EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Nueve años en términos legislativos no son nada. Pero esta vez es el tiempo que duró un proceso que desembocó en una Política de Estado sobre el territorio que probablemente cambiará la vida de los y las costarricenses. Esta es su historia. En el año 2013 el Ministerio de Planificación de Costa Rica presentó una petición al programa EUROsociAL orientada a la elaboración de Planes de Desarrollo Regional con el objetivo de reducir las importantes asimetrías y brechas territoriales existentes en Costa Rica. Se perseguía que estos planes incidieran en la formulación del Plan Nacional Desarrollo, en ciernes en ese momento. Sin embargo, la implementación de los Planes de Desarrollo Regional no sólo activó un decidido proceso de regionalización, sino que impulsó, de manera significativa, la institucionalización de una Política Regional y de Cohesión en el país, con dotación presupuestaria y acciones específicas para afrontar las brechas territoriales y el reto de la equidad. 

El territorio donde naces no debe marcar tu destino 

A partir de entonces, Costa Rica puso la mirada en esta política con un enfoque nacional, pero teniendo a las regiones como protagonistas para fortalecer la convivencia democrática, la estabilidad social y el crecimiento económico.  La región, como espacio subnacional, tiene proximidad simultánea a lo local y a lo nacional siendo el espacio propicio para generar sinergias entre los dos ámbitos mediante la adopción de enfoques combinados. 

En definitiva, había una apuesta decidida para que el territorio donde se nacía no determinara el destino de sus gentes.  Las personas disponían de mayores o menores oportunidades y de mayor o menor acceso a servicios públicos en función de la región en la que vivían. No era lo mismo vivir en la Región Central, que es la de mayor desarrollo industrial, que en Huetar Norte o Huetar Caribe donde la tasa de mortalidad infantil aumentaba sustantivamente o donde las oportunidades laborales se reducían comparativamente¹.  

Costa Rica es un país con historia de participación ciudadana, sin embargo, la ciudadanía se ha quejado de que  es limitada su involucración a la hora de la toma de decisiones. Esto, se suma al hecho de que la población, sobre todo aquella que vive en las zonas alejadas de la centralidad de San José, siente una gran distancia de las instituciones públicas, con lo que la dificultad de acceso a servicios y, en última instancia, la desafección por lo público son mayores².  

Acompañando una política de Estado 

EUROsociAL+ ha estado acompañando este proceso, dándole continuidad a lo largo de dos mandatos presidenciales (de distinto color político) y hoy celebra que esta política se materialice y lo haga como política de Estado, donde Ejecutivo y Legislativo van de la mano para intentar mejorar la vida de la gente, dando soluciones desde las instancias más cercanas a la ciudadanía. Pero quizás lo más importante es, que, en un momento en el que parece que pesa más lo que nos separa que lo que nos une, los y las representantes políticas de distintas fuerzas, trabajando de manera conjunta, han apoyado un proyecto de ley que probablemente marque un punto de inflexión en la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población.  

Experiencias extraídas de la política regional europea 

Experiencias como la propia Política Regional Europea, que ha tenido un impacto muy positivo para la cohesión territorial y el desarrollo de las regiones europeas en todos los países o la del Congreso y el Senado de España que junto a su Ministerio de Política Territorial³ fueron parte de un intercambio con parlamentarios/as costarricenses, o la experiencia de la SUBDERE de Chile, inspiraron lo esencial de esta Ley en Costa Rica.   

La aprobación de la Ley marca una nueva etapa no solo en la planificación regional en Costa Rica: también conlleva una gobernanza pública renovada clave en la fase de recuperación y reconstrucción post COVID. El proceso de desarrollo regional que impulsa debe intensificar y profundizar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, generando igualdad de oportunidades y de derechos (Art. 4). La creación de las Agencias de Desarrollo Regional (AREDES) garantizará que la toma de decisiones de los proyectos a financiar parta de la propia ciudadanía. Y las instituciones estarán obligadas a tener presencia fehaciente en las regiones, asegurando la cercanía con las personas, vivan donde vivan.  

Por Bárbara Gómez Valcárcel, responsable de Desarrollo Territorial del programa EUROsociAL+ en la FIIAPP.

Sobre la Ley de Desarrollo Regional (10.096)

Fuente: 1. (1) MIDEPLAN con información de ENAHO, INEC. (2) MIDEPLAN con información del MEP.  Dirección de Gestión y evaluación de la calidad. (3) MIDEPLAN con información del registro de estadísticas vitales, INEC. (4) Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
2.Latinobarómetro 2020: https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp  
3.En su momento Ministerio de Asuntos Territoriales y Función Pública 

La política fiscal es un instrumento privilegiado para la reducción de las desigualdades, y, por ello, es clave para un programa como EUROsociAL+, que promueve la cohesión social en América Latina. El área de finanzas públicas del Programa de la Unión Europea ha participado en el Laboratorio de Finanzas Públicas organizado por AECID.

¿En qué consiste el Laboratorio de Finanzas Públicas organizado por AECID en el que ha participado EUROsociAL y por qué se pone en marcha en este momento?

La economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, ha señalado que, tras el impacto de la COVID, el mundo se enfrenta a una trampa de liquidez global que obliga a un uso decidido y contundente de la política fiscal y especialmente del gasto público para evitar los peligrosos efectos que podría tener la cronificación de esta situación en el largo plazo.

Uno de los primeros en entender esta situación fue la Comisión Europea, que lanzó hace meses su plan de gasto público masivo denominado Next Generation EU con el objetivo de reactivar el espacio económico europeo.

Ante esta coyuntura el Centro de Formación de la Cooperación Española – CFCE en Montevideo, a través de la plataforma INTERCOONECTA de AECID, ha organizado el “Laboratorio sobre Gasto Público en el contexto del COVID-19” en el que participa el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea junto con otras instituciones como la OCDE, CEPAL, el BID y el IEF, Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España y entidad aliada del Programa.

Este laboratorio se enmarca en la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española frente a la COVID y buscan, a través del intercambio de conocimientos y experiencias, contribuir a la mejora de la eficiencia y eficacia de las políticas fiscales para lograr la armonización de los recursos domésticos y atender las demandas de la ciudadanía sin dejar a nadie atrás 

¿Qué recomendaciones y lecciones aprendidas en el ámbito del gasto público ha recogido el programa EUROsociAL que sean de vital trascendencia para América Latina?

Primero, es importante señalar que el gasto público debe aumentar de forma significativa a nivel global. Tras una década de intervencionismo monetario, por parte de los principales bancos centrales del mundo, el impacto de la COVID ha obligado a una mayor laxitud y expansión monetaria (el 90% de los países desarrollados tienen sus tipos de interés por debajo del 1%, un 60% en el caso de los países emergentes).

Esta situación ha dejado a los bancos centrales con un escaso margen de maniobra y obliga a que la política fiscal sea la palanca que reactive la economía global. En este contexto, el grueso de organismos financieros internacionales está recomendando un aumento significativo del gasto público financiado por una deuda barata, el aumento de los déficits públicos y la aplicación de impuestos selectivos a los sectores que mejor han capeado la crisis. Un entorno como el actual, de bajos tipos de interés y crecientes multiplicadores fiscales, favorece una expansión del gasto público sostenible de cara a evitar un “estancamiento secular”, es decir, un persistente bajo crecimiento económico, que podría durar décadas.

¿Cómo hacer el gasto público sea más eficaz? ¿En qué sectores debería focalizarse?

Es necesario que el aumento del gasto público se oriente de forma eficaz hacia aquellos sectores con un mayor impacto en la reactivación económica y de promoción de la cohesión social.

En una primera instancia, parece imprescindible que parte de este aumento del gasto público se destine al sector sanitario para reforzar la capacidad pública para enfrentar y limitar los estragos generados por el coronavirus.

De forma complementaria, en esta primera fase los estabilizadores automáticos han ejercido la función contra cíclica, sin embargo, no está resultando suficiente. Es necesario, por tanto, aumentar la inversión pública en aquellos sectores con mayores multiplicadores fiscales. Existe cierto consenso en que estos sectores son los relacionados con las infraestructuras productivas, las diferentes esferas del capital humano (educación, I+D, protección social) y las reformas que mejoren la calidad institucional.

Por último, esta expansión debe tener como objetivo corregir las desigualdades, ya presentes en América Latina, que la crisis de la COVID ha exacerbado aún más. Además, estas políticas redistributivas ahondarán en un mayor crecimiento económico.

¿Por qué es importante fortalecer las capacidades públicas para mejorar la calidad del gasto? ¿Cómo lo están realizando en la práctica desde el programa EUROsociAL?

Porque un aumento de gasto público no puede llevarse a cabo de forma eficaz si las capacidades públicas no son reforzadas. Cuando las instituciones no se refuerzan y deben aumentar su ejecución presupuestaria pueden aparecer fenómenos de ineficiencia, mala asignación y corrupción.

Para evitar estas situaciones es necesario reforzar las capacidades públicas en diversos ámbitos, como el normativo, los recursos humanos, la financiación, la formación y los incentivos, entre otros. Además, es necesario establecer un marco claro de trasparencia en la gestión y de rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados, de manera que la ciudadanía refuerce su confianza en las instituciones y en su legitimidad para el manejo de estos recursos.

En este sentido, desde EUROsociAL+, en particular desde la línea de finanzas públicas, estamos tratando de poner en práctica políticas fiscales orientadas a la reactivación económica y el fomento de la cohesión social.

Para ello, estamos apoyando al Estado de Guanajuato de México para diseñar una nueva política social que permita aumentar el gasto social y reducir así los niveles de pobreza y desigualdad de la región.

En el ámbito de la eficacia del gasto estamos apoyando en materia de “evaluación del gasto público” y “de transversalización del enfoque de género en los programas presupuestales por resultados” en países como Paraguay, Argentina, Brasil y la región centroamericana.

Finalmente, en lo referente al refuerzo de las capacidades estatales, toda el área de gobernanza de EUROsociAL+ trabaja en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en ámbitos como la justicia, el desarrollo territorial y el buen gobierno.

Miguel llega como cada semana a PROMESEM, el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes Uruguay (INISA). Allí le aguardan cada día las psicólogas, educadoras sociales, profesores y profesoras para trabajar con él de una forma integral y cumplir con la medida judicial por el delito que cometió, tras un año de encierro, ahora en medio abierto. “Ellos son mis ángeles de la guarda”, explica. Y ese es el ambiente que se respira en el centro INISA. Abrazos, sonrisas, olor a incienso, paredes decoradas y adolescentes, varones y mujeres, que buscan aliento y una forma de resarcir el daño que causaron, a la sociedad y a ellos mismos.

Miguel es uno de los más de 300 adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INISA, el ente rector encargado de los jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro de un sistema en el que la privación de libertad “ha sido la regla y no la excepción” tal y como subraya su presidenta, Gabriela Fulco.  Es por ello que el Estado ha creado un nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de libertad que “responde a la necesidad de cumplir el compromiso de Estado que adquirimos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño” e implica una mayor aplicabilidad de medidas socio-educativas y de reinserción, facilitar la continuidad de la vida socio familiar de los y las adolescentes y establecer la paz dentro de la comunidad.

Por ello, la Unión Europea a través de su programa EUROsociAL+, que gestiona la FIIAPP, está acompañando a INISA en este proceso mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas públicas europeas y latinoamericanas en esta materia. Entre ellas destaca el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que sirva de guía para sensibilizar a la ciudadanía uruguaya, a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sector privado sobre la necesidad de promover la aplicación de medidas no privativas en lugar de las privativas para mejorar la cohesión social.

Tal y como explica Fulco, tanto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como desde la seguridad ciudadana, la privación de libertad no resuelve el problema de inseguridad ni mejora las posibilidades de reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, el modelo que aplica las sanciones alternativas a la privación de libertad mediante medidas socioeducativas ha demostrado a nivel internacional menores índices de reincidencia y una mayor reinserción.

Trabajo integral

En PROMESEN atienden a adolescentes que han pasado previamente por privación de libertad y otros que no. Y entre ellos hay una gran diferencia según explica su directora, Fernanda Albistur: “los que llegan de privación de libertad vienen aturdidos, las primeras semanas no quieren ni salir de casa y muchos tienen miedo de venir solos. Siguen escuchando los ruidos de la prisión, los candados, las puertas… Nos cuesta mucho más que quieran participar en el programa. El encierro agrava además la situación familiar y todos los conflictos que tenían previo a su ingreso y que quedaron congelados vuelven a resurgir”, explica Albistur. “Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para reparar el daño institucional provocado por el encierro, qué podemos hacer para devolverle la vida espantosa que pasó”.

Miguel acudía cada semana al hospital geriátrico Piñeiro del Campo, donde residen personas mayores sin hogar, como parte de uno de los programas de servicios a la comunidad que establece la sanción socioeducativa.

Laura Berois, profesora, acompañaba a los adolescentes en esta actividad. “Vienen con situaciones de vida muy complejas y cuando se enfrentan a realidades más difíciles que las suyas toman conciencia de lo importante que es cuidarse”, dice.

Mariela, que también participa en este programa, vive con sus padres y sus abuelos en un barrio que no le gusta, según explica.  Ahora Mariela relata que se ha dado cuenta de “que no sirve de nada tomar el camino fácil. Hay que luchar y cuidar la convivencia con otros seres humanos”.  Mariela se imagina un futuro en el que pueda continuar sus estudios “trabajar y sacar adelante a mi familia porque quiero ser enfermera para poder curar a la gente”.  “Me quedan aún dos meses de seguir viniendo, pero lo voy a hacer. Además, aquí hay buena gente, nos ayudan”, subraya.

Sofia Rodríguez es un de las educadoras de PROMESEM. Cada día se enfrenta al duro trabajo de ver las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes. Sus necesidades básicas y sus derechos han sido totalmente vulnerados y por ello “le dan poco valor a su propia vida”. Son adolescentes totalmente excluidos de la sociedad, del sistema educativo, que nacen y viven en el medio delictivo y por ello Sofía se pregunta: “¿cómo van a respetar los derechos de otros si todos sus derechos han sido totalmente vulnerados? Nadie se cuestiona por qué los adolescentes en conflicto con la ley no pertenecen a la clase media o alta sino a la pobre. Como sociedad somos responsables de lo que está pasando”, subraya.

“La mayoría han sufrido abandono durante toda su vida. Algunos tienen trastornos psicológicos graves y no saben discernir entre el bien y el mal”, explica Carolina, una de las psicólogas del centro. Pero todos y todas las trabajadoras del centro destacan el poder de resiliencia de estos adolescentes.

“Nunca me trataron tan bien como en el Hospital Piñeiro. Además, los viejitos siempre nos estaban esperando y cuando nos íbamos se quedaban tristes. Hacíamos plástica juntos y hasta nos hicieron una exposición de las obras en la Intendencia de Santo Domingo”, expresa Miguel.  Ahora, Miguel, gracias al convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo e INISA y, sobre todo, a su cambio de actitud, ha encontrado empleo y podrá atender las necesidades de su hijo recién nacido y las de su familia.

2015 es un año clave para la cooperación. Designado el año europeo del desarrollo por la Unión Europea; en el ecuador llegó su evento bandera, las jornadas europeas del desarrollo que reunieron en Bruselas a personas procedentes de cinco continentes, con destacada presencia de África (exceptuando la lógica mayoría europea), decenas de instituciones públicas (también evidente mayoría de la Unión Europea), agencias bilaterales y organismos internacionales, no tantas ONGDs como se esperaba y poca pero mediática aparición del sector privado, con especial atención a Melinda Gates y su Fundación con los temas de salud por bandera.

3 auditorios, 16 laboratorios (o pequeñas salas de conferencias), 5 puntos de encuentro, 44 stands, 4 espacios de prensa y 2 platós de televisión; muchas cámaras de fotos, y bastante gente, sin llegar a ARCO o a FITUR por poner un ejemplo cercano. En definitiva, toda una feria de la cooperación.

Pero más allá de la puesta en escena, se podía aprender mucho de los demás, e invitar a que los demás se interesaran por los temas que EUROsociAL propuso en Bruselas: Europa y América Latina, sus relaciones de cooperación, las políticas de cohesión social, y la realidad de ambas regiones durante la crisis y en el momento actual. Una interesante “excepción” temática y geográfica en una agenda más enfocada a África y Asia y a sectores como migración, salud y seguridad alimentaria.

Del resto, muy relevante el tema de la desigualdad donde la FIIAPP también participó junto a think tanks como ODI y DIE, y al Banco Mundial; la equidad de género con presencia de la AECID; los derechos sexuales y reproductivos; la crisis del ébola; la seguridad alimentaria con un stand impactante de la FAO (incluidas las macetas neumáticas made in Guatemala); y las frescas propuestas de los jóvenes líderes internacionales.

Un ir y venir de gente (más white collar que look onegero) salpicado con actuaciones musicales, exposiciones fotográficas, entrevistas improvisadas… en un evento con espíritu paperless al que le faltó (o le falló) la ayuda tecnológica ya que el wifi no estuvo a la altura del despliegue de los organiser, como se les llamaba en Bruselas a las instituciones participantes.

Este año decisivo para el desarrollo nos entregará otros tres hitos fundamentales: la 3ª conferencia sobre la financiación del desarrollo (Addis Ababa, Etiopía, 13-16 julio); la cumbre especial sobre desarrollo sostenible (Nueva York, 25-27 septiembre) donde se deben aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la cumbre sobre el cambio climático (COP21, París, diciembre).

Por lo que respecta a los #EDD2015, ya miran al 2016.

Por Enrique Martínez, responsable de comunicación y visibilidad de EUROsociAL