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Antonio Roma, fiscal y coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO analiza las claves de lo necesaria que es la cooperación entre los organismos jurídicos de Europa y América Latina para combatir el crimen organizado, mejorar la seguridad y promover el desarrollo socioeconómico.
Las relaciones jurídicas entre Europa y América Latina son más intensas cada día y su buen funcionamiento es clave para combatir la criminalidad organizada en ambos lados del Atlántico. Un asunto crucial para alcanzar la seguridad general y jurídica de los Estados, además de facilitar el desarrollo social y económico. Ya existen sistemas de coordinación entre las instituciones de los distintos Estados, sin embargo, nos encontramos en un momento clave para profundizar en su consolidación.
La realidad normativa e institucional pone de manifiesto un incremento de las herramientas de trabajo al alcance de todos los operadores jurídicos de los Estados, desde las unidades territoriales de los Ministerios Públicos hasta los órganos que culminan las jurisdicciones nacionales. Como consecuencia, se ha producido un incremento cuantitativo y, lo que es más importante, cualitativo de las peticiones de cooperación entre las distintas autoridades nacionales. Además, siguiendo modelos en origen comunitarios, se están imponiendo instrumentos más sofisticados de cooperación en ambos continentes, caso de la creación de equipos conjuntos de investigación o de normas facilitadoras de la ejecución de órdenes transnacionales de detención de sospechosos o de protección de testigos. Con todo y con ello, para que estos mecanismos existan y permitan obtener resultados son precisos sistemas de coordinación.
Las redes de profesionales son un mecanismo esencial y de una enorme practicidad. Además, hacen falta, y mucha, sistemas de coordinación interinstitucional. En la Unión Europea existen organismos propios que desarrollan sus propias funciones en relación con los delitos cometidos en los distintos Estados, caso de la recientemente creada Fiscalía Europea, o que facilitan la coordinación entre las autoridades jurídicas nacionales, frecuentemente los ministerios públicos, caso de Eurojust.
Entre América Latina y varios Estados europeos existen instituciones de cierta tradición que en los últimos tiempos han avanzado en sus resultados. Se trata de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Todas ellas articulan las relaciones de los diferentes colectivos que las integran y han establecido las bases para el trabajo durante los próximos años.
Combatir el crimen organizado exige un esfuerzo mayor en la coordinación y en la cooperación. La seguridad personal y jurídica, tanto como el desarrollo económico y social, supone no agotar los esfuerzos en exclusiva en el funcionamiento de sistemas de asistencia entre los distintos operadores jurídicos. En un mundo globalizado no basta con aplicar sistemas que se agoten en las fronteras estatales ni aun en las continentales, máxime con el flujo económico, cultural y familiar que existe entre América Latina y la Unión Europea, especialmente sus Estados meridionales.
La coordinación entre las instituciones comunitarias y las nacionales de los Estados latinoamericanos ha comenzado, pero no es suficiente. En el mundo interdependiente de hoy, la cooperación es imprescindible para enfrentarse a retos que son comunes. Nuestros conocimientos y nuestras acciones se complementan y refuerzan recíprocamente. El buen funcionamiento de la lucha contra el crimen organizado en pos de una mayor seguridad jurídica y un desarrollo económico y social exige el acompañamiento mediante fórmulas de cooperación más efectivas que trasciendan de los aspectos estrictamente jurídicos. Y el momento actual sin duda es clave.
Antonio Roma Valdés
Fiscal y coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO
Más información:
EL PAcCTO es un programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France con sus socios IILA y Camôes. El componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia, que lidera la FIIAPP, tiene entre sus objetivos fomentar la cooperación y la coordinación entre instituciones de América Latina y Europa. Por ello ha organizado el I Encuentro entre instituciones de justicia de la UE y América Latina, el pasado 23 de septiembre, para favorecer la cooperación y la coordinación jurídica y lograr ser más eficaces en la lucha contra el crimen organizado.
En dicho encuentro han participado representantes de alto nivel como el Ministro de Justicia de España y miembros de la COMJIB, AIAMP, Cumbre Judicial Internacional, Eurojust o el Consejo de Europa, además de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DEVCO). -
En la semana en la que la OCDE presenta su informe sobre la evolución económica de América Latina, nos acercamos a la realidad de Argentina gracias a EUROsociAL.
El programa de cooperación europea, EUROsociAL, centra su trabajo en la cohesión social y el desarrollo de varios países en Latinoamérica. Uno de ellos es Argentina dónde, en colaboración con el Ministerio de Justicia, se trabaja en varios proyectos de acceso a la justicia y prevención de violencia.
Han sido los chavales del programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” del Centro de Acceso a la Justicia de Santiago del Estero, quiénes han llevado a cabo una campaña contra la violencia institucional. Entre las acciones realizadas destaca la creación de un mural con el lema de la campaña “No me pongas la mano encima”, un espectáculo de radio “a micro abierto” y una performance callejera.
Violencia en la calle
La IDLO, organización internacional de apoyo a la justicia, (con apoyo de EUROsociAL) realizó un taller en el norte de la provincia de Santiago del Estero para capacitar a los jóvenes en la creación de sus propias campañas de concienciación sobre los derechos, y casi no había debate: la “violencia institucional” -y en particular los malos tratos que sufren los jóvenes a manos de la policía- debería estar en el centro de sus acciones.
Según la IDLO, en Argentina, los chicos que pasean por las calles saben que ser detenidos, perseguidos y posiblemente arrestados por una patrulla que hace su ronda es un escenario muy posible.
En la mayoría de los casos, no hay una razón real para ello. El pretexto más habitual es “portación de rostro” o “tener pinta de” –la apariencia es lo que les hace sospechosos. Llevar un chándal o una gorra de baseball es una circunstancia agravante. En un momento estás hablando con tus amigos, y al minuto siguiente estás de cara a la pared, tus pertenencias desperdigadas por el pavimento y unas manos cacheándote en busca de armas o drogas.
Desde 2013, EUROsociAL viene consolidando varias herramientas de las políticas de acceso al derecho orientadas a distintos grupos vulnerables: además de los jóvenes protagonistas de esta historia, se ha promovido el derecho a la justicia para mujeres migrantes en Costa Rica, mujeres víctimas de violencia en Honduras, mujeres víctimas de trata en Chile, población indígena en Perú y jóvenes afrodescendientes en Brasil”.
