico. De hecho, cualquiera que sea la acción a implementar tiene, al menos, dos retos iniciales.

En primer lugar, la normalización de la gestión documental y la protección de datos personales de los expedientes que se encuentran actualmente en papel. Es decir, ¿qué hacer con lo que hay? En segundo lugar, el compromiso de aquellos actores involucrados en la gestión de estos documentos, más allá de los operadores del MINSAL.

El IAIP, como ente rector en materia de gestión documental y en protección de datos personales, podría simplemente emitir lineamientos y verificar su cumplimiento. Pero, ¿es esto lo que nos interesa? Delimitar nuestra intervención a estas dos acciones sería negar una realidad demasiado compleja que se expresa en múltiples dimensiones. La gestión de los expedientes clínicos, en este caso en el sector público de salud de El Salvador, requiere ante todo un profundo diálogo interinstitucional que permita diseñar la ruta a los cambios necesarios, para lo cual resulta igualmente necesario conocer cómo se han desarrollado procesos semejantes en otros países de América Latina y de la Unión Europea. De lo contrario, por muy bien diseñada que esté técnicamente la norma, no sería sostenible en el tiempo.

Alicia Miranda Duke es jefa de estudios e investigación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador

Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.