EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Qué es la ética pública?

No cabe duda de que precisamos de la ética para poder vivir en sociedad. Mas aún, necesitamos la ética para poder convivir en sociedad y con justicia. La ética pública, precisamente, busca un acuerdo de mínimos generalizable al conjunto que permita la convivencia justa. Ello garantiza sociedades estables en el largo plazo.

La ética pública se refiere por tanto a aquella ética que busca establecer un patrón moral común a las sociedades, una moral de carácter universal y generalizable, pero al mismo tiempo respetuosa de las diversas concepciones privadas y razonables del bien.

La ética pública es distinta de la ética del servicio público, pues la primera es la ética de toda una sociedad, que no cae en fundamentalismos, y que permite a todos convivir desde el respeto de nuestras diferencias. Por su parte, la ética del servicio público es también la llamada ética administrativa, un tipo de ética profesional, que se refiere a los estándares de conducta sólidamente definidos y establecidos, que prescriben lo que los empleados públicos deben hacer, en términos de deberes de servicio público, principios, virtudes y beneficios para la sociedad.

¿Cómo se identifica la necesidad de una guía de dilemas éticos para la administración pública?

Desde 2020, la Autoridad Nacional del Servicio Civil de Perú (SERVIR) ha buscado desarrollar un modelo de mejora de la integridad en la Administración Pública peruana que, al tiempo, tenga impacto masivo y un enfoque práctico. Bajo este enfoque estratégico se identificó la necesidad de contar con un documento guía de autoaprendizaje que aportase instrumentos conceptuales, de reflexión y actuación frente a problemas éticos y riesgos a la integridad típicos del sector público peruano. Un documento sobre el que basar estrategias y acciones formativas de amplia cobertura. Esta guía, tanto su contenido, como los casos incluidos, se asocian a la realidad peruana, pero no la agota. Es aplicable a otras realidades vinculadas a los países de América Latina.

En la guía, se parte de la creencia en la voluntad que los empleados públicos desean hacer las cosas bien y éticamente. Esta cuestión es fundamental, aunque lamentablemente, pese a tales deseos, a menudo existen prácticas inadecuadas, costumbres y rituales administrativos que están insertos en el día a día de nuestras organizaciones y que no se analizan con la rigurosidad moral que se presume de un buen servicio público. Ello permite su perpetuación y con ello, el estancamiento ético del sector público. La guía por tanto ofrece también elementos para analizar y cuestionar moralmente este tipo de prácticas insertadas y fortalecer mediante su análisis y confrontación moral la ética e integridad del servicio público, desde una visión pragmática y asociada al desarrollo moral de nuestras instituciones.

¿Podríais poner algunos ejemplos representativos de un caso donde sería útil contar con esta guía?

La guía está pensada para ofrecer herramientas para fortalecer el comportamiento moral de los funcionarios públicos, con casos, y con pautas de actuación frente a situaciones moralmente desafiantes. Ejemplos hay muchos. Ante situaciones límite donde es necesario corregir el rumbo de las rutinas y prácticas administrativas alejadas de la integridad como hacer frente a procesos poco claros y no imparciales de contratación pública; políticas de gestión de personal y de personas que se alejan del factor humano y de la integridad; en casos en que la posición y autoridad sin control o supervisión efectivos puede derivar sobornos y otro tipo de prácticas de corrupción; o cuando se actúa con nepotismo o se pretende favorecer al familiar, al amigo o a terceros con afán de lucro, tomando decisiones administrativas clave alejadas de cualquier debido proceso, objetividad e imparcialidad.

La guía incluye una selección de 78 casos catalogados por áreas de política, tipo de actividad administrativa y tipo de afectación a la ética e integridad.

¿Cómo ha sido el trabajo de EUROsociAL+ con Perú para publicar esta guía?

Una posible aproximación a la lucha anticorrupción es la reglamentaria-sancionadora, basada en mayor reglamentación, observancia estricta y persecución firme pero recientes estudios han evidenciado que su eficacia para prevenir la corrupción es limitada

A partir de estas constataciones, ha surgido un enfoque estratégico, complementario al anterior, basado en la promoción de la integridad pública entendida como la adscripción y cumplimiento, de buena fe, de los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público.

Ante esta compleja problemática, SERVIR solicitó el apoyo del programa EUROsociAL+ para cumplir con su mandato de fortalecer el sistema de integridad pública peruana en el ámbito de la gestión de recursos humanos a través de la incorporación de valores, estándares o directrices en el marco normativo peruano para la implementación de una nueva cultura de integridad; así como del desarrollo de competencias en los/las servidore/as civiles, con énfasis en el personal directivo, para la gestión de una cultura de integridad en la función pública.

Como resultado de esta colaboración y a partir de diferentes diagnósticos, EUROsociAL+ ha asesorado para la la elaboración de la guía e informes finales de consultoría, herramienta que fue difundida, también, a través de seminarios y talleres virtuales.

Consulta la guía completa:

Guía práctica para tratar con problemas y dilemas éticos: fortaleciendo la integridad en la gestión pública peruana

Ana María Yupanqui no lo tuvo fácil. Perteneciente a la etnia Aymara, a la que ella misma considera “muy machista”, fue de las pocas mujeres rurales que lograron continuar con su educación. Consiguió acabar la secundaria y estudiar fuera de su municipio para graduarse de Contadora en Puno. “Yo quería hacer algo por mi comunidad, y aunque en principio ni siquiera mi familia me apoyó, confié en que podía lograrlo, aunque fuera mujer y joven”, explica la alcaldesa de Pomata, un municipio de alrededor de 20.000 habitantes.

Con 33 años, es una de las 19 mujeres que ha logrado ser alcaldesa en Perú, la primera en la historia de su municipio. Ella cree que ganó las elecciones porque la gente, cansada de los problemas de corrupción, optó por dar la oportunidad a una mujer para ejercer otro tipo de liderazgo. “Hay dirigentes que no aceptan ser gobernados por una mujer. Pero el pueblo nos ha dado esa confianza y no puedo defraudar siendo mujer, porque puedo ser un reflejo para otras en años posteriores”, enfatiza. 

“Tenemos muchos problemas, nuestra población vive netamente de la agricultura, ganadería y pesca, y la violencia de género impacta de forma muy importante en la vida de nuestras mujeres. La contaminación del lago también es un tema crucial”, explica la alcaldesa.  

Ana María Yupanqui proviene de una zona rural y conoce muy bien las necesidades de las mujeres rurales que, en esta crisis de la COVID-19 han sido de las más golpeadas. Tal y como ella señala, en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, son necesarias medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres. También se necesita servicios e infraestructuras básicas suficientes para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis. “Tenemos que empoderar a las mujeres rurales para que puedan ponerse en pie por sí mismas”, asegura Pomata. 

El programa de cooperación EUROsociAL, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, está trabajando para mejorar la gobernanza del Lago Titicaca y hacer frente a los principales desafíos medioambientes y sociales de su población, la mayoría comunidades originarias Aymaras y Quechuas que habitan a 4.200 metros de altitud, con poca presencia de los Estados y altos índices de pobreza y marginalidad.  

Concretamente, el área de Gobernanza Democrática del programa EUROsociAL+, gestionado por la FIIAPP, a través de su línea de Desarrollo Territorial, ha acompañado a la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT) para poner en marcha una estrategia para la coordinación entre distintos niveles de gobierno que incorpore también a otros actores no instituciones. La ALT también ha tomado lecciones aprendidas de la experiencia europea, para un mejor manejo del recurso hídrico y de proyectos de saneamiento que reduzcan la desigualdad, las vulnerabilidades y la exclusión social. 

La población menor de 24 años, aunque ha sido menos vulnerable al virus, se ha visto muy afectada por los efectos de la pandemia: el confinamiento, el cierre de las escuelas, de los centros para la infancia, de los centros de atención a los adolescentes y jóvenes. En el ámbito laboral, según la Organización Internacional de Trabajo, uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo debido a la crisis provocada por la COVID-19. Esto ha contribuido a exacerbar las desigualdades entre la juventud, dejando atrás a la población más vulnerable de este colectivo.   

Los niños, niñas y adolescentes son el presente y futuro de la sociedad. Por ello, es fundamental adaptar las políticas públicas a sus necesidades, especialmente aquellas destinadas a fomentar el empleo juvenil. Desde la FIIAPP, favorecemos el intercambio de experiencias y la cooperación para impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible que tengan en cuenta a los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? 

EUROsociAL+ apoya el intercambio de experiencias y asistencias técnicas para que los países puedan proporcionar las mismas oportunidades a toda su población joven en un contexto de crisis. Desde este programa europeo, liderado por la FIIAPP, se han dirigido numerosas actividades a los jóvenes: impulsar la prevención del embarazo adolescente en Panamá, facilitar el acceso de las y los jóvenes al mercado laboral, o promover la labor social de universitarios como palanca de inclusión social. Estos son solo algunos ejemplos de la dedicación de EUROsociAL+ con la construcción de políticas públicas dirigidas hacia un colectivo prioritario como el de la juventud latinoamericana. 

El proyecto SOCIEUX+ también trabaja para favorecer la empleabilidad de los jóvenes. En Perú, por ejemplo, más de 20.000 personas se han podido formar en diferentes áreas de conocimiento como informática, ventas, administración… El proyecto ha contribuido a estas capacitaciones colaborando en la actualización del modelo de capacitación en competencias para la empleabilidad junto al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estas capacitaciones les permitirán incorporarse al mercado laboral de un modo más efectivo.  

Otra de las actividades que desarrolla SOCIEUX+ en Perú es la promoción del empleo juvenil en el sector forestal. Esta iniciativa busca fomentar un empleo joven, verde, sostenible en el tiempo, de carácter formal, decente y de calidad. Además, promoviendo este tipo de empleos se busca mejorar las condiciones de la población joven para evitar la tendencia a salir fuera de la región por falta de oportunidades. Por último, se pretende acabar con la situación de pobreza derivada de una actividad exclusivamente centrada en la tala de los bosques, a menudo ilegal, y a su transporte fuera de la región. El proyecto también tiene previsto iniciar en Mauritania otra acción destinada a los jóvenes. En este caso, se trabajará para formar a los jóvenes empresarios y empresarias de Mauritania y apoyar el emprendimiento. 

De cara a los próximos años, desde la FIIAPP trabajaremos junto a la AECID y el British Council en un nuevo proyecto en Túnez con el objetivo fortalecer la inclusión social y económica de la juventud tunecina en situación de vulnerabilidad. La población joven del país tiene un peso muy importante. Los jóvenes menores de 35 años representan el 57% de la población. A pesar de ello y casi una década después de la revolución de 2011, una gran parte de la juventud tunecina sigue excluida de la agenda política y de las oportunidades económicas. 

A través del proyecto EU4Youth para Túnez, se trabajará para fortalecer a la gobernanza local con acciones más inclusivas, transparentes, eficientes y participativas; reforzar las capacidades de la sociedad civil tunecina implicada en la cultura y el deporte y aumentar la integración profesional y empleabilidad de la juventud del país, en situación de vulnerabilidad, y fomentar la creatividad empresarial en los campos de la cultura y el deporte. 

Si la juventud no cuenta con las condiciones adecuadas para crecer y desarrollarse, la sociedad tampoco avanzará. Por eso, en un contexto en el que los jóvenes son cada vez más vulnerables, es necesario reorientar las políticas públicas y adaptarlas a sus necesidades. Pensar en los jóvenes es mirar al futuro. 

Como experto FIIAPP, Joaquín Delgado ha trabajado para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad a través del programa EUROsociAL+.

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto  de FIIAPP/Eurosocial?

Sin duda, mi mayor logro es la colaboración con FIIAPP/EUROsociAL en la génesis e implementación de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, que comenzó en 2007 y continúa en la actualidad. 

Primeramente participé en el diseño y redacción de las  llamadas 100 Reglas de Brasilia, hasta su aprobación en el Plenario de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que tuvo lugar en Brasilia en 2008 por la Cumbre Judicial Iberoamericana, que agrupa a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura de 23 países iberoamericanos. 

Posteriormente colaboré con FIIAPP/EUROsociAL en un actuación inter-redes pionera en ese momento, promoviendo que las citadas Reglas contaran con el apoyo de las las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema de justicia:  la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA). 

Tras la actualización de las Reglas aprobada por la CJI en 2018, FIIAPP/EUROsociAL me encargó la elaboración de Guía Práctica de las Reglas de Brasilia, que salió a la luz en 2019. 

Actualmente colaboro en la elaboración y desarrollo una estrategia que permita la aprobación de un tratado o convenio internacional sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. A tal efecto, se ha creado un Equipo Técnico en el que participan COMJIB, SEGIB, CJI, el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia el Ministerio de Justicia de España y que cuenta con el apoyo técnico de FIIAPP/EUROsociAL. 

¿De qué te sientes más orgulloso?

Me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de contribuir, aportando mi trabajo y mi experiencia jurisdiccional, a la creación de un instrumento que ha resultado muy útil para mejorar la tutela judicial de las personas más vulnerables y, por tanto, a mejorar la efectividad de sus derechos. 

De poco sirve reconocer un derecho que no se cumple. No basta con que la legislación recoja derechos, sino que hace falta crear mecanismos que permitan su respeto y cumplimiento efectivo. Y aquí surge el papel clave de la justicia para la efectividad de los derechos tanto civiles y políticos tradicionales, como de los económicos, sociales y culturales. 

Y ello es especialmente relevante como consecuencia de la pandemia, porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, que son precisamente quienes cuentan con unos mayores obstáculos de acceso a la justicia:  problemas de deudas y de insolvencia; personas que pierden sus empleos y/o se ven compelidas hacia la economía sumergida o informal y/o tienen dificultades para atender a sus compromisos financieros o arrendaticios de la vivienda; víctimas de fraudes online, o de violencia de género; internos en prisiones y centros de detención; personas en asentamientos informales… 

 ¿Cómo ha contribuido tu misión a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Las 100 Reglas de Brasilia recogen una serie de medidas concretas y recomendaciones para vencer los obstáculos para la tutela judicial originados por razón de edad (menores de edad y personas adultas mayores), victimización, discapacidad, migración y desplazamiento por conflictos internos, pobreza, género, pertenencia a minorías o privación de libertad, entre otras causas. 

Sus destinatarios son los responsables de las políticas públicas judiciales, de tal manera que el contenido de las Reglas sea tenido en cuenta en su diseño e implementación, mejorando el marco legal e institucional de acceso a la justicia de los más desprotegidos de la sociedad. Pero también son destinatarios los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a los más vulnerables un trato mejor y adecuado a sus circunstancias singulares. 

Ahora hay que dar un paso más: los principios y contenido de las Reglas de Brasilia deben ser recogidos en un instrumento internacional vinculante (tratado o convenio internacional) que se configure como referente de la actuación de las entidades públicas en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, así como en la actuación de las distintas personas que desarrollan sus funciones en el sistema judicial.  

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

La persona es la razón de ser de lo público, de tal manera que sus necesidades han de ser las finalidades de los instituciones públicas.  En el ámbito de la justicia, debemos conseguir que el sistema judicial constituya la garantía efectiva de los derechos de todas las personas, independientemente de sus capacidades económicas, físico-sensoriales, género, pertenencia a minoría….. en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo Objetivo 16 se refiere a “la provisión de acceso a la justicia para todos”.  

¿Qué has aprendido con esta experiencia?

La lección más importante que he aprendido se refiere a la relevancia de establecer mecanismos que posibiliten la colaboración efectiva de las distintas personas y entidades protagonistas en una determinada actuación destinada a mejorar algún aspecto de la organización y funcionamiento del sistema judicial (principio de colaboración). Lo que resulta especialmente relevante en un escenario tan complejo como la justicia, en la que intervienen jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y otros profesionales del Derecho; pero en la que también participan y/o colaboran de una u otra forma policías, registros públicos, instituciones penitenciarias, peritos…….y especialmente las empresas y los ciudadanos, por sí mismo o través de entidades de la sociedad civil. 

Y estos mecanismos de colaboración han de facilitarse no solamente a nivel local y a nivel nacional, sino también a nivel internacional de tal manera que los sistemas judiciales de diferentes países puedan compartir experiencias y avanzar conjuntamente en el diseño de medidas y productos axiológicos que permitan mejorar el acceso a la justicia de todas las personas. 

En este contexto, quiero destacar el trabajo que durante los últimos años ha desarrollado FIIAPP/EUROsociAL, que ha sido capaz de proporcionar el apoyo necesario para que los distintos protagonistas de los sistemas judiciales de América Latina hayan colaborado de forma efectiva en la mejora del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad: foros de debate e intercambio de experiencias, protocolos…….y especialmente el apoyo a la elaboración y efectividad de las 100 Reglas de Brasilia. 

¿Por qué la lucha contra la evasión fiscal es una herramienta tan potente para lucha contra la desigualdad?

 Nos encontramos en un momento crítico no solo en la región latinoamericana sino a nivel global en el que hay necesidades fiscales latentes. Y los sistemas tributarios producen unos resultados, pero nunca se está recaudando todo su potencial, en ningún país. Por ello, es necesario ver qué tipo de acciones podemos llevar a cabo para maximizar la recaudación potencial. Porque la evasión produce perdidas para el Estado y produce inequidad tributaria, unos pagan más que otros, no es solo un tema caja sino un tema de equidad. Es un círculo virtuoso que es bueno conocer para que la administración pública pueda tomar las medidas. Elevar la recaudación fiscal requiere una lucha sin cuartel contra el fraude porque permite identificar medidas para prevenir y reducir los niveles de evasión y lograr mejorar la eficiencia del gasto público en la prestación de servicios públicos, como en educación y salud.

¿Qué trabajo has realizado en el marco de EUROsociAL+ para la Subsecretaría de Estado de Tributación de Paraguay (SET) y cuáles son sus principales conclusiones?

A través de una metodología elaborada por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) realizamos la medición del incumplimiento del impuesto de la renta empresarial para medir la trayectoria y el comportamiento de la tasa de evasión fiscal en el país. A través de este análisis logramos conocer qué porcentaje del impuesto potencial se deja de recaudar – que en el caso de Paraguay se encuentra dentro del rango de los países de la región – y conocer la tendencia de ese fenómeno. Además, a través del análisis de microdatos se pudieron identificar casos concretos de empresas con los que la SET pudo tomar acciones específicas para incrementar la recaudación.

¿Existe diferencias en el incumplimiento del pago de impuestos entre hombres y mujeres?

No, no existen. Sin embargo, este trabajo, en consonancia con la transversalidad de género del programa EUROsociAL+, adoptó una estrategia de abordaje singular para incluir la perspectiva de género en la evasión tributaria. Los resultados revelaron datos de gran interés para el diseño de políticas públicas específicas para fomentar la igualdad de género mediante el emprendimiento empresarial femenino. Observamos que la proporción de mujeres empresarias es mucho más pequeña que la de hombres empresarios, en una relación del 35% de mujeres frente al 65% de hombres, y esa proporción se hace mayor en algunos sectores de actividad como en el agro, en una relación de 1 a 9. En cambio, hay sectores relacionados con oficios más vinculados tradicionalmente a la mujer donde hay una mayor representación de empresarias, como en el comercio, textil y hostelería, donde representan más del 50%.

Además, al analizar el nivel de ingresos promedio, se determinó que las mujeres están concentradas en los niveles de ingreso inferiores. En conclusión, hay menos mujeres empresarias, tienen barreras de acceso a determinados sectores, y cuentan con ingresos más bajos. De cada 10 personas empresarias en Paraguay, 3 son mujeres frente a 7 hombres.

La COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y no afecta igual en todos los territorios. Casi el 60% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, muchas de ellas no planificadas, según los cálculos de ONU-Hábitat. Barrios con altos grados de hacinamiento, dispersos, mal conectados y sin apenas servicios e infraestructuras cuya población ha visto incrementada su vulnerabilidad a causa de la pandemia. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, el hacinamiento en viviendas y la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Además, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar ya que muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad, fundamentalmente las mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Lo que supone casi el 50% de la población femenina de la región.

“Desde que inició la pandemia la situación en el barrio fue un caos porque vivimos muy pegadas unas casas a otras y conviven hasta 15 personas en viviendas muy pequeñas. En mi casa, que tiene tres cuarticos, éramos tres y ahora somos ocho porque ha tenido que venirse a vivir con nosotros mi hija y mis nietos.  Dependo de una pensión que me da el gobierno por invalidez, pero es muy pequeña”, nos explica Alicia Bremes desde Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica. Los distritos de Pavas y Uruca agrupaban en agosto del 2020 más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país.

“¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos acceso a agua? ¿o cómo vamos a desinfectarnos con gel si el precio es tan elevado?” se lamenta Bremes, quien ha sufrido en su hogar las consecuencias de la pandemia. “Uno de mis hijos arregla celulares y ha estado sin trabajo muchos meses. Tengo otro hijo con discapacidad que iba todos los días a un taller del psiquiátrico y sufrió mucho porque ya no tenía a donde ir. Como es muy callejero cogió la COVID y sufrió fiebres y asfixia, pero se recuperó. Pero tengo muchos vecinos, de todas las edades, que fallecieron”, asegura.

Tal y como explica Alicia Bremes, la situación en los barrios es de extrema vulnerabilidad. “Muchas madres del barrio trabajaban en limpieza de hogares y les despidieron por la pandemia. La COVID también ha disminuido la venta ambulante de la que dependen muchas familias para poder comer diariamente”, afirma. Por ello, es imprescindible centrarse en las necesidades de los colectivos más vulnerables y tratar de amortiguar los efectos de la pandemia que rápido se ha convertido en una crisis socio económica además de sanitaria.

En este contexto, el Consejo de la Integración Social (CIS) solicitó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) que, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, gestionado por FIIAPP, IILA y Expertise France, y en alianza con agencias y programas de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT, elaborasen un “Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana”. El Plan es una hoja de ruta común regional y está compuesto por una serie de proyectos estratégicos articulados en torno a tres ejes de intervención: la protección social, el empleo y el desarrollo urbano sostenible.

El Plan, que ha sido respaldado por los Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, centra sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad socio espacial, cuya expresión territorial más evidente son los asentamientos informales, que se estima suponen el 29% de la población urbana centroamericana. A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la población residente en asentamientos informales en los últimos 15 años, mucha gente sigue viviendo en esta situación. A lo que hay que sumar los riesgos derivados por el cambio climático, que expone a un creciente número de habitantes a los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes o deslizamientos.

Urge ampliar la mirada y pensar en el barrio como el entorno que nos permita hacer efectivo el derecho a la ciudad, para lo que habremos de atender no solo a la provisión de viviendas, si no asegurar que éstas cuenten con las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios.

Persisten todavía muchos desafíos que afrontar para cambiar el rostro de la pobreza y la desigualdad por un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás. Por ello es urgente apalancar recursos financieros adicionales  para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas e igualitarias y ambientalmente más sostenibles.

Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca