EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto movilizado?

Hasta ahora el mayor logro ha sido haber podido conseguir que las instituciones mozambiqueñas confíen en la capacidad del proyecto de Apoyo a la lucha contra la corrupción en Mozambique de trabajar con ellas para poder combatir, de un modo eficaz, la corrupción y conseguir su implicación, total, en el mismo.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Del trabajo en equipo y del esfuerzo desplegado, hasta ahora, con mis compañeros en FIIAPP a la hora de defender la asistencia técnica pública como un valor destacado.

¿Cómo ha contribuye tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Como Magistrado concibo el servicio público a la ciudadanía como una prioridad absoluta y como un activo necesario para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entiendo importante exportar esos valores y conocimientos a otros países por medio de la asistencia técnica pública promovida por FIIAPP.

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

Capacidad técnica y experiencia, mérito y capacidad en la selección de profesionales, y priorización en el ejercicio profesional de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

¿Qué aprendizaje destacarías?

Que, a veces, no es fácil defender lo público frente al mercantilismo del mercado, consultorías privadas e intereses creados. Pero que no hay duda de que en el ámbito público existen magníficos profesionales conocedores de la práctica diaria, y que debe defenderse este modelo público a pesar de los obstáculos.

El concepto de “lavado de dinero”,   surge durante los años veinte del siglo XX en Estados Unidos. Las mafias norteamericanas, dedicadas al contrabando de bebidas alcohólicas, crearon una red de lavanderías para ocultar la procedencia ilícita del dinero que derivaba de este negocio.  

Como explica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el lavado de activos, o blanqueo de capitales, es “el método utilizado por contraventores para disimular los orígenes ilegales de su riqueza y proteger sus rendimientos, con el fin de evitar sospecha por parte de las instituciones de investigación y de aplicación de la ley”.  

La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera que establece estándares para organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.  

Asimismo, la UNODC destaca que los individuos y las organizaciones terroristas emplean técnicas similares a las llevadas a cabo por las personas que están involucradas en el lavado de activos para ocultar sus recursos. Todas estas técnicas traen consigo delitos como la corrupción o la delincuencia organizada. 

En este sentido, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Min Zhu, señala que “el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general. Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar los factores que propician abusos financieros”.  

Siguiendo estas líneas, debemos destacar que el dinero generado por las actividades delictivas es difícil de ocultar. Los Estados han reforzado, a lo largo de los años, los mecanismos necesarios para poder identificar, incautar y decomisar ese dinero en cualquier parte en que el que se encuentre. “Las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo tanto, responden no solo a una imperativa moral sino a una necesidad económica”, según Zhu.  

Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible 16  

España, junto a los 193 países de las Naciones Unidas, se comprometió al cumplimiento de la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. En este contexto, la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) ha publicado un informe, que ha tomado como referencia los meses de abril a junio de 2018, con el fin de conocer el progreso de España en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 centrado en la promoción de una sociedad justa, pacífica e inclusiva, en la que se contiene metas relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este documento se centra en la situación sobre los flujos financieros ilícitos, soborno y corrupción en todas sus formas, instituciones transparentes y responsables que rindan cuentas, libertades públicas y derecho de acceso a la información.  

Además, el informe destaca que, aunque España ha avanzado mucho a nivel legislativo en esta materia, “se hace necesario que las instituciones que trabajan en la primera línea de la prevención y la lucha contra la corrupción, como la Fiscalía Anticorrupción, mantengan su total independencia respecto al poder político”. Asimismo, “España tiene el reto de conseguir un marco legal homogéneo y efectivo en todas las materias relacionadas con integridad pública y rendición de cuentas y en todos los niveles territoriales”.  

La FIIAPP trabaja en la lucha contra el lavado de activos 

La FIIAPP trabaja a través de diversos proyectos en la lucha contra el blanqueo de capitales o lavado de activos.  

EL PAcCTO, es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILa y de Camões. El objetivo principal de este proyecto es la lucha contra el crimen transnacional organizado y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana en 18 países de América Latina.  

“EL PAcCTO pretende plantear diversos desafíos y por los intercambios realizados, en grupos de trabajo y la ponencia de casos prácticos, también identificar las dificultades y debilidades propias de América Latina, identificar posibles dificultades de coordinación entre los actores de la lucha contra el lavado de activos”, destaca Jean Dos Santos, experto del proyecto EL PacCTO.  

Por otro lado, el proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. El proyecto ha buscado la capacitación a través de cursos formativos, se ha centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional y ha dado apoyo a la asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.  

“De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales”, destaca Javier Navarro, inspector de la Policía Nacional y experto en este proyecto.  

Siguiendo esta misma línea de trabajo, el proyecto de Apoyo de las fuerzas de la ley de la UE en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú busca mejorar la eficacia de las escuelas formativas, la cooperación interinstitucional y los sistemas de inteligencia peruanos con el fin de luchar contra las drogas, el crimen organizado y el lavado de activos.  

Asimismo, los proyectos EU-ACT de Acción contra las drogas y el crimen organizado y SEACOP, también trabajan en la lucha contra el lavado de activos, una problemática estrechamente relacionada con el tráfico de drogas y el crimen organizado.  

“Las organizaciones de tráfico de drogas están establecidas en diferentes países. En un país pueden estar proporcionando la materia, otros países de tránsito, otros países de destino… Incluso otros países para el lavado de dinero. Por tanto, si esto no se aborda desde un punto de vista transnacional, es imposible”, señala José Antonio Maté, coordinador del proyecto EU-ACT en la zona de Asia Central.  

Con el proyecto ARAP-Ghana, ‘Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana’, se pretende reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas del país africano, teniendo en cuenta el blanqueo de capitales que trae consigo esta problemática. Ghana ha creado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (NACAP) en el cual se encuadra este proyecto.  

Finalmente, en el proyecto El PacCTO: Apoyo a AMERIPOL, se prevé que el lavado de activos entre en la plataforma tecnológica de intercambio de información policial que está impulsando este proyecto en América Latina. 

A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

A principios de año, el Banco Mundial publicó su previsión de crecimiento económico mundial para 2018, una previsión que tenía un marcado protagonismo africano.  Con una estimación de crecimiento del 8,3%, Ghana lideraba un ranking copado por países subsaharianos en sus primeros puestos. Además de Ghana, Etiopía (2ª), Costa de Marfil (4ª) y Yibuti (5ª) estaban entre los cinco países con una mayor previsión de crecimiento. Este dato de la economía ghanesa no puede calificarse como una sorpresa. Con un crecimiento ininterrumpido de 34 años (la última recesión data de 1983, cuando su economía se contrajo un 4,5%), Ghana es uno de los países del África subsahariana con una economía más diversa y dinámica -la octava en términos de PIB, la segunda de África Occidental tras Nigeria- y cuenta con una balanza comercial bastante equilibrada, lo que le sitúa como un país de renta media-baja.

Desigualdad frente a macroeconomía

Sin embargo, estos datos macroeconómicos no pueden ocultar otros indicadores que no son tan esperanzadores. Aunque la población en situación de pobreza extrema se ha reducido a la mitad en los últimos 25 años, del 52% en 1992 al 24% en la actualidad, Ghana es uno de los 50 países más desiguales del mundo y, como señala Oxfam en sus últimos informes, en este país “la desigualdad está en aumento, socavando la reducción de la pobreza, frenando el crecimiento económico y amenazando la estabilidad social”. Según los datos de esta ONG, en Ghana el 10% de la población más rica consume casi un tercio de los recursos (32%), la misma cantidad que consume el 60% más pobre. Por el contrario, el 10% más pobre sólo accede al 2% de los recursos.

Esta problemática se agrava con dos brechas importantes. En primer lugar, la de género, que provoca que las mujeres tengan muy restringido el acceso a recursos y riqueza. Como señala Oxfam, este colectivo tiene “la mitad de probabilidad que los hombres de poseer tierras”. Además, “solo el 6% de las personas más ricas de Ghana son mujeres”. En segundo lugar, la territorial. El patrón de desarrollo de Ghana ha acentuado las divisiones norte/sur y campo/ciudad, con una pobreza fundamentalmente situada en ámbito rural (casi cuatro veces más de incidencia que en las zonas urbanas); y en las tres provincias del norte (Upper East, Upper West y Northern Region), que tienen indicadores de desarrollo similares a países como Mauritania, Madagascar o Benín, según datos del Informe de Desarrollo Humano de 2015.

Anticorrupción frente a desigualdad

Para que la acción gubernamental de los países afectados por la desigualdad pueda revertir la situación debe poner el énfasis en tres aspectos, como se señala en el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad: el gasto social, las políticas tributarias y los derechos laborales, y la corrupción es un fenómeno que impacta de forma negativa en estos tres aspectos. En primer lugar, al detraer recursos públicos, la corrupción afecta de manera importante a las políticas sociales, que cuentan con menos capacidad de gasto. En segundo lugar, al ser un circuito económico opaco no está gravado fiscalmente. Además, en muchas ocasiones la corrupción a gran escala y la evasión fiscal son fenómenos interconectados que involucran a las élites políticas y económicas. Sin olvidar que la percepción social de la corrupción es un gran desincentivador del cumplimiento de las obligaciones tributarias por la ciudadanía, que piensa que sus impuestos acaban en los bolsillos de los gobernantes. Finalmente, la corrupción estimula el empleo informal, sobre el que es más difícil adoptar regulaciones que promuevan el respeto de los derechos laborales y el establecimiento de salarios mínimos dignos.

En definitiva, como señalaba Transparencia Internacional en la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, “la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente creando un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza”. Y en el caso de Ghana se produce ese círculo vicioso. La percepción de la corrupción en Ghana, medida por el citado índice, arroja un resultado medio-alto para Ghana, con 40 sobre 100. Este índice indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción del sector empresarial y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Pero hay un dato más alarmante, y es que el resultado de Ghana viene empeorando en los últimos años, de 48/100 en 2014 a 40/100 en 2017. Es bastante probable que este empeoramiento se deba en gran medida a la revelación en los últimos años de importantes casos corrupción que afectaban al sistema judicial o la federación de fútbol.

La evasión fiscal, que como señalábamos es una cuestión muy vinculada a la corrupción, también es un desafío importante para Ghana. De hecho, para el ministro de Desarrollo Empresarial ghanés es el mayor desafío al que se enfrenta el país. Por todo lo expuesto, la lucha contra la corrupción en Ghana supone una poderosa herramienta en favor de un desarrollo inclusivo, que vaya más allá del mero crecimiento macroeconómico y tenga en cuenta a los colectivos más desfavorecidos. Y ese es el objetivo del Programa de Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana (ARAP, por sus siglas en inglés), que gestiona la FIIAPP en Ghana con financiación de la Comisión Europea: reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas de este país africano. Este proyecto comienza en un momento en el que el gobierno de Ghana se ha involucrado intensamente en lucha contra la corrupción creando el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) dentro del cual se encuadra el proyecto.

Ángel González, técnico coordinador del proyecto de apoyo a la transparencia y anticorrupción en Ghana

“Tener que pagar por algún servicio al que tengamos derecho, ¿crees que eso es corrupción?”, Bárbara Mensah pregunta a los ghaneses por uno de los problemas más relevantes de nuestro tiempo. Es una de los Oficiales de Educación Cívica encargados de investigar la percepción que se tiene sobre la corrupción en Ghana.

“Voy a preguntar sobre ciertas prácticas, me contestas si piensas que es corrupción o no”, Jafaru Omar es otro de ellos. Con un cuestionario, varios enviados de la Comisión Nacional de Educación Cívica de Ghana (NCCE) recogen la opinión de los ciudadanos en diferentes zonas del país.

Sobre el terreno, ya se deja entrever el resultado: tras 8672 respuestas, más de la mitad de los encuestados (58,4%) han sido testigos de alguna forma de corrupción. Henrrieta Assante-Sharpong es la directora de la investigación: “los resultados indican que aunque los ghaneses sean conscientes de la corrupción, tienen muy poco conocimiento de las diferentes formas en las que se puede ejercer”.

La NCCE nació con el objetivo de sensibilizar a la población: “nuestras vidas están retrocediendo. No tenemos carreteras, no hay corriente eléctrica. Los recursos que se llevan a través de la corrupción se podrían haber utilizado para esos servicios”, comenta Aluliga Malpang, agricultor de la Comunidad Tengzuk. El África subsahariana es la región peor valorada en cuanto a corrupción, según el último informe de Transparencia Internacional.

Cooperación frente a un contexto desfavorable

El informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, usando una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente.

Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan los primeros lugares en 2017, con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen las puntuaciones más bajas con 14, 12 y 9 respectivamente. Ghana ocupa el puesto número 81, con 40 puntos. Una valoración por encima de la media de la región subsahariana (32 puntos).

No obstante, el estudio muestra que más de dos tercios de los países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50. Transparencia Internacional trabaja global y localmente en más de 100 países del mundo: “dando voz a las víctimas de la corrupción, trabajando con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder o el soborno”. Y destaca que la mayoría de los países están haciendo poco o ningún progreso para acabar con la corrupción.

Ghana no quiere que sea su caso. La iniciativa forma parte del programa ARAP Ghana, “Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana”. Un proyecto de apoyo a la transparencia que tiene como objetivo reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas del país africano. Durante 4 años y medio, la FIIAPP gestiona este proyecto financiado por la Unión Europea, en colaboración con GIZ (Alemania) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Quiero ayudar a solucionar el problema de la corrupción”, Joseph Samuel Bebefiankom es estudiante en Kwashieman (Accra). Como él, otros ciudadanos: “se puede reducir, se puede rebajar”, “dará trabajo a mucha gente”, “aportará desarrollo a la nación”. Saben lo que quieren conseguir, pero no saben cómo.

Diferentes instituciones públicas ghanesas como la NCCE, en colaboración con la FIIAPP, han diseñado una estrategia que involucra a la población, entre otros actores, en la lucha contra la corrupción. Una de las prioridades de ARAP Ghana es concienciarlos sobre la importancia de denunciarla.

Más líderes comprometidos, menos corrupción

El blog África no es un país recuerda a partir del mismo informe que “2017 ha visto la caída de varios gobernantes acusados de favorecer la corrupción”. Yahya Jammeh en Gambia, José Eduardo dos Santos en Angola, Robert Mugabe en Zimbabue y, ya en 2018, Jacob Zuma de Sudáfrica.

George Obeng Obei es otro de los Oficiales de Educación Cívica: “la gente que no tiene demasiado nivel de educación no conoce cómo funcionan las cosas en las asambleas y en muchas instituciones. Pero creen que allí hay elementos de corrupción”, comenta. Que no sepan cómo se ejerce, no quiere decir que no la vean. Saben, perciben, según Obeng Obei, que las cosas sólo se consiguen con dinero. Y hay que cambiar esa mentalidad.

Según Transparencia Internacional, es el momento para una “redefinición” del problema en África. Ya que en algunos casos, el IPC muestra un “futuro esperanzador” para el continente. A pesar de ser la peor región en conjunto, existen países con un progreso notable. Como Botswana (61), que obtiene una mejor puntuación que España (59).

La clave, según la organización, es que estos países tienen “un líder político comprometido en la lucha anticorrupción». Lo que les hace dar un paso más al asegurar el desarrollo de las leyes e instituciones al respecto. Ghana está haciendo esfuerzos en este sentido, el gobierno ha creado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) en el que se enmarca el proyecto.

Si además se hace partícipe a la población, el éxito está más cerca. Lo sabe la presidenta de la NCCE, Josephine Nkrumah, que valora la investigación realizada en el país: “NCCE va a usar ese informe para crear actividades de educación cívica. Hay que involucrar tanto al sector público como al privado para ganar la batalla. Y más importante aún, hay que involucrar a cada ghanés y a cada ghanesa”.

“Ganar la lucha contra la corrupción” es el lema de la Unión Africana (UA) para 2018. Una frase que podría extrapolarse a casi todo el mundo. Y que parte de la premisa de que “la corrupción recompensa a aquellos que no cumplen con las reglas, destruyendo todos los esfuerzos de una gobernanza constructiva, justa y equitativa”.

Recorre las zonas de la investigación en Ghana en este vídeo:

Colombia arrastra a sus espaldas las trágicas cifras de 218 mil muertes y casi 6 millones de desplazados , todo esto como consecuencia de un conflicto armado que se ha prolongado durante más de 50 años. Un conflicto que ataca a la sociedad colombiana a todos los niveles, donde uno de los grandes protagonistas encargado de la perpetuación de este contexto de violencia ha sido la corrupción.

Hoy Colombia mira hacia delante, depositando todas las esperanzas en un arduo Proceso de Paz que debe tener en cuenta a todos los actores de la sociedad. Una pieza clave para avanzar en este proceso de paz es el compromiso con la transparencia y la prevención de la corrupción tanto en las instituciones públicas como en las entidades privadas del país.

En coherencia con esta premisa en 2014 nace el proyecto ACTÚE Colombia como respuesta de la Unión Europea a una solicitud del Gobierno colombiano para el fortalecimiento e implementación de políticas públicas anticorrupción. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP que trabaja mano a mano con varias instituciones públicas colombianas, como son la Secretaría de Transparencia, Departamento de la Función Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas, Procuraduría y Consejo de Estado como representante del poder judicial, entre otras.

Con este proyecto se busca crear un enfoque integral en la prevención de la corrupción que trabaje desde cuatro áreas estratégicas de especial impacto en el país:

Integridad Pública y Gobierno Abierto: Creación de un gobierno abierto y transparente a través de instrumentos como la ley de transparencia y acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética pública, la protección de los denunciantes, entre otros. Tal y como expresa Liliana Caballero, directora del departamento administrativo de la Función Pública “para el Gobierno es muy importante que el ciudadano confíe en el Estado y en los empleados de las administraciones públicas y los ciudadanos deben tener la seguridad de que tienen acceso a toda la información, que ya no hay un secreto en lo que se maneja, en los presupuestos”. 

Acción Sectorial: para fomentar la integridad y la transparencia también es necesario incidir en los sectores concretos como son los órganos de justicia, la sanidad, las industrias extractivas y cultura de integridad. 

• • El Consejo de Estado de Colombia está trabajando en la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y la ética judicial. Para servir como precedente el Consejo de Estado llevó a cabo el pasado 29 de junio una audiencia pública de rendición de cuentas, lo que ha supuesto la primera vez que un órgano de justicia organiza un acto de rendición de cuentas en el país.

   

  • La industria extractiva supone uno de los sectores económicos más importantes de Colombia, en el año 2015 la industria extractiva reportaba el 7,2% del PIB del país, por esto es importante que esta actividad económica no caiga en las redes de la corrupción. Por ello se está incentivando la aplicación de la iniciativa EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) en todo el país, y ya se han comprometido a la aplicación de esta iniciativa las 16 empresas extractivas más importantes de Colombia, que suponen un 80% de la producción minera.

   

  • En el sector salud, ACTUE Colombia ha venido apoyando lo que algunos llaman “transparencia radical” en la política farmacéutica del país con miras a no solamente garantizar el goce de derecho, el acceso a un servicio de calidad y transparente, sino también para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sector. Para asegurar estos objetivos se han desarrollado iniciativas que involucran a varios actores y donantes como es el Decálogo de Transparencia e Integridad en el sector salud y se han implementado herramientas de acceso a la información como  Medicamentos a un Clic, plataforma web para los profesionales de la salud o el Termómetro de Precios de Medicamentos, entre otras.

   

  • Además ACTUE Colombia apoyo el compromiso del gobierno nacional por promover un cambio cultural, dado que existe amplio reconocimiento que las leyes son importante pero insuficientes . En este sentido se están implementando las Rutas Pedagógicas para la promoción de la Transparencia, la Integridad y el Cuidado de lo Público, destinados a sensibilizar desde las aulas de los colegios, las universidades y desde las instituciones públicas a las personas acerca de su rol en un tal cambio cultural de conductas personales e institucionales

Participación ciudadana y sector privado: Tanto ciudadanos como empresas son actores clave para la lucha contra la corrupción. Para crear una sociedad sana, integra y consciente es necesario que sean partícipes en los cambios culturales, institucionales y normativos.

• Para promover la corresponsabilidad de los empresarios en prevención de la corrupción se ha dado continuidad a iniciativas que promueven la ética empresarial, la Autorregulación, anti-soborno y las reglas claras, como son el Registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción y la Guía de Pactos Empresariales de Transparencia y Anticorrupción.

• Para involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y la integridad, se han apoyado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, el impulso de una Red de Amigos de la Transparencia o la mejora de la rendición de cuentas en las instancias de participación ciudadana, así como en las ONGs, entre otras.

Gobierno Abierto Territorial: El cambio debe tener lugar en todos los niveles políticos, desde el gobierno nacional a los gobiernos territoriales. Esta área fortalece las capacidades regionales y locales en la aplicación de la ley de transparencia; atención al ciudadano y gestión de los riesgos de corrupción; fomentar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas. Además se está impulsando la creación de una red de gobernaciones abiertas con miras a promover el intercambio y aprendizaje entre pares.

La labor de coordinación y el enfoque integral de ACTÚE está facilitando los pasos hacia un cambio real en Colombia pero acabar con la cultura de la corrupción es una tarea que requiere del compromiso y el trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad colombiana.