EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

San Vicente del Caguán es un municipio especialmente marcado por el conflicto armado. Sus habitantes intentan librarse del estigma de vivir en ‘tierra de guerrilleros’, por haber sido una zona de despeje –en la que no entraba el Ejército– durante el gobierno de Andrés Pastrana, lo que permitió consolidar la influencia de las FARC en el territorio.

Nos desplazamos a este municipio para inaugurar un NAF. El trayecto de tres horas desde Florencia ofrece paisajes idílicos, salpicados de retenes militares. Las historias sobre el conflicto armado son inevitables: “en este mismo trayecto secuestraron a Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, tres días después de que Pastrana interrumpiera los contactos con las FARC”, “aquí asesinaron al parlamentario Diego Turbay, unos minutos antes de llegar al municipio de Puerto Rico”.

Un coche que se cruza, un movimiento extraño, todo nos pone en alerta. El vehículo sospechoso ha cambiado de carril para acceder a una finca. Falsa alarma. Son nuevos tiempos, pero los miedos del pasado siguen ahí. Todavía hay grupos disidentes de las FARC que no han abandonado las armas.

Impuestos para el desarrollo

El NAF está ubicado en un centro de convivencia ciudadana que ofrece servicios a personas vulnerables: comisaría de familia, inspección de policía, coordinación de juntas comunales, unidad de atención a las víctimas… El alcalde de San Vicente del Caguán, contrario a los acuerdos de paz, se encuentra estos días en Europa para conocer de primera mano las lecciones aprendidas en Irlanda del Norte. Un 53% de la población de Caquetá votó en contra del acuerdo, por lo que la reconciliación tiene un arduo camino por delante.

Nos recibe en su lugar Cecilia Collazos, alcaldesa en funciones y secretaria de Desarrollo Social. A su juicio, el fraude fiscal se debe sobre todo a la cultura del impago: “más que dificultades para entender el sistema tributario, lo que existe es una cultura del no pago, de ocultar los ingresos reales, de evadir. Los acuerdos de paz han traído algunos cambios, pero aún persiste el tema de la extorsión, sigue habiendo guerrillas disidentes en la zona. La paz real se logra con obras, con inversión, con empleo”.

Cristián, estudiante de Contaduría, ve en los NAF una experiencia muy útil para su futuro profesional: “la parte contable se enfoca mucho en la parte tributaria, y esa es la oportunidad que nos están dando los NAF de brindar una orientación a quienes tienen bajos recursos y poder luego ser competitivos en un mercado como el de San Vicente del Caguán, donde hay mucho comercio y en el que se requieren muchos contadores”. Cristián tiene claro que el desarrollo debe ir de la mano del pago de los tributos: «si queremos inversión social, debemos hacer nuestros aportes en el impuesto. Será un trabajo duro, nos van a mirar mal al principio, pero poco a poco iremos haciendo un buen servicio para el bienestar de las comunidades”.

La creación del NAF es recibida con satisfacción por el sector empresarial de San Vicente. Así nos lo transmite César Augusto España, coordinador del Centro de Atención Empresarial Cámara de Comercio de Caquetá: “Estamos a tres horas de Florencia, donde la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) tiene las oficinas, y el NAF va a agilizar el proceso de formalización fiscal en todos los municipios”. España argumenta que “existe resistencia al pago de los tributos por el limitado acceso a servicios públicos y la escasa presencia del Estado. El 98% de las empresas del Caquetá son microempresas y el aporte en materia impositiva es muy pequeño, pero los acuerdos de paz están empezando a dinamizar la economía: en 2017, las empresas crecieron en un 34%”.

Luz al final del túnel

Pese a los múltiples obstáculos, Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve el nuevo escenario con optimismo: “he recorrido casi el 80% de los municipios y he encontrado más receptividad. Los ciudadanos nos están pidiendo que los acompañemos, que los orientemos para cumplir de manera voluntaria con sus obligaciones tributarias”.

La paz duradera y el desarrollo económico son el principal anhelo de los habitantes del Caquetá. Una tierra fértil, acogedora, con enorme potencial para el turismo rural y el desarrollo agropecuario, con grandes deseos de demostrar que su destino no está escrito, que puede ser diferente. Ahora depende de ellos mismos dar los pasos necesarios para recuperar la seguridad y la cohesión social.

También de las instituciones, que deben construir una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos basada en la reciprocidad, un proceso en el que resultará de enorme utilidad la educación cívico-tributaria como puente de comunicación entre unos y otros.

Ciudadanos e instituciones saben que, si unos esperan a que el otro haga algo, el círculo vicioso de ‘impago de impuestos-escasos servicios públicos-desconfianza en el Estado’ puede hacerse perpetuo. Para salir del laberinto del pos conflicto es preciso caminar de manera decidida, con la vista puesta en un futuro mejor.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en el Área de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+ 

Lee las dos primeras partes:

Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)

Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Caquetá sabe que no es factible vencer mediante la coacción, es preciso convencer. Ante la imposibilidad de situar a sus diez únicos auditores “bajo de la cama de cada contribuyente”, hay que tender puentes. Además de ‘palos’, se necesitan ‘zanahorias’.

Así, los incentivos fiscales creados para impulsar la formalización y la inversión deben ir acompañados por mejores servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como por una buena dosis de pedagogía sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público. La educación fiscal desde edades tempranas puede hacer sostenible este proceso y, a largo plazo, contribuir al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Desde hace varios años, la DIAN de Colombia promueve encuentros infantiles y juveniles sobre cultura fiscal con escuelas del Caquetá y realiza ferias de servicios tributarios para socializar su función y acercarse a la ciudadanía. Se abren ahora oportunidades para consolidar y multiplicar estos esfuerzos a través de la Universidad, mediante el proyecto de los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF).

La Universidad como puente entre la DIAN y los ciudadanos

El pasado noviembre, EUROsociAL+ – el Programa regional de cooperación de la Unión Europea con América Latina – organizó un taller en la Universidad de la Amazonia, en Florencia, dedicado a impulsar estrategias de cultura tributaria en el pos conflicto. Con presencia de instituciones de enseñanza superior y seccionales de la DIAN de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) de Colombia.

La Universidad de la Amazonia no es una institución cualquiera. Es la única universidad pública del Caquetá. Y está fuertemente comprometida con el proceso de paz, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Su programa de Contaduría Pública se ha sumado al reto del pos conflicto creando un Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF), un punto de información en el cual estudiantes universitarios ofrecen asesoría contable y fiscal gratis a personas de baja renta y micro emprendedores.

Los universitarios, capacitados por la administración tributaria, dedican todo el tiempo necesario a los ciudadanos, escuchan sus problemas, sus inquietudes. Les generan confianza y les ayudan a comprender el sistema impositivo y a mejorar sus pequeños negocios.

Los NAF son un puente entre la DIAN y la ciudadanía. La experiencia, ideada en Brasil, está ya presente en más 450 universidades de 10 países. En Colombia se han adherido 43 universidades, 20 de ellas en las Zomac.

En los últimos 4 años, EUROsociAL+ ha apoyado la expansión de esta iniciativa a través del intercambio de experiencias. El taller organizado en Florencia ofreció la posibilidad de compartir aprendizajes aplicables al contexto del pos conflicto.

Los jóvenes como motor de cambio

Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve en los NAF una vía para que los jóvenes transformen la realidad: “los NAF son una oportunidad para generar confianza en la administración fiscal y crear conciencia cívico-tributaria. Y qué mejor que los futuros contadores, administradores y abogados tengan una visión real de lo que está pasando”.

Los estudiantes atienden todos los días en el campus, pero también se desplazan a los comercios de Florencia y a los municipios. Los jóvenes conocen la realidad del pos conflicto y las oportunidades que abre la paz para el desarrollo de su territorio.

Uno de los universitarios del NAF nos cuenta su experiencia: “Caquetá ha sido muy golpeada por el conflicto armado. Ahora tenemos la oportunidad de llegar a lugares antes inaccesibles, y que los colombianos de otras zonas y los extranjeros puedan ver que Caquetá quiere dar lo mejor de sí. Pagar impuestos supone contribuir a nosotros mismos”.

Y continúa: “los empresarios han tenido la excusa de que, por motivo del conflicto, no debían pagar impuestos. Ahora esas excusas se han acabado. Nos hemos desplazado con el NAF a los lugares más duros, como San Vicente del Caguán o Cartagena del Chairá, donde la gente se está preparando para que la legalidad sea más fuerte. Es necesario mostrar en qué se utilizan los impuestos, que el campesino o el comerciante vean que se construye una carretera para facilitarle su trabajo”.

Esta realidad no es ajena a la de otras zonas afectadas por el conflicto armado y que comparten sus experiencias en el taller. Natalia es otra de las jóvenes de los NAF de las Zomac, en este caso de Ibagué: “Es muy gratificante que lleguen personas con necesidades, que no saben ni leer ni escribir y mucho menos manejar un computador, y que salgan contentos y con conocimiento”.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

Lee la primera parte del viaje: Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)

Nuestro avión bimotor aterriza en el aeropuerto de Florencia, capital del Departamento de Caquetá, la puerta de entrada a la Amazonia colombiana. La tormenta que precedió a nuestra llegada ha dejado una tarde limpia y luminosa. El sol se derrama sobre un paisaje verde esmeralda de sobrecogedora belleza. Ganado cebú rodeado de garzas blancas, ríos serpenteantes, cultivos de arroz, plátano y yuca, ceibas, campesinos terminando su jornada laboral… un remanso de paz y armonía en una tierra sacudida por el conflicto armado, el narcotráfico y la pobreza.

Caquetá, tierra de informalidad

Caquetá vive principalmente de la producción ganadera y agrícola. Sus 480.000 habitantes se reparten en 16 municipios, aunque más de la mitad de los caqueteños se concentran en Florencia, una ciudad joven fundada en 1902.

La vida en Florencia discurre en un mar de economía sumergida. Según cifras del Banco de la República, el 76 por ciento de sus trabajadores son informales. La débil presencia del Estado, la baja calidad de los servicios públicos y la corrupción se retroalimentan de costumbres arraigadas en la ciudadanía, como el fraude fiscal, la violencia o el pobre respeto por los bienes públicos. Los problemas sociales de la ciudad se han acentuado con la llegada masiva de personas desplazadas por el conflicto armado, equivalentes al 60 por ciento de su población.

“Para qué pagar si se lo roban, ¿qué nos da el Estado? Pago impuestos mientras otros florecen en la informalidad. No es justo”, se quejan los empresarios. «Hay ganaderos ricos que no cumplen con sus obligaciones tributarias por puro egoísmo y así los servicios públicos nunca van a mejorar», nos cuenta una funcionaria.

El departamento de Caquetá, al igual que otras zonas del pos conflicto colombiano, está sumido en un círculo vicioso que complica el contrato social y la construcción de un nuevo marco de convivencia. La reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos y la confianza interpersonal resultan complicadas.

El duro oficio de recaudar impuestos

Ser funcionario en Caquetá supone un desafío, pero ser recaudador de impuestos amerita una medalla al valor. Si alguien lo sabe bien es Hernando Vásquez. Hasta llegar al cargo de Director Distrital de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en Caquetá, Hernando pasó por prácticamente todos los puestos del escalafón: “Hace muchos años, cuando inicié en la Administración tributaria, recorría como único auditor todo el territorio de Caquetá y se notaba una fuerte resistencia de los comerciantes y de los contribuyentes. Yo realizaba censos y en alguna ocasión temí por mi vida, me tocó casi salir corriendo”.

Una manifestación de la ausencia del Estado en gran parte del territorio era que, en muchos lugares, se cobraba la ‘vacuna’, un impuesto exigido a los ciudadanos por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto obligaba a los comerciantes a llevar una contabilidad ‘B’ para cumplir con las extorsiones, mantener su negocio y, lo más importante, su integridad física y la de su familia. Las extorsiones de paramilitares también eran frecuentes.

En ocasiones, los comerciantes acudían a los grupos armados para evitar pagar al Estado. Así, una vez, nos cuenta Hernando, en uno de los municipios avisaron a las FARC de la presencia de los auditores de la DIAN. Ante la irrupción de los guerrilleros, los funcionarios tuvieron que huir del lugar para salvar la vida.

Palos y zanahorias

Aunque los tiempos han cambiado desde los acuerdos de paz entre el Gobierno y los grupos armados, cobrar impuestos en esta zona de Colombia continúa siendo complicado y pagarlos es un deber cívico ausente en el imaginario de buena parte de los caqueteños.

El Estado y la DIAN son vistos con desconfianza. Existe desconocimiento sobre el tema tributario. Muchos se ven forzados a subsistir en la economía sumergida. Otros, conociendo sus obligaciones y teniendo capacidad financiera, no pagan por falta de solidaridad. Las bandas criminales que se benefician del contrabando y la extorsión suponen todavía una amenaza para comerciantes, empresarios y, por supuesto, para los funcionarios de la DIAN.

Para que los tributos resulten claves en la vertebración de la paz y la construcción de una sociedad más igualitaria y con mejores servicios públicos, es imprescindible transformar la cultura tributaria de la población y cambiar los paradigmas en la relación entre el fisco y los ciudadanos.

El Gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco, es consciente de la necesidad de lograr una mayor reciprocidad: “En la medida en que los ciudadanos nos concienciemos, paguemos nuestros tributos y lo veamos reflejado en las verdaderas obras que necesita nuestro país, podremos avanzar. Pagar tributos no es el coco”.

La DIAN de Caquetá sabe que no es factible vencer mediante la coacción, es preciso convencer. Ante la imposibilidad de situar a sus diez únicos auditores “bajo de la cama de cada contribuyente”, hay que tender puentes. Además de ‘palos’, se necesitan ‘zanahorias’.

Así, los incentivos fiscales creados para impulsar la formalización y la inversión deben ir acompañados por mejores servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como por una buena dosis de pedagogía sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público. La educación fiscal desde edades tempranas puede hacer sostenible este proceso y, a largo plazo, contribuir al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Desde hace varios años, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) promueve encuentros infantiles y juveniles sobre cultura fiscal con escuelas del Caquetá y realiza ferias de servicios tributarios para socializar su función y acercarse a la ciudadanía. Se abren ahora oportunidades para consolidar y multiplicar estos esfuerzos a través de la Universidad, mediante el proyecto de los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF).

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

Cuando se cumple un año de la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, entrevistamos en Bogotá al ex alcalde de la ciudad, el profesor Antanas Mockus. Gran defensor del proceso de conciliación nacional y un referente en el cambio de comportamientos colectivos mediante la educación. Entre ellos, los referidos al pago de impuestos.

Durante sus mandatos en la alcaldía, Bogotá experimentó una transformación de su cultura fiscal, al apreciar los ciudadanos una reciprocidad entre los tributos y la mejora de los servicios públicos, generándose de ese modo sentimientos de corresponsabilidad en la financiación del desarrollo basados en la convicción, y no en el temor a la sanción. ‘Todos pagan’ y ‘Recurso público, recurso sagrado’ fueron algunos de los lemas acuñados por Mockus, quien además promovió una campaña denominada ‘110 por ciento con Bogotá’, a través de la cual se solicitaba añadir voluntariamente un 10 por ciento extra a los impuestos, pero dando la oportunidad de decidir el proyecto al que se destinaría dicha cantidad.

¿Qué papel cumple la fiscalidad en el pos conflicto colombiano?

El proceso de paz que está viviendo Colombia tiene muchos aspectos; uno de ellos es lograr que no se utilice la fuerza de las armas para impulsar transformaciones. El Estado debe llegar al territorio de manera mucho más densa, pero también la ciudadanía tiene que aportar de su lado. Los ciudadanos tienen que aprender a comprender cómo funciona el Estado, cómo el Estado reasigna recursos para fines normalmente más nobles que el gasto de un privado; no tendría sentido cobrar impuestos para hacer cosas menos buenas.

El Estado social de derecho que estableció la Constitución de 1991 de Colombia prevé que uno de los deberes del ciudadano es tributar. Ahora bien, ese deber está asociado con el deber del Estado de cumplir en la protección de sus derechos. Pero los derechos cuestan. Hay un libro de un académico estadounidense Stepehen Holmes, que lleva por título ‘El coste de los derechos’, y que pone de manifiesto que no se puede asegurar un derecho y no tener alguna inversión de recursos en defensa de ese derecho.

Colombia está en deuda en términos de desigualdad socioeconómica y los tributos deben ser entendidos como parte de las herramientas que tenemos para nivelar y generar más igualdad. Esperemos que la gente de las FARC y del ELN, si se suma al proceso de paz, participen en este proceso pedagógico, entendiendo la enorme importancia de los mecanismos de redistribución. Hay que pasar por el sistema tributario, es lo único que existe en un régimen democrático para redistribuir. La redistribución debe ser comprendida no solo como una forma de repartir los recursos, sino como fundamento de las relaciones humanas. Los recursos públicos son recursos sagrados.

¿Cómo se puede transformar la cultura tributaria de un país?

Conozco una anécdota de un colombiano que está estudiando y trabajando en los Estados Unidos. Va y le cuenta a un amigo estadounidense en un desayuno: “Anoche encontré una manera de reducir la carga tributaria”, y le explica el truco. Y el estadounidense le dice: “Le doy 24 horas para que usted corrija ese truco o, si no, yo le denuncio”.

La cultura mafiosa está asociada a la ley del silencio. En la cultura mafiosa, la norma social es no solo no cumplir la norma legal, sino que incumplir la norma legal se vuelve parte de las obligaciones.

Durante un tiempo, yo pensaba que la corrupción era un acto al cual era muy fácil resistirse, simplemente diciendo que no, pero luego conocí a alcaldes que han sido amenazados por no colaborar con los delincuentes. Entonces, la combinación de la ley del silencio con la utilización de la violencia contra el que no se deja corromper genera una enfermedad un poco más difícil de atender, pero que es más urgente curar.

Cuando uno compra en Colombia un bote de pintura en la ferretería, es todavía frecuente que te pregunten sin IVA o con IVA, sin recibo o con recibo, con la oferta implícita o explícita de no pagar el impuesto a las ventas.

Influye decisivamente la actitud de los ciudadanos hacia los impuestos…

La corriente de la economía conductual ha estudiado que el ser humano es muy averso a las pérdidas. Si usted pierde 10 euros y se encuentra 10 euros, usted no queda en paz, queda claramente en pérdida desde el punto de vista psicológico; usted necesitaría encontrarse 27 euros. A las pérdidas se les aplica una lupa. Si usted ve los impuestos como pérdida, sufre desproporcionadamente; pero es diferente si los ve como una contribución, como hacer una vaca, como decimos en Colombia, -en Perú es chanchito, en México es coperacha (poner un bote en España)-, distintos nombres para un mecanismo que es el de poner recursos en común para lograr objetivos comunes.

Bogotá logró que la gente tuviera una actitud más positiva para el pago de los impuestos. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud mostrando que, además de los impuestos, hay otros esquemas redistributivos. En el modelo de salud de Colombia, las clases más poderosas económicamente contribuyen más que proporcionalmente a la salud y esto es un mecanismo claro de redistribución, porque gente de muy distinta situación económica recibe atención médica similar. Tener las mismas garantías es otra expresión del Estado social de derecho.

Mi experiencia es que, si la gente comprende para qué son los tributos, si comprende cómo funcionan las tarifas para los distintos grupos de ciudadanos, la gente puede entender lo importantes que son los impuestos. La buena administración de los mismos es, en parte, el secreto del desarrollo del país.

¿Qué opinión le merece el trabajo que promueve el programa EUROsociAL + en las universidades con los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)?

Lo que se está promoviendo con los consultorios tributarios en las universidades es un paso muy importante. La figura del contable como el que asesora la evasión o la elusión cede el paso a una cultura del asesor tributario que le explica al ciudadano la razón de ser de las normas y se vuelve así un educador.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+.

Colombia arrastra a sus espaldas las trágicas cifras de 218 mil muertes y casi 6 millones de desplazados , todo esto como consecuencia de un conflicto armado que se ha prolongado durante más de 50 años. Un conflicto que ataca a la sociedad colombiana a todos los niveles, donde uno de los grandes protagonistas encargado de la perpetuación de este contexto de violencia ha sido la corrupción.

Hoy Colombia mira hacia delante, depositando todas las esperanzas en un arduo Proceso de Paz que debe tener en cuenta a todos los actores de la sociedad. Una pieza clave para avanzar en este proceso de paz es el compromiso con la transparencia y la prevención de la corrupción tanto en las instituciones públicas como en las entidades privadas del país.

En coherencia con esta premisa en 2014 nace el proyecto ACTÚE Colombia como respuesta de la Unión Europea a una solicitud del Gobierno colombiano para el fortalecimiento e implementación de políticas públicas anticorrupción. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP que trabaja mano a mano con varias instituciones públicas colombianas, como son la Secretaría de Transparencia, Departamento de la Función Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas, Procuraduría y Consejo de Estado como representante del poder judicial, entre otras.

Con este proyecto se busca crear un enfoque integral en la prevención de la corrupción que trabaje desde cuatro áreas estratégicas de especial impacto en el país:

Integridad Pública y Gobierno Abierto: Creación de un gobierno abierto y transparente a través de instrumentos como la ley de transparencia y acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética pública, la protección de los denunciantes, entre otros. Tal y como expresa Liliana Caballero, directora del departamento administrativo de la Función Pública “para el Gobierno es muy importante que el ciudadano confíe en el Estado y en los empleados de las administraciones públicas y los ciudadanos deben tener la seguridad de que tienen acceso a toda la información, que ya no hay un secreto en lo que se maneja, en los presupuestos”. 

Acción Sectorial: para fomentar la integridad y la transparencia también es necesario incidir en los sectores concretos como son los órganos de justicia, la sanidad, las industrias extractivas y cultura de integridad. 

• • El Consejo de Estado de Colombia está trabajando en la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y la ética judicial. Para servir como precedente el Consejo de Estado llevó a cabo el pasado 29 de junio una audiencia pública de rendición de cuentas, lo que ha supuesto la primera vez que un órgano de justicia organiza un acto de rendición de cuentas en el país.

   

  • La industria extractiva supone uno de los sectores económicos más importantes de Colombia, en el año 2015 la industria extractiva reportaba el 7,2% del PIB del país, por esto es importante que esta actividad económica no caiga en las redes de la corrupción. Por ello se está incentivando la aplicación de la iniciativa EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) en todo el país, y ya se han comprometido a la aplicación de esta iniciativa las 16 empresas extractivas más importantes de Colombia, que suponen un 80% de la producción minera.

   

  • En el sector salud, ACTUE Colombia ha venido apoyando lo que algunos llaman “transparencia radical” en la política farmacéutica del país con miras a no solamente garantizar el goce de derecho, el acceso a un servicio de calidad y transparente, sino también para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sector. Para asegurar estos objetivos se han desarrollado iniciativas que involucran a varios actores y donantes como es el Decálogo de Transparencia e Integridad en el sector salud y se han implementado herramientas de acceso a la información como  Medicamentos a un Clic, plataforma web para los profesionales de la salud o el Termómetro de Precios de Medicamentos, entre otras.

   

  • Además ACTUE Colombia apoyo el compromiso del gobierno nacional por promover un cambio cultural, dado que existe amplio reconocimiento que las leyes son importante pero insuficientes . En este sentido se están implementando las Rutas Pedagógicas para la promoción de la Transparencia, la Integridad y el Cuidado de lo Público, destinados a sensibilizar desde las aulas de los colegios, las universidades y desde las instituciones públicas a las personas acerca de su rol en un tal cambio cultural de conductas personales e institucionales

Participación ciudadana y sector privado: Tanto ciudadanos como empresas son actores clave para la lucha contra la corrupción. Para crear una sociedad sana, integra y consciente es necesario que sean partícipes en los cambios culturales, institucionales y normativos.

• Para promover la corresponsabilidad de los empresarios en prevención de la corrupción se ha dado continuidad a iniciativas que promueven la ética empresarial, la Autorregulación, anti-soborno y las reglas claras, como son el Registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción y la Guía de Pactos Empresariales de Transparencia y Anticorrupción.

• Para involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y la integridad, se han apoyado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, el impulso de una Red de Amigos de la Transparencia o la mejora de la rendición de cuentas en las instancias de participación ciudadana, así como en las ONGs, entre otras.

Gobierno Abierto Territorial: El cambio debe tener lugar en todos los niveles políticos, desde el gobierno nacional a los gobiernos territoriales. Esta área fortalece las capacidades regionales y locales en la aplicación de la ley de transparencia; atención al ciudadano y gestión de los riesgos de corrupción; fomentar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas. Además se está impulsando la creación de una red de gobernaciones abiertas con miras a promover el intercambio y aprendizaje entre pares.

La labor de coordinación y el enfoque integral de ACTÚE está facilitando los pasos hacia un cambio real en Colombia pero acabar con la cultura de la corrupción es una tarea que requiere del compromiso y el trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad colombiana.