EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Dolores Moreno es médica forense y forma parte desde hace más de 25 años del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Ha sido directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia y ha trabajado como experta FIIAPP en Centroamérica a través del proyecto ICRIME de lucha contra el crimen organizado.

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como persona experta movilizada?​

ICRIME se dirige a doce organizaciones forenses localizadas en siete países. Tras varias visitas y un contacto continuo con sus trabajadores, ser capaz de conocerlas, entender sus necesidades y elaborar las propuestas de mejora alineadas con los objetivos del proyecto, creo que ha sido uno de los mayores logros en relación a mi trabajo. 

¿De qué te sientes más orgulloso/orgullosa?​ 

De haberme adaptado rápidamente a la cultura centroamericana desarrollando una relación de confianza con los Directores de las instituciones forenses de la región.  

También me siento orgullosa de haber sido capaz de movilizar a expertos de alto nivel de nuestros ministerios y de su implicación en nuestro proyecto.  

¿Cómo ha contribuido tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y/o el planeta?​ 

La cooperación con las instituciones públicas de estos países nos permite compartir el conocimiento y experiencia adquiridos en nuestra administración pública. Colaboramos en hacer estas instituciones públicas más eficaces y eficientes. Para ello, aplicamos criterios de gestión y de calidad, trabajando en la capacitación profesional y en la mejora tecnológica, lo que redunda en un mejor servicio a los ciudadanos, una mayor seguridad jurídica y una mejor gestión de los recursos públicos.  

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?​ 

Las Administraciones Públicas no tratan de obtener el máximo beneficio a través de la prestación de servicios. Por este motivo, los parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar una prestación serán únicamente los de idoneidad y la consecución de los resultados previstos. Este aspecto me parece muy importante cuando se prestan servicios básicos como los relacionados con la seguridad y la justicia.   

Esto no significa que una prestación pública no deba ser eficiente, por el contrario, los funcionarios tenemos un mayor compromiso con la administración de los recursos y cada vez estamos más preparados para gestionar con eficiencia, aunque focalizados en el bienestar social y sin poner en riesgo a los ciudadanos.  

¿Qué has aprendido? 

En este tiempo he tenido la oportunidad de conocer en profundidad el funcionamiento de estas organizaciones, lo que me ha permitido aprender de sus mejores prácticas en la gestión, en la organización de algunos procedimientos o en la forma de resolver problemas comunes.  

He podido ver también la implicación de los trabajadores de estas instituciones que, a pesar de las diferencias culturales, comparten con nosotros una vocación de servicio público.

La COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y no afecta igual en todos los territorios. Casi el 60% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, muchas de ellas no planificadas, según los cálculos de ONU-Hábitat. Barrios con altos grados de hacinamiento, dispersos, mal conectados y sin apenas servicios e infraestructuras cuya población ha visto incrementada su vulnerabilidad a causa de la pandemia. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, el hacinamiento en viviendas y la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Además, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar ya que muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad, fundamentalmente las mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Lo que supone casi el 50% de la población femenina de la región.

“Desde que inició la pandemia la situación en el barrio fue un caos porque vivimos muy pegadas unas casas a otras y conviven hasta 15 personas en viviendas muy pequeñas. En mi casa, que tiene tres cuarticos, éramos tres y ahora somos ocho porque ha tenido que venirse a vivir con nosotros mi hija y mis nietos.  Dependo de una pensión que me da el gobierno por invalidez, pero es muy pequeña”, nos explica Alicia Bremes desde Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica. Los distritos de Pavas y Uruca agrupaban en agosto del 2020 más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país.

“¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos acceso a agua? ¿o cómo vamos a desinfectarnos con gel si el precio es tan elevado?” se lamenta Bremes, quien ha sufrido en su hogar las consecuencias de la pandemia. “Uno de mis hijos arregla celulares y ha estado sin trabajo muchos meses. Tengo otro hijo con discapacidad que iba todos los días a un taller del psiquiátrico y sufrió mucho porque ya no tenía a donde ir. Como es muy callejero cogió la COVID y sufrió fiebres y asfixia, pero se recuperó. Pero tengo muchos vecinos, de todas las edades, que fallecieron”, asegura.

Tal y como explica Alicia Bremes, la situación en los barrios es de extrema vulnerabilidad. “Muchas madres del barrio trabajaban en limpieza de hogares y les despidieron por la pandemia. La COVID también ha disminuido la venta ambulante de la que dependen muchas familias para poder comer diariamente”, afirma. Por ello, es imprescindible centrarse en las necesidades de los colectivos más vulnerables y tratar de amortiguar los efectos de la pandemia que rápido se ha convertido en una crisis socio económica además de sanitaria.

En este contexto, el Consejo de la Integración Social (CIS) solicitó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) que, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, gestionado por FIIAPP, IILA y Expertise France, y en alianza con agencias y programas de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT, elaborasen un “Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana”. El Plan es una hoja de ruta común regional y está compuesto por una serie de proyectos estratégicos articulados en torno a tres ejes de intervención: la protección social, el empleo y el desarrollo urbano sostenible.

El Plan, que ha sido respaldado por los Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, centra sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad socio espacial, cuya expresión territorial más evidente son los asentamientos informales, que se estima suponen el 29% de la población urbana centroamericana. A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la población residente en asentamientos informales en los últimos 15 años, mucha gente sigue viviendo en esta situación. A lo que hay que sumar los riesgos derivados por el cambio climático, que expone a un creciente número de habitantes a los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes o deslizamientos.

Urge ampliar la mirada y pensar en el barrio como el entorno que nos permita hacer efectivo el derecho a la ciudad, para lo que habremos de atender no solo a la provisión de viviendas, si no asegurar que éstas cuenten con las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios.

Persisten todavía muchos desafíos que afrontar para cambiar el rostro de la pobreza y la desigualdad por un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás. Por ello es urgente apalancar recursos financieros adicionales  para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas e igualitarias y ambientalmente más sostenibles.

Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca