EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

El proyecto, gestionado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea, la AECID y la propia FIIAPP cuenta con la participación de especialistas españoles y franceses de la Guardia Civil, Policía Nacional, jueces, fiscales y de instituciones gestionadas por CIVIPOL, como es la Gendarmería.

¿Qué importancia estratégica tiene Bolivia para Francia y para la Unión Europea?

Toda América Latina es importante para Francia porque hay una relación fuerte, cultural, intelectual y también somos países latinos, así que tenemos mucho en común. En el conjunto de América Latina, Bolivia tiene un papel muy específico porque es un país en el cual Francia tiene una presencia importante.

Hay una estrecha relación entre los dos países y estamos muy felices de poder ayudar a este país que tiene una situación económica y social que fue bastante difícil, era el país el más pobre de América latina.

Así que, es un país que tiene dificultades pero que trata de enfrentarlas. Estamos contentos de poder colaborar con él.

¿Qué destacaría de la cooperación francesa y la cooperación europea en Bolivia?

Es muy importante que la cooperación europea tenga en cuenta lo que cada país realiza. Hay una cooperación muy buena y una gran coordinación entre la Unión Europea y las actuaciones de los Estados miembros.

¿Cuál es la idiosincrasia de Bolivia?

En relación con la economía, es uno de los países más pobres de América Latina pero también es el que tiene el mayor crecimiento, así que hay esperanza de que se produzcan cambios. El año pasado se avanzó mucho en educación, salud e infraestructuras, donde hubo muchos cambios muy positivos; nunca es bastante, pero hubo cambios importantes.

En lo referente a la política, actualmente hay elecciones generales previstas para octubre, que serán presidenciales y legislativas y va a ser un momento importante de diálogo y de participación democrática. Así que estamos esperando este momento con mucha impaciencia.

¿Le parece que Bolivia es un país singular en el entorno de América Latina?

Así es, primero, junto con Paraguay, son los únicos países que están enclavados, que no tienen salida al mar, así que tienen una situación bastante peculiar.

También está el aspecto plurinacional, compuesto por varias comunidades, mayoritariamente de pueblo indígena que lo hace muy específico. Además, las políticas corresponden a esta situación, se tienen en cuenta y esto es muy positivo e importante.

¿Qué cree que aporta el proyecto al país?

El tema del narcotráfico es importante, no solo para este país, sino para toda la región. Así que es vital que el país atienda este problema con mucha seriedad y mucha dedicación. Nos satisface poder participar, ser socios del proyecto sobre lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia, porque es un proyecto que permite luchar, de manera eficaz, contra el narcotráfico aplicando estrategias conjuntas con muchos servicios de las instituciones bolivianas que también están involucrados en el proyecto. También es importante que exista una red de comunicación de todos estos servicios y creo que este proyecto, ha contribuido a fomentar el diálogo y la colaboración, a lograr que trabajen de manera conjunta y eficaz.

¿Qué importancia estratégica tiene Bolivia para Francia y para la Unión Europea?

Toda América Latina es importante para Francia porque hay una relación fuerte, cultural, intelectual, y también somos países latinos, así que tenemos mucho en común. En el conjunto de América Latina, Bolivia tiene un papel muy específico porque es un país en el cual Francia tiene una presencia importante.

Hay una estrecha relación entre los dos países y estamos muy felices de poder ayudar a este país que tiene una situación económica y social que fue bastante difícil, era el país el más pobre de América latina, así que es un país que tiene dificultades pero que trata de enfrentarlas. Estamos contentos de poder colaborar con él.

¿Qué importancia cree que tiene la cooperación francesa y la cooperación europea en Bolivia?

Es muy importante que la cooperación europea tenga en cuenta lo que cada país realiza. Hay una cooperación muy buena y una gran coordinación entre la Unión Europea y las actuaciones de los Estados miembros.

¿Qué opina de los esfuerzos que están llevando a cabo las instituciones bolivianas para reducir el narcotráfico y los delitos conexos?

Creo que hay una verdadera dedicación. Bolivia tiene una situación un poco particular debido al uso tradicional de la coca, pero teniendo en cuenta este tema, hay una firme decisión del país de luchar contra el narcotráfico, que es un drama para la gente que está condenada a utilizar este tráfico como único modo de supervivencia. Así que hay un verdadero esfuerzo, pero nunca es bastante, porque las fronteras son difíciles de controlar debido a que hay mucha reactividad de los traficantes que cuando no pueden pasar buscan una ruta alternativa.

Es realmente necesaria una estrategia constante y completa. Y por eso, es necesaria la ayuda de la Unión Europea, como con este proyecto.

¿Qué logros resaltaría del proyecto?

La interlocución es el resultado más evidente de la primera fase, que finalizará en este 2019. Ha habido una gran colaboración, no solamente entre los servicios bolivianos encargados de la lucha contra el narcotráfico, sino que también se han establecido contactos con países de la región para compartir información. El narcotráfico no es, únicamente, un problema nacional, también es un problema regional de América Latina e internacional con España y con Europa, que es la entrada de la droga de nuestro continente.

También estamos muy satisfechos de que este programa se ponga en relación con otras actividades ya existentes como, por ejemplo, todo lo que realiza Naciones Unidas sobre el cultivo alternativo a la droga.

¿Considera que sería necesaria una segunda fase del proyecto?

Me parece que sí, primero porque la primera fase siempre empieza un poco despacio. En primer lugar, hay que conocerse, entender como uno funciona, quien está encargado de qué… Ya hemos llegado al final de la primera fase y sería una lástima dejarlo a mitad del camino. Así que es muy importante que haya una segunda fase y que, esa segunda fase, llegue rápido, para que no haya un momento de colapso. Es importante que tengamos esa misma dinámica se podría empezar, de inmediato, con un dispositivo muy eficaz.

¿Cómo cree que los resultados obtenidos contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?

Hay que lograr que la vida de la gente involucrada en el tráfico de drogas cambie, van a tener que encontrar otra manera de trabajar y de sobrevivir. Bolivia es más un país de tránsito más que de consumo por lo que esto tiene un impacto directo sobre la población local.

Hay otros países en la región, como Chile o Argentina dónde el consumo se está desarrollando mucho, así que en esos países tienen otra problemática, como la de ayudar a la gente que está involucrada en el consumo de drogas.

Aquí, el principal problema es el tránsito de la droga y la actividad económica que hay alrededor, por lo que hay que ver cómo se puede cambiar la situación económica y hacer que la población tenga otras opciones.

El lavado de activos es, en general, uno de los problemas más trascendentes para los Estados, a nivel social, económico y político. El tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y la corrupción son sus delitos precedentes abanderados.

A través de los tratados internacionales y acuerdos comerciales, se tratan de homogeneizar las legislaciones internas de los países, creando un nuevo marco que, sin duda, favorece los aspectos económicos y sociales; sin embargo, al mismo tiempo surgen organizaciones criminales que utilizan los vacíos que en ellos encuentran para aumentar el blanqueo de capitales.

En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, está desarrollando y favoreciendo numerosas acciones de colaboración y cooperación entre las distintas instituciones financieras del país, fortaleciendo los mecanismos de prevención en el delito de lavado de activos, elaborando informes de inteligencia financiera, reportando operaciones sospechosas y elevándolas a las autoridades judiciales, en caso de que aprecien indicios delictivos.

El esfuerzo institucional que están desarrollando se debe traducir, para los próximos años, en la mejora de los resultados, en relación a la obtención de un mayor número de sentencias condenatorias, así como en el aumento de los bienes y recursos económicos decomisados por blanqueo de capitales, que permitirán ser reutilizados para seguir fortaleciendo las estructuras en la prevención e interdicción sobre esta figura delictiva.

El proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. Durante los dos años  de trabajo que llevamos, la temática se ha focalizado en fortalecer tres aspectos principales.

Por un lado, hemos buscado la capacitación de la Policía Boliviana, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, a través de cursos formativos en blanqueo de capitales, pérdida de dominio, análisis de inteligencia financiera y cibercrimen financiero; asimismo, planteamos futuros módulos de especialización en blanqueo de capitales para la Escuela de Jueces y Fiscales Bolivianos.

Además, nos hemos centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional a través del establecimiento de canales de colaboración, apoyo, asesoramiento y creación de espacios de entendimiento entre las instituciones que desarrollan funciones de prevención e investigación del blanqueo de capitales.

Y por último, hemos dado apoyo y asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en Bolivia en el segundo semestre de 2020.

No podemos olvidar que en las Recomendaciones del GAFI se encuentran los objetivos de fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.

En este 2019, el proyecto seguirá activo y comprometido con todas aquellas acciones que fortalezcan las políticas públicas que se realicen en Bolivia para combatir el lavado de activos.

Son muchas las personas que caen en manos de organizaciones que les explotan, sexual o laboralmente, arrebatándoles su libertad en contra de su voluntad.  La trata de personas se ha convertido en la forma de esclavitud del siglo XXI. 

Es importante conocer a qué nos referimos con la trata de personas, cuyo día mundial se celebra el 30 de julio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la define como “el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación en su mayoría sexual, laboral o en la mendicidad”.  

Para conocer las dimensiones de este delito, Naciones Unidas señala que hay alrededor de 21 millones de víctimas, siendo un 30 por ciento de ellas niños y un 70 por ciento mujeres y niñas. Además, todas estas víctimas provienen de 137 países, un dato que refleja la dimensión que tiene este problema.  

“Captación, traslación y explotación” 

Existe una diferencia entre la trata y el tráfico de personas. En el caso de la trata de personas “se tienen que dar tres fases: captación, traslación y explotación”, según señala Félix Durán, jefe del grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y experto del proyecto en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP.  

En base a ello, se capta a ciertas personas para su explotación laboral, sexual, mendicidad o tráfico de órganos, entre otros; y se utiliza este engaño para traer a esas personas a otros países. “Para hablar de trata de personas tiene que haber un traslado y finalmente una explotación final”, destaca Félix Durán. La fase de explotación es la que diferencia a la trata con el tráfico de personas. 

Además, Félix Durán nos cuenta que la mayoría de los casos de trata que se dan en España son de personas que provienen del sur de África (en mayor medida desde Nigeria), del este de Europa (Bulgaria y Rumanía) y de China. El perfil de las víctimas se corresponde con niñas, especialmente de Nigeria, así como personas de edad avanzadas si hablamos de Rumanía.  

Por otro lado, existe una gran dificultad para demostrar un delito de trata de personas, especialmente si es sexual. Para poder justificar judicialmente el delito y poder llevar a cabo la detención de las personas implicadas, es de especial importancia contrastar las tres fases mencionadas, lo que en muchas ocasiones es muy complicado de conseguir. 

El caso de Bolivia 

En el proyecto de Bolivia, ya mencionado, se trabaja en la lucha contra la trata de personas, al ser este problema un delito conexo con el narcotráfico, tema principal del proyecto. El proyecto se centra fundamentalmente en las “3P”: prevención, persecución y protección.  

En este país existe mucha trata, tanto es así que se ha incluido a Bolivia “en el listado negro de países que no trabajan contra la trata”, según afirma Félix Durán, experto de este proyecto.  

Además, se ha creado un programa en el que se proporciona formación a los funcionarios públicos que están estrechamente relacionados con esta problemática, trabajando tanto con la administración nacional como con la municipal.  

En esta línea, destaca la importancia que tienen los proyectos de cooperación en esta materia, en la que se “debe concienciar y sensibilizar a los funcionarios públicos” que trabajan en esta lucha; la obligación de “realizar una formación para que estos conozcan si es o no un caso de trata de personas” y finalmente, al ser la trata “un tipo delictual”, la necesidad de que haya cooperación internacional entre instituciones, según Durán. 

Nigeria, escenario de trata 

En el caso de las mujeres nigerianas que están en Europa, el 95% de ellas pertenece a Benin City, un pueblo de alrededor de 10 millones de habitantes perteneciente a Edo State.  

La mayoría de estas niñas son captadas dentro de un entorno familiar en el que son los mismos padres quienes las ponen a disposición de las organizaciones de trata de personas. Tal es el número de víctimas de este país, que se cuenta con mediadoras del propio Benin City, muchas de ellas antiguas víctimas de trata, que facilitan el trabajo a las autoridades para comunicarse con ellas. 

En este país, con el proyecto A-TIPSOM, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, se busca reducir la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, tanto a nivel nacional y regional como entre Nigeria y la UE. Además, en él se persiguen cinco objetivos fundamentales, las “5P”: política o fortalecimiento de las instituciones y el marco legal, prevención con actividades de sensibilización y formación, protección de las víctimas, persecución de los tratantes y traficantes y partenariado o coordinación de los actores involucrados. 

Según Rafael Ríos Molina, coordinador de este proyecto, la situación en Nigeria ahora mismo es compleja, ya que “el país es un punto fuerte de migración y de tránsito” al encontrarse en el centro del continente africano. Además, “la cantidad de mujeres y niños que son víctimas y que caen en la red de prostitución y de explotación laboral, según las estadísticas, es superior al de hombres”, razón por la que se focalizan más en estos colectivos. 

 La enorme cantidad de casos de trata de personas existente en la actualidad exige abordar este problema desde una dimensión transnacional, a través de una cooperación entre países y regiones. 

¿Cómo está considerada la hoja de coca en Bolivia?

La producción y el consumo de hoja de coca están muy arraigados en la sociedad y en sus costumbres. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene reconocidas 20000Ha de cultivo de hoja de coca en dos áreas principales: la zona de Las Yungas, en el departamento de La Paz y la zona del Chapare, en el trópico de Cochabamba. El productor está registrado y tiene derecho al cultivo de un “cato” de coca (1600m²). Después, la hoja de coca pasaría a una cooperativa y de ahí al mercado legal, bien para consumo propio, lo que allí llaman “picheo”, es decir, las bolas de hoja de coca que se introducen en la boca y de las que se aspira el jugo, o bien para el mate de coca, caramelos u otros productos. Todo lo que se salga de esas zonas está considerado como cultivo ilegal. Por ello, el Gobierno también tiene que gestionar la erradicación de la hoja de coca en aquellos puntos donde no está habilitado el cultivo.

¿Cómo pasa a ser ilegal?

Lógicamente, no toda la producción pasa al mercado legal, hay una parte que pasa a unos circuitos paralelos y con ella se fabrica la pasta base. Esta surge fruto de la inclusión de otros elementos en la coca y con esta pasta base, posteriormente, se produce lo que es el clorhidrato de cocaína.

Además, hay que tener en cuenta que Bolivia no es solo país productor, es un país también de tránsito, pues a Bolivia le llega la pasta del Perú; país igualmente productor que cuenta con unas 45000Ha de cultivo de coca.

Entonces, ¿cuál es el perfil del productor de hoja de coca en Bolivia?

Es, puramente, un perfil de agricultor, que con un “cato” de hoja de coca gana una cantidad económica básica para vivir durante el año de manera humilde. Esa es la realidad y lo que yo percibo. ¿Posteriormente esa hoja de coca pueda derivar en una transformación o pueda ir a un mercado ilícito? Puede ser que vaya, pero el productor por excelencia no tiene ese perfil de traficante.

El productor produce para su economía básica de subsistencia, para vivir decentemente junto a su familia, pero la figura del productor es diferente a la del traficante. Quizá sería el eslabón más pequeño, el más bajo de la cadena, en caso de que ese productor lo estuviera haciendo de forma ilícita.

¿Con qué medios cuenta Bolivia para evitar el tráfico ilícito?

El Gobierno tiene en la policía boliviana y particularmente en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, un aliado esencial para combatir este tráfico ilícito de drogas. Son unidades especializadas que están repartidas en todos los puntos de la geografía boliviana y que tratan de impedir que ese tráfico de drogas se recrudezca.

¿Cuál es el papel del proyecto en todo este entramado?

El proyecto trata de apoyar y fortalecer áreas e instituciones relacionadas con el tráfico de drogas, reforzando ámbitos de capacitación a través de asesorías técnicas (legales, de protocolo, manuales), asistencias en las que contamos con expertos de corto plazo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil así como también expertos franceses; estos ayudan, en áreas muy especializadas, a fortalecer aquellos aspectos donde ellos consideran que es necesario. En concreto, se abordan cinco temáticas: investigación criminal, inteligencia, fronteras y aeropuertos y delitos conexos (blanqueo de capitales y la trata y tráfico de personas).

¿Cuáles son las perspectivas?

El proyecto está consolidado y asentado; de hecho, son las propias instituciones las que acuden a él para que sean fortalecidas en las áreas que consideran más debilitadas. Durante este año, estamos trabajando en todas las áreas para consolidarlas, afianzarlas fuertemente y que el próximo año sea el definitivo en la implementación.

Además, esperamos que, lógicamente, cuando termine esta primera parte del proyecto pueda haber, porque sería muy interesante, una segunda parte donde podamos seguir fortaleciendo aquellas áreas y seguir avanzando y mejorando todas las instituciones bolivianas.

El 30 de julio se celebra el día Mundial de lucha contra la trata. Como una apuesta en firme en la lucha contra este delito por parte de las autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha instaurado el 23 de septiembre como el Día Nacional de lucha contra la trata de personas en el país.  

Alineándose a este compromiso público, la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (SC-CONALTID), están llevando a cabo en Bolivia el proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Para entender de forma correcta la enorme problemática que supone la trata de seres humanos debemos previamente conocer qué es. La definición de trata viene recogida en el Protocolo de Palermo de la siguiente forma “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta mercantilización del ser humano se ha convertido en el nuevo modelo de esclavitud del siglo XXI, generando enciclopédicos ingresos a las mafias organizadas que operan lucrándose a través de este delito. Se considera la trata de seres humanos como el segundo sector delictivo más lucrativo, por detrás del narcotráfico, cuyos ingresos se estiman entre 32 y 36 mil millones de dólares, según el informe sobre tráfico de personas de la ONU (2016). 

Algunos datos para dimensionar el problema a nivel mundial: aproximadamente 21 millones de personas son víctimas de este delito, de los cuales el 70% son mujeres y niñas (51% y 20% respectivamente), el 21% hombres y el 8% niños. Las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a este delito, por lo que las políticas públicas de lucha contra la trata demandan una estrategia de género rigurosa y efectiva. Las víctimas provienen de un total de 137 países, lo que nos da una certera imagen de la problemática global que supone este delito.  

Las principales causas que motivan la trata de seres humanos son, entre otras, la pobreza y las crecientes desigualdades; la proliferación de un modelo económico con un enfoque hacia la medición del valor en términos mercantilistas, alejado de una proyección más social; la creciente y continua escalada de conflictos bélicos; o la existencia de un aumento de los desplazamientos humanos. Todos estos factores han incrementado la vulnerabilidad de importantes grupos humanos cuyo riesgo a caer en redes delictivas ha aumentado exponencialmente.  

La trata de personas es considerada, por lo tanto, un delito que vulnera derechos como la libertad, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la vida misma de las personas, reduciéndolas en el imaginario a objetos pasibles de ser utilizados, explotados y/o comercializados. 

Bolivia: origen, tránsito y destino 

En Bolivia existen datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el ente que lidera el Consejo Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de Bolivia. Esta institución coordina con todos los Ministerios, sociedad civil y Defensor del Pueblo la operatividad de la Política Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas. En el informe del año 2016 se notificaron un total de 829 casos, de los cuales más del 70% eran mujeres, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, una mirada exhaustiva a la realidad del país nos traslada una constante en este delito y es la falta de visibilidad del mismo. Se duda de que estos datos sean lo suficientemente realistas para describir la verdadera dimensión de este problema. Bolivia está considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de seres humanos. Origen porque existen flujos de trata hacia Perú (principalmente por explotación sexual) y hacia Argentina (explotación laboral), entre otros, dentro de lo que conocemos como trata externa. Pero existe una realidad muy dura en relación a la trata interna, la que se produce dentro del país y en donde las víctimas son desplazadas internamente. Sectores productivos tradicionales como son la agricultura y minería ocultan una realidad de víctimas de trata por explotación sexual, comercial y explotación laboral. La trata por servidumbre costumbrista es una realidad de la cual el país todavía no ha conseguido visionar su verdadero impacto.  

Existe una lógica economicista perversa que describe el proceso de recuperación de la inversión, entendida la inversión como el capital dedicado a la captación, traslado y acogida de las víctimas. La finalidad de estos procesos es la explotación del ser humano, diferente de la del tráfico de armas o tráfico de drogas, donde el lucro termina en el momento de la transacción comercial (compra/venta). En el caso de la trata, la tasa de retorno es continuada, los servicios prestados en términos de prostitución, explotación laboral, servidumbre, etc. continúan de forma recurrente.  En la trata de seres humanos, las personas se convierten en mercancías objeto de explotación continua y recurrente.  

Continuando con esta lógica economicista, no hay que olvidar que las víctimas de trata no entran dentro de los canales oficiales del mercado laboral. Esto supone un grave perjuicio para ellas, ya que su trabajo no se encuentra amparado en beneficios sociales futuros, lo que supone además a las arcas públicas una falta de ingreso de esas actividades productivas. El problema de la trata no sólo es una total vulnerabilidad a los derechos humanos de las víctimas, sino que supone además un perjuicio de desarrollo económico a los países, afectando a su estructura de servicios sociales.  

Un proyecto para un problema transnacional

La estrategia de lucha contra este delito, a través del proyecto operado por la FIIAPP, se centra en los 3 pilares fundamentales: prevención, persecución y protección, que se conocen como las 3 P. Se ha puesto en marcha un programa muy ambicioso de formación a funcionarios públicos involucrados en la lucha contra este delito (policía, fiscales, magistrados, servicios sociales de atención a víctimas, sociedad civil, entre otros), marcando una estrategia en forma de embudo: desde la administración nacional hacia niveles departamentales y municipales, ya que mientras a un nivel nacional se establecen las políticas públicas, a un nivel municipal se está trabajando directamente con el personal que atiende a las víctimas.  

Se han llevado a cabo además viajes regionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la coordinación regional e internacional en la lucha contra este delito, pues no hay que olvidar el carácter transnacional del mismo. Se están reforzando los Consejos Departamentales de lucha contra la trata y tráfico de personas, a través del apoyo en la formulación de los Planes Departamentales de lucha contra la trata. En coordinación estrecha con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se está elaborando un manual de investigación en trata que busca sistematizar y estandarizar los procesos investigativos con el fin de mejorar la capacidad de investigación de policías y fiscales y de, entre otras cosas, reducir el riesgo de revictimización de las víctimas.  

Desde la FIIAPP tenemos la firme convicción de que debemos seguir apoyando procesos de cambio a través del apoyo a políticas públicas y el alineamiento en el marco jurídico-normativo de los países con los que trabajamos. La lucha contra la trata y tráfico de personas va más allá de un compromiso institucional, siendo una obligación humana posicionarse en el lado de aquellas instituciones y personas que trabajan por las víctimas y su reinserción en la sociedad.  

Santiago Santos, coordinador del proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia 

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. 

La UNODC proporciona de esta forma información al gobierno boliviano sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos, pues parte de la hoja de coca se desvía hacia el tráfico ilícito. Que este producto se convierta en una droga internacional es lo que trata de evitar la Policía boliviana y otras instituciones involucradas. Este informe les permite el desarrollo de estrategias y políticas para su control. 

Estas instituciones cuentan además con el apoyo en esta tarea de un proyecto gestionado por la FIIAPP, en coordinación con el Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con fondos de la Unión Europea y de la AECID. Y es que la paradoja es todavía más difícil de abordar cuando la hoja de coca es un producto cultural. 

El agricultor no es el traficante 

Javier Navarro es uno de los expertos del proyecto. El inspector de la Policía Nacional española recuerda que “el consumo de hoja de coca es algo que está muy arraigado en sus costumbres”. En Bolivia, el producto se consume directamente con el acullico (mascar la propia hoja de coca con otros productos que la dulcifiquen) o se utiliza para mate o caramelos. 

Su producción se gestiona a través de cooperativas. Cada agricultor registrado tiene derecho al cultivo de un cato de coca (1.600 m2). El producto llegaría al mercado legal después de pasar por la cooperativa. El problema es que no toda la producción sigue ese camino.  

Parte de la hoja de coca se introduce en “circuitos paralelos” y con ella se fabrica la pasta base de la que sale el clorhidrato de cocaína. Una vez conseguida esta sustancia, explica el inspector de policía, se habla de tráfico propiamente dicho. Además, existen cultivos ilegales “en zonas de frontera o de difícil acceso”. 

Sin embargo, ningún agricultor colabora en ese fin, simplemente viven de ello. “El productor no tiene ese perfil de traficante”, comenta Navarro, e incluso si actuara de manera ilícita, se trataría del eslabón más pequeño de toda la cadena de narcotráfico. 

Javier Navarro apunta además que “Bolivia no es solo un país productor, sino también de tránsito”, principalmente por cuestiones geográficas. Al país llega la pasta base de Perú, igualmente productor, para realizar la denominada “purificación” en laboratorios. 

Y aporta un dato representativo: “el kg de clorhidrato de cocaína sale en Bolivia a 2.500 dólares. Cuando llega a España, pasa a costar 35.000 dólares”. España vuelve a funcionar en este caso como país de tránsito: desde aquí se exporta la cocaína a Francia, Italia o Gran Bretaña con el consiguiente incremento de precio. Un recorrido que lo convierte en un problema transnacional. 

¿Cuál es el papel del proyecto? 

Para hacer frente a este problema, miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en este proyecto con los agentes bolivianos en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la trata y el tráfico de personas. Además se actúa en fronteras y aeropuertos. 

En concreto, se forma a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, unidades especializadas repartidas en varios puntos de la geografía boliviana. Y es que el narcotráfico representa el sector dominante del crimen organizado. La evolución de sus formas de organización y acción requieren una adaptación constante de los dispositivos y estrategias de lucha contra esta problemática. 

Una formación que se ha complementado con visitas a España para conocer los procedimientos de las fuerzas de seguridad españolas, por ejemplo, en inteligencia e investigación criminal. 

Tras dos años de trabajo, “el proyecto está consolidado y son las propias instituciones las que acuden a él”, explica Javier Navarro. Se ha conseguido, entre otras cosas, abordar las investigaciones de una forma más integral. Esto es, según el inspector, que no solo se detenga al transportista, sino que se lleguen a desarticular organizaciones. 

Un trabajo que se completa con la sensibilización de los ciudadanos a través de algunas actividades de comunicación. La última, un taller para periodistas en el que se trabajó sobre cómo comunicar adecuadamente sobre temas tan sensibles.

Proyectos para un problema transnacional 

La FIIAPP gestionaba hasta hace poco un proyecto similar en Perú, ejemplo de buenos resultados con la desarticulación de más de cien organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La Fundación también está presente en esta dimensión operativa con el proyecto SEACOP, para la  lucha contra el tráfico marítimo de drogas.  

Además, existen programas regionales que acompañan las políticas públicas de los países latinoamericanos. Es el caso de EL PAcCTO contra el crimen transnacional organizado o COPOLAD, que abarca la dimensión social y sanitaria. 

Además, otros proyectos siguen las rutas de narcotráfico más importantes, como la de la heroína. UE-ACT  actúa en 30 países de Asia central, la costa Este de África y Europa del Este, y trabaja para mejorar la eficacia de las policías y de los órganos judiciales, además de la prevención del consumo de drogas.