EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Cuál es el trabajo del Ministerio de Justicia?; ¿Qué instituciones abarca?  

El trabajo del Ministerio de Justicia, en relación con la FIIAPP, es complejo y tiene facetas bastante claves y distintas. Por una parte, lógicamente, el Ministerio de Justicia es, fundamentalmente, un actor de la cooperación al desarrollo. Además de eso, el Ministerio de Justicia tiene encomendado un rol coordinador, es decir, se trabaja con el resto de actores que son también esenciales para cualquier proyecto de cooperación al desarrollo en materia de Justicia como puede ser el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la abogacía española, notarios o registradores. 

¿Por qué es importante que el Ministerio de Justicia se implique en proyectos de cooperación internacional? ¿Qué aporta? 

Los expertos del Ministerio de Justicia son demandados en situaciones muy diversas. Además, es una de las competencias del Ministerio de Justicia. Es decir, es una de las partes del trabajo del Ministerio de Justicia y es una cuestión que integra nuestra planificación, que integra nuestra actuación y desde luego que integra la estrategia del Ministerio de Justicia hacia el exterior.  

El Ministerio de Justicia trabaja en proyectos gestionados por la FIIAPP, ¿desde cuándo trabajan juntos y cómo es la relación entre la FIIAPP y el Ministerio? 

La relación entre la FIIAPP y el MINJUS yo diría que es excelente, es muy fluida como no podría ser de otra manera. Trabajamos de la mano del área de Justicia y Estado de Derecho y, como institución pública, diría que la relación viene desde el momento de la creación de la FIIAPP. Me consta que desde el primer momento en el que FIIAPP se involucró en los programas de hermanamiento Twinning, que gestiona la dirección general NEAR de la Comisión Europea, se han liderado programas de hermanamiento por parte del Ministerio de Justicia. 

Uno de los principales proyectos en el que la FIIAPP trabaja con el Ministerio de Justicia es EL PAcCTO, ¿en qué consiste este proyecto? 

El PAcCTO es un programa con un enfoque novedoso en lo que es la cooperación jurídica internacional o en lo que es la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado en América Latina pero, además, con una perspectiva euro-latinoamericana. No solamente se trata de mejorar el enfoque que pueda tener la administración pública o los poderes públicos en América Latina. Sino además de trabajar en la relación de trabajo, en la relación de cooperación que pueda existir entre las instituciones latinoamericanas y las europeas.  

Además del PAcCTO el Ministerio de Justicia trabaja con la FIIAPP en otros proyectos. ¿Destacaría algún hito de ellos? 

En este momento tenemos una gran relación con Turquía, donde ahora mismo estamos desarrollando tres proyectos, de formación sobre jueces y fiscales, sobre oficinas de ejecución civil y también, sobre métodos avanzados forenses de análisis que participa, fundamentalmente, el Instituto de toxicología y ciencias forenses que depende del Ministerio de Justicia. Además, lógicamente hay una serie de proyectos que son especialmente relevantes para nosotros por la importancia estratégica del tema que se trata, y porque también tiene un enfoque novedoso. Por ejemplo, el proyecto I-CRIME, que fundamentalmente trata sobre la lucha contra la delincuencia organizada en los países de Centroamérica. 

Al participar en proyectos de cooperación, el Ministerio de Justicia aporta sus conocimientos a las instituciones homólogas, pero ¿también se obtienen aprendizajes? 

Fundamentalmente el trabajo se desarrolla a través de la labor de expertos y expertas concretos que se desplazan a los países beneficiarios con la idea de realizar una transferencia de los conocimientos y de las experiencias que la administración española viene atesorando desde hace mucho tiempo que yo creo que son enormemente valorados en el exterior. El especialista vuelve, no solamente con un gran número de contactos personales en las administraciones extranjeras que luego al final son siempre enormemente beneficiosos porque nos permiten en ocasiones agilizar procedimientos o tomar ideas, realizar consultas… Además, su trabajo le ha obligado a realizar un análisis de su situación, de la situación de otros estados, un análisis comparado de recabar opiniones de todo tipo de especialistas, desde una perspectiva multidisciplinar. Todo eso, lógicamente, tiene un impacto muy favorable cuando vuelve a su administración de origen.  

¿Cuáles son los principales desafíos de la justicia en un mundo globalizado? 

La lucha contra el terrorismo, el estrangulamiento financiero del crimen organizado, la lucha contra la corrupción… Sin embargo, yo diría que todas estas cuestiones tienen una serie de raíces comunes, no en cuanto lo que hace al nacimiento de la problemática sino en la manera de afrontarlas: la buena gobernanza. La formación y la aplicación de medidas de transparencia en la adopción de políticas públicas, ese tipo de transferencia de conocimiento, es la que el día de mañana favorece y facilita la cooperación internacional, necesaria para afrontar todos esos desafíos. Por eso yo creo que la gobernanza democrática es posiblemente nuestro principal desafío. 

Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en sí mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

 La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

 El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.

Representando un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018, según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando. 

Estas cifras han aumentado exponencialmente en los últimos años, con un crecimiento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio insuficiente y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal. Además, la focalización de recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictuales, han facilitado el surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros, y sus delitos conexos como la corrupción, el lavado de activos, el sicariato y la explotación laboral y sexual. 

Si tenemos en cuenta que América Latina representa más del 40% de la biodiversidad mundial y que la complejidad geográfica y política de la región hace difícil el control efectivo de territorio por parte de los Estados, la lucha contra los delitos ambientales en su conjunto es una tarea titánica. 

Por eso es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, el desarrollo estratégico debe obligatoriamente pasar por la creación de un marco regulatorio internacional, ya sea mediante protocolos adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente. 

Por otro lado, a nivel operacional y siguiendo las conclusiones y los compromisos de los Jefes de Estado y los ministros del Interior de las 7 mayores potencias económicas del mundo, reunidos en el G7 los días 4 y 5 de abril de 2019 en Francia, es necesario crear mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial, tanto nacionales como regionales, así como el desarrollo de Task Forces multidisciplinares especializadas en la materia y Equipos Conjuntos de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés). En este aspecto, la Unión Europea tiene una ventaja comparativa importante respecto a otras regiones ya que ha fomentado el desarrollo de instituciones cuyos principales propósitos son la coordinación, el intercambio de información y el trabajo interinstitucional e interpaís. Ejemplos de ello son Europol y Eurojust. 

Pactos de Estado contra los delitos ambientales 

Sin embargo, bajo mi punto de vista, la acción más eficiente, pero quizás más compleja, es la búsqueda de alianzas y pactos de Estado estratégicos para el desarrollo de políticas públicas integrales tanto de prevención como de tratamiento penal de los delitos ambientales, incluyendo aspectos importantes de lucha contra la pobreza, la perspectiva de género, el fomento del emprendimiento, la cultura y la educación. 

Los pactos de Estado, junto a sus políticas públicas, deben tener un consenso mayoritario de la población y deben estar regidos por cinco principios básicos: voluntad de financiación y presupuesto concreto; control y fiscalización; transparencia; buena ejecución; y, responsabilidad ante la ciudadanía. 

En este sentido, América Latina tiene la oportunidad, la experiencia y el deber de asumir el liderazgo internacional en el desarrollo de políticas públicas integrales que puedan luchar más eficazmente contra los delitos ambientales, fomentando la transición a una economía verde y responsable, así como con un crecimiento económico sostenible que pueda generar negocios y que permita impulsar el desarrollo de aquellas comunidades dependientes directamente de ciertos ecosistemas particulares para subsistir. 

Este es el caso de una parte importante de los aproximadamente 60 millones de personas que se consideran indígenas en la región latinoamericana. Una gran parte de ellos se encuentran localizados en la cuenca del Amazonas, la cual ha perdido el 20% de su biodiversidad en los últimos 50 años según el World Wide Fund for Nature (WWF, 2018), por motivos vinculados a sobreexplotación y crimen organizado. 

Por su forma de vida y por su número, estas comunidades son clave no sólo para cambiar el desarrollo económico y humano de muchos países, sino también para desarrollar nuevas aproximaciones en el desarrollo económico sostenible, la lucha contra los delitos ambientales y el cambio climático, teniendo en cuenta la colaboración entre la sociedad civil, las empresas privadas con responsabilidad social corporativa y el Estado. 

Desarrollo económico vs protección de los recursos naturales 

Llegados a este punto, es necesario poner de relieve la dicotomía entre, por un lado, el desarrollo económico desmesurado y a toda costa; y, por otro, la protección de los recursos naturales. De hecho, es importante destacar que, en parte, el aumento de la extracción ilícita de materias primas y la deforestación para la creación de grandes zonas de pasto de animales y plantaciones, ha sido provocados por un incremento del consumo humano desenfrenado. 

Hay que admitir que si existen grupos criminales organizados detrás de estos delitos es porque hay una demanda concreta al respecto. Voluntaria o involuntariamente. Con conocimiento o sin conocimiento de la existencia de violencia y delitos conexos por parte del demandante. 

Es evidente que todos los países y sociedades del mundo tienen el derecho, pero no la obligación, de desarrollarse económicamente, así como cultural e intelectualmente. Sin embargo, con el más que evidente cambio climático, tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico indefinido y salvaje, el cual fomenta el surgimiento de una multitud de delitos que acaban contribuyendo al cambio climático y al aumento de la violencia en los países. 

En consecuencia, es necesario balancear el consumo humano desenfrenado con la protección del medioambiente. 

EL PAcCTO es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica.

 Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO 

La prevención: una prioridad

Prevención. Es en lo que nos debemos enfocar los países de América Central pues, matemáticamente, tres de los seis países de Centroamérica comenzamos con el problema de las pandillas hace muchos años y tres lo enfrentan de forma incipiente, pudiendo estos lograr resultados muy diferentes, si trabajan con prevención social y delictual.

Si nos centramos en la participación activa de las pandilleras, esta ha sufrido grandes cambios: de ser ellas víctimas de coacciones a ingresar en estos grupos delincuenciales. En algunos países de la región han llegado a tomar papeles como el manejo, en muchas ocasiones, de la logística y las finanzas.

No debemos olvidar la diferenciación entre Guatemala, El Salvador y Honduras, con pandillas muy fortalecidas como la Mara SalvaTrucha y la del Barrio 18, y pandillas relacionadas con mafias, algunas incipientes y otras con fines específicos como es el caso de México, Costa Rica y Panamá.

Guatemala, El Salvador y Honduras son los países con mayor participación de mujeres en pandillas y los resultados presentados en diversos estudios sobre este tema indican que Guatemala es el país centroamericano con mayor índice en desigualdad de género, calificándola como “alta”, El Salvador y Honduras como “media”, y Costa Rica y Panamá como “baja”. Esto supone, menos oportunidad laboral, menos paridad, mayor problema social de género. Esta desigualdad de género en nuestros países coincide con lo presentado en el Taller sobre Mujeres Pandilleras celebrado esta primavera en San Salvador y organizado por EL PAcCTO, proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões.

Hay que diferenciar la participación de las mujeres en las pandillas como autoras, cómplices o encubridoras de crímenes estableciendo penas diferenciadas para cada uno de los casos. Resaltar también que, en asuntos de narcotráfico, extorsiones y lavado de dinero, la mujer pandillera realiza actividades necesarias para la comisión de uno o más delitos.

Además, los delitos de narcotráfico han traído como consecuencia, en muchos de nuestros países, la extorsión y asesinatos (sicariatos), donde sí tienen gran participación las mujeres-pandilleras. En Guatemala ya se han dado tres casos de pandilleras que han logrado explotar granadas en autobuses del servicio público. Podemos afirmar entonces que la participación de las mujeres pandilleras en las organizaciones criminales es un hecho.

Por parte de policía, fiscalía y jueces, no se evidencia mayor diferenciación entre mujer y mujer pandillera, con excepción de El Salvador y Costa Rica, con novedosos protocolos internos de trato a mujer-sindicada de un delito.

Las mujeres pandilleras en los centros penitenciarios

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes” (Reglas de Bangkok) recomienda reducir el período de prisión de las mujeres a través de medidas correccionales sin custodia, tomando en cuenta la maternidad, el alejamiento de las madres de los menores hijos o incluso las madres que están recluidas con sus hijos en centros carcelarios. Nuevamente es Costa Rica quien ha logrado disminuir el número de mujeres recluidas, tomando en cuenta estos criterios y utilizando medidas alternativas a la prisión en todos los casos de mujeres-privadas de libertad. A lo más que llegan los demás países del Istmo es a diferenciar las cárceles en que van a ser recluidas las mujeres que pertenecen a diferentes pandillas en caso de haber conflicto entre los grupos pandilleros. No olvidemos el tema de reinserción social que no existe positivamente en la mayoría de países, para las mujeres y hombres en general, pues mayor es la dificultad de reinsertar a la sociedad a las mujeres-pandilleras, más si le sumamos el “agravante” del caso de la mujer pandillera que se vuelve testigo protegida o colaboradora eficaz, delatando a su “familia”, su “pandilla”.

Hay que resaltar el escaso presupuesto para invertir en este tipo de problemas, ausencia total o parcial de voluntad política para la creación de normativas positivas, indicadores o estadísticas compartidas con todo el sector de la justicia. Se requieren, además, medios de investigación especializados y sobre todo una voluntad de cambio.

Sabemos que necesitamos oficinas de inteligencia, protocolos interinstitucionales, administradores de justicia comprometidos y con las herramientas suficientes para actuar efectivamente, cooperación interinstitucional e internacional, registros de datos e indicadores específicos para los problemas que se quiere resolver, porque todo esto debe ser medible.

Y concluyo entonces con las 5Ws: ¿qué debemos hacer? Trabajar este problema antes de que se extienda a los demás países con la intensidad que ya existe en algunas regiones. ¿Cómo? Trabajando juntos con políticas de gobierno definidas, con inteligencia, registros y mediciones. ¿Por qué? Por un mejor futuro para nuestros países. ¿Quién? Todos los habitantes que amen a su país. ¿Dónde? En todo el mundo y ¿cuándo? Pues ya.

Hoy por hoy, la cooperación judicial internacional es una necesidad para todos los países. En concreto, si hablamos del sistema europeo, hemos pasado de una cooperación entre Estados a una cooperación entre jueces de los Estados, sin necesidad de pasar por un sistema de control centralizado de las autoridades administrativas. En ese sentido, por tanto, en Europa tenemos una experiencia muy desarrollada basada en un principio de integración.

Con el objetivo de desarrollar esta integración, desde EL PAcCTO -proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal– trabajamos para que se refuerce una cooperación judicial efectiva con América Latina. La región está llena de profesionales y, además, de profesionales de verdad, que trabajan en sus respectivos países y que son muy competentes. Sin embargo, las estructuras que tienen para trabajar en cooperación judicial internacional siguen siendo muy dependientes de la cooperación entre los Estados. Y nosotros, EL PAcCTO, podemos llegar hasta donde determine la voluntad de los Estados, puesto que se trata de un proyecto a demanda.

En cualquier caso, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por facilitar los sistemas de cooperación, incrementando los actos de cooperación que puedan tener entre ellos; es decir, no se trata en absoluto de que ellos puedan prestar ayuda a jueces extranjeros o a fiscales extranjeros, sino de que tengan las mejores condiciones para solicitar ayuda hacia el exterior: abrir sus fronteras al mundo para poder recibir información e investigar los delitos que están sufriendo.

Estamos trabajando a través de varias líneas: por ejemplo, estamos facilitando una actualización de las leyes de cooperación internacional para que dispongan de las técnicas nuevas que inevitablemente van llegando. Lo cierto es que la delincuencia avanza tan rápido, el dinero se mueve tan rápido, los autores de los delitos cruzan tan velozmente las fronteras, que cualquier intento de seguir con un esquema basado en la cooperación entre los Estados, propio de mediados del siglo XX, conduce a pocos resultados.

La delincuencia organizada requiere estar muy al día y, para conseguirlo, coger el ritmo es muy importante. Por ello, estamos trabajando en la creación de equipos conjuntos de investigación y otras técnicas novedosas de cooperación entre los Estados; también en lo relativo al cibercrimen porque las formas de cooperación en esta materia, como los contactos instantáneos entre las autoridades policiales y fiscales de los Estados requieren, efectivamente, una puesta al día.

Asimismo, estamos estableciendo una línea de trabajo que está siendo aprovechada por distintas naciones para facilitar sistemas técnicos informáticos. De esta manera, los usuarios del sistema, y me refiero al fiscal o al policía que esté en la última esquina de la frontera de los Estados, podrá disponer de los mecanismos para, no solo tener la información, sino también la facilidad de preparar actos de cooperación con otro Estado. Todo esto de una manera sencilla, facilitando el trabajo de todos y, en definitiva, propiciando que exista una mayor cooperación internacional entre ellos.

En definitiva, EL PAcCTO no está basado en cursos de capacitación, ni en actualizaciones de conocimientos, sino que buscamos tener un efecto lo más práctico, lo más directo posible y, por lo tanto, aprender haciendo pero también y, sobre todo, mejorando las estructuras, los sistemas y las técnicas.

Cambiar las contraseñas, configurar los ajustes de privacidad o contratar un antivirus son los pasos previos por excelencia antes de navegar por Internet. Consejos cada vez más básicos para evitar los riesgos o peligros a los que nos exponemos en la red de redes, y que necesitan de una información actualizada constantemente. 

Por ello, la Unión Europea organiza cada año varias actividades, dentro del Mes Europeo de la Ciberseguridad (ECSM), dedicadas a compartir buenas prácticas y promover la ciberseguridad entre los ciudadanos y organizaciones. En la sexta edición de esta campaña de sensibilización participa la Agencia de Ciberseguridad europea (ENISA), la Comisión Europea y unos 200 socios en toda la región. 

«La ciberseguridad es una responsabilidad compartida — Deténgase. Piense. Conéctese» es el lema para 2018, que refleja un paso previo a la acción en el mundo digital, donde todo es accesible e instantáneo. Pensar. Pensar qué compartimos, qué escribimos o dónde clicamos.  

¿Estamos concienciados? 

El director de operaciones de la ENISA, Steve Purser, decía para La Vanguardia que hay que “desarrollar un sentido común electrónico”. Es decir, “debemos comportarnos de una manera similar en el mundo electrónico y en el real”, no dar respuesta o proporcionar datos sin pensar para qué van a ser utilizados. 

Una actitud que va calando en los ciudadanos y que nos hace desconfiar de correos no deseados o páginas web que saltan literalmente a nuestra pantalla. A pesar de ello, muchos usuarios caen frente a las estafas o sustracciones de toda la vida que ahora también tienen su versión online.  

Peligros de los que nos habla Antonio Roma, coordinador de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO, que asegura que el problema es que “los delincuentes siempre van un poco por delante y encuentran otras maneras de llegarnos”. Más graves serían los delitos informáticos propiamente dichos, como los virus que entran en nuestros equipos a través de archivos, o los ataques masivos que “afectan a la seguridad general e incluso nacional”, comenta Roma.  

Ataques que muchas veces escapan de nuestro control, pero ante los que también hay que estar prevenidos. Por ello, el coordinador de justicia del programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) y el Instituto Camoes de Portugal, destaca que campañas como las de la UE son necesarias porque son “medidas que conviene recordar, actualizar los conocimientos, las formas de amenaza y sensibilizar al público”.  

Con este objetivo, alrededor de 400 actividades se organizan en varios países de Europa: conferencias, talleres dirigidos a usuarios, seminarios web, campañas, etc. Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia son algunas de las ciudades escogidas para alertar sobre “un fenómeno que está en crecimiento”, según Roma. A nivel de concienciación, asegura que “es necesario no perder la perspectiva de que hace falta tener seguridad”.  

Nuestra intimidad, a un clic 

Según el informe de la ENISA, publicado a principios de este año, la principal amenaza para los usuarios es el malware o “software malicioso”, dentro del que se encuentran los virus que nos llegan a través de Internet y del correo electrónico sin nuestro conocimiento. 

Un peligro al que siguen en el ranking los ataques informáticos y el phishing o “suplantación de identidad”, una estafa para conseguir los datos privados de los usuarios, especialmente de acceso a sus cuentas bancarias. 

Estos datos quedan frecuentemente registrados en nuestros equipos. Y es que el aumento de nuestra actividad en la red, ya sea abriendo cuentas en diferentes páginas o publicando nuestra vida a través de las redes sociales, hace que nuestra intimidad quede cada vez más expuesta a estas amenazas.  

Un riesgo potenciado con el uso de los teléfonos móviles, como precio de una mayor accesibilidad. Antonio Roma destaca en esta parte el contacto cada vez más temprano de los menores con diferentes dispositivos.  

“Antes el consejo era tener el ordenador en el salón de casa” comenta. Un consejo anticuado para salvaguardar su intimidad ante los actuales casos de bullying y, en el peor de los casos, pornografía infantil. Frente a esta situación, “conviene siempre alertar al menor de cuál es su defensa y de que su intimidad es un gran valor”, recomienda Roma. 

¿Qué aporta la cooperación? 

Internet es una red mundial y aunque los delitos pueden cometerse desde el ordenador vecino, también pueden estafarnos desde servidores ubicados en otros países. Aquí es donde entra en juego la cooperación, muchas veces infructuosa según Roma, cuando el dinero de una sustracción acaba en “países lejanos que no colaboran eficazmente”. 

A pesar de las llamadas “jurisdicciones opacas”, asegura que “la cooperación judicial ha evolucionado” y que, por ejemplo, existen nuevos sistemas para congelar direcciones IP. El factor tiempo es la principal dificultad: “llegar tarde” cuando la policía no ayuda o no está capacitada. Esta especialización, junto a la tecnología, son según Roma las tareas pendientes en este terreno. 

El cibercrimen y la ciberseguridad son temas que preocupan a EL PAcCTO y en los que se trabaja transversalmente desde todas las áreas del programa: policial, judicial y penitenciaria. El programa financiado por la Unión Europea asiste a los países latinoamericanos contra el crimen organizado, que actúa también a través de la red. 

El objetivo es tratar el tema a nivel regional, además de las preocupaciones de países concretos, “poniendo en marcha operaciones para ver cuáles son los problemas, dónde están los nudos, para que la cooperación pueda fluir de una manera eficaz”.