EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experta movilizada? 

El poder ofrecer mi experiencia nacional e internacional de más de 10 años en políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad que puede ser útil para el Consejo Nacional de Protección Social, la institución camboyana que buscó el apoyo de SOCIEUX. 

¿De qué te sientes más orgullosa? 

La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad en la que trabajo ha participado en distintos proyectos internacionales sobre todo en los países de la Política Europea de Vecindad (Túnez y Ucrania) y en América Latina, por lo que mi participación en esta misión ha abierto la posibilidad de que otros actores internacionales conozcan la labor que hacemos, en países en los que España tiene menos presencia o lazos históricos, sociales, comerciales, etc..  

¿Cómo ha contribuido tu misión a mejorar la vida de las personas y el planeta? 

El objetivo de la misión consistía en trazar un mapa y evaluar las políticas de protección social existentes en Camboya que incluyan la discapacidad. Como resultado de estos trabajos, mi compañero (experto griego en discapacidad de la OMS) y yo hemos ofrecido unas conclusiones y recomendaciones a la institución camboyana sobre el camino a seguir para las políticas de protección social dirigidas a las personas con discapacidad en Camboya, por lo que podrán mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, y en general, del conjunto de la sociedad camboyana. 

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público? 

El principal valor de lo público es que trabajamos para toda las personas, buscando el interés general de la sociedad en su conjunto, lo cual creo que hoy en día es muy importante en un mundo globalizado en el que existen grupos con intereses contrapuestos. 

¿Qué has aprendido con esta experiencia?  

Esta experiencia me ha facilitado conocer una parte de la realidad de Camboya, un país con una historia reciente muy dura, en la que operan un gran número de actores internacionales tales como las principales organizaciones de Naciones Unidas, el Banco Mundial, diversas agencias de cooperación internacional (Australia, Japón, EEUU, UE..), ONGs de muy diversa procedencia y características, etc. Esta multiplicidad de actores tiene sus pros y sus contras, si bien lo importante es que existe por parte del Gobierno camboyano una apuesta decidida por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

Gabriella tiene 15 años, pero en su carnet pone que acaba de cumplir los 19. Desde hace dos años, una red de proxenetas la tienen encerrada en un prostíbulo donde la explotan sexualmente. Hace seis meses consiguió escapar de ese lugar. Cuando a lo lejos vio una comisaría, pensó que ya estaba salvada. Al llegar la atendió un policía, le hizo pasar a un cuarto y le tomó declaración. Cuando Gabriella terminó de hablar, el policía salió un momento para hacer una llamada. A los quince minutos, un coche se presentó en la comisaría para llevarla de vuelta al prostíbulo de donde había escapado. Al día siguiente, el policía pasó por allí para que los proxenetas le devolviesen el favor. 

Gabriella no existe, pero su historia la viven cada día más de 1,7 millones de mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual. Aunque se suele señalar a los proxenetas, los funcionarios corruptos que miran hacia otro lado o encubren estos delitos son igualmente responsables. “La corrupción es un flagelo que permea todas las estructuras, tanto públicas como privadas. El ámbito de la trata de personas no escapa a ella”, afirma María Soledad Machuca, Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra el Orden Económico y Corrupción de Paraguay. 

Algunos funcionarios públicos no sólo miran hacia otro lado, llegan a participar activamente o a beneficiarse de la explotación sexual. “Muchas veces funcionarios corruptos negocian con tratantes y explotadores el pago de coimas o favores sexuales en los que son las propias víctimas la moneda de cambio para cumplir con esos pagos”, explica María Alejandra Mángano, Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina. 

Para Rosario López Wong, Fiscal coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Perú, uno de los problemas que facilitan la trata son los avisos sobre operaciones policiales: “Sentimos una gran frustración cuando un operativo planificado de rescate de víctimas no se realiza o se trunca porque los tratantes han sido alertados y las víctimas han sido ocultadas, incluso menores de edad”. 

Otros funcionarios dan licencias de cafeterías a prostíbulos, falsifican documentos de identidad para hacer pasar a niñas por mayores de edad o intimidan a las víctimas para que no denuncien, como cuenta Marcelo Colombo, Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina: “Existen funcionarios públicos que amenazan a las víctimas y a los testigos, ya sea para que estos no denuncien los hechos de corrupción o incluso para que no se presenten como testigos a los juicios”,  

Las Fiscalías de América Latina, en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), trabajan para detectar y combatir la corrupción pública que encubre la trata. Los Ministerios Públicos son conscientes de la importancia de trabajar de forma conjunta y cooperar para terminar con esta lacra. “Nos encontramos fortaleciendo en la cooperación y coordinación entre las Unidades Especializadas de Trata de Personas y Anticorrupción para poder desarrollar una investigación eficaz y oportuna”, explica Carina Sánchez, Fiscal de la Unidad de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de Paraguay. 

Desde FIIAPP, a través de programas como EUROsociAL+, EL PAcCTO o A-TIPSOM, trabajamos para impulsar la cooperación entre administraciones públicas y combatir, de forma conjunta, la trata de personas. Lo hacemos abordando la cadena criminal en su conjunto. Esto implica trabar tanto la dimensión policial (investigación y detención) pasando por la judicial (elaboración de la legislación y enjuiciamiento de acuerdo con las leyes vigentes) y terminando en la penitenciaria (aplicación de las penas impuestas). 

Con la campaña #FiscalíasContralaCorrupciónylaTrata, visibilizamos una cara poco visible de la explotación sexual. Aunque los funcionarios corruptos son sólo una parte de la Administración, detectar esas‘manzanas podridas es fundamental para acabar con la trata. Como afirma Sergio Rodríguez, Titular de la Fiscalía Anticorrupción de Argentina: “No existe la trata de personas sin corrupción”.  

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto movilizado?

Hasta ahora el mayor logro ha sido haber podido conseguir que las instituciones mozambiqueñas confíen en la capacidad del proyecto de Apoyo a la lucha contra la corrupción en Mozambique de trabajar con ellas para poder combatir, de un modo eficaz, la corrupción y conseguir su implicación, total, en el mismo.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Del trabajo en equipo y del esfuerzo desplegado, hasta ahora, con mis compañeros en FIIAPP a la hora de defender la asistencia técnica pública como un valor destacado.

¿Cómo ha contribuye tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Como Magistrado concibo el servicio público a la ciudadanía como una prioridad absoluta y como un activo necesario para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entiendo importante exportar esos valores y conocimientos a otros países por medio de la asistencia técnica pública promovida por FIIAPP.

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

Capacidad técnica y experiencia, mérito y capacidad en la selección de profesionales, y priorización en el ejercicio profesional de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

¿Qué aprendizaje destacarías?

Que, a veces, no es fácil defender lo público frente al mercantilismo del mercado, consultorías privadas e intereses creados. Pero que no hay duda de que en el ámbito público existen magníficos profesionales conocedores de la práctica diaria, y que debe defenderse este modelo público a pesar de los obstáculos.

Como experto FIIAPP, Joaquín Delgado ha trabajado para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad a través del programa EUROsociAL+.

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto  de FIIAPP/Eurosocial?

Sin duda, mi mayor logro es la colaboración con FIIAPP/EUROsociAL en la génesis e implementación de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, que comenzó en 2007 y continúa en la actualidad. 

Primeramente participé en el diseño y redacción de las  llamadas 100 Reglas de Brasilia, hasta su aprobación en el Plenario de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que tuvo lugar en Brasilia en 2008 por la Cumbre Judicial Iberoamericana, que agrupa a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura de 23 países iberoamericanos. 

Posteriormente colaboré con FIIAPP/EUROsociAL en un actuación inter-redes pionera en ese momento, promoviendo que las citadas Reglas contaran con el apoyo de las las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema de justicia:  la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA). 

Tras la actualización de las Reglas aprobada por la CJI en 2018, FIIAPP/EUROsociAL me encargó la elaboración de Guía Práctica de las Reglas de Brasilia, que salió a la luz en 2019. 

Actualmente colaboro en la elaboración y desarrollo una estrategia que permita la aprobación de un tratado o convenio internacional sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. A tal efecto, se ha creado un Equipo Técnico en el que participan COMJIB, SEGIB, CJI, el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia el Ministerio de Justicia de España y que cuenta con el apoyo técnico de FIIAPP/EUROsociAL. 

¿De qué te sientes más orgulloso?

Me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de contribuir, aportando mi trabajo y mi experiencia jurisdiccional, a la creación de un instrumento que ha resultado muy útil para mejorar la tutela judicial de las personas más vulnerables y, por tanto, a mejorar la efectividad de sus derechos. 

De poco sirve reconocer un derecho que no se cumple. No basta con que la legislación recoja derechos, sino que hace falta crear mecanismos que permitan su respeto y cumplimiento efectivo. Y aquí surge el papel clave de la justicia para la efectividad de los derechos tanto civiles y políticos tradicionales, como de los económicos, sociales y culturales. 

Y ello es especialmente relevante como consecuencia de la pandemia, porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, que son precisamente quienes cuentan con unos mayores obstáculos de acceso a la justicia:  problemas de deudas y de insolvencia; personas que pierden sus empleos y/o se ven compelidas hacia la economía sumergida o informal y/o tienen dificultades para atender a sus compromisos financieros o arrendaticios de la vivienda; víctimas de fraudes online, o de violencia de género; internos en prisiones y centros de detención; personas en asentamientos informales… 

 ¿Cómo ha contribuido tu misión a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Las 100 Reglas de Brasilia recogen una serie de medidas concretas y recomendaciones para vencer los obstáculos para la tutela judicial originados por razón de edad (menores de edad y personas adultas mayores), victimización, discapacidad, migración y desplazamiento por conflictos internos, pobreza, género, pertenencia a minorías o privación de libertad, entre otras causas. 

Sus destinatarios son los responsables de las políticas públicas judiciales, de tal manera que el contenido de las Reglas sea tenido en cuenta en su diseño e implementación, mejorando el marco legal e institucional de acceso a la justicia de los más desprotegidos de la sociedad. Pero también son destinatarios los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a los más vulnerables un trato mejor y adecuado a sus circunstancias singulares. 

Ahora hay que dar un paso más: los principios y contenido de las Reglas de Brasilia deben ser recogidos en un instrumento internacional vinculante (tratado o convenio internacional) que se configure como referente de la actuación de las entidades públicas en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, así como en la actuación de las distintas personas que desarrollan sus funciones en el sistema judicial.  

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

La persona es la razón de ser de lo público, de tal manera que sus necesidades han de ser las finalidades de los instituciones públicas.  En el ámbito de la justicia, debemos conseguir que el sistema judicial constituya la garantía efectiva de los derechos de todas las personas, independientemente de sus capacidades económicas, físico-sensoriales, género, pertenencia a minoría….. en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo Objetivo 16 se refiere a “la provisión de acceso a la justicia para todos”.  

¿Qué has aprendido con esta experiencia?

La lección más importante que he aprendido se refiere a la relevancia de establecer mecanismos que posibiliten la colaboración efectiva de las distintas personas y entidades protagonistas en una determinada actuación destinada a mejorar algún aspecto de la organización y funcionamiento del sistema judicial (principio de colaboración). Lo que resulta especialmente relevante en un escenario tan complejo como la justicia, en la que intervienen jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y otros profesionales del Derecho; pero en la que también participan y/o colaboran de una u otra forma policías, registros públicos, instituciones penitenciarias, peritos…….y especialmente las empresas y los ciudadanos, por sí mismo o través de entidades de la sociedad civil. 

Y estos mecanismos de colaboración han de facilitarse no solamente a nivel local y a nivel nacional, sino también a nivel internacional de tal manera que los sistemas judiciales de diferentes países puedan compartir experiencias y avanzar conjuntamente en el diseño de medidas y productos axiológicos que permitan mejorar el acceso a la justicia de todas las personas. 

En este contexto, quiero destacar el trabajo que durante los últimos años ha desarrollado FIIAPP/EUROsociAL, que ha sido capaz de proporcionar el apoyo necesario para que los distintos protagonistas de los sistemas judiciales de América Latina hayan colaborado de forma efectiva en la mejora del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad: foros de debate e intercambio de experiencias, protocolos…….y especialmente el apoyo a la elaboración y efectividad de las 100 Reglas de Brasilia. 

El proyecto de la FIIAPP y CIVIPOL “Promoting Community Policing in Lebanon” avanza según la planificación prevista, a pesar de las muchas dificultades y retos que actualmente afronta el Líbano.  

La crisis política, económica y social continúa cerniéndose en el Líbano, y como consecuencia del plan de reducciones lanzado por el Gobierno, los productos básicos han ido aumentando sus precios drásticamente y la grave crisis eléctrica causada por la falta de reservas de gas y petróleo, mantienen al país sumido en una recesión económica cada vez más preocupante.  

Durante los últimos días, la empresa nacional Electricidad del Líbano (EDL), responsable de proveer corriente eléctrica al tendido nacional, se ha visto forzada a racionalizar la provisión del servicio a lo largo del día, provocando largos periodos de cortes de luz y de corriente eléctrica. En ese sentido, durante la primera semana de julio, en Beirut se han vivido momentos de especial tensión, debido a un acceso limitado e irregular de 4 horas de electricidad diarias, mientras que, en otras regiones, como en el caso de Trípoli, la población solo está teniendo acceso a corriente eléctrica durante 2 horas al día. Las empresas de electricidad privadas, que reemplazan al servicio eléctrico estatal en esta época de recortes, están poniendo a disposición de la ciudadanía grupos electrógenos y generadores, que también están sufriendo ya la falta de aprovisionamiento del carburante necesario para mantenerlos operativos, y se han declarado incapaces de mantener el nivel de suministro demandado por mucho más tiempo, si no hay acceso a una mayor cantidad de petróleo o gas subvencionado.  

La reducción de carburante afecta también el sector de transporte y los desplazamientos internos en el país. Ante las gasolineras se acumulan largas colas de coches, camiones, motos y furgonetas para poder comprar un máximo de 10 litros de gasolina o gas por un importe muy elevado para la población local, debido al actual nivel de inflación de la libra libanesa.  

Estos recortes eléctricos y la falta de acceso al transporte provocan grandes dificultades a la ciudadanía para desarrollar cualquier actividad económica, política o social. Las tensiones y ansiedad social van en aumento, y las manifestaciones en las calles se multiplican día tras día.  

A pesar de estos retos, el Proyecto y su equipo siguen adelante con el plan de trabajo, adaptándose a la realidad del país, haciendo lo posible por mantener el nivel de compromiso de todos los actores implicados a través de visitas personales, llamadas telefónicas y, cuando la electricidad lo permite, comunicación online permanente entre los miembros del equipo y sus interlocutores nacionales.

Muestra de dicho compromiso adquirido ha sido la realización del primer Comité Directivo del Proyecto, que ha tenido lugar el 6 de julio en Beirut, de forma telemática. Esta reunión de lanzamiento del Plan de Trabajo del Proyecto ha logrado reunir virtualmente a más de 30 representantes de institucionales libanesas y al equipo completo de FIIAPP y CIVIPOL en el terreno y en Madrid. El Comité Directivo ha aprobado unánimemente el plan de trabajo propuesto, lo cual supone todo un éxito en tiempos difíciles como los actuales. 

Consuelo Navarro, coordinadora del proyecto de Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano

Laia Castells, experta en Derechos Humanos del proyecto de Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano

Dolores Moreno es médica forense y forma parte desde hace más de 25 años del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Ha sido directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia y ha trabajado como experta FIIAPP en Centroamérica a través del proyecto ICRIME de lucha contra el crimen organizado.

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como persona experta movilizada?​

ICRIME se dirige a doce organizaciones forenses localizadas en siete países. Tras varias visitas y un contacto continuo con sus trabajadores, ser capaz de conocerlas, entender sus necesidades y elaborar las propuestas de mejora alineadas con los objetivos del proyecto, creo que ha sido uno de los mayores logros en relación a mi trabajo. 

¿De qué te sientes más orgulloso/orgullosa?​ 

De haberme adaptado rápidamente a la cultura centroamericana desarrollando una relación de confianza con los Directores de las instituciones forenses de la región.  

También me siento orgullosa de haber sido capaz de movilizar a expertos de alto nivel de nuestros ministerios y de su implicación en nuestro proyecto.  

¿Cómo ha contribuido tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y/o el planeta?​ 

La cooperación con las instituciones públicas de estos países nos permite compartir el conocimiento y experiencia adquiridos en nuestra administración pública. Colaboramos en hacer estas instituciones públicas más eficaces y eficientes. Para ello, aplicamos criterios de gestión y de calidad, trabajando en la capacitación profesional y en la mejora tecnológica, lo que redunda en un mejor servicio a los ciudadanos, una mayor seguridad jurídica y una mejor gestión de los recursos públicos.  

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?​ 

Las Administraciones Públicas no tratan de obtener el máximo beneficio a través de la prestación de servicios. Por este motivo, los parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar una prestación serán únicamente los de idoneidad y la consecución de los resultados previstos. Este aspecto me parece muy importante cuando se prestan servicios básicos como los relacionados con la seguridad y la justicia.   

Esto no significa que una prestación pública no deba ser eficiente, por el contrario, los funcionarios tenemos un mayor compromiso con la administración de los recursos y cada vez estamos más preparados para gestionar con eficiencia, aunque focalizados en el bienestar social y sin poner en riesgo a los ciudadanos.  

¿Qué has aprendido? 

En este tiempo he tenido la oportunidad de conocer en profundidad el funcionamiento de estas organizaciones, lo que me ha permitido aprender de sus mejores prácticas en la gestión, en la organización de algunos procedimientos o en la forma de resolver problemas comunes.  

He podido ver también la implicación de los trabajadores de estas instituciones que, a pesar de las diferencias culturales, comparten con nosotros una vocación de servicio público.