En diciembre de 2010, en el centro de la capital tunecina aconteció uno de los momentos que cambiarían la historia reciente del país. En las proximidades de la plaza central de la ciudad, Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante de frutas y verduras de 26 años, fue detenido por 3 agentes municipales que le pidieron sobornos mientras vendía sus productos. Mohamed se negó y los policías requisaron sus productos y su carretilla. Esa misma tarde acudió a la oficina del gobernador a reclamar que le devolvieran lo que los agentes le habían requisado, pero no tuvo ninguna respuesta, así que decidido, compró un bidón de gasolina y unas cerillas y se prendió en llamas dentro de la oficina de gobernanza.

Estas llamas de Mohamed encendieron las tensiones de la población tunecina y las plazas se llenaron de gritos de esperanza. Miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar los derechos de los que se les habían privado durante el régimen de Ben Alí.  Tras varias semanas de manifestaciones ciudadana se disolvió el partido.

Desde entonces Túnez vive una transición democrática. En 2014 se aprobó la constitución y se celebraron elecciones libres y democráticas, en las que se nombró primer ministro a Habib Essid del partido Nida Tunes.

Proyecto europeo de apoyo al ministerio de justicia

La Unión Europea ha aplaudido los avances en la transición democrática tunecina y se ha comprometido a apoyarla en todo el proceso, y un ejemplo de ello es el proyecto de apoyo al Ministerio de Justicia tunecino, que comenzó en 2015 y, que está financiado a través den Instrumento Europeo de Vecindad y gestionado por la Fundación Internacional de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP).

Este proyecto tiene como objetivo acompañar al sistema judicial tunecino en el proceso de transición democrática y definir la organización y la estructura del Ministerio de Justicia y del Consejo General de la Magistratura.   El coordinador del proyecto residente en Túnez, Ángel Llorente, explica la situación de la que parte el proyecto, “al pasar de un régimen autocrático a un sistema democrático de libertades había que cambiar las leyes más importantes porque, en el Ministerio de Justicia, anteriormente confluían competencias que deben ser ejercidas por un poder judicial independiente, dotado de una autonomía y de una financiación propia”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su ecuador. Ya se ha realizado una primera fase de estudio de la situación para conocer la situación previa y así identificar las necesidades a partir de las cuales diseñar la futura implementación de políticas públicas. El letrado de tribunal superior de justicia de Murcia y líder del proyecto, Javier Parra, explica que uno de los logros tangibles alcanzado hasta el momento es la elaboración de un plan quinquenal sobre la implantación de tecnologías de la información.

Pero los resultados del proyecto no sólo tienen vigencia durante los 2 años y medio de su ejecución, se espera que estos pasos dados sean el motor de un cambio mucho más profundo en la estructura de los órganos de justicia tunecinos. Un ejemplo de ello es el plan quinquenal de objetivos a conseguir durante los próximos 5 años. La consejera del Ministerio de Justicia de Túnez y encargada de la misión lo explica, Najet Ben Salah, “estamos comprometidos con la espera de resultados, tenemos unos objetivos que están ya incluidos dentro del plan de acción global y esperamos que estos resultados se consigan en los próximos 5 años”.

El próximo día 20 será el tercer domingo de noviembre y como cada año en este día se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, establecido por  Naciones Unidas en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares. Reducir el número de accidentes de tráfico es también uno de los objetivos de la Unión Europea.

En el año 2010 la Comisión Europea adoptó el Programa de Acción de Seguridad Vial con el objetivo de reducir a la mitad las víctimas de accidentes de tráfico para 2020. Encuadrado en este programa de acción surge el proyecto de seguridad vial en Argelia, Carmen Girón, Jefa de Área de Relaciones Internacionales en la DGT es la coordinadora del hermanamiento en España.

¿Cuál es el objetivo general del proyecto en Argelia?

Se trata de un proyecto de hermanamiento financiado por la Comisión Europea dentro de la política de buena vecindad con otros países. Y concretamente lo que se quiere hacer es fomentar y favorecer la política de seguridad vial de una manera hermanada en este caso con nuestros colegas, las autoridades de Argelia que se encargan de fomentar la seguridad vial de su país.

¿Cuáles son los resultados esperados en este proyecto?

La concreción de ese hermanamiento se puede explicar en 5 resultados porque así fue diseñado por la Comisión Europea y después acordado de una manera recíproca por parte de Argelia y España.

Un primer resultado macro se refiere a la organización, el cimiento y la base para que pueda funcionar,  que atiende a cómo se debería estructurar esa organización, qué competencias habría de tener, cómo se podría coordinar con otros entes a nivel nacional y la legislación a desarrollar.

Un segundo paso es tener una información fiable sobre cuál es la situación de accidentalidad y siniestralidad en el país, los datos de los que se puede nutrir la autoridad pública encargada de la promoción de la seguridad vial son fundamentales, y en este supuesto, juega un papel importante España, por su experiencia, en relación con Argelia y trabajamos mano a mano con ellos asesorándoles sobre cómo recoger, tratar y analizar los datos en caso de un accidente de tráfico para finalmente poder fijar una estrategia a nivel nacional.

Un tercer apartado es todo lo que se refiere a las condiciones de seguridad de las personas que participan en la circulación vial. En este caso se presta una especial atención a los conductores atendiendo a la formación que deben tener para obtener las licencias de conducción, abarca aspectos de contenido teórico y práctico y las metodologías que se pueden emplear para realizar los  exámenes.

Hay también un ámbito muy concreto que se refiere a la educación vial extendida a toda la población ligada con las campañas en concienciación vial.

Por último está el resultado que se encarga de la legislación y procedimientos técnicos de revisión  para la actualización de los vehículos, es decir que reúnan las condiciones técnicas necesarias para poder circular en condiciones de seguridad y del tratamiento de los riesgos asociados a la infraestructura vial.

¿Cuál es el marco de actuación sobre el que se mueve el proyecto?

A nivel internacional global, se atiende como marco de referencia al Decenio de Acción Mundial de Seguridad Vial horizonte 2020, siempre entendido como paraguas de una política de promoción a la seguridad vial dentro del ámbito de cooperación internacional de la UE.

¿Resultados a destacar?

Ahora estamos en el meridiano del hermanamiento y se han llevando a término misiones formativas y de asistencia técnica por parte de funcionarios expertos españoles, fundamentalmente profesionales de la Dirección General de Tráfico y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,  además irán incorporándose expertos del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Industria y de los Ayuntamientos.

¿Cuál es el trabajo de la Dirección General de Tráfico a nivel internacional?

Participa activamente en todos los grupos internacionales técnicos para mejorar la  seguridad vial. En los informes mundiales de seguridad vial  de la OMS de 2013 y de 2015  España ocupa una posición  en primera fila en el ranking  de los países con mejor seguridad vial en el mundo no siendo óbice para seguir trabajando para alcanzar cada vez mayores cotas de seguridad vial.

Además, en cooperación internacional  da respuesta a la demanda que hace el propio Secretario General de la ONU para  que aquellos países que se encuentren en mejor situación de seguridad en circulación vial presten su ayuda a otros países, como con  nosotros también lo hicieron antes  otros países y así, por ejemplo, en  el año 2011, la ONU destacó  precisamente  la labor tuitiva de la DGT para con otros países, especialmente con la región Latinoamericana  para promocionar y mejorar la seguridad vial.

También hay que tener en cuenta, que nosotros no solamente nos dedicamos al ámbito de Latinoamérica o del espectro de la UE, si no que  atendemos  peticiones a nivel bilateral de aquellos países que forman parte de la acción exterior prioritaria y estratégica de España, que es la que fija nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores.

Escucha en nuestro programa Cooperación Pública en el Mundo, en Radio 5 (RNE), más cosas sobre el proyecto de la DGT en Argelia:

Día de Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico

Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.

Llevamos unos largos meses de duro trabajo. Muchas reuniones, consensos y negociaciones para conseguir alcanzar nuestro objetivo: traer expertos latinoamericanos a nuestras instituciones españolas para compartir a través de nuestros expertos, nuestro saber hacer, nuestras experiencias y conocimientos a través de nuestros expertos.

Pero, ¿qué es lo que realmente hace de este intercambio una experiencia increíble?

Tras asistir a varias inauguraciones y cierres de seminarios de diversa índole, como por ejemplo sobre derecho registral, tratamiento de aguas residuales, innovación social, fiscalidad internacional o lucha contra el fraude fiscal; se llega a la conclusión de la enorme utilidad de este tipo de actividades.

Actividades que podríamos denominar de intercambio cultural especializado, y que dan como resultado la creación de redes de expertos que van mucho más allá de los simples conocimientos. Acaban derivando en lazos personales inseparables y en lazos institucionales que se convierten en redes de intercambio profesional y cultural.

Esta conclusión nos hace reconciliarnos una vez más con nuestro trabajo, si es que en algún momento teníamos dudas de lo que se consigue a fuerza de esfuerzo y con mucho tesón.

Nos hace volver a creer en nuestras pequeñas aportaciones en el marco de la cooperación internacional al desarrollo, siempre centradas en el fortalecimiento institucional, a través de la cooperación técnica y la movilidad de expertos.

Nos hace confirmar también que estas acciones son importantes, ya que ponen de manifiesto, una vez más, que quienes comparten experiencias y conocimientos son las personas que conseguimos reunir durante unas semanas en torno a una temática concreta, siempre prioritaria para la cooperación española.

Pero no nos quedemos ahí. Aún podemos ir más lejos y ser más ambiciosos con nuestras expectativas ya que ponen de manifiesto, que con estas iniciativas fomentamos que se comparta una gran dosis de cultura y confianza en las instituciones de países diferentes.  Porque en la FIIAPP trabajamos para las personas, y de esta forma mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos; que a fin de cuentas, es nuestro objetivo final.

Resulta siempre gratificante poder constatar de primera mano, a través de las experiencias directas, escuchadas en primera persona de nuestros invitados y colaboradores, que el esfuerzo ha tenido una recompensa, que la recompensa te está hablando y solicitando que continúes trabajando en esta dirección y que con mucho esfuerzo, aunque no con tanto dinero, se pueden alcanzar grandes y ambiciosos objetivos.

Todo esto nos anima a seguir sumando esfuerzos y trabajando día a día para mejorar nuestras instituciones a través de las personas. Con ello, nosotros también progresamos y nos convertimos en mejores personas e instituciones.

Por Isabel Ramos, Directora de Área de Información y Programas Especiales

Hace unas semanas pude leer una entrevista al antropólogo Arturo Escobar. En ella se recogían sus ideas sobre muchos temas, entre ellos, el papel de los expertos y las redes sociales. Se mostraba crítico con la capacidad de transformación social de estos cauces de comunicación y no dejaba en buen lugar a los especialistas. Reflexionando sobre sus afirmaciones, me quedé un poco ‘en tierra de nadie’, porque si bien me parecieron acertadas, mi experiencia me puso sus reparos.

Hoy todos somos expertos en algo. Habrá quién no lo haya asumido (aunque nuestra navegación, cada vez más especializada y segmentada gracias a Google, lo desmiente), pero las categorías, las etiquetas y las palabras clave van a continuar con nosotros en nuestra realidad digital. Y hasta cierto punto es bueno que haya expertos, no porque se les tenga que emular o alabar, sino porque su experiencia puede ser muy importante para los demás, siempre y cuando la comuniquen.

Una comunicación directa y personal

Antes de animar a los expertos en Cooperación para el Desarrollo, y especialmente a quienes no lo hayan hecho ya, a utilizar las redes sociales, aprovecho para recordar algunos medios y géneros que pueden ayudarles:

• Blogs

Son un espacio abierto a la creación, el comentario y la interacción. En España existen varios tipos, algunos de carácter periodístico con una comunidad de contribuyentes (El País o el eldiario.es), otros que nacen desde el ámbito de las ONGD (Pobreza Cero , la Fundación CIDEAL y los de muchas ONGD españolas), de los Organismos Internacionales (Banco Mundial) o la Administración Pública Española (el MAEC, que además ha realizado un documento importante en Diplomacia Digital, la FIIAPP, o el portal de la Cooperación Española, cuyo trabajo me gustaría potenciar).

• Videoblogs

Es un género que aún no ha calado en nuestros expertos. Tiene un alto grado de exposición pública (de ahí la influencia de los youtubers) pero también puede generar una empatía mayor con el público, más que a través de la palabra escrita. (No conozco ejemplos españoles, ni en español, que centren su contenido en Desarrollo, así que no dudéis en destacarlos en los comentarios).

• Redes Sociales

La utilización de las redes depende mucho de las características de cada una. No es lo mismo Twitter que Instagram, Facebook que LinkedIn. Recomiendo empezar por Twitter debido a su sencillez. Del buen hacer de sus usuarios en esta última hay muchos ejemplos, en @CooperacionESP tratamos de seguir múltiples cuentas que utilizan estilos y objetivos diversos. Merece la pena revisar bastantes perfiles antes de confeccionar el propio, y siempre, mucho mejor si se camina poco a poco.

A pesar de ello, muchos expertos, principalmente los que trabajan dentro de las instituciones públicas, apenas usan estos medios para transmitir su conocimiento. Sé que es difícil y que hay motivos sólidos por los que no lo hacen:

• Falta de tiempo.
• Temor a la exposición pública.
• Autoexclusión de las tareas de comunicación.
• Rigidez de la estructura institucional.
• Falta de confianza en las propias habilidades.

Sin embargo, no sólo creo que esto es un error, sino que si se potenciase el uso de las redes sociales servirían para mejorar la comunicación institucional.

Comunica lo que sabes hacer

Os pongo un ejemplo. Hasta hace poco tuve la suerte de compartir mi espacio de trabajo con varios expertos en diversas materias, todas relacionadas con la Cooperación para el Desarrollo.

Nunca antes había tenido la oportunidad de conocer la política de género española, ni las implicaciones y el grado de detalle que necesita la cooperación multilateral. Lo mismo me pasó con la coordinación de donantes dentro de la OCDE, los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo, el proceso de coordinación de cualquier posición que represente a España, la apuesta por mejorar los sistemas de salud y la atención a la infancia en otros países, o la necesidad de evaluar mejor nuestro trabajo.

Cualquier persona debe conocerlo, especialmente si lo estás sufragando con tus impuestos. La diferencia entre cualquier otro y yo es que yo tuve acceso a un experto.

La Cooperación Española tiene un gran panel de expertos. Lo he ido comprobando en los últimos dos años. Tienen experiencia en otros países, conocimiento, una buena red de contactos y mucho material documental acumulado (del que no se encuentra en la red). Comunicativamente hablando, son un filón. Creo que pueden mejorar las comunidades existentes y fortalecer la implicación social con la Cooperación, que ya de por sí es alta.

La implantación de un sistema de comunicación fácil para los expertos de las Administraciones Públicas no es nada del otro mundo, Francia y el Reino Unido ya lo han hecho, y nuestros expertos también, por ejemplo en el ámbito de la Educación para el Desarrollo. Por eso me gustaría que los especialistas y técnicos se impliquen más en la comunicación. Su tiempo es oro. No me cansaré de decirlo, tienen lo más importante: conocimiento. Trasladarlo es mucho más fácil.

Fijaos en Natalia Lizeth López López. Estoy convencido de que se convertirá en una experta, de hecho ya es una buena comunicadora que no conoceríamos sin Youtube. Lo mismo ocurre con muchos activos de la Cooperación Española. (Por cierto, y ésta es la clave, el enlace me lo ‘comunicó’ una de sus especialistas).

Escrito por Angel González,  FIIAPP (Comunicación- Cooperación Española)

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo desde 2012, fue la primera mujer en ocupar el cargo.  En esta entrevista nos cuenta en qué consiste el trabajo del Defensor del Pueblo:

¿Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo?

Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo, sin ninguna discriminación y esperamos que sin ninguna dificultad. Porque, para hacernos llegar su queja, disponen de números de teléfonos gratuitos, pueden escribir directamente mediante carta, pueden venir físicamente a las oficinas del Defensor a presentar su problema y por supuesto, también pueden hacerlo por internet, a través de correo electrónico o a través de nuestra página web.

¿Qué tipo de quejas son las que tramita el Defensor?

Quejas ante las Administraciones Públicas. El Defensor no atiende quejas entre particulares ni entidades o empresas particulares.

También actuamos a través del ministerio correspondiente cuando se trata de grandes empresas que prestan servicios públicos, como la telefonía el transporte, o por ejemplo, asuntos relacionados con bancos, a través del Banco de España. Pero tratamos todo tipo de situaciones y problemas. En relación a personas con discapacidad, problemas por impuestos locales, por cuestiones de la Agencia Tributaria, por listas de espera en hospitales, etc. En fin, todo tipo de hechos o circunstancias.

¿Todas las quejas de España al Defensor se tramitan desde Madrid o hay oficinas del Defensor en las diferentes CCAA?

Nosotros cubrimos todo el ámbito español. Además hay Defensores en diez comunidades autónomas que tienen capacidad para actuar en el ámbito de competencias de esa comunidad.

¿Cuántas quejas se reciben anualmente en la oficina del Defensor del Pueblo?

En torno a 20.000 quejas. Pero, un gran número de ellas, son presentadas por personas individuales. Porque también los colectivos, las asociaciones o entidades, se pueden dirigir a nosotros.

En 2015, en el informe anual que presentamos todos los años en las Cortes Generales, dimos cuenta de que habían sido 50.000 las personas que habían suscrito documentos pidiendo la actuación del Defensor.

¿Hay temas prioritarios para la oficina del Defensor?

No tenemos temas prioritarios, lo que sí que hacemos es intentar ver qué situaciones son más urgentes, por ejemplo si hay una persona que está en una situación administrativa no regular, va a ser devuelta a su país y tenemos conocimiento de que concurren en ella circunstancias de vulnerabilidad, muy singulares o muy especiales, pues actuamos rápidamente antes de que sea devuelta.

Si tenemos conocimiento de que la situación de un menor están en un momento muy dramático o muy difícil, inmediatamente esas situaciones pasan por encima de otras cosas, pero se tratan todos los temas.

¿Cuáles son los principales retos del Defensor del Pueblo?

El mayor reto es llegar al mayor número posible de personas y que el mayor número de personas que tengan un problema sepa cómo dirigirse al Defensor y puedan hacerlo. Por eso la página web es muy importante. Para hacernos visibles y hacer que la población comprenda lo que hacemos, para ser apreciados. Eso es fundamental, tener la confianza de los ciudadanos.

¿Cuáles son las mayores dificultades?

Dificultades son las que tienen las propias Administraciones, los Gobiernos locales, los Gobiernos de las Comunidades, o el Gobierno del Estado; dificultades presupuestarias para una mayor dotación en servicios asistenciales, sociales o sanitarios.

¿Cuál es el papel del Defensor en otros países?

La mayoría de los países de la Unión Europea tienen Defensores, también países iberoamericanos y algunos países del Mediterráneo. Nosotros les hemos ayudado y asistido para la formación de los equipos del Defensor.

Últimamente hemos estado en Turquía, durante dos años (a través de un proyecto gestionado por la FIIAPP y financiado por la Comisión Europea). Les hemos mostrado la forma de trabajar de España y hemos colaborado en la formación del personal allí. Además, mantenemos una relación de colaboración con los Defensores Iberoamericanos, que siguen el modelo español.

 ¿Qué ha aportado el Defensor de España en Turquía?

Les hemos aportado parte de la formación necesaria a sus equipos: cómo se tratan los asuntos, cuáles son los campos en los que se puede actuar, cómo se puede actuar, cómo hay que dirigirse a las Administraciones, el seguimiento de la legalidad vigente, el respeto a los DDHH… en fin, todos estos campos.

¿Cómo se están beneficiando los ciudadanos turcos con este proyecto?

Turquía es un país muy grande, con más de 80 millones de habitantes, extender la acción del Defensor por toda la geografía y a todos los ciudadanos turcos, les va a llevar un tiempo y mucho esfuerzo, pero espero que poco a poco lo logren.

¿Hay proyección de trabajar en otros proyectos en diferentes países?

Si surgen otros proyectos, sí. En la medida en la que soliciten nuestra ayuda así lo haremos.

¿Cuál es el papel del Defensor en el tema de los refugiados?

Se trata de un tema muy complicado porque los procedimientos son bastante tediosos, pero la postura del Defensor es la de hacer un seguimiento para que España cumpla con sus compromisos en este tema. Desde la oficina del Defensor proclamamos por procurar una recepción, acogida e integración de las personas que lleguen a nuestro país.