EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Qué importancia tiene el derecho de acceso a la información pública para los derechos humanos y para la democracia?

El acceso a la información es fundamental para el disfrute de los demás derechos. No se puede disfrutar de los derechos sociales y económicos sin el derecho de acceso a la información; y, además, es importante también para el derecho al voto. Por todo ello, es fundamental en el sistema de derechos humanos.

Desde el punto de vista histórico, ¿cuál ha sido la importancia de este derecho para la ciudadanía sudafricana?

En este caso, hay que recordar que venimos de una muy triste historia, la del apartheid y de la segregación racial. Por eso, en 1994, cuando obtuvimos la liberación, una de las primeras cosas que hicimos fue asegurarnos de que acabábamos con la “cultura del secreto”. En este sentido, una de las primeras leyes que adoptamos después de la liberación fue la de la promoción del acceso a la información.

¿Podemos reseñar algún caso relevante relativo a la información pública que haya sido históricamente importante en Sudáfrica?

Creo que el caso más importante al respecto ocurrió el año pasado. Varias organizaciones de la sociedad civil habían pedido a los partidos políticos que divulgaran el origen de su financiación y, en un principio, estos se negaron. Entonces, una organización llamada “El derecho de saber” llevó el caso ante la justicia, quien determinó que el derecho de acceso a la información es fundamental para el derecho de voto. Y para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, deben poder acceder a la información sobre la financiación de los partidos políticos.

EUROsociAL+, el programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, ha presentado estos días su experiencia de apoyo a la Red de Transparencia en América Latina (RTA). En África, existe la idea de crear una red similar. ¿Cómo cree que podría contribuir la creación de una red similar en el continente?

Creo que la red es muy importante y la colaboración entre países de África y América Latina es significativa porque se trata de cooperación Sur-Sur. Por ejemplo, estos días, cuando hemos celebrado nuestra primera reunión sobre el establecimiento de la Red Africana de Comisionados de Información, nuestros colegas de la red latinoamericana compartieron con nosotros la forma en que establecieron su red.

Hablemos ahora de género y del derecho de acceso a la información: ¿qué importancia tiene este derecho para las mujeres en Sudáfrica y en toda África?

Creo que es muy importante para las mujeres del mundo, por ejemplo, si observamos los derechos relacionados con la salud reproductiva y sexual; en este caso, las mujeres y las niñas no pueden disfrutar de estos derechos si no disponen de la información suficiente. Si cuentan con ella, podrán hacer frente a los desafíos específicos de salud que estas cuestiones conllevan.

Y algunos de ellos pueden resolverse fácilmente dando a las mujeres acceso a información, por eso, este año, en la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información hemos presentado un panel que expone la importancia del acceso a la información para grupos vulnerables: cómo impacta en las mujeres o también en las personas con discapacidad. Personalmente, creo que el acceso a la información tiene un impacto positivo en todas las personas, también en los grupos vulnerables.

Miguel llega como cada semana a PROMESEM, el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes Uruguay (INISA). Allí le aguardan cada día las psicólogas, educadoras sociales, profesores y profesoras para trabajar con él de una forma integral y cumplir con la medida judicial por el delito que cometió, tras un año de encierro, ahora en medio abierto. “Ellos son mis ángeles de la guarda”, explica. Y ese es el ambiente que se respira en el centro INISA. Abrazos, sonrisas, olor a incienso, paredes decoradas y adolescentes, varones y mujeres, que buscan aliento y una forma de resarcir el daño que causaron, a la sociedad y a ellos mismos.

Miguel es uno de los más de 300 adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INISA, el ente rector encargado de los jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro de un sistema en el que la privación de libertad “ha sido la regla y no la excepción” tal y como subraya su presidenta, Gabriela Fulco.  Es por ello que el Estado ha creado un nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de libertad que “responde a la necesidad de cumplir el compromiso de Estado que adquirimos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño” e implica una mayor aplicabilidad de medidas socio-educativas y de reinserción, facilitar la continuidad de la vida socio familiar de los y las adolescentes y establecer la paz dentro de la comunidad.

Por ello, la Unión Europea a través de su programa EUROsociAL+, que gestiona la FIIAPP, está acompañando a INISA en este proceso mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas públicas europeas y latinoamericanas en esta materia. Entre ellas destaca el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que sirva de guía para sensibilizar a la ciudadanía uruguaya, a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sector privado sobre la necesidad de promover la aplicación de medidas no privativas en lugar de las privativas para mejorar la cohesión social.

Tal y como explica Fulco, tanto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como desde la seguridad ciudadana, la privación de libertad no resuelve el problema de inseguridad ni mejora las posibilidades de reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, el modelo que aplica las sanciones alternativas a la privación de libertad mediante medidas socioeducativas ha demostrado a nivel internacional menores índices de reincidencia y una mayor reinserción.

Trabajo integral

En PROMESEN atienden a adolescentes que han pasado previamente por privación de libertad y otros que no. Y entre ellos hay una gran diferencia según explica su directora, Fernanda Albistur: “los que llegan de privación de libertad vienen aturdidos, las primeras semanas no quieren ni salir de casa y muchos tienen miedo de venir solos. Siguen escuchando los ruidos de la prisión, los candados, las puertas… Nos cuesta mucho más que quieran participar en el programa. El encierro agrava además la situación familiar y todos los conflictos que tenían previo a su ingreso y que quedaron congelados vuelven a resurgir”, explica Albistur. “Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para reparar el daño institucional provocado por el encierro, qué podemos hacer para devolverle la vida espantosa que pasó”.

Miguel acudía cada semana al hospital geriátrico Piñeiro del Campo, donde residen personas mayores sin hogar, como parte de uno de los programas de servicios a la comunidad que establece la sanción socioeducativa.

Laura Berois, profesora, acompañaba a los adolescentes en esta actividad. “Vienen con situaciones de vida muy complejas y cuando se enfrentan a realidades más difíciles que las suyas toman conciencia de lo importante que es cuidarse”, dice.

Mariela, que también participa en este programa, vive con sus padres y sus abuelos en un barrio que no le gusta, según explica.  Ahora Mariela relata que se ha dado cuenta de “que no sirve de nada tomar el camino fácil. Hay que luchar y cuidar la convivencia con otros seres humanos”.  Mariela se imagina un futuro en el que pueda continuar sus estudios “trabajar y sacar adelante a mi familia porque quiero ser enfermera para poder curar a la gente”.  “Me quedan aún dos meses de seguir viniendo, pero lo voy a hacer. Además, aquí hay buena gente, nos ayudan”, subraya.

Sofia Rodríguez es un de las educadoras de PROMESEM. Cada día se enfrenta al duro trabajo de ver las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes. Sus necesidades básicas y sus derechos han sido totalmente vulnerados y por ello “le dan poco valor a su propia vida”. Son adolescentes totalmente excluidos de la sociedad, del sistema educativo, que nacen y viven en el medio delictivo y por ello Sofía se pregunta: “¿cómo van a respetar los derechos de otros si todos sus derechos han sido totalmente vulnerados? Nadie se cuestiona por qué los adolescentes en conflicto con la ley no pertenecen a la clase media o alta sino a la pobre. Como sociedad somos responsables de lo que está pasando”, subraya.

“La mayoría han sufrido abandono durante toda su vida. Algunos tienen trastornos psicológicos graves y no saben discernir entre el bien y el mal”, explica Carolina, una de las psicólogas del centro. Pero todos y todas las trabajadoras del centro destacan el poder de resiliencia de estos adolescentes.

“Nunca me trataron tan bien como en el Hospital Piñeiro. Además, los viejitos siempre nos estaban esperando y cuando nos íbamos se quedaban tristes. Hacíamos plástica juntos y hasta nos hicieron una exposición de las obras en la Intendencia de Santo Domingo”, expresa Miguel.  Ahora, Miguel, gracias al convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo e INISA y, sobre todo, a su cambio de actitud, ha encontrado empleo y podrá atender las necesidades de su hijo recién nacido y las de su familia.

¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.

«Mujeres y niñas a la vanguardia del desarrollo sostenible: proteger, empoderar e invertir» es el lema escogido para las Jornadas Europeas de Desarrollo 2018, que se celebran la próxima semana en Bruselas. Durante los días 5 y 6 de junio, la capital de Europa se convierte también en la capital del desarrollo.

Y es que las jornadas organizadas por la Comisión Europea tienen este año la igualdad de género como tema central. Además de impulsar la participación de las mujeres en los distintos foros, esta edición aspira a conseguir para todas ellas un mundo más seguro, más abierto y más inclusivo.

El evento sobre desarrollo más importante del mundo, abierto al público, concentrará unas 500 sesiones en dos días, en las que participarán más de 2.600 ponentes. Entre ellos, 7 premios Nobel y 100 líderes mundiales. La FIIAPP también estará presente en los European Development Days (EDD) a través de cuatro de los proyectos que gestiona: EUROsociAL+, Bridging the Gap, Cooperación Triangular y EUROCLIMA+.

El programa EUROsociAL+ promueve la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y América Latina en la promoción de políticas públicas que mejoran la cohesión social y reducen las desigualdades en Latinoamérica.

Pero según Enrique Martínez, técnico de Comunicación y Visibilidad del programa, “estas políticas públicas sólo son efectivas cuando atacan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, un reto y un objetivo que están marcados fuertemente en el ADN de EUROsociAL+”.

Por ello, el programa comparte en Bruselas tres avances en políticas de equidad de género en Paraguay, México y, a nivel regional, en América Latina. Así como la transferencia europea en esta materia.

La directora ejecutiva del Gabinete Social de la Presidencia de Paraguay, Mirta Denis, la secretaria ejecutiva del Instituto de las Mujeres de México, Marcela Eternod, la directora de la Fundación Género y Sociedad, Ana Isabel García Quesada, y la Consejera de Estado de Francia, Marisol Touraine, componen “el panel 100% femenino de EUROsociAL+ como contribución a este camino conjunto hacia la igualdad plena”, destaca Martínez. Además, la apertura y clausura del panel la efectuará Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe en la Dirección General para Cooperación Internacional y al Desarrollo de la Comisión Europea.

El proyecto Bridging the gap también participa en la edición 2018 de los European Development Days, con la sesión Women on the rise-no one left behind!, organizada en colaboración con el Programa europeo de sistemas de protección social (EU Social Protection Systems Programme) y la ONG Light for the World. Este es su vídeo de presentación:

El objetivo de esta sesión es, según Carmen Serrano, técnico de Comunicación del proyecto, “mostrar que, pese a la doble discriminación a la que suelen enfrentarse, las mujeres con discapacidad están liderando el desarrollo sostenible en países de renta baja”. En este sentido, cuatro mujeres compartirán sus experiencias en cuanto a las cuestiones de género y discapacidad a partir de los diferentes enfoques abordados por las tres iniciativas organizadoras de la sesión: protección social, liderazgo y emprendimiento, y acceso al trabajo y empoderamiento económico. Todo esto bajo la moderación de Hisayo Katsui, investigadora y profesora experta en discapacidad.

No obstante, afirma Serrano, “el objetivo de Bridging the gap en este gran evento europeo, no es tanto compartir experiencias como generar diálogo y reflexión sobre el papel de las mujeres con discapacidad en sus comunidades”. De ahí que hayan optado por la modalidad de Brainstorming lab. Durante 75 minutos, la interacción de la audiencia con las ponentes será constante, recogiendo sus insumos e ideas sobre cómo cada persona puede crear conciencia en su entorno sobre la contribución que las mujeres con discapacidad pueden hacer a la sociedad.

El proyecto Evalúa, para la promoción de la Evaluación de Políticas Públicas en América Latina y el Caribe, busca estrenarse en los EDD’s dando a conocer algunos de los resultados obtenidos desde su concepción en 2014.

El equipo de coordinación del proyecto asistirá a este foro de cooperación internacional con uno de sus más recientes exponentes: los resultados de la evaluación de la Política de Igualdad de Género de Costa Rica. Asimismo, la gestión, liderada por el equipo de evaluación del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), estará representada por Ericka Valerio, del área de Evaluación y Seguimiento.

El proyecto se enmarca dentro del programa ADELANTE, cuyo objetivo es mejorar la integración de los países de América Latina y el Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo (ODS). Los EDD serán un espacio interesante para exponer las principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación de esa política pública, así como el uso previsto de la misma como insumo para la elaboración de las siguientes fases.

Según Alina Orrico, técnico del proyecto, “esta participación adquiere especial relevancia en un evento en el que la presencia de experiencias latinoamericanas es mucho más escasa que las de otros continentes y, sobre todo, porque se enmarca en un año cargado de emociones, demandas y alusiones a la necesidad de ofrecer respuestas tangibles que garanticen la igualdad entre los géneros”.

EUROCLIMA+ es el programa regional de la Comisión Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible en América Latina. Una acción en beneficio de la mayoría de las poblaciones vulnerables, con un enfoque específico en el género, la población rural pobre y los pueblos indígenas.

En estas jornadas, proyectarán un video general sobre Género y Cambio Climático y elaboran un mapa informativo de América Latina con información sobre género.

EUROCLIMA+ apoya a los países en el desarrollo de sus NDCs o Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que se enmarcan en el Acuerdo de París. Las NDCs reflejan el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar los impactos del cambio climático.

Según Alexandra Cortés, experta en Comunicación y Visibilidad del programa, las NDCs “promueven la integración de la acción climática en un marco político que pueda brindar un crecimiento económico y desarrollo social, además de la protección del medio ambiente y resiliencia climática”.

San Vicente del Caguán es un municipio especialmente marcado por el conflicto armado. Sus habitantes intentan librarse del estigma de vivir en ‘tierra de guerrilleros’, por haber sido una zona de despeje –en la que no entraba el Ejército– durante el gobierno de Andrés Pastrana, lo que permitió consolidar la influencia de las FARC en el territorio.

Nos desplazamos a este municipio para inaugurar un NAF. El trayecto de tres horas desde Florencia ofrece paisajes idílicos, salpicados de retenes militares. Las historias sobre el conflicto armado son inevitables: “en este mismo trayecto secuestraron a Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, tres días después de que Pastrana interrumpiera los contactos con las FARC”, “aquí asesinaron al parlamentario Diego Turbay, unos minutos antes de llegar al municipio de Puerto Rico”.

Un coche que se cruza, un movimiento extraño, todo nos pone en alerta. El vehículo sospechoso ha cambiado de carril para acceder a una finca. Falsa alarma. Son nuevos tiempos, pero los miedos del pasado siguen ahí. Todavía hay grupos disidentes de las FARC que no han abandonado las armas.

Impuestos para el desarrollo

El NAF está ubicado en un centro de convivencia ciudadana que ofrece servicios a personas vulnerables: comisaría de familia, inspección de policía, coordinación de juntas comunales, unidad de atención a las víctimas… El alcalde de San Vicente del Caguán, contrario a los acuerdos de paz, se encuentra estos días en Europa para conocer de primera mano las lecciones aprendidas en Irlanda del Norte. Un 53% de la población de Caquetá votó en contra del acuerdo, por lo que la reconciliación tiene un arduo camino por delante.

Nos recibe en su lugar Cecilia Collazos, alcaldesa en funciones y secretaria de Desarrollo Social. A su juicio, el fraude fiscal se debe sobre todo a la cultura del impago: “más que dificultades para entender el sistema tributario, lo que existe es una cultura del no pago, de ocultar los ingresos reales, de evadir. Los acuerdos de paz han traído algunos cambios, pero aún persiste el tema de la extorsión, sigue habiendo guerrillas disidentes en la zona. La paz real se logra con obras, con inversión, con empleo”.

Cristián, estudiante de Contaduría, ve en los NAF una experiencia muy útil para su futuro profesional: “la parte contable se enfoca mucho en la parte tributaria, y esa es la oportunidad que nos están dando los NAF de brindar una orientación a quienes tienen bajos recursos y poder luego ser competitivos en un mercado como el de San Vicente del Caguán, donde hay mucho comercio y en el que se requieren muchos contadores”. Cristián tiene claro que el desarrollo debe ir de la mano del pago de los tributos: «si queremos inversión social, debemos hacer nuestros aportes en el impuesto. Será un trabajo duro, nos van a mirar mal al principio, pero poco a poco iremos haciendo un buen servicio para el bienestar de las comunidades”.

La creación del NAF es recibida con satisfacción por el sector empresarial de San Vicente. Así nos lo transmite César Augusto España, coordinador del Centro de Atención Empresarial Cámara de Comercio de Caquetá: “Estamos a tres horas de Florencia, donde la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) tiene las oficinas, y el NAF va a agilizar el proceso de formalización fiscal en todos los municipios”. España argumenta que “existe resistencia al pago de los tributos por el limitado acceso a servicios públicos y la escasa presencia del Estado. El 98% de las empresas del Caquetá son microempresas y el aporte en materia impositiva es muy pequeño, pero los acuerdos de paz están empezando a dinamizar la economía: en 2017, las empresas crecieron en un 34%”.

Luz al final del túnel

Pese a los múltiples obstáculos, Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve el nuevo escenario con optimismo: “he recorrido casi el 80% de los municipios y he encontrado más receptividad. Los ciudadanos nos están pidiendo que los acompañemos, que los orientemos para cumplir de manera voluntaria con sus obligaciones tributarias”.

La paz duradera y el desarrollo económico son el principal anhelo de los habitantes del Caquetá. Una tierra fértil, acogedora, con enorme potencial para el turismo rural y el desarrollo agropecuario, con grandes deseos de demostrar que su destino no está escrito, que puede ser diferente. Ahora depende de ellos mismos dar los pasos necesarios para recuperar la seguridad y la cohesión social.

También de las instituciones, que deben construir una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos basada en la reciprocidad, un proceso en el que resultará de enorme utilidad la educación cívico-tributaria como puente de comunicación entre unos y otros.

Ciudadanos e instituciones saben que, si unos esperan a que el otro haga algo, el círculo vicioso de ‘impago de impuestos-escasos servicios públicos-desconfianza en el Estado’ puede hacerse perpetuo. Para salir del laberinto del pos conflicto es preciso caminar de manera decidida, con la vista puesta en un futuro mejor.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en el Área de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+ 

Lee las dos primeras partes:

Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)

Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Caquetá sabe que no es factible vencer mediante la coacción, es preciso convencer. Ante la imposibilidad de situar a sus diez únicos auditores “bajo de la cama de cada contribuyente”, hay que tender puentes. Además de ‘palos’, se necesitan ‘zanahorias’.

Así, los incentivos fiscales creados para impulsar la formalización y la inversión deben ir acompañados por mejores servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como por una buena dosis de pedagogía sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público. La educación fiscal desde edades tempranas puede hacer sostenible este proceso y, a largo plazo, contribuir al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Desde hace varios años, la DIAN de Colombia promueve encuentros infantiles y juveniles sobre cultura fiscal con escuelas del Caquetá y realiza ferias de servicios tributarios para socializar su función y acercarse a la ciudadanía. Se abren ahora oportunidades para consolidar y multiplicar estos esfuerzos a través de la Universidad, mediante el proyecto de los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF).

La Universidad como puente entre la DIAN y los ciudadanos

El pasado noviembre, EUROsociAL+ – el Programa regional de cooperación de la Unión Europea con América Latina – organizó un taller en la Universidad de la Amazonia, en Florencia, dedicado a impulsar estrategias de cultura tributaria en el pos conflicto. Con presencia de instituciones de enseñanza superior y seccionales de la DIAN de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) de Colombia.

La Universidad de la Amazonia no es una institución cualquiera. Es la única universidad pública del Caquetá. Y está fuertemente comprometida con el proceso de paz, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Su programa de Contaduría Pública se ha sumado al reto del pos conflicto creando un Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF), un punto de información en el cual estudiantes universitarios ofrecen asesoría contable y fiscal gratis a personas de baja renta y micro emprendedores.

Los universitarios, capacitados por la administración tributaria, dedican todo el tiempo necesario a los ciudadanos, escuchan sus problemas, sus inquietudes. Les generan confianza y les ayudan a comprender el sistema impositivo y a mejorar sus pequeños negocios.

Los NAF son un puente entre la DIAN y la ciudadanía. La experiencia, ideada en Brasil, está ya presente en más 450 universidades de 10 países. En Colombia se han adherido 43 universidades, 20 de ellas en las Zomac.

En los últimos 4 años, EUROsociAL+ ha apoyado la expansión de esta iniciativa a través del intercambio de experiencias. El taller organizado en Florencia ofreció la posibilidad de compartir aprendizajes aplicables al contexto del pos conflicto.

Los jóvenes como motor de cambio

Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve en los NAF una vía para que los jóvenes transformen la realidad: “los NAF son una oportunidad para generar confianza en la administración fiscal y crear conciencia cívico-tributaria. Y qué mejor que los futuros contadores, administradores y abogados tengan una visión real de lo que está pasando”.

Los estudiantes atienden todos los días en el campus, pero también se desplazan a los comercios de Florencia y a los municipios. Los jóvenes conocen la realidad del pos conflicto y las oportunidades que abre la paz para el desarrollo de su territorio.

Uno de los universitarios del NAF nos cuenta su experiencia: “Caquetá ha sido muy golpeada por el conflicto armado. Ahora tenemos la oportunidad de llegar a lugares antes inaccesibles, y que los colombianos de otras zonas y los extranjeros puedan ver que Caquetá quiere dar lo mejor de sí. Pagar impuestos supone contribuir a nosotros mismos”.

Y continúa: “los empresarios han tenido la excusa de que, por motivo del conflicto, no debían pagar impuestos. Ahora esas excusas se han acabado. Nos hemos desplazado con el NAF a los lugares más duros, como San Vicente del Caguán o Cartagena del Chairá, donde la gente se está preparando para que la legalidad sea más fuerte. Es necesario mostrar en qué se utilizan los impuestos, que el campesino o el comerciante vean que se construye una carretera para facilitarle su trabajo”.

Esta realidad no es ajena a la de otras zonas afectadas por el conflicto armado y que comparten sus experiencias en el taller. Natalia es otra de las jóvenes de los NAF de las Zomac, en este caso de Ibagué: “Es muy gratificante que lleguen personas con necesidades, que no saben ni leer ni escribir y mucho menos manejar un computador, y que salgan contentos y con conocimiento”.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

Lee la primera parte del viaje: Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)