EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar” (Frida Kahlo).

Esta frase me define. Tengo 42 años, una discapacidad congénita de nacimiento y un espíritu indomable. Vivir con discapacidad, es un reto, mi abuela suele decir “que soy única, pues Dios solo da grandes batallas a sus mejores guerreros” y, así, asumí cada instante de mi existencia.

Mi infancia la atesoro con mucho cariño, crecí en una familia grande, tías, primos, mis abuelos maternos y claro, mis padres, mi hermana y hermano. No sería la mujer que hoy escribe estas palabras, si ellos no me hubieran apoyado, son mi mejor amor. La fuerza y dedicación de mi madre es un regalo divino; el cuidado y complicidad de mi padre. Mis hermanos acompañando mi vida y enseñándome el valor de la fraternidad y mi abuela, roca imbatible que me empoderó desde niña y me dio el valor para pelear muchas batallas. Mi abuelo, se fue hace poco, pero su dulzura e historias sin fin acompañarán mi vida por siempre. Ahora tengo un sobrino de 4 años que es mi sol particular y con él aprendí que, si los niños son educados respetando a todos y todas, asumen la discapacidad como una condición inherente del ser humano. El no me mira distinta, sino divertida, porque puede hacer carreras con su “Tía Pilu” y ser feliz. Este niño empuja mi silla y me luce orgulloso, entonces este niño, mi Martín es mi persona favorita en todo este planeta.

Estudié en una escuela particular, pues hace 40 años hablar de discapacidad no era fácil y era un sinónimo de discriminación y dolor, así que mis padres decidieron que sería mejor la educación privada para que me desarrollara en un ambiente inclusivo y amigable; su cometido fue exitoso.

Para mí la escuela fue un espacio de crecimiento donde desarrollé mi amor por los libros, las palabras y la historia de mi país, el colegio lo hice en esta misma institución y tuve la suerte de que el tataranieto de José María Sáenz (patriota ecuatoriano) fuera mi profesor y ahí empezó mi largo enamoramiento por la gesta libertaria de América Latina y definió mi deseo de ser comunicadora, quería contar historias… quería empezar por la mía, para decir a los demás, que no hay barreras y que una discapacidad nunca es un impedimento para soñar.

Mi proceso adaptativo fue muy fácil, mi carácter es extrovertido, así que nunca tuve problemas en hacer amigos, la universidad fue otro gran reto, venía de un colegio femenino, así que tenía resistencia a continuar mis estudios en un espacio mixto, pero lo logré, fui la mejor egresada de mi promoción y me especialicé en periodismo escrito.

Cuando me entregaron el título, descubrí que todo el proceso educativo había sido nada comparado a la búsqueda de trabajo, porque aún cuando tenía un título universitario y un diplomado, mis habilidades eran invisibles y lo único que los demás reconocían en mí, era mi discapacidad. Así que me ofrecía puestos de portería, limpieza y demás, por supuesto que no resto valor a estos oficios, pero yo era una profesional y quería trabajar en lo que me gustaba.

Ángeles son los que nunca me faltaron y hubo una mujer, madre de un joven con discapacidad que siempre creyó en mis capacidades. Me dio mi primer trabajo como comunicadora y desde ahí logré desarrollar mi carrera profesional.

En 2007 tenía mi cirugía número 19, era de rutina, una más, ya estaba acostumbrada, pero no fue lo que esperaba, no pude volver a caminar y fue la primera vez en mi vida que me conciencié sobre mi discapacidad y enfrenté una caída emocional, sentía que esa silla se robó mi esencia y autonomía, además perdí mi trabajo por esta razón. Mi gente, familia y amigos que conservó hasta hoy, me impulsaron y ayudaron nuevamente, hoy no soy completamente autónoma, pero volví a sonreír y eso es una ganancia.

Hoy miro el mundo desde mi silla de ruedas, y sé que puedo conquistarlo, es la batalla por la inclusión, que para mí es equidad, no solo en tema de discapacidades, sino en general, todavía la barrera actitudinal es determinante. Desde mi perspectiva diría, que para mí ser incluida es caminar (rodar) por la calle con libertad, sin dar explicaciones de porque utilizo una ayuda técnica. Aquí debo señalar que con mi novio experimenté este proceso, aprendió a vivir y entender la discapacidad conmigo, porque me ama. Asumió el reto de vencer estereotipos y miedos.

En este sentido, respetar la diversidad nos permite construir un mundo inclusivo y solidario, como el proyecto Bridging the Gap (BtG), que implica un trabajo sostenido y responsable en escuelas de Ecuador para garantizar la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Su contribución garantiza el acceso a la educación, algo muy importante para el desarrollo pleno de una persona. Conozco a una mujer con discapacidad que dejó sus estudios, porque su escuela no era accesible y ahora a los 57 años ingresó de bachiller, esta pequeña historia muestra la importancia del proyecto BtG, que facilita que estudiantes con discapacidad terminen sus estudios y sigan soñando con superarse.

Para concluir diría que el 3 de Diciembre, no es una celebración, es un día para concienciar sobre la discapacidad, lograr sensibilizar a los demás sobre la importancia de la aceptación a quien es distinto y así iniciar un proceso social efectivo y asertivo que se resuma en una solo nombre, inclusión.

Solo así veo un futuro distinto, en donde no me pegunten porque uso silla de ruedas, en el cual las vallas publicitarias no estén en las veredas impidiendo que mis compañeros ciegos circulen, así los canales de televisión usarán intérprete de señas para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad  auditiva, y solo de esa manera, mi hermano, Esteban un joven con discapacidad intelectual, no será tratado como un niño, sino que se considerará sus capacidades y conocimientos.

Así veo el futuro de las personas con discapacidad en el mundo, nos veo libres, incluidas, retándonos a nosotros mismas y sonriendo porque ya no hay alguien que nos mire “raro” o que sienta “lástima” por nosotros. 

Pamela Salazar Pérez. Periodista.

«Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.» Así es como define la Organización Mundial de la Salud (OMS) discapacidad.  Concepto publicado en 1980 en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM).

Asimismo, la OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que se corresponde con el 15% de la población mundial. Cada vez son más las personas que pertenecen a este grupo, lo que está estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Asimismo, destaca que “los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales», unos datos que muestran la necesidad de desarrollar una legislación que les proteja. A ello hay que añadir que estas personas se enfrentan también a una serie de obstáculos como son el transporte o el acceso a la información.

Acceso a la salud, la educación y el empleo

La salud se considera un derecho fundamental para la sociedad. Sin embargo, para las personas que poseen algún tipo de discapacidad es de extrema importancia, ya que su enfermedad puede mejorar o empeorar según la atención sanitaria que se les proporcione, como por ejemplo la rehabilitación.

Aunque parece algo paradójico, a pesar de que las personas con discapacidad necesitan una mayor atención sanitaria de manera periódica, son las que menos se benefician de este derecho, ya que el 50%  no tienen acceso a la sanidad. Según la OMS, muchas personas con discapacidad no tienen los recursos suficientes para costearse sus tratamientos, a pesar de que el 80% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad viven en países desarrollados.

Pero no todo se reduce al ámbito sanitario sino que también afecta a la educación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay en España alrededor de 560.000 alumnos entre 16 y 17 años con discapacidad. De ellos, un 16,5% son integrados en centros de educación especial y el 83,5% restante cursa educación ordinaria. El número de alumnos con discapacidad es alto pero más es el porcentaje de abandono escolar de los mismos, un 43%.

A nivel mundial, los niños con discapacidad tienen mayores probabilidades de no ser escolarizados, especialmente si se encuentran en situación de pobreza. Además, encontramos desigualdad en el acceso a la educación entre niños y niñas. Por ello «se deben mejorar los mecanismos para integrar a las niñas con discapacidad en el sistema de educación, e integrar el género en la Agenda 2030«. Apunta Ola Abu, directora de Investigación e Influencia Global en la organización Leonard Cheshire.

De los 3,84 millones de personas con discapacidad que hay en España, 481.000 están trabajando. En relación al empleo, las personas con discapacidad han tenido una baja participación en el mercado laboral durante 2017, ya que según datos del INE, su tasa de actividad ha sido del 35%. Asimismo, las mujeres con discapacidad han tenido menos presencia en el mercado laboral que los hombres, un dato que muestra el largo recorrido que queda por hacer en inclusión e igualdad.

El panorama mundial no es muy diferente ya que la tasa de empleo de hombres y mujeres con discapacidad es mucho más baja que de aquellos que no tienen ninguna.

Las personas con discapacidad en la Agenda 2030

Comprometida con “no dejar a nadie atrás”, la ONU refleja en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible la importancia que tiene la inclusión y la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad. El décimo objetivo de los 17 con los que cuenta la Agenda, es el que trata la inclusión de las personas con discapacidad.

Como hemos señalado anteriormente, las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de acceder a los servicios de salud. En este contexto, la ONU destaca que estas personas tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud que son calificados como “catastróficos”.

Bridging The Gap

Es muy importante que la cooperación internacional se convierta en una herramienta fundamental para que los gobiernos den visibilidad a las personas con discapacidad incluyéndolos en sus agendas políticas. Además de estos, tanto la sociedad como las instituciones deben unirse para trasladar las necesidades que tienen estas personas para darles voz y mejorar su situación actual de la mejor manera posible.

En relación con ello, Ecuador, Paraguay, Burkina Faso y Etiopía se han beneficiado del proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, Bridging The Gap. Este proyecto tiene como objetivo reducir la exclusión social de las personas con discapacidad en los países de renta media y baja de África y América Latina.

La situación de los países en los que trabaja Bridging The Gap es complicada. Según Boukary Savadogo, secretario permanente del Comité Nacional Multisectorial para la Protección y Promoción de las personas con discapacidad en África, “en Burkina Faso las personas con discapacidad no son bien acogidas”. Para mejorar la situación de las personas con discapacidad del país africano, “Burkina Faso está en línea con los ODS y la Agenda 2030”.

Es importante que reflexionemos e intentemos entre todos mejorar los mecanismos para que las personas con discapacidad puedan tener una vida digna, plena y en la que puedan acceder a todos y cada uno de los derechos fundamentales.

Las personas con discapacidad suponen en torno al 6% del total de ciudadanos de Sudán. A pesar de que existen políticas y leyes específicas destinadas a este grupo, estas personas siguen siendo discriminadas dentro de sus comunidades, en relación con el acceso a los servicios o sus derechos.

El principal reto al que se enfrentan es la escasa sensibilización respecto a esos derechos específicos. Por ello, en la actualidad, las asociaciones de la sociedad civil trabajan activamente para que las personas con discapacidad en Sudán sean conscientes de sus derechos, de cómo obtenerlos, al mismo tiempo que impulsan políticas y leyes para promoverlos.

El derecho a una mejor educación o el acceso al empleo son, por ejemplo, dos de los principales retos a los que se enfrentan. Las universidades y escuelas de Sudán no están bien equipadas para las personas con discapacidad. En el caso del mercado laboral, sí que hay puestos que pueden solicitar, pero existen problemas de accesibilidad al entorno de trabajo.

En Sudán, además de las asociaciones dedicadas a cada tipo de discapacidad, existe la Organización de Mujeres con Discapacidad, que incluye a todas las mujeres independientemente del tipo de discapacidad que tengan. Esta organización funciona como una red que favorece el intercambio de experiencias entre las mujeres con discapacidad, lo que les permite entender las necesidades de sus compañeras: trabajan juntas para ayudarse y apoyarse mutuamente. Y es que el principal objetivo de la organización es la inclusión social de las mujeres con discapacidad en las comunidades.

Una de las historias exitosas fruto de este trabajo fue el caso de una chica con discapacidad visual que dejó de ir a la escuela, estuvo en casa 14 años y ahora la organización la ha apoyado para completar su educación escolar. La enviaron a una institución especializada para personas ciegas, pagaron las cuotas para ella y ha aprobado el examen para acceder a la universidad.

Otra mujer solicitó nuestra ayuda para acceder a la Universidad, ya que la Facultad de Educación la rechazó porque tenía discapacidad auditiva: cómo iba a trabajar como profesora en la escuela si no podía oír a los alumnos. Frente a esta situación, la organización fue a la Universidad para resolver este problema y consiguió que esta mujer pudiera seguir estudiando, lo que esperamos que en un futuro le permita desarrollar su carrera profesional como profesora.

Y es que el acceso al empleo para las mujeres con discapacidad sigue siendo limitado en Sudán. De ahí que en la organización valoremos muy positivamente el trabajo que estamos desarrollando junto a Bridging the Gap, proyecto financiado por la Unión Europea, coordinado por la FIIAPP e implementado en Sudán a través de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS). En concreto, trabajamos en el estado de Gedaref para fortalecer las capacidades de mujeres con discapacidad procedentes de zonas rurales y, con ello, aumentar sus posibilidades para encontrar un empleo o crear oportunidades empresariales y de cooperativas.

En estas capacitaciones, se promueve la concienciación de los profesores, las familias y las propias personas con discapacidad sobre el derecho a la educación y la inclusión de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, que beneficia a toda la sociedad. También trabajan en la creación de un mejor entorno, accesibilidad y equipamiento, y para que se trate de manera adecuada con personas con diferentes tipos de discapacidad.

En general, la sociedad sudanesa considera la discapacidad como un estigma, aunque depende de las personas. Mientras que para algunos no es tan grave, otros esconden a sus hijos de amigos y familiares. Tienen miedo a tener hijos con discapacidad, especialmente niñas, porque creen que no serán capaces de protegerse a sí mismas mientras caminan por la calle, por ejemplo, de las agresiones sexuales. Así que las mantienen dentro de casa, que se convierte en una prisión para ellas. El acceso a la educación y, posteriormente, al mundo laboral, se convierte, por tanto, en una experiencia liberadora para ellas.

Bridging the gap es un buen proyecto porque trabaja tanto con las autoridades del Gobierno como con las propias personas con discapacidad. Esto ayuda a Sudán, a la sociedad, a reducir la brecha entre personas con y sin discapacidad y que esto se refleje en políticas y leyes.

En este sentido, el papel de la sociedad civil es clave ya que las instituciones del país suelen solicitar su apoyo cuando tienen que abordar temas de discapacidad debido a que los funcionarios no están preparados para tratar con personas con discapacidad. No obstante, el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad está trabajando en un Plan Estratégico para las Personas con Discapacidad en Sudán que, una vez que lo apruebe el Gobierno, deberá ser adoptado por todos los ministerios.

En las organizaciones relacionadas con la discapacidad en Sudán, la representación de las mujeres ha sido escasa en el pasado. Pero ahora se considera que las mujeres tienen la capacidad y están preparadas dentro de las comunidades para hablar sobre sus derechos.

Akhyar Omar, presidenta de la Organización de Mujeres con Discapacidad en Sudán

Sobre el proyecto

Bridging the Gap cuenta con el respaldo de las instituciones nacionales sudanesas y está en línea con la estrategia de desarrollo del país, que incluye el apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad. Por eso, el proyecto busca ayudar a fortalecer la participación de las organizaciones nacionales de la sociedad civil y las organizaciones de personas con discapacidad en los procesos de formulación de políticas. Desde la Organización de Mujeres con Discapacidad, siguen trabajando para que esas políticas inclusivas presten especial atención a las mujeres con discapacidad.

Según el Informe mundial sobre discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), las personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de la población mundial, de las cuales el 80% viven en países en desarrollo. De acuerdo con estas cifras, el vínculo entre discapacidad y pobreza es más que evidente. Sin embargo, el desarrollo inclusivo con enfoque de discapacidad aún no está lo suficientemente integrado en los proyectos de cooperación internacional.

Los países en vías de desarrollo están haciendo grandes esfuerzos por incluir a la población con discapacidad en el diseño de sus políticas públicas, pero en la práctica siguen encontrando muchas dificultades para implementar esas polí­ticas debido a la falta de recursos económicos y profesionales.

Precisamente ese objetivo de contribuir a la implementación efectiva de las políticas inclusivas para personas con discapacidad es el que persigue Acortando distancias (Bridging the Gap), un proyecto financiado por la Unión Europea para promocionar los derechos y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en cinco países de renta media y baja (Burkina Faso, Ecuador, Etiopí­a, Paraguay y Sudán).

Para ello, el proyecto plantea acciones concretas en cada uno de los paí­ses beneficiarios en función de las necesidades planteadas por las instituciones públicas y las organizaciones de personas con discapacidad de cada paí­s. Así­, en Burkina Faso estará centrado en la mejora en el acceso universal a la salud de las personas con discapacidad; en Ecuador, en el derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad; en Etiopía, en promover un nivel de vida adecuado y la protección social de las personas con discapacidad; en Paraguay, en la mejora de la recolección y sistematización de datos sobre discapacidad y en el fomento de la educación inclusiva; y en Sudán, en mejorar el acceso universal al empleo para personas con discapacidad.

El hecho de plantear cinco acciones-país concretas hace que se puedan obtener resultados visibles y, lo que es más importante, permitir que los países se apropien de esos resultados. Bridging the Gap aspira a que las buenas prácticas que se generen en este proyecto sean replicables, queden recogidas gracias a una estrategia de gestión del conocimiento y puedan ser llevadas a un nivel transversal global, fomentando el mainstreaming de la inclusión de las personas con discapacidad en la cooperación internacional.

Los cinco ámbitos en los que se focaliza el proyecto están contemplados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el instrumento internacional para la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. En su artículo 32, la Convención establece que todos los Estados Partes deben velar porque todas sus acciones en el marco de la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo, sean inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Además, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad está reforzada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y del nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo aprobado por la Unión Europea.

La inclusión del enfoque de discapacidad en la cooperación internacional es, por tanto, un tema urgente para cumplir de manera eficaz los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás. Bridging the Gap trabajará para sentar unas bases sólidas que permitan conseguirlo

El proyecto Bridging the Gap se presentará oficialmente el próximo martes, 5 de diciembre, en Bruselas, en el marco de la European Disability and Development Week (EDDW).

Carmen Serrano es Técnico de Comunicación de Bridging the Gap II

Olga nació hace 38 años en México en el seno de la comunidad indígena San Miguel Totolapan en el Estado de Guerrero. Como consecuencia de la poliomelitis, tiene una discapacidad motriz que le impide caminar.

Ingeniera de formación, las dificultades a las que tuvo que enfrentarse para encontrar un trabajo acorde con su profesión hicieron que decidiese dedicarse a trabajar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

El pasado mes de julio participó como experta externa en el seminario de inicio de Bridging the Gap II, proyecto financiado por la Unión Europea y liderado por la FIIAPP cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en los países de ingresos bajos y medios mediante el fortalecimiento de instituciones y políticas más inclusivas y responsables.

En él participan, tres agencias de cooperación de la Unión Europea (Austria, Italia y España), una organización europea de personas con discapacidad (EDF), una red de organizaciones de discapacidad y desarrollo (IDDC), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO), además del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en calidad de observadores.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las personas indígenas con discapacidad?

El principal problema que enfrentamos es que esa doble identidad hace que en muchas ocasiones no exista claridad sobre qué administración es responsable de elaborar la política pública o los programas a favor de las personas indígenas con discapacidad.

Las propias personas indígenas con discapacidad también presentan esa misma confusión. Muchas personas que se encuentran dentro del movimiento de pueblos indígenas se identifican únicamente como indígenas y no como personas con discapacidad y viceversa.

Además, nuestra participación activa es poco visible y a menudo los familiares, la falta de recursos económicos y la falta de accesibilidad limitan nuestra participación.

En el caso de las mujeres se da, además, una situación de triple interseccionalidad y riesgo de discriminación múltiple en base a género, identidad indígena y discapacidad. ¿Cuáles son los retos específicos de este colectivo? ¿Qué avances se han dado en la situación de las mujeres indígenas con discapacidad?

Las mujeres indígenas se enfrentan principalmente a las estructuras machistas de nuestros gobiernos autónomos, el atraso educativo y el escaso respaldo de otras mujeres indígenas.

Estas limitaciones se multiplican en el caso de las mujeres indígenas con discapacidad debido a que las negociaciones sobre su participación en la sociedad se inician en su entorno familiar donde es frecuente que no se comprenda el derecho a la autonomía que tenemos.

¿Qué medidas se deben tomar para asegurar que las personas indígenas con discapacidad se beneficien de la protección de la CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) del mismo modo que otras personas con discapacidad?

El desafío más importante es comprender el pluralismo jurídico que existe dentro de los sistemas indígenas y no caer en la confusión de identificar a las comunidades indígenas con las zonas rurales puesto que no siempre es así y esto que hace que, por ejemplo, se diseñen políticas pensadas para zonas rurales que no siempre puedan ser aplicables en las comunidades indígenas que viven en entornos urbanos.

Las zonas rurales están regidas por los instrumentos jurídicos que el Estado diseña. En cambio, las comunidades indígenas se rigen bajo usos y costumbres establecidos por los ancestros desde sus orígenes y, con el tiempo, van añadiendo nuevos acuerdos de convivencia social adecuados a las nuevas generaciones.

Además, es necesario realizar una interpretación rigurosa de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre los derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, la Declaración no menciona el tema de la accesibilidad, pero sí habla del derecho a gozar de nuestros territorios, lo cual requiere que contemos con mecanismos que nos garanticen el acceso a ellos.

Bridging the Gap II cuenta con la participación de una organización europea de personas con discapacidad (EDF) y una red de organizaciones de discapacidad y desarrollo (IDDC), ¿Cómo valora la incorporación de organizaciones de la sociedad civil a los proyectos de cooperación internacional?

Generalmente las organizaciones de personas con discapacidad somos consultadas cuando en los proyectos se exige nuestra participación, pero pocas veces contamos con la capacidad económica para llegar a los lugares donde se centralizan la información y los proyectos.

Esto hace más difícil que además de ser consultadas, podamos participar como actores directos de esos procesos. Por eso pienso que es un gran acierto que se incluyan organizaciones de la sociedad civil que puedan acompañar el proceso de manera que aporten la experiencia de vida y soluciones más cercanas a la realidad.

Usted participó como invitada externa en el seminario de inicio de Bridging the Gap II, ¿Cómo fue su experiencia en esta reunión? ¿Cuáles piensa que son los principales retos de este proyecto?

Para mí fue una gran experiencia porque fue la primera vez que pude estar presente en el inicio de un gran proyecto. Considero que el principal reto de este y otros proyectos que trabajan en temas de discapacidad y desarrollo es poder contar con una buena información procedente de actores de base.

Para eso es muy importante que las organizaciones de personas con discapacidad o de los pueblos indígenas incluyan a personas indígenas con discapacidad que aún vivan en sus comunidades de origen porque muchas de las organizaciones y líderes sociales en este ámbito nunca han estado en una comunidad indígena y asumen que las necesidades son iguales en todas ellas, pero cada comunidad es diferente, igual que no es lo mismo una comunidad indígena que una zona rural, ni tampoco un entorno urbano.

Cuando llegué a Túnez, en las navidades de 2011, la transición había hecho que todos los aspectos de la vida en Túnez fueran políticos: la forma de vestir de mujeres y hombres, cómo se llevaba la barba o el pelo, qué mezquita frecuentabas, la radio que escuchabas, el periódico que leías… y también la discapacidad. El desafiante contexto de la transición política y la vulnerabilidad de las políticas de discapacidad, anteriormente bajo la tutela directa de Ben Ali, motivaron que la discapacidad dejara de figurar entre las prioridades de la Administración. Sin embargo, en el mismo contexto de la Revolución pronto surgieron nuevas organizaciones de jóvenes con discapacidad que querían denunciar los abusos anteriores, reformar las instituciones preexistentes, e igualmente se produjeron disensiones dentro de las grandes organizaciones clásicas, la construcción de nuevos liderazgos asociativos, nuevas reivindicaciones de participación y transparencia…

Hace un año que dejé el país. Viví y trabaje allí durante dos años y cuatro meses como experto de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Tuve la inmensa fortuna profesional y personal de vivir prácticamente toda la transición política desde el interior de la Administración tunecina y en contacto directo con su sociedad civil, y más concretamente con uno de los colectivos más vulnerables: las personas con discapacidad.

Llegué a Túnez en una situación privilegiada, como consejero residente de un proyecto de hermanamiento de la Unión Europea: los llamados twinnings, en argot comunitario. Se trata de una herramienta de cooperación institucional de la Comisión Europea, que en España gestiona la FIIAPP, que pretende favorecer el acercamiento de la gestión administrativa y las políticas públicas entre los países vecinos de la Unión. En mi caso, se trataba de apoyar el desarrollo de políticas de inclusión de personas con discapacidad en el nuevo marco que impone la Convención de Naciones Unidas.

Aproveché el paréntesis vacacional de las Navidades de 2011 para realizar la mudanza y el traslado de mi familia. Al iniciar enero, ya estábamos allí los cinco con un gusto de aventura en todos los sentidos, a pesar de estar sólo a dos horas de avión de Madrid. Esas semanas nos recibió el mayor temporal invernal registrado desde que en Túnez se recogían datos meteorológicos, incluida la mayor nevada en el interior del país en 40 años. Sería un presagio de que las cosas no resultarían tan fáciles como habíamos pensado.

Después de unos inicios muy difíciles sin poder realmente establecer una interlocución efectiva con nuestros socios de la Administración tunecina, poco a poco pudimos ir orientando el trabajo a través de una serie proyectos-piloto en materia de educación inclusiva y programas de empleo. Los avances se produjeron sobre todo gracias a la acción de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que, siguiendo el modelo del CERMI español, se constituyeron en un potente lobby de presión que permitió regularizar la situación laboral de los trabajadores de los casi 300 centros de atención a las personas con discapacidad con que cuenta Túnez, y pactar con el Ministerio de Asuntos Sociales un nuevo cuadro de financiación estable basado en objetivos e indicadores de calidad.

Este momento fue sin duda el punto de inflexión del proyecto, ya que permitió crear un nuevo ambiente en el que, a pesar de las dificultades y discusiones, se había generado de nuevo una estructura básica.

Sin embargo, el contexto general puso, de nuevo, las cosas difíciles al estallar una primera oleada de violencia política que comenzó en junio de 2012 y que culminaría seis meses más tarde con el asesinato del abogado de derechos humanos y diputado de la izquierda laica Chokri Belaid, aunque quizás a efectos internacionales el episodio más conocido fuera el asalto y destrucción de la Embajada de Estados Unidos.

Personalmente, esas vivencias me retrotrajeron a mi infancia en la transición política española. Al ver a mis hijos disfrutar divertidos de los días sin colegio que se sucedieron en estas situaciones, me recordaba a mí mismo disfrutando de momentos similares en la España de los setenta, mientras no era capaz de ver en los ojos de mis padres la preocupación que vivían, como espero que mis hijos no la vieran en mí en esos momentos.

Finalmente, logramos elaborar un documento de estrategia nacional de la discapacidad; formamos un grupo de unas 30 personas para afrontar la reforma de la educación especial y llevamos proyectos piloto de esta reforma en cinco escuelas de Túnez y su área metropolitana. Incluimos en los proyectos piloto de educación inclusiva a padres, madres y maestros, inspectores educativos y dimos oportunidades a muchas personas, como Kauser.

En el caso de las políticas de empleo para personas con discapacidad, intentamos romper su marginalidad en el mercado laboral poniéndolas en contacto con las empresas, mejorando los programas de capacitación profesional y sensibilizando a los empresarios acerca de las ventajas que puede tener la diversidad en las plantillas. La experiencia de Fundación Inserta fue clave en ese sentido. Y formamos en cada provincia un pequeño equipo sociolaboral que podría atender de manera coordinada a las personas con discapacidad.

A pesar de ello, muchas cosas quedaron por hacer, pero me marché de Túnez con la satisfacción de haber dado lo máximo de mí en un contexto muy difícil que los tunecinos compartieron con generosidad conmigo y con mi familia.

Me fui de Túnez amando el país, amando a sus gentes, su clima, su cultura, sus calles… Y con el sabor agridulce de querer participar aún más y mejor en ese espíritu de reforma que me invadió dos años y cuatro meses atrás, cuando llegué por primera vez al país. El futuro de Túnez es el futuro de todos los que vivimos a orillas del Mediterráneo, por eso sufrí con los tunecinos con el atentado del maravilloso museo de El Bardo. Y por eso quiero utilizar estas líneas para invitar a todos a apoyar la Revolución tunecina del Jazmín perdiéndose este verano por sus playas, montañas y desiertos. Compartiendo sus riquezas arqueológicas y naturales. Beber un vino Kurubis o una cerveza Celtia mirando el azul milenario del Golfo del Cartago, y consolidar de esta manera la libertad y la dignidad de nuestros vecinos, y la nuestra.

Diego Blázquez es experto de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Este artículo también se puede leer en Planeta Futuro.