EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Representando un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018, según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando. 

 

Estas cifras han aumentado exponencialmente en los últimos años, con un crecimiento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio insuficiente y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal. Además, la focalización de recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictuales, han facilitado el surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros, y sus delitos conexos como la corrupción, el lavado de activos, el sicariato y la explotación laboral y sexual. 

 

Si tenemos en cuenta que América Latina representa más del 40% de la biodiversidad mundial y que la complejidad geográfica y política de la región hace difícil el control efectivo de territorio por parte de los Estados, la lucha contra los delitos ambientales en su conjunto es una tarea titánica. 

 

Por eso es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, el desarrollo estratégico debe obligatoriamente pasar por la creación de un marco regulatorio internacional, ya sea mediante protocolos adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente. 

 

Por otro lado, a nivel operacional y siguiendo las conclusiones y los compromisos de los Jefes de Estado y los ministros del Interior de las 7 mayores potencias económicas del mundo, reunidos en el G7 los días 4 y 5 de abril de 2019 en Francia, es necesario crear mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial, tanto nacionales como regionales, así como el desarrollo de Task Forces multidisciplinares especializadas en la materia y Equipos Conjuntos de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés). En este aspecto, la Unión Europea tiene una ventaja comparativa importante respecto a otras regiones ya que ha fomentado el desarrollo de instituciones cuyos principales propósitos son la coordinación, el intercambio de información y el trabajo interinstitucional e interpaís. Ejemplos de ello son Europol y Eurojust. 

 

Pactos de Estado contra los delitos ambientales 

  

Sin embargo, bajo mi punto de vista, la acción más eficiente, pero quizás más compleja, es la búsqueda de alianzas y pactos de Estado estratégicos para el desarrollo de políticas públicas integrales tanto de prevención como de tratamiento penal de los delitos ambientales, incluyendo aspectos importantes de lucha contra la pobreza, la perspectiva de género, el fomento del emprendimiento, la cultura y la educación. 

 

Los pactos de Estado, junto a sus políticas públicas, deben tener un consenso mayoritario de la población y deben estar regidos por cinco principios básicos: voluntad de financiación y presupuesto concreto; control y fiscalización; transparencia; buena ejecución; y, responsabilidad ante la ciudadanía. 

 

En este sentido, América Latina tiene la oportunidad, la experiencia y el deber de asumir el liderazgo internacional en el desarrollo de políticas públicas integrales que puedan luchar más eficazmente contra los delitos ambientales, fomentando la transición a una economía verde y responsable, así como con un crecimiento económico sostenible que pueda generar negocios y que permita impulsar el desarrollo de aquellas comunidades dependientes directamente de ciertos ecosistemas particulares para subsistir. 

 

Este es el caso de una parte importante de los aproximadamente 60 millones de personas que se consideran indígenas en la región latinoamericana. Una gran parte de ellos se encuentran localizados en la cuenca del Amazonas, la cual ha perdido el 20% de su biodiversidad en los últimos 50 años según el World Wide Fund for Nature (WWF, 2018), por motivos vinculados a sobreexplotación y crimen organizado. 

 

Por su forma de vida y por su número, estas comunidades son clave no sólo para cambiar el desarrollo económico y humano de muchos países, sino también para desarrollar nuevas aproximaciones en el desarrollo económico sostenible, la lucha contra los delitos ambientales y el cambio climático, teniendo en cuenta la colaboración entre la sociedad civil, las empresas privadas con responsabilidad social corporativa y el Estado. 

 

Desarrollo económico vs protección de los recursos naturales 

  

Llegados a este punto, es necesario poner de relieve la dicotomía entre, por un lado, el desarrollo económico desmesurado y a toda costa; y, por otro, la protección de los recursos naturales. De hecho, es importante destacar que, en parte, el aumento de la extracción ilícita de materias primas y la deforestación para la creación de grandes zonas de pasto de animales y plantaciones, ha sido provocados por un incremento del consumo humano desenfrenado. 

 

Hay que admitir que si existen grupos criminales organizados detrás de estos delitos es porque hay una demanda concreta al respecto. Voluntaria o involuntariamente. Con conocimiento o sin conocimiento de la existencia de violencia y delitos conexos por parte del demandante. 

 

Es evidente que todos los países y sociedades del mundo tienen el derecho, pero no la obligación, de desarrollarse económicamente, así como cultural e intelectualmente. Sin embargo, con el más que evidente cambio climático, tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico indefinido y salvaje, el cual fomenta el surgimiento de una multitud de delitos que acaban contribuyendo al cambio climático y al aumento de la violencia en los países. 

En consecuencia, es necesario balancear el consumo humano desenfrenado con la protección del medioambiente. 

 

EL PAcCTO es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica.

 

 Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO 

 

 

 

Según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación ambiental ha alcanzado proporciones alarmantes, en cifras, 9 de cada 10 personas respiran aire tóxico y 7 millones mueren cada año por la polución ambiental y doméstica.  

 

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señala que “la contaminación del aire representa una amenaza para todos, si bien las personas más pobres y marginadas se llevan la peor parte”. En este sentido, la OMS destaca que más del 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medianos, principalmente de Asia y África, seguidos por los países de ingresos bajos y medianos de la Región del Mediterráneo Oriental, Europa y las Américas.  

 

La contaminación del aire es considerada un factor importante de riesgo, especialmente para las enfermedades no transmisibles. Los datos muestran que causa una cuarta parte (24%) de las muertes de adultos por cardiopatías, el 25% de las muertes por accidentes cerebrovasculares, el 43% de las muertes por neumopatía obstructiva crónica y el 29% de las muertes por cáncer de pulmón.  

 

Asimismo, según un estudio que se ha publicado en ‘European Heart Journal’, la contaminación es responsable de 800.000 fallecimientos al año en Europa y de 8,8 millones en el mundo.  

 

Día Mundial del Medioambiente 

 

La primera conferencia relacionada con cuestiones relativas al medio ambiente se celebró en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 auspiciada por las Naciones Unidas. Esta reunión es conocida como la Conferencia sobre el Medio Humano y su objetivo era conseguir una visión común sobre aspectos básicos relacionados con la protección y la mejora del medio humano.  

 

Fue entonces cuando, el 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General aprobó una resolución que designaba el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Además, ese mismo día, la Asamblea General aprobó otra resolución que condujo a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

En este 2019, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha centrado en la contaminación del aire. “Es hora de actuar con contundencia. Mi mensaje a los gobiernos es claro: gravar la contaminación, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos una economía verde, no una economía gris”, ha destacado en su discurso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.  

 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 

Para fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático, los países adoptaron el Acuerdo de París en la COP21, que entró en vigor en 2016. En él, los países se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura global a menos de dos grados centígrados.  

 

Entre las metas que se pretenden alcanzar con este Objetivo de Desarrollo Sostenible destacan: fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales; mejorar la educación y la sensibilización respecto de la mitigación del cambio climático; poner en funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible y aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaz en relación con el cambio climático en los países menos adelantados.  

 

Día Mundial de los Océanos 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas designó el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Los océanos cubren más del 70 % de la superficie global. Sin embargo, tan solo un 1 % de la superficie oceánica está protegida. Además, los océanos contienen el 96% del agua de la Tierra y absorben año tras año alrededor del 25% del CO2 que se agrega a la atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así el impacto de este gas con efecto de invernadero en el clima.  

 

“En los últimos 150 años se han perdido aproximadamente la mitad de los corales vivos. La contaminación por plástico en los océanos se ha multiplicado por diez en los últimos 40 años. Un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Las zonas muertas —desiertos submarinos donde no prospera la vida debido a la falta de oxígeno— están aumentando rápidamente, tanto en extensión como en número” ha señalado Antonio Guterres. 

 

ODS 14: Vida Submarina 

 

Entre el 5 y el 9 de junio de 2017, se celebró la Conferencia de los Océanos, siendo ésta la primera conferencia de las Naciones Unidas que fomentaba la consecución del ODS 14, cuyo objetivo es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, este Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene como metas: prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo; reglamentar la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas; conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas conforme a las leyes nacionales y el derecho internacional y facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados, entre otras.  

 

En la actualidad, diversas marcas están reflejando en sus campañas publicitarias el problema que sufren actualmente nuestros mares. Por ejemplo, la Fundación Reina Sofía ha presentado un cortometraje de animación, Lemon, que representa la problemática de los plásticos en la naturaleza. 

 

Según afirman los científicos, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Asimismo, alerta de que un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren al año por el plástico. Y, por si fuera poco, destacan que en el 70% de la sal, moluscos y crustáceos que consumimos en nuestro país se han encontrado microplásticos.  

 

La FIIAPP y su aportación al medio ambiente  

 

La FIIAPP gestiona diversos proyectos centrados en cuidar el medio ambiente. El programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea y cuyo componente de gobernanza climática gestiona la FIIAPP, promueve el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, debido a que en esta región el transporte urbano muestra un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

Si hablamos de cambio climático, Beatriz García-Pozuelo, técnica sénior de EUROCLIMA+, señala que “se prevé que en el año 2100 la temperatura de Madrid haya aumentado 4º centígrados. Esto significa, que vivir en Madrid sería como vivir más en Arabía Saudí o Emiratos Árabes”. 

 

Por otro lado, la FIIAPP gestiona el proyecto para la promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética en Cuba, Cuba-renovables. Este proyecto apoya la efectiva implementación de la política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía y el uso eficiente de ésta y su marco regulatorio.  

 

“El uso de energías renovables ha permitido generar hospitales de montaña, de escuelas rurales y, en definitiva, el acceso de la población a la energía de una manera más equitativa”, destaca Maite Jaramillo, coordinadora del proyecto Cuba-Renovables. Además, señala que Cuba, al ser un país rico en recursos renovables, el desarrollo de estos recursos “supondría una importante contribución al medio ambiente”.  

 

Además, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, El PAcCTO, está desarrollando diversas actividades entre cuerpos y fuerzas de seguridad de Europa, de América Latina e internacionales con el fin de impulsar políticas conjuntas de lucha contra los delitos medioambientales.  

 

A este mismo objetivo se ha sumado el proyecto de ‘Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana’, ARAP-Ghana, cuyos representantes de la Fiscalía de Ghana y de la Agencia de Protección de Medio Ambiente del país han visitado España con el fin de adquirir conocimientos y buenas prácticas en materia de delitos medioambientales.