EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Miguel llega como cada semana a PROMESEM, el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes Uruguay (INISA). Allí le aguardan cada día las psicólogas, educadoras sociales, profesores y profesoras para trabajar con él de una forma integral y cumplir con la medida judicial por el delito que cometió, tras un año de encierro, ahora en medio abierto. “Ellos son mis ángeles de la guarda”, explica. Y ese es el ambiente que se respira en el centro INISA. Abrazos, sonrisas, olor a incienso, paredes decoradas y adolescentes, varones y mujeres, que buscan aliento y una forma de resarcir el daño que causaron, a la sociedad y a ellos mismos.

Miguel es uno de los más de 300 adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INISA, el ente rector encargado de los jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro de un sistema en el que la privación de libertad “ha sido la regla y no la excepción” tal y como subraya su presidenta, Gabriela Fulco.  Es por ello que el Estado ha creado un nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de libertad que “responde a la necesidad de cumplir el compromiso de Estado que adquirimos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño” e implica una mayor aplicabilidad de medidas socio-educativas y de reinserción, facilitar la continuidad de la vida socio familiar de los y las adolescentes y establecer la paz dentro de la comunidad.

Por ello, la Unión Europea a través de su programa EUROsociAL+, que gestiona la FIIAPP, está acompañando a INISA en este proceso mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas públicas europeas y latinoamericanas en esta materia. Entre ellas destaca el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que sirva de guía para sensibilizar a la ciudadanía uruguaya, a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sector privado sobre la necesidad de promover la aplicación de medidas no privativas en lugar de las privativas para mejorar la cohesión social.

Tal y como explica Fulco, tanto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como desde la seguridad ciudadana, la privación de libertad no resuelve el problema de inseguridad ni mejora las posibilidades de reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, el modelo que aplica las sanciones alternativas a la privación de libertad mediante medidas socioeducativas ha demostrado a nivel internacional menores índices de reincidencia y una mayor reinserción.

Trabajo integral

En PROMESEN atienden a adolescentes que han pasado previamente por privación de libertad y otros que no. Y entre ellos hay una gran diferencia según explica su directora, Fernanda Albistur: “los que llegan de privación de libertad vienen aturdidos, las primeras semanas no quieren ni salir de casa y muchos tienen miedo de venir solos. Siguen escuchando los ruidos de la prisión, los candados, las puertas… Nos cuesta mucho más que quieran participar en el programa. El encierro agrava además la situación familiar y todos los conflictos que tenían previo a su ingreso y que quedaron congelados vuelven a resurgir”, explica Albistur. “Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para reparar el daño institucional provocado por el encierro, qué podemos hacer para devolverle la vida espantosa que pasó”.

Miguel acudía cada semana al hospital geriátrico Piñeiro del Campo, donde residen personas mayores sin hogar, como parte de uno de los programas de servicios a la comunidad que establece la sanción socioeducativa.

Laura Berois, profesora, acompañaba a los adolescentes en esta actividad. “Vienen con situaciones de vida muy complejas y cuando se enfrentan a realidades más difíciles que las suyas toman conciencia de lo importante que es cuidarse”, dice.

Mariela, que también participa en este programa, vive con sus padres y sus abuelos en un barrio que no le gusta, según explica.  Ahora Mariela relata que se ha dado cuenta de “que no sirve de nada tomar el camino fácil. Hay que luchar y cuidar la convivencia con otros seres humanos”.  Mariela se imagina un futuro en el que pueda continuar sus estudios “trabajar y sacar adelante a mi familia porque quiero ser enfermera para poder curar a la gente”.  “Me quedan aún dos meses de seguir viniendo, pero lo voy a hacer. Además, aquí hay buena gente, nos ayudan”, subraya.

Sofia Rodríguez es un de las educadoras de PROMESEM. Cada día se enfrenta al duro trabajo de ver las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes. Sus necesidades básicas y sus derechos han sido totalmente vulnerados y por ello “le dan poco valor a su propia vida”. Son adolescentes totalmente excluidos de la sociedad, del sistema educativo, que nacen y viven en el medio delictivo y por ello Sofía se pregunta: “¿cómo van a respetar los derechos de otros si todos sus derechos han sido totalmente vulnerados? Nadie se cuestiona por qué los adolescentes en conflicto con la ley no pertenecen a la clase media o alta sino a la pobre. Como sociedad somos responsables de lo que está pasando”, subraya.

“La mayoría han sufrido abandono durante toda su vida. Algunos tienen trastornos psicológicos graves y no saben discernir entre el bien y el mal”, explica Carolina, una de las psicólogas del centro. Pero todos y todas las trabajadoras del centro destacan el poder de resiliencia de estos adolescentes.

“Nunca me trataron tan bien como en el Hospital Piñeiro. Además, los viejitos siempre nos estaban esperando y cuando nos íbamos se quedaban tristes. Hacíamos plástica juntos y hasta nos hicieron una exposición de las obras en la Intendencia de Santo Domingo”, expresa Miguel.  Ahora, Miguel, gracias al convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo e INISA y, sobre todo, a su cambio de actitud, ha encontrado empleo y podrá atender las necesidades de su hijo recién nacido y las de su familia.

Hoy por hoy, la cooperación judicial internacional es una necesidad para todos los países. En concreto, si hablamos del sistema europeo, hemos pasado de una cooperación entre Estados a una cooperación entre jueces de los Estados, sin necesidad de pasar por un sistema de control centralizado de las autoridades administrativas. En ese sentido, por tanto, en Europa tenemos una experiencia muy desarrollada basada en un principio de integración.

Con el objetivo de desarrollar esta integración, desde EL PAcCTO -proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal– trabajamos para que se refuerce una cooperación judicial efectiva con América Latina. La región está llena de profesionales y, además, de profesionales de verdad, que trabajan en sus respectivos países y que son muy competentes. Sin embargo, las estructuras que tienen para trabajar en cooperación judicial internacional siguen siendo muy dependientes de la cooperación entre los Estados. Y nosotros, EL PAcCTO, podemos llegar hasta donde determine la voluntad de los Estados, puesto que se trata de un proyecto a demanda.

En cualquier caso, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por facilitar los sistemas de cooperación, incrementando los actos de cooperación que puedan tener entre ellos; es decir, no se trata en absoluto de que ellos puedan prestar ayuda a jueces extranjeros o a fiscales extranjeros, sino de que tengan las mejores condiciones para solicitar ayuda hacia el exterior: abrir sus fronteras al mundo para poder recibir información e investigar los delitos que están sufriendo.

Estamos trabajando a través de varias líneas: por ejemplo, estamos facilitando una actualización de las leyes de cooperación internacional para que dispongan de las técnicas nuevas que inevitablemente van llegando. Lo cierto es que la delincuencia avanza tan rápido, el dinero se mueve tan rápido, los autores de los delitos cruzan tan velozmente las fronteras, que cualquier intento de seguir con un esquema basado en la cooperación entre los Estados, propio de mediados del siglo XX, conduce a pocos resultados.

La delincuencia organizada requiere estar muy al día y, para conseguirlo, coger el ritmo es muy importante. Por ello, estamos trabajando en la creación de equipos conjuntos de investigación y otras técnicas novedosas de cooperación entre los Estados; también en lo relativo al cibercrimen porque las formas de cooperación en esta materia, como los contactos instantáneos entre las autoridades policiales y fiscales de los Estados requieren, efectivamente, una puesta al día.

Asimismo, estamos estableciendo una línea de trabajo que está siendo aprovechada por distintas naciones para facilitar sistemas técnicos informáticos. De esta manera, los usuarios del sistema, y me refiero al fiscal o al policía que esté en la última esquina de la frontera de los Estados, podrá disponer de los mecanismos para, no solo tener la información, sino también la facilidad de preparar actos de cooperación con otro Estado. Todo esto de una manera sencilla, facilitando el trabajo de todos y, en definitiva, propiciando que exista una mayor cooperación internacional entre ellos.

En definitiva, EL PAcCTO no está basado en cursos de capacitación, ni en actualizaciones de conocimientos, sino que buscamos tener un efecto lo más práctico, lo más directo posible y, por lo tanto, aprender haciendo pero también y, sobre todo, mejorando las estructuras, los sistemas y las técnicas.

¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.

¿Estamos haciendo hermanamientos entre administraciones públicas, también conocidos en la Comisión Europea como Twinning, en América Latina?  

Formalmente no, pero tenemos una serie de proyectos, que podrían considerarse como piloto, que se asemejan mucho.  Desde luego, estos son una oportunidad para la Unión Europea en aras de transmitir sus valores e influencia, sobre todo en estos tiempos de turbulencias y griterío entre los grandes bloques.  

La negociación del nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 puede ser el momento para introducir este tema en la agenda de cooperación, en el que la FIIAPP sería un actor principal por su especialidad y experiencia. 

Esta herramienta, por su naturaleza técnica, puede ser muy útil como instrumento de desarrollo para los países de renta media de América Latina. Desde luego, este se debería adaptar a una realidad muy heterogéna a nivel subregional y encontrar condicionalidades positivas para participar en ellos. Veamos. 

¿Qué es un Twinning? 

Según la Comisión, el hermanamiento o Twinning es un mecanismo de la UE para la cooperación institucional entre las administraciones públicas de los Estados Miembros y de los países beneficiarios o socios, con el objetivo de lograr resultados vinculantes y concretos a través de las actividades entre pares. 

En los países en proceso de adhesión a la UE, como Serbia o Macedonia, los hermanamientos entre administraciones tienen el objetivo de proporcionar apoyo para la trasposición, implementación y aplicación de la legislación de la UE, el famoso acervo comunitario. Esto con el objetivo de que cuando sean miembros de pleno derecho de la UE puedan operar con normalidad siguiendo los estándares legales europeos en sectores como la administración de justicia, seguridad, transporte, consumo, salud pública o propiedad intelectual. 

Asimismo, desde el año 2004, los hermanamientos también se implementan con algunos de los socios estratégicos de la UE tales como Ucrania o Turquía. En este marco, el mecanismo tiene como objetivo mejorar las capacidades de la administración pública de estos países mediante la formación de su personal y el apoyo a la reorganización de su estructura. También respalda la aproximación de las leyes, los reglamentos y las normas de calidad nacionales a las de los Estados Miembros europeos, en el marco de los acuerdos de cooperación o asociación firmados con la UE. 

Una experiencia similar en Perú 

Pues bien, en Perú en los últimos cuatro años, a través del proyecto de lucha contra el crimen organizado, la FIIAPP ha realizado actividades semejantes a las de los hermanamientos, persiguiendo objetivos parecidos. A saber, el proyecto se ha articulado en componentes que corresponden a los resultados esperados y realizado una serie de actividades que incluyen talleres, sesiones de capacitación, misiones de expertos, visitas de estudio, pasantías y asesoramiento técnico especializado.  

Durante estos años se ha formado a más de 2600 funcionarios peruanos, realizado 109 cursos en 64 temáticas distintas, 34 asistencias técnicas y 13 pasantías en Europa. Para ello, se movilizaron más de 200 funcionarios y empleados de las administraciones públicas de los Estados Miembros, y se contó con un equipo en terreno responsable del proyecto. 

El hermanamiento se basa en aprender de forma ejecutiva y compartir las mejores prácticas, tal y como se ha hecho en Perú en materia de inteligencia, investigación o judicialización. Todo esto en aras de mejorar las capacidades del Estado Peruano para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. 

Por dar un ejemplo, después de 4 años de trabajo las autoridades peruanas están obteniendo cifras históricas en cuanto a intervenciones y desarticulación de  bandas organizadas dedicadas al tráfico de drogas y el crimen organizado internacional. Para colaborar con este logro de la administración pública peruana, el proyecto ha introducido nuevos enfoques de investigación basados en inteligencia e implementación de nuevas tecnologías. Esto se acompañó de cambios legales y un fomento del trabajo interinstitucional e internacional. No solo eso, el intercambio profesional y personal entre funcionarios está ahí para quedarse y facilitar intercambios de información y resolución de problemas entre Perú y la UE. 

Oportunidades y desafíos  

No olvidemos que la UE es el mayor socio comercial del Perú y tenemos importantes intereses comunes relacionados con sectores estratégicos como son las telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, pesca, agricultura y los recursos naturales. Por ello, la mejora del Estado de Derecho y la seguridad en el Perú es un desafío compartido con Europa. 

En este sentido, vale la pena reflexionar sobre la potencia de los mecanismos de condicionalidad positiva vinculada a la introducción efectiva de las reformas que se planteen en el marco de los proyectos o programas implementados por la UE. Ello inspirándonos en los hermanamientos que tan buenos resultados han y están dando. 

Solo un ejemplo, en el caso de Perú, el proyecto ha promovido el cambio legislativo para luchar de manera efectiva contra el lavado de activos, un auténtico problema en el país andino. Con este cambio, formalizado recientemente, se podrían mejorar indicadores clave que, en un momento dado, les abrirían las puertas a ingresar a la OCDE. Con su acceso, el Perú puede presentarse ante el mundo como una economía de mercado abierta, estable y con bases jurídicas claras y predecibles. Esto redundará en su capacidad negociadora posicionando al país a nivel regional e internacional. De hecho, en la actualidad, la Unión Europea está acompañando técnica y financieramente el ingreso del Perú en la OCDE. 

Otras condicionalidades positivas, muy necesarias en la región, pueden ser la mejora en el acceso a la salud pública universal y el aumento de la recaudación tributaria para hacer frente a los gastos del Estado. Los proyectos y programas de Twinning pueden ir vinculados a la reforma y obtención de resultados en esos sectores. 

Dada la disparidad regional y subregional en América Latina, el reto para la UE es escoger los países y sectores a tratar en los hermanamientos, así como ofrecer una cooperación técnica de altísima calidad para que sea atractiva a los Estados. De hecho, los programas regionales en América Latina, que en la actualidad cubren varios sectores, como EUROsociAL+, COPOLAD, EUROCLIMA+ o El PAcCTO pueden ser buenos instrumentos para acompañar a las Delegaciones de la UE en la selección de prioridades sectoriales de los hermanamientos en la región. 

No será fácil adaptar este instrumento y quizás se debería reinterpretar dada la  heterogeneidad de países de renta media. No obstante, vale la pena darle una oportunidad, aunque solo sea para reflexionar sobre ello a la hora de destinar los fondos del nuevo prespuesto de la Unión Europea. 

Gerard Muñoz, coordinador del proyecto de lucha contra el tráfico de drogas en Perú 

*La definición de hermanamiento ha sido extraída de la página web de la Comisión Europea 

“Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas”, recordaba Pelayo Castro un grafiti descubierto por el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum y universalizado por el escritor uruguayo Mario Benedetti. Esta cita, pronunciada por el Embajador de la Unión Europea en Costa Rica durante la apertura del encuentro de EUROsociAL+ en San José, marcó de alguna manera el debate y el intercambio de tres días en la capital costarricense.

Porque si por algo se caracteriza EUROsociAL+ es por buscar respuestas a las demandas que nos llegan desde América Latina. Respuestas que encontramos en Europa y en América Latina, y que en Costa Rica se transformaron en realidades con importantes compromisos para la lucha contra la violencia de género, el diálogo social y el desarrollo regional.

Pero también en esta tercera fase del programa para la cohesión social en América Latina queremos ser parte de las preguntas, lo que significa ser más estratégicos, posicionar de nuevo lo social en la agenda de la cooperación euro-latinoamericana y contribuir al cumplimiento de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, nuestra exigencia fue mayor para la puesta en marcha de las acciones en apoyo a políticas públicas que realmente incidan en una reducción de la brecha de la desigualdad en la región.

Y no solo en el diálogo fue inspirador la cita inicial, también fue premonitoria del inolvidable momento cultural que se vivió en este primer encuentro anual de la tercera fase de EUROsociAL. Los laboratorios de creatividad dieron voz a diferentes realidades existentes en cualquier país de América Latina como son niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión, la lucha del colectivo LGTBI, y la situación de las privadas y los privados de libertad, quienes, a través de la poesía, la pintura y la fotografía expresaron su anhelo de formar parte de una sociedad que les ofrezca los mismos derechos y las mismas oportunidades que a cualquier otra persona.

Fue un encuentro lleno de símbolos, desde la palabra Libertad que da nombre al Parque Metropolitano donde iniciamos el encuentro, hasta el antiguo presidio conocido como “La Peni”, hoy convertido en Museo de los Niños adónde acudimos en coincidencia con el Día Universal del Niño. Por ello, la mejor manera de cerrar estas líneas es acudiendo al prólogo escrito por Kennly Garza, subdirectora del Centro de Atención Integral Vilma Curling, para el libro de poemas de las privadas de libertad de este centro, titulado “Luna compartida”. En este preámbulo, de nombre “Alquimistas de significados”, Kennly nos hace un llamado de atención sobre algunas de estas alegorías: “La prisión de mujeres es un lugar incómodo y antagónico; la insospechada bienvenida de querubines apura la sonrisa. Al fondo, el susurro de quinientas escritoras inquieta la conciencia al sabernos parte de esas tramas. Escenario de pérdidas y reivindicaciones, es también una isla de guerreras cuyas historias merecen ser contadas antes que el Río Cañas las reclame su patrimonio. Hasta entonces, aquí el tributo de su palabra, transparente y directa, advirtiendo que mientras haya mujeres escribiendo desde la cárcel de la desigualdad, el hablar de libertad nunca será un facilísimo ni un lugar común, es una deuda urgente que solo el aplauso no refrenda”.

Enrique Martínez es responsable de comunicación del programa EUROsociAL+

Tal vez “heterogeneidad” sea el término que mejor define a América Latina (AL), tanto por las diferencias geográficas, económicas y culturales de sus países, como por la desigualdad en el nivel de desarrollo de sus habitantes. No es tarea fácil definir retos comunes para sus administraciones tributarias (AT). La región alberga AT de clase mundial y otras que presentan carencias significativas, siendo la misión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) trabajar para reducir las brechas existentes en el nivel de desarrollo de las mismas.

Aunque existen algunas herramientas regionales de armonización – modelos, manuales, propuestas –, en el ámbito de la política tributaria poco se ha logrado armonizar. Por ejemplo, el Código Tributario del CIAT-BID-GIZ representa un modelo regional, que pretende motivar reformas tendientes a “equilibrar el campo de juego”. En la tributación internacional[1], la transparencia y el intercambio de información[2], se está dando un proceso de armonización que surge de iniciativas globales. Este proceso constituye un reto para la región. Sin embargo, nace de la experiencia de países desarrollados y no de AL. A este proceso, lo llamaría “armonización importada”.

Las AT de AL han mejorado principalmente gracias al uso de la tecnología y a un mayor respaldo político por parte de sus gobiernos. De acuerdo a datos del CIAT, desde los años 60, los ingresos tributarios de los gobiernos centrales de AL han presentado una tendencia positiva, pasando de 9,7 (1960) a 16,2 (2014) puntos del PIB, siendo este último valor el más alto registrado en el referido período.

El gran reto que las AT enfrentan consiste en “hacer + con -”. Para ello, es necesario orientar esfuerzos en aquellos ámbitos donde existe riesgo de incumplimiento; con el ánimo de clasificarlos, prevenir su ocurrencia o bien gestionarlos. El reto consiste en fortalecer varios procesos e integrarlos en una sola plataforma – Ej.: acceso y manejo de información, registro de contribuyentes, cuenta corriente tributaria, sistemas de facturación, servicio al contribuyente, investigación, auditoría, recaudación, cobranza, iniciativas de cumplimiento cooperativo, etc.–. En este ámbito, el uso de soluciones tecnológicas avanzadas hace la diferencia. Para no fallar en el intento, es fundamental una adecuada planificación, donde las áreas críticas deben actuar de manera coordinada, inclusive, con actores que trascienden la frontera de la AT.

Un adecuado monitoreo de incentivos tributarios contribuye con el propósito planteado anteriormente. Según datos del CIAT, representan en promedio 4,6 puntos del PIB en AL (2012), siendo éste un número significativo. Asimismo, la adecuada aplicación de convenios para evitar la doble imposición constituye un desafío. Este último tema actualmente no es relevante para todos, aunque gradualmente los países de AL están ampliando sus redes.

El fortalecimiento de la infraestructura jurídica representa una asignatura pendiente para muchos países de AL. Actualmente, el planeamiento tributario es sofisticado, dejando una frontera muy delgada entre la elusión y la evasión. Resulta complejo para las AT aplicar normas generales y específicas anti-abuso. Complementariamente, es oportuno plantear estrategias para evitar litigios y prestar atención a la capacidad de los tribunales a cargo de asuntos tributarios.

Para afrontar estos retos, el compromiso político, el diálogo y la cooperación entre pares, el apoyo internacional, la inversión en recursos para la AT, y ante todo la transparencia tributaria, resultan imprescindibles. En este marco, el reciente convenio de colaboración firmado entre el CIAT y la FIIAPP para promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre las AT de la Unión Europea y de América Latina, así como entre las propias administraciones latinoamericanas en el marco del Programa EUROsociAL+, representa una oportunidad para las AT de AL.

[1] Marco Inclusivo BEPS

[2] Estándar sobre transparencia e intercambio de información

Isaac Gonzalo Arias es Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT