EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

En 2024 se cumplen 20 años desde que se produjo la mayor adhesión de países a la Unión Europea (UE). El 1 de mayo de 2004, diez nuevos países se unieron al club comunitario: las islas de Chipre y Malta junto con ocho países de Europa Central y Oriental, poniendo así fin a la división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, más países han ido entrando dentro de las fronteras comunitarias, aunque los procesos de integración son lentos y complejos, pues requieren muchos cambios estructurales en los senos de los países a fin de que cumplan con las estrictas condiciones que fija la UE como requisito para esa adhesión.  

Con esta política de ampliación, la UE busca unificar los países europeos en torno a un proyecto político y económico común, a la vez que reforzar su presencia en la escena internacional. No obstante, ambas partes sacan tajada de este proceso. Para los países candidatos, según fuentes de la UE, “las ampliaciones han demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la promoción de reformas políticas, económicas y sociales, así como en la consolidación de la paz, la estabilidad y la democracia en todo el continente”. 

Para agilizar este proceso, la UE financia proyectos de cooperación técnica en los que especialistas europeos intercambian sus conocimientos y experiencias con especialistas de los países candidatos en ámbitos como la seguridad –para luchar contra bandas de crimen organizado, por ejemplo– o la justicia –para frenar la corrupción, entre otras. En las próximas líneas se recogen los testimonios de seis especialistas de instituciones de justicia y de policía de España que participan en proyectos de cooperación en Albania, Bosnia y Serbia. Nos trasladan el contexto histórico y social de estos países, los beneficios que trae la adhesión y los complejos procesos que se están apoyando a través de los proyectos europeos. 

¿Qué interés tienen Bosnia, Albania y Serbia en adherirse a la UE? 

“En el caso de Bosnia y Herzegovina (BiH), es un modo de fijar un camino hacia la estabilidad en la zona y superar el conflicto bélico de los años 90 y equipararse con Croacia, que también formó parte de la antigua Yugoslavia y ya está integrada en la UE. A la vez, es un modo de neutralizar la influencia de los países islámicos, al menos los más radicales, respecto al país”, responde Jorge Obach, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y experto principal desplazado en Sarajevo en el marco del proyecto europeo EU4Justice-Bosnia-Herzegovina, de apoyo a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Bosnia y Herzegovina (BiH). 

Para conocer el caso de Albania, nos responden Álvaro García Pérez-Iraola, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba, y Arturo Valdés Trapote, magistrado de la Audiencia Provincial de Granada, son dos expertos movilizados por la FIIAPP en el marco del proyecto europeo EU4Justice-Albania, para la mejora de la capacidad de las instituciones judiciales independientes en Albania.

“Para Albania, unirse a la UE representa una oportunidad para fortalecer sus instituciones y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía a través de la implementación de reformas políticas, económicas y sociales. En primer lugar, formar parte de la UE ofrece acceso a fondos estructurales de cohesión, que pueden contribuir al desarrollo económico del país. Además, la adhesión va acompañada de mejoras en la estabilidad política, seguridad y defensa, así como un incremento en los estándares democráticos y de derechos humanos”, afirman los especialistas.

También desde Albania, Maria Luisa Iglesias,  Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba y subdirectora del programa de lucha contra el crimen organizado a través de investigaciones financieras y criminales, EU4FOCAL, apunta que los principales puntos de interés para Albania son la libre circulación dentro de la UE para su ciudadanía y el acceso a los fondos comunitarios. «Hay que tener en cuenta que la comunidad albanesa es emigrante por naturaleza y para ellos la libre circulación de personas representa un gran logro. Por otro lado, el acceso a los fondos comunitarios representaría un paso muy importante en la necesaria modernización del país».

Para el caso de Serbia, nos responde la magistrada Marta Pizarro, experta movilizada en el marco del proyecto financiado por la Unión Europea para apoyar a Serbia en materia de justicia, libertad y seguridad: “La voluntad de integración en la Unión Europea surgió en Serbia tras los conflictos armados de los años noventa, como un camino para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y para incrementar los estándares de seguridad, libertad y democracia en el país. Serbia consiguió el estatus de país candidato en 2012, y desde entonces se han llevado a cabo trascendentales reformas de carácter político, legislativo y económico. Es, posiblemente, uno de los países de la región con mayor de preparación en las negociaciones de adhesión con la Unión Europea actualmente”.  

No obstante, Pizarro advierte sobre el decaimiento de los ánimos de la población serbia: “No puede obviarse que el entusiasmo europeísta inicial ha dado paso en Serbia a un creciente escepticismo, relacionado con la lentitud del proceso, y con una serie de factores de carácter político que dificultan la posición del país en el marco europeo, como la ausencia de sanciones a Rusia o la situación de Kosovo. Por ello, dada la relevancia de Serbia como país en el corazón de Europa, la Unión Europea ha de afrontar también el reto de fortalecer el espíritu europeísta de la ciudadanía serbia”. 

¿Qué desafíos en materia de justicia deben abordar estos países para cumplir con los estándares europeos? 

En el caso de BiH, los desafíos son “asegurar la independencia del poder judicial evitando interferencias políticas; garantizar la integridad de sus miembros cumpliendo la normativa sobre conflictos de interés y declaraciones de bienes; y promover la eficiencia del sistema, especialmente en investigar y juzgar casos de corrupción y crimen organizado”, afirma Obach.   

Según Valdés y García, los retos que enfrenta Albania incluyen “la lucha contra la corrupción, la mejora de la independencia judicial y la eficiencia del sistema judicial, el respeto por el Estado de derecho y los derechos fundamentales, así como la implementación efectiva de medidas contra el crimen”. 

En el caso de Serbia, señala Pizarro que incluyen “abordar los problemas endémicos de corrupción en el país y fortalecer la capacidad de las instituciones serbias para investigar y procesar de manera efectiva los casos de crimen organizado, e incrementar la capacidad de recuperación de activos procedentes de la actividad delictiva”. 

¿Cómo están apoyando los proyectos esta adhesión? 

En Serbia, afirma Pizarro que “la cooperación se efectúa de manera transversal, involucrando a todos los actores del proceso penal, desde la policía, hasta los miembros de la carrera judicial y fiscal. Entre otras actuaciones, se está dando apoyo a las instituciones serbias en el diseño de modificaciones legislativas para incrementar la eficiencia del marco legal y jurídico, y potenciar herramientas que mejoren la coordinación entre policía, fiscalía y poder judicial”. 

“El proyecto EU4Justice-Bosnia se asienta en cuatro pilares: asegurar la eficiencia del sistema, a través de actividades por parte de especialistas de España en las que se han aportado análisis comparativos entre países de la UE y países vecinos; garantizar la integridad, con acciones destinadas a asegurar la declaración de bienes; fomentar el cumplimiento de la regulación de conflictos de intereses, con participación de especialistas españoles en temas de ética judicial; y reforzar la calidad y eficiencia en el modo de investigar y juzgar, especialmente los casos de corrupción, proveyendo formación especializada”, responde el magistrado desplazado en BiH. 

En el caso de Albania, explican los especialistas desplazados en Albania que se está haciendo “a través de la capacitación de funcionariado, intercambio de mejores prácticas, desarrollo de capacidades institucionales y apoyo económico para implementar reformas”. Por su lado, Óscar Ruiz y Javier Agud, inspectores de la Policía Nacional y especialistas de EU4FOCAL, confirman que desde el programa se está apoyando a las instituciones albanesas mediante el refuerzo de capacidades y la armonización de procedimientos de trabajo con los países miembros de la UE. «Algunos ejemplos del apoyo prestado son la elaboración de un manual de la investigación de los delitos de blanqueo y el reforzamiento de sus capacidades forenses». 

¿Qué experiencias exitosas de España en su proceso de adhesión podrían ser relevantes para estos países? 

“El proceso de adhesión de España a la UE aceleró la democratización del país, trajo un gran bienestar social, y fortaleció el Estado de derecho”, afirma Pizarro. “Ya entonces se sentaron las bases para la creación de estructuras sólidas, que permitieron progresivamente afrontar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado de manera eficiente. De hecho, la fortaleza del Estado de derecho en España es valorada muy positivamente por las instituciones serbias, como un relevante modelo de aprendizaje”. 

“Es muy difícil poder trasladar el status quo de España antes de 1985 a la actualidad de Bosnia y Herzegovina. Seguramente el éxito de España radicaba en la solidez de su administración pública capaz (y deseosa) de absorber la regulación europea, con una rápida adaptación tanto de la normativa como de los procedimientos internos, además de una buena campaña de sensibilización a la opinión pública sobre las ventajas de formar parte de la UE. Y, seguramente, porque no había otra alternativa”, afirma el magistrado Obach. 

Según Valdés Trapote y García Pérez-Iraola, algunas lecciones son “la importancia de abordar las reformas estructurales a nivel institucional y legal, la necesidad de promover la estabilidad política y social, así como el compromiso con la implementación de políticas y normativas comunitarias. La experiencia española podría inspirar a Albania a trabajar en la consolidación de la democracia, la mejora del Estado de derecho y la modernización de sus instituciones”.  

¿Por qué la cooperación internacional entre instituciones públicas es relevante en esta materia?  

En opinión de Obach, “es el único modo de llevar a cabo cualquier proyecto, sea la materia que sea, eficazmente en cualquier país. Solo compartiendo conocimientos entre las distintas instituciones públicas y colaborando conforme a las competencias de cada una de ellas puede obtener un resultado óptimo”. 

Según García Pérez-Iraola y Valdés-Trapote, “la UE busca garantizar que los países candidatos tengan sistemas judiciales transparentes, independientes y eficientes. La cooperación con instituciones públicas de otros países facilita el intercambio de conocimientos, mejores prácticas y experiencias. Además, esta colaboración, especialmente en áreas como la justicia, contribuye a fortalecer la capacidad institucional y a garantizar la aplicación coherente de estándares europeos en el ámbito judicial y legal”. 

A lo anterior añade la jueza Pizarro que “no puede obviarse que la cooperación internacional entre instituciones públicas es fundamental para abordar cuestiones críticas como la eficacia en la lucha contra el crimen organizado, dada su naturaleza transfronteriza y global”. 

Finalmente, los inspectores Agud y Ruiz y la fiscal Iglesias aseguran que las instituciones públicas albanesas no cuentan siempre con la confianza de la ciudadanía. «Resulta necesario que esas instituciones se modernicen tomando como referencia a homólogos europeos, para lo cual resulta fundamental la cooperación internaciones entre instituciones». 

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto movilizado?

Hasta ahora el mayor logro ha sido haber podido conseguir que las instituciones mozambiqueñas confíen en la capacidad del proyecto de Apoyo a la lucha contra la corrupción en Mozambique de trabajar con ellas para poder combatir, de un modo eficaz, la corrupción y conseguir su implicación, total, en el mismo.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Del trabajo en equipo y del esfuerzo desplegado, hasta ahora, con mis compañeros en FIIAPP a la hora de defender la asistencia técnica pública como un valor destacado.

¿Cómo ha contribuye tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Como Magistrado concibo el servicio público a la ciudadanía como una prioridad absoluta y como un activo necesario para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entiendo importante exportar esos valores y conocimientos a otros países por medio de la asistencia técnica pública promovida por FIIAPP.

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

Capacidad técnica y experiencia, mérito y capacidad en la selección de profesionales, y priorización en el ejercicio profesional de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

¿Qué aprendizaje destacarías?

Que, a veces, no es fácil defender lo público frente al mercantilismo del mercado, consultorías privadas e intereses creados. Pero que no hay duda de que en el ámbito público existen magníficos profesionales conocedores de la práctica diaria, y que debe defenderse este modelo público a pesar de los obstáculos.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Naciones Unidas fijó en el 9 de diciembre el día internacional contra la corrupción. Un día en el que se pretende que medios de comunicación y organismos contribuyamos a sensibilizar a la ciudadanía acerca de dicha problemática.

Por corrupción entendemos “el abuso de poder, de funciones o medios para sacar un provecho económico o de otra índole”. Si nos remitimos al origen etimológico del latín “corruptio”, nos encontramos que el sentido original del término es “acción y efecto de hacer pedazos”. Y es que la corrupción es una lacra que, tal como se recoge en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada el 31 de octubre de 2003, amenaza la estabilidad y seguridad de la justicia y de las sociedades. Como su nombre en latín indica, “hace pedazos” tanto a las instituciones como a los valores éticos y democráticos de las sociedades que la padecen.

Además, se trata de un fenómeno transnacional en la que suelen participar la delincuencia organizada por lo que deriva en otro tipo de criminalidad como la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales.

Para combatirla, se hace imprescindible promover la cooperación internacional y la asistencia técnica y, para ello, los agentes de la cooperación internacional, como la FIIAPP, jugamos un papel clave.

LA CORRUPCIÓN EN GHANA

La corrupción sigue siendo un problema que ha permeado en todos los sectores de la sociedad y la economía ghanesa. Con sus efectos devastadores, impide el desarrollo sostenible y es una amenaza a los derechos humanos. Podría decirse que la corrupción ha sido identificada como una de las principales causas de pobreza, privación y subdesarrollo. En el caso particular de Ghana, la alta prevalencia de la corrupción ha dado lugar a una prestación de servicios deficiente y a una falta de acceso a otros servicios básicos como salud o educación. La corrupción es, igualmente, una amenaza para los ideales democráticos de Ghana, en particular, el estado de derecho, la justicia y la igualdad ante la ley.

Según el índice de percepción de la corrupción 2018 de transparencia internacional, Ghana ocupa el lugar 78 de los 180 países. 

EL PROYECTO ARAP-GHANA

El programa Accountability, Rule of Law and Anti-Corruption Programme (ARAP), financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP, lleva tres años apoyando los esfuerzos del gobierno de Ghana para reducir la corrupción.

El objeto que pretende es el de promover la buena gobernanza y apoyar la reforma nacional, a fin de mejorar la rendición de cuentas y fortalecer las iniciativas de lucha contra la corrupción en todo el país. Para ello trabaja junto con las instituciones gubernamentales pertinentes y otros socios estratégicos nacionales mejorando, al mismo tiempo, la rendición de cuentas y el respeto a las estructuras jurídicas ya existentes.

Además, actúa como un programa de apoyo para el gobierno en la implementación del Plan de Acción Nacional Anticorrupción (NACAP), la estrategia nacional anticorrupción de Ghana ratificada por el Parlamento, en 2014, cuyo objetivo es crear una sociedad ghanesa democrática y sostenible, basada en la buena gobernanza y dotada de un alto grado de ética e integridad.  

SEMANA ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

A la luz de esta problemática, del 2 al 9 de diciembre se ha celebrado en Acra, la capital del país, la Semana Anticorrupción y Transparencia (ACT) en la que han participado el Gobierno, los sectores público y privado, la academia, medios de comunicación, la sociedad civil y el público en general. La semana ha estado organizada por la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ) apoyado por el programa ARAP.

La finalidad de la semana ACT ha sido crear una plataforma para evaluar el peso de NACAP en los cinco años transcurridos desde su implementación y reforzar el compromiso de los socios ejecutores en los cinco años restantes del NACAP;  concienciar a los ghaneses sobre los efectos perversos  de las prácticas corruptas; abogar por una colaboración y asociación interinstitucional sostenida en la lucha contra la corrupción, así como por la necesidad de dotar adecuadamente de recursos a las agencias anticorrupción; y potenciar el uso de los instrumentos de cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.

La semana ha incluido un gran número de actividades, tanto a nivel nacional como regional. Entre ellos destacan el fórum internacional sobre lavado de dinero y recuperación de activos, cooperación internacional y cooperación jurídica internacional; el foro sobre integridad para la juventud; la conferencia de alto nivel de la NACAP; la entrega de premios de integridad; y la conmemoración de los días internacionales contra la corrupción y el de derechos humanos.

El trabajo de ARAP continuará no sólo durante la semana sino todos los días hasta el final del programa en diciembre de 2020, porque la lucha no es sólo una semana, sino todos los días del año.

Texto creado con la colaboración de Sandra Quiroz, especialista en comunicación de ARAP Ghana

A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

A principios de año, el Banco Mundial publicó su previsión de crecimiento económico mundial para 2018, una previsión que tenía un marcado protagonismo africano.  Con una estimación de crecimiento del 8,3%, Ghana lideraba un ranking copado por países subsaharianos en sus primeros puestos. Además de Ghana, Etiopía (2ª), Costa de Marfil (4ª) y Yibuti (5ª) estaban entre los cinco países con una mayor previsión de crecimiento. Este dato de la economía ghanesa no puede calificarse como una sorpresa. Con un crecimiento ininterrumpido de 34 años (la última recesión data de 1983, cuando su economía se contrajo un 4,5%), Ghana es uno de los países del África subsahariana con una economía más diversa y dinámica -la octava en términos de PIB, la segunda de África Occidental tras Nigeria- y cuenta con una balanza comercial bastante equilibrada, lo que le sitúa como un país de renta media-baja.

Desigualdad frente a macroeconomía

Sin embargo, estos datos macroeconómicos no pueden ocultar otros indicadores que no son tan esperanzadores. Aunque la población en situación de pobreza extrema se ha reducido a la mitad en los últimos 25 años, del 52% en 1992 al 24% en la actualidad, Ghana es uno de los 50 países más desiguales del mundo y, como señala Oxfam en sus últimos informes, en este país “la desigualdad está en aumento, socavando la reducción de la pobreza, frenando el crecimiento económico y amenazando la estabilidad social”. Según los datos de esta ONG, en Ghana el 10% de la población más rica consume casi un tercio de los recursos (32%), la misma cantidad que consume el 60% más pobre. Por el contrario, el 10% más pobre sólo accede al 2% de los recursos.

Esta problemática se agrava con dos brechas importantes. En primer lugar, la de género, que provoca que las mujeres tengan muy restringido el acceso a recursos y riqueza. Como señala Oxfam, este colectivo tiene “la mitad de probabilidad que los hombres de poseer tierras”. Además, “solo el 6% de las personas más ricas de Ghana son mujeres”. En segundo lugar, la territorial. El patrón de desarrollo de Ghana ha acentuado las divisiones norte/sur y campo/ciudad, con una pobreza fundamentalmente situada en ámbito rural (casi cuatro veces más de incidencia que en las zonas urbanas); y en las tres provincias del norte (Upper East, Upper West y Northern Region), que tienen indicadores de desarrollo similares a países como Mauritania, Madagascar o Benín, según datos del Informe de Desarrollo Humano de 2015.

Anticorrupción frente a desigualdad

Para que la acción gubernamental de los países afectados por la desigualdad pueda revertir la situación debe poner el énfasis en tres aspectos, como se señala en el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad: el gasto social, las políticas tributarias y los derechos laborales, y la corrupción es un fenómeno que impacta de forma negativa en estos tres aspectos. En primer lugar, al detraer recursos públicos, la corrupción afecta de manera importante a las políticas sociales, que cuentan con menos capacidad de gasto. En segundo lugar, al ser un circuito económico opaco no está gravado fiscalmente. Además, en muchas ocasiones la corrupción a gran escala y la evasión fiscal son fenómenos interconectados que involucran a las élites políticas y económicas. Sin olvidar que la percepción social de la corrupción es un gran desincentivador del cumplimiento de las obligaciones tributarias por la ciudadanía, que piensa que sus impuestos acaban en los bolsillos de los gobernantes. Finalmente, la corrupción estimula el empleo informal, sobre el que es más difícil adoptar regulaciones que promuevan el respeto de los derechos laborales y el establecimiento de salarios mínimos dignos.

En definitiva, como señalaba Transparencia Internacional en la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, “la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente creando un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza”. Y en el caso de Ghana se produce ese círculo vicioso. La percepción de la corrupción en Ghana, medida por el citado índice, arroja un resultado medio-alto para Ghana, con 40 sobre 100. Este índice indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción del sector empresarial y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Pero hay un dato más alarmante, y es que el resultado de Ghana viene empeorando en los últimos años, de 48/100 en 2014 a 40/100 en 2017. Es bastante probable que este empeoramiento se deba en gran medida a la revelación en los últimos años de importantes casos corrupción que afectaban al sistema judicial o la federación de fútbol.

La evasión fiscal, que como señalábamos es una cuestión muy vinculada a la corrupción, también es un desafío importante para Ghana. De hecho, para el ministro de Desarrollo Empresarial ghanés es el mayor desafío al que se enfrenta el país. Por todo lo expuesto, la lucha contra la corrupción en Ghana supone una poderosa herramienta en favor de un desarrollo inclusivo, que vaya más allá del mero crecimiento macroeconómico y tenga en cuenta a los colectivos más desfavorecidos. Y ese es el objetivo del Programa de Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana (ARAP, por sus siglas en inglés), que gestiona la FIIAPP en Ghana con financiación de la Comisión Europea: reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas de este país africano. Este proyecto comienza en un momento en el que el gobierno de Ghana se ha involucrado intensamente en lucha contra la corrupción creando el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) dentro del cual se encuadra el proyecto.

Ángel González, técnico coordinador del proyecto de apoyo a la transparencia y anticorrupción en Ghana

¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.