EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Larissa Estevan es agente de mediación comunitaria “por amor y compromiso con la ciudad donde crecí”, Samambaia, una región de Brasilia. “Me convertí en agente de mediación comunitaria después de ver a un grupo de agentes que permitieron un diálogo horizontal entre recolectores de materiales reciclables, una profesión muy precaria en Brasil, estudiantes universitarios y representantes del Estado. En esa reunión me enamoré del Programa de Justicia Comunitaria”, explica Estevan.  

Cada día Larissa Estevan realiza un trabajo  para “brindar espacios para el diálogo, el derecho y la justicia en mi territorio”. Como fue el caso de Doña Ana, que en plena pandemia acudió a ella porque su hijo había sido detenido y no sabía qué hacer. “Ella vino a nosotros desesperada porque había pasado un mes desde que lo detuvieron y no tenía información sobre él, no sabía a dónde ir o cómo buscar ayuda. Escuchamos a Doña Ana y llevamos el caso a una asamblea del Programa de Justicia Comunitaria para que juntos pudiéramos pensar en posibles orientaciones, referencias y contactos para que ella pudiera buscar su derecho a obtener información de su hijo. Finalmente le pusimos en contacto con la Defensoría Pública del Distrito Federal. A los pocos días nos llamó para darnos las gracias pues había descubierto el lugar donde estaba detenido su hijo y la Defensoría ya le había puesto a su disposición un defensor público”. 

“Ciertamente, mientras haya desigualdad de poderes será necesaria la justicia social. En el Programa de Justicia Comunitaria trabajamos para asegurar que nuestra comunidad disfrute al menos de parte de la justicia social a la que tiene derecho”, subraya Estevan. 

Programas de la Unión Europea como EUROsociAL+ están trabajando por una mayor justicia social en América Latina para que la ciudadanía pueda tener atención jurídica y, en definitiva, una vida mejor. En concreto el área de Gobernanza Democrática del programa gestionado por la FIIAPP, a través de su línea de Justicia Inclusiva está prestando asistencia técnica al Programa de Justicia Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios de Brasil con el acompañamiento técnico del Consejo General de la Abogacía Española.

Laura Cárdenas, consultora de comunicación en el área de Gobernanza del programa EUROsociAL+

Cuando nos enfrentábamos al reto de contar desde una perspectiva distinta a la tradicional (más centrada en actividades y resultados) qué hace EUROsociAL en la línea de Justicia Inclusiva, decidimos poner en valor algunos números. Los números no sólo indican cantidades, también cualidades. He aquí algunos de ellos.

15. Trayectoria

Quince son los años que lleva el programa EUROsociAL de la Unión Europea apoyando la cohesión social en América Latina. Desde su inicio en 2005 hasta 2020 EUROsociAL ha venido acompañando a las instituciones públicas de América Latina en el diseño e implementación de una multiplicidad de políticas públicas en todos los ámbitos: social, económico, justicia, género, desarrollo regional, buen gobierno, etc. Y en todos los niveles: regional, nacional y local.

En estos 15 años hemos visto 3 fases del programa, en contextos muy diversos: de crisis y bonanza económica, de conflictos sociales y estabilidad democrática y, más recientemente, de pandemia y crisis humanitaria, económica y social. También con diferentes enfoques: proyectos piloto en la primera fase; orientación a la demanda y a resultados concretos de política pública en las dos siguientes.

Pero en estos 3 lustros el ADN y el espíritu del programa ha seguido siendo el mismo: luchar contra las desigualdades y mejorar la cohesión social en la región. En Justicia Inclusiva, el programa ha sido pionero en reducir barreras para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que se materializó en 2008 en las Reglas de Brasilia y que hoy estamos apoyando su conversión a convenio internacional.

16, 10 y 5. Agenda Global

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas es lo que propone la Agenda 2030 en su ODS 16, y más concretamente en la meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Desde EUROsociAL entendemos el acceso a la justicia como un derecho llave que permite ejercer y garantizar otros derechos básicos como salud, educación, vivienda, identidad, etc. Por ello hemos puesto el énfasis en la protección y divulgación de los derechos de los grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad: personas en contexto de movilidad, migrantes y refugiados niñas, niños y adolescentes; víctimas y testigos de delitos; jóvenes en conflicto con la ley penal; personas privadas de libertad; personas pertenecientes a minorías étnicas; y las mujeres que se encuentran en situaciones de discriminación por razón de género Y este ODS 16 es habilitador para el logro de otros ODS: el 10, referente a la reducción de desigualdades, y el  5, que persigue la igualdad de género.

Imposible en este breve espacio hacer una relación detallada de las numerosas acciones actualmente en ejecución en la región con las instituciones del sistema de justicia: Poderes Judiciales, Ministerios de Justicia, Fiscalías, Defensorías Publicas y Sistemas Penitenciarios.

Nuestro referente fundamental aquí son las citadas 100 Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos, documentos de referencia cuya elaboración ha sido impulsada por EUROsociAL en el marco de las redes regionales de justicia.

17. Alianzas

Para el buen desarrollo de nuestro trabajo aplicamos el ODS 17, y en particular con la meta 17.16 orientada a “mejorar la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo”.

La asociación con redes regionales, y en particular con las redes de justicia de América Latina, es una de las señas de identidad de EUROsociAL desde su inicio en 2005. Promover las alianzas y redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas de la región latinoamericana y europeas ha sido uno de los pilares centrales de EUROsociAL y en esto hemos sido pioneros. Ello nos ha permitido avanzar en la construcción de respuestas comunes de varios países a problemas compartidos como pueden ser marcos estratégicos de referencia para políticas públicas a nivel regional; declaraciones o lineamientos conjuntos, estándares, modelos o protocolos comunes, entre otros.

Acompañamos a la Cumbre Judicial Iberoamericana, a través de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, en la definición de la primera versión de las Reglas en 2008, en su actualización en 2018, en la implementación de las Reglas en los países, trasladándolas a programas, políticas y planes nacionales de acceso a la justicia, y actualmente en la Hoja de ruta para convertir las Reglas en Convenio Internacional.

También desde 2007 colaboramos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos-AIAMP, fortaleciéndola y apoyando la conformación de sus diferentes Redes (Red de Fiscales contra la corrupción y Red especializada de Género) y Grupos de trabajo. En 2008 se elaboró y aprobó con apoyo del programa las Guía de Santiago de Protección de víctimas y testigos, y en esta tercera fase se ha colaborado con el Grupo de Víctimas y Testigos en la revisión y actualización de dichas Guías, que serán aprobadas a principios de noviembre en la Asamblea General de la AIAMP.

En 2012, en Fortaleza Brasil, se dio el pistoletazo de salida a la colaboración de EUROsociAL con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF. Estos ocho años la colaboración han sido intensos y muy fructíferos, lo que ha permitido avanzar en el diseño de modelos regionales que posteriormente se ha ido implantado a nivel nacional. Desde la Guía Regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad; el manual de monitoreo de Derechos Humanos en los centros de privación de libertad por parte de las Defensorías Públicas; y el manual regional sobre las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública, en la segunda fase del programa.

En esta tercera fase se está acompañando a la AIDEF en dos acciones muy estratégicas que intentan dar respuesta a dos desafíos muy presentes actualmente en la región: por un lado, los casos de violencia institucional que se producen en las prisiones de América Latina; y por otro, la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad y que requieren una atención especial para mejorar la defensa y vigencia de sus derechos.

En el primer caso se ha diseñado un Modelo regional de Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria-SIRCAIVI, que actualmente se está implementando en 3 países: Argentina, Chile y Costa Rica. En el segundo se está avanzando en el diseño de un modelo regional y la creación de una red regional de asistencia jurídica a personas en contexto de movilidad desde las Defensorías Públicas.

A través del trabajo con estas redes EUROsociAL ha contribuido con el fortalecimiento del Estado derecho, promoviendo la protección y defensa de los derechos humanos, relación indivisible e intrínseca, fundamental no sólo para la cohesión social, sino también para la democracia.

19. Resiliencia y reconstrucción

Y llegó la COVID19. Finalmente, el contexto actual no podíamos olvidar la pandemia de COVID19 que ha venido a trastocar y condicionar la vida de todos, pero que está afectando particularmente y de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, como han puesto de manifiesto diversos OOII como el ACNUDH, la CIDH o la CEPAL por citar algunos de ellos.

Los derechos humanos y la protección y garantía de los mismos son cruciales en época de crisis. En este contexto, EUROsociAL se ha puesto rápidamente a disposición de los países para reconducir sus acciones y dar respuesta a los efectos de esta pandemia global y para sentar bases sólidas para la recuperación y reconstrucción no dejando a nadie atrás, ni permitiendo la vulneración de ningún derecho.

Esto pasa por poner a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente a los más vulnerables, y preparar a los sistemas de justicia para superar las actuales dificultades garantizando el funcionamiento de una justicia independiente y justa. La aplicación de las Reglas de Brasilia como norma obligatoria puede ser un arma potente para luchar contra el coronavirus y desde EUROsociAL+ haremos todo lo posible porque así sea.

Contenido audiovisual relacionado: “Justicia para la cohesión social”.

Bárbara Gómez, técnica del proyecto EUROsociAL+ nos relata acerca de los peligros que corren las personas migrantes en las fronteras y cómo se ven acrecentadas las desigualdades mientras permanecen en esta situación, especialmente en el cruce entre México y Estados Unidos. Además, nos habla de cómo las políticas públicas son la clave para garantizar un marco legal que proteja los derechos humanos básicos de las personas migrantes.

Sin lugar a dudas, hemos abandonado la idea habitual de ver la frontera como una mera línea que se puede borrar fácilmente, para verla, siguiendo al filósofo Eugenio Trías, como un auténtico territorio en el que se hacen patentes no solo conflictos o choques culturales, sino también intercambios y trueques varios. Al fin y al cabo, una concepción diferente de la “experiencia del límite”.

La flexibilidad en la movilidad de personas a través de estas fronteras sumado a la complejidad de nuestra sociedad actual, y a los siempre presentes problemas de búsqueda de oportunidades debido a la pobreza y a la desigualdad social de muchos estados, unido a los conflictos regionales, ha propiciado el fenómeno de la migración que ha crecido hasta convertirse en una situación global. Esta realidad se ha hecho últimamente más patente por los últimos acontecimientos acaecidos en el contexto actual de la migración en tránsito por México cuando en octubre de 2018 inició la caravana en la que poco más de seis mil personas llegaron hasta Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos[1]. El foco en este acontecimiento se agudizó por el continuo reforzamiento de la frontera suroeste de los Estados Unidos donde el actual presidente insiste a pesar de la negativa y no aprobación del gasto por parte de los demócratas, en la construcción del muro fronterizo con México.

El fenómeno migratorio en México, en los últimos 12 años, inició un cambio profundo, en su volumen, sus patrones e impactos, es decir, se experimentó una fuerte transformación en la dinámica migratoria en esta región del país. Se ha observado que esta nueva dinámica ha traído consigo consecuencias de índole social, económico y cultural en las distintas ciudades fronterizas y en la región en general.

El Programa de la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, EUROsociAL+, está atento al fenómeno migratorio en la región latinoamericana, y en particular en la región centroamericana, y con un abordaje multidimensional, también está prestando atención a cómo se está gestionando la migración en las áreas de frontera, mejorando los sistemas de gobernanza transfronteriza. En este marco ha acompañado la elaboración de un estudio diagnóstico que pone el foco en todas las fases y etapas de dicho fenómeno en un contexto de crisis económica, social y política.

A tal efecto, había varias preguntas que responder: ¿qué sucederá con los migrantes indocumentados que lleguen a la frontera suroeste de Estados Unidos? ¿Qué tan probable es que decidan residir en la región fronteriza de México ante la imposibilidad de cruzar la frontera o pedir asilo? ¿El gobierno mexicano está preparado ante esta posible contingencia?

De vital importancia era analizar en qué situación de partida se encontraban los territorios de frontera que en la mayoría de los casos no sólo se veían obligados a acoger a los migrantes provenientes de Centroamérica y que no conseguían cruzar la frontera, sino que a la par, asumirían de nuevo todos aquellos y aquellas deportados/as afectados por las férreas políticas migratorias de Estados Unidos. El análisis partió de este planteamiento y de cómo todo ello tendría efectos en una nueva organización del territorio, de las políticas públicas puestas en marcha para la gobernanza multinivel, la cohesión territorial y, por ende, para la cohesión social como respuesta al sentido de pertenencia de la ciudadanía tan heterogénea que habita en la frontera.

El estudio, por tanto, plantea comprender las trayectorias vividas por los/as migrantes, así como sus vivencias durante su estancia temporal o forzada en las ciudades fronterizas de esta región. El análisis incluyó tanto a mexicanos/as que han sido deportados o retornaron desde los Estados Unidos, así como a hombres y mujeres procedentes de Centroamérica y del Caribe.

La frontera norte de México abarca al conjunto de municipios colindantes con la frontera estadounidense, bajo el supuesto de que ahí se observa el mayor dinamismo de las actividades de interés. Se trata de 38 municipios colindantes que pertenecen a seis entidades federativas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la actualidad se ha constituido en una región de estrecha relación con los Estados Unidos; existen intercambios permanentes de mercancías, servicios en ambos sentidos, así como un inmenso flujo de personas que cada día cruzan en ambas direcciones. Por mencionar algunos datos de interés. La región fronteriza de Baja California es la que tiene el mayor número de inmigrantes (168 mil); el 38,4% de la población es nacida en una región no fronteriza o en el extranjero. Este porcentaje aumenta a más del 50% en municipios como Tijuana y Tecate (Baja California). Baja California y Sonora han recibido la mayor parte de las y los migrantes deportados de EE. UU, en su conjunto registran 67% de los eventos. Los hombres componen la gran mayoría de los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, suponiendo un 91% frente al 9% de las mujeres. No obstante, la vivencia del suceso en términos cualitativos, no serán de la misma índole para hombres y para mujeres siendo estas las más vulnerables al llevar consigo en la mayoría de los casos, sus hijos e hijas a cargo. Pero además se observa que la gran mayoría de los eventos están asociados a migrantes con edades jóvenes, prácticamente la mitad tiene entre 20 y 29 años. Entre enero y octubre de 2018 hubo 9,348 eventos de menores (MENAS) entregados a las autoridades mexicanas por parte de sus pares estadounidenses, lo que representa 6% del monto total.

Trayectorias vividas por las personas migrantes

Asimismo, no sería del todo justo presentar este trabajo que desde EUROsociAL+ se auspicia, únicamente con datos estadísticos. Es lícito igualmente tener en cuenta la dimensión humana de todas estas vivencias de “transición” que debido a la desigualdad se potencian exponencialmente.

Desprovistos de derechos, e incluso desprovistos del derecho a tener derechos, los migrantes indocumentados son en nuestra época la expresión más clara de la privación consciente de derechos humanos básicos para la totalidad de un grupo humano. Al excluirlos de la legalidad, el Estado sitúa a los migrantes indocumentados por fuera de los límites de la ley, al mismo tiempo que les aplica leyes que los excluyen sistemáticamente. Esto es, la vulnerabilidad de este colectivo es originada en buena medida por la denegación del derecho de acceso a la justicia, y EUROsociAL+ trabaja para cambiar esta situación. El acceso a la justicia es un derecho clave, que actúa como una especie de pasarela para el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, empleo, etcétera. Pero también implica la defensa de personas extranjeras detenidas o privadas de libertad, la atención a víctimas de la violencia de género o asistencia jurídica a menores no acompañados.

Quizás esta situación ambigua de estar “fuera de la ley” es lo que ha propiciado determinadas situaciones de violencia que los propios migrantes sufren en su periplo transitorio. Sin un marco legal que les ampare, en tierra de nadie, su desprotección es mayor y por ello, sus derechos se diluyen. Uno de los ejemplos más expresivos de esta forma de violencia la sufren las mujeres.  La mujer se encuentra en una situación muy vulnerable al atravesar fronteras. Y EUROsociAL+ justamente está abordando los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres, cruzando dos fenómenos que en su persecución no siempre se cruzan: corrupción y trata. A esta ecuación se le añade una variable más, migración, pues la mayoría de las mujeres que son objeto de trata son también migrantes.

En la frontera, las personas migrantes están en un cruce de caminos entre el aquí y el allá, con sus pertenencias en un morral o en una bolsa de plástico, y sus sueños y esperanzas a flor de piel. En este espacio fronterizo, estas personas prefieren la información informal que llega de familiares y amigos, sobre cualquier otra fuente, para compensar por la vulnerabilidad extrema de su experiencia en la frontera. Consciente de esta situación, EUROsociAL+ también está trabajando para que este grupo vulnerable pueda ejercer su derecho de acceso a la información plenamente; mejorando la trasparencia pasiva con las instituciones que tienen la competencia para gestionar el fenómeno migratorio, pero también la activa, promoviendo que estas personas puedan ejercer su derecho a solicitar información básica que puede mejorar su vida en un país que no conocen.

La frontera es un punto de transición, de transitoriedad, un lugar temporal que acrecienta su vulnerabilidad, la dificultad. Compartir la vulnerabilidad les permite crear vínculos profundos durante su corta estadía en la frontera, mientras deciden si seguir adelante o establecer su nueva residencia en los territorios de paso. Cualquiera de las dos decisiones les arrojará a la dimensión más desfavorecida de la desigualdad. Los gobiernos no deben olvidarse de la frontera y utilizar todos los instrumentos que tienen a sus manos para que los efectos de sus políticas públicas también lleguen a los territorios inhóspitos muchas veces olvidados.

Bárbara Gómez, Técnica de Proyecto, área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en la FIIAPP

[1] El Colegio de la Frontera Norte México (COLEF), 2018.

El llamado “estallido social” iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos y destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 

En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacional. En ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19. A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta a que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura.  

Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en sí mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

 La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

 El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.

El acceso a la justicia es una seña de identidad del programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, constituyéndose como una de las dimensiones a través de las cuales se quiere luchar contra la exclusión y las desigualdades.

A pesar de los notables avances en la región latinoamericana en esta materia, aún existe una necesidad de mejorar y garantizar el acceso a la justicia de determinados grupos vulnerables para reforzar la cohesión social. En ese marco, Las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justica de personas en condición de vulnerabilidad aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana son un instrumento clave para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a la cohesión social en la región. Desde el inicio de EUROsociAL, en 2005, el programa ha acompañado a los países de la región y a las redes regionales, no solo en la definición inicial de las Reglas de Brasilia en 2008, sino también en la revisión y actualización de las mismas en 2018, y en su difusión e implantación a nivel nacional en los países de América Latina.

El caso de Lorenza Cayuhan, que se presenta en el video, es paradigmático en este sentido porque muestra una discriminación múltiple (interseccionalidad de la discriminación) por ser mujer, mapuche, en estado de gestación y privada de libertad, como así fue finalmente reconocido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile.

Área de Política de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+