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Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas en el proyecto Evalúa, nos habla sobre la evaluación llevada a cabo del terremoto que tuvo lugar en Ecuador en 2016
En la elaboración de las Agendas Nacionales de evaluación, distintas finalidades entran en juego: la rendición de cuentas a la ciudadanía, la mejora de la política o programa evaluado, de su diseño o de su gestión, fomentar la transparencia como herramienta democrática, el aprendizaje institucional o gerencial.
En materia de Gestión de Riesgos de Desastres, esta evaluación tiene relevancia en todos los aspectos mencionados. Es una materia especialmente sensible: además de visibilizar las fuertes vulnerabilidades a las que está sometida una gran parte de la población mundial, son conocidos algunos casos por las lamentables carencias en la gestión de los fondos destinados a emergencia y reconstrucción. La opinión unánime de los especialistas, también recogida en el Marco de Sendai, es que en materia de riesgos de desastres contar con un sistema sólido de prevención marca la diferencia en los daños producidos, tanto en la pérdida de vidas humanas como en pérdidas materiales y de bienes básicos para la supervivencia de la población. También marcará la diferencia a la hora de afrontar la reconstrucción posterior.
El 16 abril de 2016, se registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)3 en la costa Noreste de Ecuador. Se contabilizaron 671 fallecidos y 6.277 heridos. Los daños alcanzaron a cuatro provincias y catorce cantones fueron declarados en estado de excepción.
Después de atender los primeros momentos de la emergencia, el gobierno ecuatoriano aprobó el Plan de Reconstrucción post Terremoto 2016, enmarcado en su normativa de Gestión de Riesgos y en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR). El Plan de Reconstrucción tiene como fin la recuperación territorial, direccionar los procesos de reconstrucción y recuperación de los medios de vida post terremoto, bajo criterios de resiliencia y sostenibilidad, a través de las intervenciones y coordinación intersectorial y multinivel.
¿Cuál ha sido la cobertura de la ayuda de emergencia y reconstrucción a la población en las zonas afectadas? ¿Cuántos núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas y por cuánto tiempo? ¿Cómo y de qué manera se asignaron las ayudas de acogida, alquiler y alimentación? ¿Se atendió a la población más vulnerable? ¿Cuál es el grado de rehabilitación de las infraestructuras? ¿Cuántos establecimientos de salud pública fueron repotenciados rehabilitados y reconstruidos? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y los servicios médicos? ¿El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Ecuador es el idóneo para prevenir y gestionar desastres de esta naturaleza? ¿Qué mejoras deben llevarse a cabo para minimizar las consecuencias de posibles desastres futuros?
Son algunas de las preguntas que responderá la evaluación: transparencia, mejora, aprendizaje.
El equipo consultor contratado por EVALÚA ya ha finalizado el trabajo de campo. En pocas semanas tendremos las respuestas.
