¿Cómo está considerada la hoja de coca en Bolivia?

La producción y el consumo de hoja de coca están muy arraigados en la sociedad y en sus costumbres. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene reconocidas 20000Ha de cultivo de hoja de coca en dos áreas principales: la zona de Las Yungas, en el departamento de La Paz y la zona del Chapare, en el trópico de Cochabamba. El productor está registrado y tiene derecho al cultivo de un “cato” de coca (1600m²). Después, la hoja de coca pasaría a una cooperativa y de ahí al mercado legal, bien para consumo propio, lo que allí llaman “picheo”, es decir, las bolas de hoja de coca que se introducen en la boca y de las que se aspira el jugo, o bien para el mate de coca, caramelos u otros productos. Todo lo que se salga de esas zonas está considerado como cultivo ilegal. Por ello, el Gobierno también tiene que gestionar la erradicación de la hoja de coca en aquellos puntos donde no está habilitado el cultivo.

¿Cómo pasa a ser ilegal?

Lógicamente, no toda la producción pasa al mercado legal, hay una parte que pasa a unos circuitos paralelos y con ella se fabrica la pasta base. Esta surge fruto de la inclusión de otros elementos en la coca y con esta pasta base, posteriormente, se produce lo que es el clorhidrato de cocaína.

Además, hay que tener en cuenta que Bolivia no es solo país productor, es un país también de tránsito, pues a Bolivia le llega la pasta del Perú; país igualmente productor que cuenta con unas 45000Ha de cultivo de coca.

Entonces, ¿cuál es el perfil del productor de hoja de coca en Bolivia?

Es, puramente, un perfil de agricultor, que con un “cato” de hoja de coca gana una cantidad económica básica para vivir durante el año de manera humilde. Esa es la realidad y lo que yo percibo. ¿Posteriormente esa hoja de coca pueda derivar en una transformación o pueda ir a un mercado ilícito? Puede ser que vaya, pero el productor por excelencia no tiene ese perfil de traficante.

El productor produce para su economía básica de subsistencia, para vivir decentemente junto a su familia, pero la figura del productor es diferente a la del traficante. Quizá sería el eslabón más pequeño, el más bajo de la cadena, en caso de que ese productor lo estuviera haciendo de forma ilícita.

¿Con qué medios cuenta Bolivia para evitar el tráfico ilícito?

El Gobierno tiene en la policía boliviana y particularmente en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, un aliado esencial para combatir este tráfico ilícito de drogas. Son unidades especializadas que están repartidas en todos los puntos de la geografía boliviana y que tratan de impedir que ese tráfico de drogas se recrudezca.

¿Cuál es el papel del proyecto en todo este entramado?

El proyecto trata de apoyar y fortalecer áreas e instituciones relacionadas con el tráfico de drogas, reforzando ámbitos de capacitación a través de asesorías técnicas (legales, de protocolo, manuales), asistencias en las que contamos con expertos de corto plazo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil así como también expertos franceses; estos ayudan, en áreas muy especializadas, a fortalecer aquellos aspectos donde ellos consideran que es necesario. En concreto, se abordan cinco temáticas: investigación criminal, inteligencia, fronteras y aeropuertos y delitos conexos (blanqueo de capitales y la trata y tráfico de personas).

¿Cuáles son las perspectivas?

El proyecto está consolidado y asentado; de hecho, son las propias instituciones las que acuden a él para que sean fortalecidas en las áreas que consideran más debilitadas. Durante este año, estamos trabajando en todas las áreas para consolidarlas, afianzarlas fuertemente y que el próximo año sea el definitivo en la implementación.

Además, esperamos que, lógicamente, cuando termine esta primera parte del proyecto pueda haber, porque sería muy interesante, una segunda parte donde podamos seguir fortaleciendo aquellas áreas y seguir avanzando y mejorando todas las instituciones bolivianas.

Cambiar las contraseñas, configurar los ajustes de privacidad o contratar un antivirus son los pasos previos por excelencia antes de navegar por Internet. Consejos cada vez más básicos para evitar los riesgos o peligros a los que nos exponemos en la red de redes, y que necesitan de una información actualizada constantemente. 

Por ello, la Unión Europea organiza cada año varias actividades, dentro del Mes Europeo de la Ciberseguridad (ECSM), dedicadas a compartir buenas prácticas y promover la ciberseguridad entre los ciudadanos y organizaciones. En la sexta edición de esta campaña de sensibilización participa la Agencia de Ciberseguridad europea (ENISA), la Comisión Europea y unos 200 socios en toda la región. 

«La ciberseguridad es una responsabilidad compartida — Deténgase. Piense. Conéctese» es el lema para 2018, que refleja un paso previo a la acción en el mundo digital, donde todo es accesible e instantáneo. Pensar. Pensar qué compartimos, qué escribimos o dónde clicamos.  

¿Estamos concienciados? 

El director de operaciones de la ENISA, Steve Purser, decía para La Vanguardia que hay que “desarrollar un sentido común electrónico”. Es decir, “debemos comportarnos de una manera similar en el mundo electrónico y en el real”, no dar respuesta o proporcionar datos sin pensar para qué van a ser utilizados. 

Una actitud que va calando en los ciudadanos y que nos hace desconfiar de correos no deseados o páginas web que saltan literalmente a nuestra pantalla. A pesar de ello, muchos usuarios caen frente a las estafas o sustracciones de toda la vida que ahora también tienen su versión online.  

Peligros de los que nos habla Antonio Roma, coordinador de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO, que asegura que el problema es que “los delincuentes siempre van un poco por delante y encuentran otras maneras de llegarnos”. Más graves serían los delitos informáticos propiamente dichos, como los virus que entran en nuestros equipos a través de archivos, o los ataques masivos que “afectan a la seguridad general e incluso nacional”, comenta Roma.  

Ataques que muchas veces escapan de nuestro control, pero ante los que también hay que estar prevenidos. Por ello, el coordinador de justicia del programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) y el Instituto Camoes de Portugal, destaca que campañas como las de la UE son necesarias porque son “medidas que conviene recordar, actualizar los conocimientos, las formas de amenaza y sensibilizar al público”.  

Con este objetivo, alrededor de 400 actividades se organizan en varios países de Europa: conferencias, talleres dirigidos a usuarios, seminarios web, campañas, etc. Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia son algunas de las ciudades escogidas para alertar sobre “un fenómeno que está en crecimiento”, según Roma. A nivel de concienciación, asegura que “es necesario no perder la perspectiva de que hace falta tener seguridad”.  

Nuestra intimidad, a un clic 

Según el informe de la ENISA, publicado a principios de este año, la principal amenaza para los usuarios es el malware o “software malicioso”, dentro del que se encuentran los virus que nos llegan a través de Internet y del correo electrónico sin nuestro conocimiento. 

Un peligro al que siguen en el ranking los ataques informáticos y el phishing o “suplantación de identidad”, una estafa para conseguir los datos privados de los usuarios, especialmente de acceso a sus cuentas bancarias. 

Estos datos quedan frecuentemente registrados en nuestros equipos. Y es que el aumento de nuestra actividad en la red, ya sea abriendo cuentas en diferentes páginas o publicando nuestra vida a través de las redes sociales, hace que nuestra intimidad quede cada vez más expuesta a estas amenazas.  

Un riesgo potenciado con el uso de los teléfonos móviles, como precio de una mayor accesibilidad. Antonio Roma destaca en esta parte el contacto cada vez más temprano de los menores con diferentes dispositivos.  

“Antes el consejo era tener el ordenador en el salón de casa” comenta. Un consejo anticuado para salvaguardar su intimidad ante los actuales casos de bullying y, en el peor de los casos, pornografía infantil. Frente a esta situación, “conviene siempre alertar al menor de cuál es su defensa y de que su intimidad es un gran valor”, recomienda Roma. 

¿Qué aporta la cooperación? 

Internet es una red mundial y aunque los delitos pueden cometerse desde el ordenador vecino, también pueden estafarnos desde servidores ubicados en otros países. Aquí es donde entra en juego la cooperación, muchas veces infructuosa según Roma, cuando el dinero de una sustracción acaba en “países lejanos que no colaboran eficazmente”. 

A pesar de las llamadas “jurisdicciones opacas”, asegura que “la cooperación judicial ha evolucionado” y que, por ejemplo, existen nuevos sistemas para congelar direcciones IP. El factor tiempo es la principal dificultad: “llegar tarde” cuando la policía no ayuda o no está capacitada. Esta especialización, junto a la tecnología, son según Roma las tareas pendientes en este terreno. 

El cibercrimen y la ciberseguridad son temas que preocupan a EL PAcCTO y en los que se trabaja transversalmente desde todas las áreas del programa: policial, judicial y penitenciaria. El programa financiado por la Unión Europea asiste a los países latinoamericanos contra el crimen organizado, que actúa también a través de la red. 

El objetivo es tratar el tema a nivel regional, además de las preocupaciones de países concretos, “poniendo en marcha operaciones para ver cuáles son los problemas, dónde están los nudos, para que la cooperación pueda fluir de una manera eficaz”. 

En Latinoamérica se producen 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. Muchos de estos homicidios tienen relación con el crimen organizado. Es una de las razones por las que la sensación de inseguridad que viven los ciudadanos ha aumentado en los últimos años convirtiéndose en una prioridad para los Estados.

Durante muchos años en Latinoamérica se han probado diferentes políticas para combatir el crimen organizado. Algunas represivas, y otras más moderadas (como la “mano dura” y “mano blanda” aplicadas en Guatemala desde el 2007 al 2015) con la sensación de no haber abordado con efectividad el problema. Muchas y variadas son las razones, pero el carácter cíclico y “a corto plazo” de esas políticas podría estar detrás de su ineficacia. Como lección aprendida se puede destacar el buen uso de políticas más globales que perduren en el tiempo para identificar y acabar con la inseguridad en la región.

Es aquí donde entra en escena EL PAcCTO (Europa-Latinoamérica. Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado). Un programa de la Comisión Europea pionero en su contenido porque es la primera vez que se trata la cadena penal en su conjunto. Concretamente, el foco está puesto en tres áreas (policial, judicial y fiscal y sistema penitenciario) con cinco ejes transversales de trabajo (cibercrimen, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos) y con la inclusión de dos proyectos intrínsecamente vinculados (AMERIPOL y otro gestionado por Interpol). Un programa, por lo tanto, ambicioso y complejo que tratará de abordar el problema del crimen organizado de forma más global y efectiva a través de la asistencia técnica a 18 países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Públicas (FIIAPP) y la Agencia Francesa de Cooperación Técnica Internacional, Expertise France (EF), se encargan de coordinar el proyecto junto a dos socios, el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) y el Instituto Camões de Portugal.

El Programa facilitará el aprendizaje entre pares, la cooperación Sur-Sur y la transferencia de las mejores prácticas europeas y latinoamericanas, y estará enfocado en las administraciones públicas. Para ello, contará con el apoyo del Consejo General de Poder Judicial español, Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil, Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado y sus homólogos en Francia, Italia y Portugal.

EL PAcCTO persigue crear modelos y herramientas concretos de actuación, homologación y cooperación internacional, tanto en la región como entre los países latinoamericanos y los Estados Miembros de la UE. De esa manera, se busca eliminar las fronteras mediante soluciones legales y técnicas que conviertan a Latinoamérica en un espacio de libertad y seguridad unido contra el crimen organizado.

Durante este año se ha realizado una labor muy importante con el estudio y la recopilación de las demandas de los países y el diseño del plan de trabajo para 2018, año en el que se empezarán a implementar las actividades.

El Programa intenta responder ya a todas las demandas urgentes de los países porque el objetivo del programa es construir una sociedad más segura y los beneficiarios finales son las personas. Por eso, es importante aumentar la conciencia social sobre los peligros del crimen organizado. Es un asunto de vital importancia para garantizar los derechos de las personas, la libertad y la vida.

María Jesús Martín es Técnico de Comunicación de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado) 

Afganistán se sitúa desde hace décadas como principal exportador mundial de heroína, una droga mortal al calor de la cuál prolifera el crimen organizado y un negocio enorme que mueve miles de millones de euros anualmente.

Con una producción de 4.800 toneladas de opio en 2016 y más de 200.000 hectáreas cultivadas, según los datos de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el país se sitúa en el centro neurálgico de la zona conocida como Medialuna de Oro (Afganistán, Pakistán e Irán), de donde procede la mayoría de los opiáceos que se consumen en Europa.

En línea con la Estrategia Europea de Drogas 2013-2020, se ha lanzado esta semana en Bruselas el proyecto UE-ACT Acción contra las Drogas y el Crimen Organizado, la tercera fase de una iniciativa que lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada asociada a dos ámbitos:

Reducción de la oferta: se trata de reforzar la cooperación judicial y policial transnacional para atacar a las grandes redes de narcotráfico.

Reducción de la demanda: también se dirigen esfuerzos a la prevención del consumo de drogas y la mejora del tratamiento de las drogodependencias.

Ambos frentes son fundamentales. Como explica el líder del proyecto Thomas Carter, “son dos caras de la misma moneda: debe existir un balance entre las políticas represoras que persiguen el tráfico y el crimen organizado, y aquellas que se centran en la reducción de la demanda”.

Más de treinta países

Desde Afganistán, tradicionalmente, la Ruta de la Heroína atravesaba los Balcanes para llegar a Europa. Sin embargo, las vías se han multiplicado y recorren una treintena de países a través de varias rutas:

Ruta de los Balcanes: Une Afganistán con Irán y transita luego por Turquía. Constituye la distancia más corta y la ruta terrestre más directa hacia los mercados de consumo europeos. Se utiliza desde la década de 1980.

Ruta meridional: en años recientes han atraído la atención internacional los voluminosos cargamentos de heroína embarcados en puertos de Irán y Pakistán.

Ruta septentrional: desde el Norte de Afganistán, la heroína se destina principalmente a los grandes mercados de consumo de Asia central, Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

Ruta del Cáucaso: la droga producida en la Medialuna de Oro se transporta desde Irán hasta Turquía pasando por Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Ruta Sur: pasa por África del este para después alcanzar la UE por el sur.

El proyecto se centra en más de 30 países beneficiarios con necesidades muy diferentes y con 5 zonas estratégicas: Asia Central, Cáucaso Sur, Ucrania, Asia y este de África.

El coronel de la Guardia Civil y codirector del proyecto Manuel Marión destaca la flexibilidad de la iniciativa: “Una de las necesidades más acuciantes de Kirguistán es formar a fiscales y policías en utilizar técnicas especiales de investigación en materia de drogas, como por ejemplo las entregas controladas”.

Sin embargo, “puede ocurrir que Tanzania requiera conocer la experiencia europea en vigilancia de costas porque la heroína llega al país en barcos” indica Marión.

La acción policial y judicial se realiza generalmente a nivel nacional, lo que dificulta acabar con fenómenos globales como éste. Por eso, el proyecto pone especial énfasis en la coordinación entre policías de todos los países por los que transita la droga. La cooperación transnacional y transregional es fundamental.

Un negocio millonario

Tom Carter explica una de las principales dificultades para acabar con el tráfico de heroína: la corrupción. “Estamos hablando de miles de millones de euros y la cuestión es que cuanto más cerca está del mercado más dinero se mueve y más caro es el producto. Por ejemplo, puede ser que un kilo de opio en Afganistán sean 2.000 euros y con el tiempo, según se va acercando a Europa puede alcanzar entre 25.000 a 40.000 euros”.

“Es un negocio enorme e invasivo. Se mueve tanto dinero que corrompe fácilmente. Un policía o un agente de aduanas de cualquier país fuera de Europa, por ejemplo en Asia central o África, se ve muy tentado cuando alguien le ofrece 200 euros a cambio de no abrir un camión”. Se trata de invertir en desarrollo porque “en un país minado por oficiales corruptos en las instituciones el proyecto se convierte en algo inútil”, apunta Carter.

La clave: influir en las políticas

Uno de los objetivos principales del proyecto es ayudar a las autoridades y órganos de seguridad de estos países a identificar y perseguir a los grandes traficantes, que manejan grandes cantidades de droga.

Sin embargo, se trabaja paralelamente en la búsqueda de alternativas a la prisión como tratamientos de desintoxicación. “No tenemos ni el presupuesto ni el tiempo para solucionarlo todo pero podemos aportar nuestras experiencias desde la perspectiva de la UE. Hay que cambiar percepciones para que vean a un drogadicto como una víctima y no como un criminal”, explica Carter.

La ruta de la heroína

Durante cuatro años la FIIAPP gestionará este proyecto, que cuenta con una financiación de 12.000.000€ de la Comisión Europea, y que será ejecutado por expertos del Ministerio de Interior de España, Carabinieri de Italia y Nacional Crime Agency (NCA) de Reino Unido.