EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

MYPOL es uno de los proyectos europeos de cooperación delegada liderado por la FIIAPP, que busca brindar apoyo a la Policía de Myanmar, para que ésta ofrezca un servicio preventivo y eficaz, en donde primen los estándares internacionales, el respeto a los derechos humanos y la sensibilización de género.

Para la consecución de este ambicioso objetivo se establecieron dos oficinas en el país, una en Yangón y otra en Nay Pyi Taw. Desde el terreno y en coordinación con la sede de la FIIAPP en Madrid, nos hemos centrado en varias áreas de intervención policial: mejora en materia de investigación criminal y manejo de masas; modernización del área de recursos humanos y formación profesional; mejora en materia de rendición de cuentas y marco legal; fortalecimiento de la relación entre la policía, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Además, desde hace algo más de año y medio, la FIIAPP ha apostado por incorporar la perspectiva de género en MYPOL y, hoy, cuenta con una estrategia de género y un programa de mujeres, paz y seguridad, desde donde se transversaliza el género hacia las cinco áreas de intervención y se asegura la implementación de toda la estrategia a nivel institucional.

El proyecto cuenta con la colaboración de cuatro agencias de cooperación socias; la irlandesa del norte NICO, la alemana GIZ, la suiza DCAF y la francesa CIVIPOL, que transfieren conocimientos técnicos específicos a la policía de Myanmar, a través de las distintas actividades, principalmente, capacitaciones, elaboración de guías y protocolos de actuación y actividades de sensibilización.

El intercambio entre administraciones públicas, característica fundamental de la FIIAPP, se produce a través de la Policía Nacional española, que lidera la temática relativa al manejo de masas.

Para entender el contexto en el que se desarrolla MYPOL, hay que tener en cuenta la historia del país, pues gran parte de la coyuntura actual está relacionada con largos años de dictadura militar; una prolongada guerra civil con diversos grupos étnicos coexistiendo, todavía sin resolver; e importantes barreras sociales y culturales que impactan en la igualdad deseada para las mujeres. Además de importantes condiciones de pobreza que se han ido acentuado a la par que sus conflictos internos.

Desde el 2011 el país ha iniciado un proceso de transición hacia la democracia que todavía debe de consolidarse. En los últimos años, la tensión étnica en el norte del estado de Rajine, más conocida como la crisis de los Rohingyas (minoría musulmana en un país mayoritariamente budista), ha incrementado drásticamente la violencia en la zona y tensionado a la comunidad internacional en su relación con Myanmar y viceversa.

Sumado a lo anterior, la COVID 19 y el desconocimiento inicial de su impacto, nos sorprendió, convirtiéndose en otro reto adicional. En pocos meses, gran parte de las actividades de capacitación tuvieron que suspenderse temporalmente debido a las restricciones establecidas por el Gobierno. Esto también afectó a los espacios de interlocución conjunta entre los y las representantes de MYPOL, la Policía y las autoridades.

Además, durante los últimos meses, el proyecto MYPOL ha tenido que desarrollarse en un clima político complejo previo a las elecciones celebradas en Myanmar el pasado noviembre, entre restricciones de movilidad a causa de la COVID y la continuación de la violencia en algunas zonas del país.

Sin embargo, la capacidad de adaptación a los cambios y la creatividad de todo el equipo, para ajustar la estrategia de MYPOL, ha hecho que, en este momento, la implementación de nuestras actividades constituya un importante aporte al país, sin dejar de lado los objetivos que constituyeron el proyecto desde sus inicios. Tras numerosas reflexiones internas se ha decidido centrar los esfuerzos, entre otros, en:

– El fortalecimiento de nuestra capacidad en materia de género a lo interno de MYPOL, con el objetivo de que los y las expertas que lideran las distintas áreas temáticas del proyecto, identifiquen los aspectos de género más importantes sobre los que trabajar y midan adecuadamente su impacto. Como parte de este fortalecimiento institucional, hemos desarrollado nuestra propia política de acoso sexual y discriminación, de obligado cumplimiento para todo el personal de MYPOL que, además, ha ido acompañada de una serie de cursos de sensibilización.

-La elaboración de folletos informativos y la consolidación de protocolos de actuación policial ante el coronavirus, distribuidos en distintas áreas de la capital.

-La impartición de talleres virtuales en sustitución de las actividades presenciales.

–La elaboración de guías de orientación electoral con motivo de las elecciones para formadores y formadoras de la institución policial que han ahondado en la protección de las libertades y los derechos humanos, el respeto de los medios de comunicación y la provisión de un entorno seguro, especialmente para las mujeres.

-La elaboración de manuales de actuación forense y protocolos para aplicar el enfoque de género en las entrevistas policiales con enfoque de género. Asimismo, se han diseñado de directrices en materia de arresto policial, siguiendo los estándares internacionales en materia de seguridad y respecto de los derechos humanos.

–La creación de nuevos órganos en MYPOL como el Critical Incidental Management Team encargado de analizar la evolución de la pandemia en el país y su impacto en la evolución del proyecto.

-La renovación de las instalaciones de formación en unidades de la policía y la provisión de equipamiento para llevar a cabo investigaciones criminales de manera correcta.

Y en esa capacidad de adaptarse a los cambios, hemos tenido muy presente dos elementos: la importancia de establecer alianzas locales y la necesidad de fortalecer las relaciones con nuestros cuatro socios.

Las alianzas locales, nos han ayudado a entender las consecuencias de todos estos cambios coyunturales; hemos incrementado el número de asesores y asesoras nacionales especialistas en materia policial y de género y hemos aumentado nuestras alianzas con la sociedad civil, en particular, con organizaciones de mujeres que durante años han trabajado en la sensibilización de género dentro de la policía.

El fortalecimiento de la relación con nuestras contrapartes nos ha ayudado a entender mejor cómo los diversos enfoques y las distintas especializaciones profesionales de nuestros socios pueden ser aprovechadas de manera más estratégica frente a la realidad del momento.

Desde la FIIAPP hemos aprovechado todas las oportunidades de mejora que se han dado, aun en los momentos más complejos para el proyecto. Y hemos aprendido que el aprovechar las dificultades nos ha ayudado a extraer aprendizajes de los procesos de cambio social emprendidos, identificando logros, limitaciones y potencialidades para mejorar nuestras intervenciones. Siendo esa, una línea de trabajo por la que seguiremos apostando.

María José Urgel, coordinadora del proyecto MYPOL en la FIIAPP

El llamado “estallido social” iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos y destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 

En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacional. En ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19. A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta a que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura.  

Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

El acceso a la justicia es una seña de identidad del programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, constituyéndose como una de las dimensiones a través de las cuales se quiere luchar contra la exclusión y las desigualdades.

A pesar de los notables avances en la región latinoamericana en esta materia, aún existe una necesidad de mejorar y garantizar el acceso a la justicia de determinados grupos vulnerables para reforzar la cohesión social. En ese marco, Las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justica de personas en condición de vulnerabilidad aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana son un instrumento clave para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a la cohesión social en la región. Desde el inicio de EUROsociAL, en 2005, el programa ha acompañado a los países de la región y a las redes regionales, no solo en la definición inicial de las Reglas de Brasilia en 2008, sino también en la revisión y actualización de las mismas en 2018, y en su difusión e implantación a nivel nacional en los países de América Latina.

El caso de Lorenza Cayuhan, que se presenta en el video, es paradigmático en este sentido porque muestra una discriminación múltiple (interseccionalidad de la discriminación) por ser mujer, mapuche, en estado de gestación y privada de libertad, como así fue finalmente reconocido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile.

Área de Política de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.

En la web general del Consejo de la Abogacía, Victoria se refiere al trabajo de los abogados españoles con los siguientes términos: “Somos cada vez mejores profesionales, aunque muchos nos hemos tenido que formar después de nuestro paso por la Universidad y seguimos haciéndolo cada día”.  Desde la FIIAPP queremos conocer esta realidad.

¿En qué se centra vuestro trabajo? ¿Cómo se puede beneficiar el ciudadano de a pie de lo que hacéis?

El Consejo de la Abogacía es el órgano ejecutivo superior de representación y coordinación de los 83 colegios de abogados que existen en España.

Entre las funciones que desempeña, a parte de la propia de representación de la abogacía española, hay una actividad fundamental de ordenación normativa de la profesión. Además de ello trabajamos sobre todo en el ámbito de la abogacía que lleva su parte disciplinaria en el ámbito de la formación, en las relaciones con administración de justicia y en toda la materia de justicia gratuita. También trabajamos por el logro de una justicia más ágil y más eficaz y desarrollamos una actividad de informes y de estudios.

Otra labor importante que tenemos es la actividad internacional transversal en la que trabajamos fundamentalmente a través de la sede que tenemos en Bruselas.

Respecto a la sede en Bruselas, las labores que allí realizáis es estar en contacto con otros colegios europeos pero además hacer un poco de lobby, ¿no es así?

La incidencia que tiene Europa es indudable y para nosotros tiene una extraordinaria importancia y queremos incrementar el trabajo allí aumentando las posibilidades de intervención.

En este ámbito internacional y por tanto, también el europeo, ¿podría detallarnos algunos logros que hayáis tenido con vuestra presencia allí?

Si, por ejemplo quiero señalar lo último que hemos suscrito, que es el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD). Ahí nos hemos suscrito a las abogacías francesas, italianas, alemanas…

Es un observatorio que puede tener extraordinaria transcendencia para los compañeros que por unas circunstancias o por otras se encuentran en estancia en riesgo; estamos trabajando en eso y yo creo que tendrá éxito y será muy positivo.

En el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos, ¿cómo valora el trabajo del Consejo General de la Abogacía Española por la defensa de los mismos?

En la propia esencia de la abogacía está la defensa y la promoción de los Derechos Humanos. Entonces, con la Fundación del Consejo General de la Abogací­a Española hemos reconducido esta actividad que llevábamos a cabo como tal colectivo. Ahí tenemos dos ámbitos de actuación, tanto el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Es una de las instituciones más sentida y querida por la abogacía.

El Consejo ha colaborado en el proyecto gestionado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea, de cohesión social para América Latina, EUROsociAL. ¿Algún ejemplo de éxito en EuroSocial?

Ha sido fundamental el trabajo que se ha llevado a cabo tanto con presos españoles en Ecuador, que están en situación de discapacidad, como con personas con la pena cumplida y que seguían en prisión. Allí hemos trabajado bien y con éxito.

Muchas veces se trabaja con mucho entusiasmo e ilusión pero el resultado no es positivo. Pero aquí lo ha sido, cosa que sirve también como acicate para seguir trabajando en un futuro.

Respecto a su nombramiento como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue, ¿cómo lo valora?

Pues digamos que lo valoro como el inicio, el día que dejemos de hablar de esto, el día que no llame la atención será el día que hayamos llegado a la normalidad. Te diré que mis compañeras del consejo me regalaron un reloj con una grabación que decía “no hay techos”. El día que no haya techos nos podremos felicitar todas.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo desde 2012, fue la primera mujer en ocupar el cargo.  En esta entrevista nos cuenta en qué consiste el trabajo del Defensor del Pueblo:

¿Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo?

Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo, sin ninguna discriminación y esperamos que sin ninguna dificultad. Porque, para hacernos llegar su queja, disponen de números de teléfonos gratuitos, pueden escribir directamente mediante carta, pueden venir físicamente a las oficinas del Defensor a presentar su problema y por supuesto, también pueden hacerlo por internet, a través de correo electrónico o a través de nuestra página web.

¿Qué tipo de quejas son las que tramita el Defensor?

Quejas ante las Administraciones Públicas. El Defensor no atiende quejas entre particulares ni entidades o empresas particulares.

También actuamos a través del ministerio correspondiente cuando se trata de grandes empresas que prestan servicios públicos, como la telefonía el transporte, o por ejemplo, asuntos relacionados con bancos, a través del Banco de España. Pero tratamos todo tipo de situaciones y problemas. En relación a personas con discapacidad, problemas por impuestos locales, por cuestiones de la Agencia Tributaria, por listas de espera en hospitales, etc. En fin, todo tipo de hechos o circunstancias.

¿Todas las quejas de España al Defensor se tramitan desde Madrid o hay oficinas del Defensor en las diferentes CCAA?

Nosotros cubrimos todo el ámbito español. Además hay Defensores en diez comunidades autónomas que tienen capacidad para actuar en el ámbito de competencias de esa comunidad.

¿Cuántas quejas se reciben anualmente en la oficina del Defensor del Pueblo?

En torno a 20.000 quejas. Pero, un gran número de ellas, son presentadas por personas individuales. Porque también los colectivos, las asociaciones o entidades, se pueden dirigir a nosotros.

En 2015, en el informe anual que presentamos todos los años en las Cortes Generales, dimos cuenta de que habían sido 50.000 las personas que habían suscrito documentos pidiendo la actuación del Defensor.

¿Hay temas prioritarios para la oficina del Defensor?

No tenemos temas prioritarios, lo que sí que hacemos es intentar ver qué situaciones son más urgentes, por ejemplo si hay una persona que está en una situación administrativa no regular, va a ser devuelta a su país y tenemos conocimiento de que concurren en ella circunstancias de vulnerabilidad, muy singulares o muy especiales, pues actuamos rápidamente antes de que sea devuelta.

Si tenemos conocimiento de que la situación de un menor están en un momento muy dramático o muy difícil, inmediatamente esas situaciones pasan por encima de otras cosas, pero se tratan todos los temas.

¿Cuáles son los principales retos del Defensor del Pueblo?

El mayor reto es llegar al mayor número posible de personas y que el mayor número de personas que tengan un problema sepa cómo dirigirse al Defensor y puedan hacerlo. Por eso la página web es muy importante. Para hacernos visibles y hacer que la población comprenda lo que hacemos, para ser apreciados. Eso es fundamental, tener la confianza de los ciudadanos.

¿Cuáles son las mayores dificultades?

Dificultades son las que tienen las propias Administraciones, los Gobiernos locales, los Gobiernos de las Comunidades, o el Gobierno del Estado; dificultades presupuestarias para una mayor dotación en servicios asistenciales, sociales o sanitarios.

¿Cuál es el papel del Defensor en otros países?

La mayoría de los países de la Unión Europea tienen Defensores, también países iberoamericanos y algunos países del Mediterráneo. Nosotros les hemos ayudado y asistido para la formación de los equipos del Defensor.

Últimamente hemos estado en Turquía, durante dos años (a través de un proyecto gestionado por la FIIAPP y financiado por la Comisión Europea). Les hemos mostrado la forma de trabajar de España y hemos colaborado en la formación del personal allí. Además, mantenemos una relación de colaboración con los Defensores Iberoamericanos, que siguen el modelo español.

 ¿Qué ha aportado el Defensor de España en Turquía?

Les hemos aportado parte de la formación necesaria a sus equipos: cómo se tratan los asuntos, cuáles son los campos en los que se puede actuar, cómo se puede actuar, cómo hay que dirigirse a las Administraciones, el seguimiento de la legalidad vigente, el respeto a los DDHH… en fin, todos estos campos.

¿Cómo se están beneficiando los ciudadanos turcos con este proyecto?

Turquía es un país muy grande, con más de 80 millones de habitantes, extender la acción del Defensor por toda la geografía y a todos los ciudadanos turcos, les va a llevar un tiempo y mucho esfuerzo, pero espero que poco a poco lo logren.

¿Hay proyección de trabajar en otros proyectos en diferentes países?

Si surgen otros proyectos, sí. En la medida en la que soliciten nuestra ayuda así lo haremos.

¿Cuál es el papel del Defensor en el tema de los refugiados?

Se trata de un tema muy complicado porque los procedimientos son bastante tediosos, pero la postura del Defensor es la de hacer un seguimiento para que España cumpla con sus compromisos en este tema. Desde la oficina del Defensor proclamamos por procurar una recepción, acogida e integración de las personas que lleguen a nuestro país.