EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Este proyecto busca promover el acceso a la justicia y a la salud de las personas en las cárceles que viven hoy bajo condiciones de hacinamiento, padeciendo tratos inhumanos o degradantes e incluso torturas.  Los expertos nos relatan como la pandemia ha acentuado aún más las malas condiciones de vida de los reclusos, generando una emergencia carcelaria en la cual no se puede garantizar el derecho a la vida y nos dejan una serie de recomendaciones internacionales para afrontar el problema.

Hace aproximadamente un año, en febrero de 2019, publicábamos un artículo en el que dábamos cuenta de los trabajos realizados por parte del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, en coordinación con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), para el diseño de un Modelo Regional de atención a víctimas de violencia institucional en prisiones. Anunciábamos ya entonces un proyecto para crear un Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) en varios países de América Latina. Depositábamos entonces grandes esperanzas en que el mismo, si se implementaba como nueva política pública, podría ser muy útil para promover un verdadero acceso a la justicia y a la salud (física y psíquica) de quienes en las cárceles puedan padecer tratos inhumanos o degradantes e, incluso, torturas.

Recientemente, este proyecto se ha puesto en marcha por EUROsociAL+ en Argentina, Chile y Costa Rica, en coordinación con las Defensorías Públicas de estos países.  Quienes llevamos años trabajamos desde el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona en estas cuestiones, sabemos de la importancia del monitoreo permanente de las instituciones penitenciarias para promover una revaluación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Si entonces el proyecto era importante para cumplir con esa finalidad, la actual emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en las cárceles, lo convierte en una prioridad.

Si hace un año ya dábamos cuenta de la grave situación de hacinamiento en las cárceles de América Latina, donde la ratio media de personas presas por cada cien mil habitantes era de 387, cuando la media mundial era de 144, un año después asistimos a unos sistemas que han batido casi todos los récords de crecimiento a nivel mundial. Desde el año 2000, mientras a nivel global la población encarcelada ha crecido un 24% de media, en América Latina ha crecido un 121%, un 67% en los países de América Central y un espectacular 175% en América del Sur.

Emergencia carcelaria

Pero el problema no es sólo de tipo cuantitativo, sino cualitativo, donde a esa falta extrema de espacio se suma a graves carencias de tipo sanitario, alimenticio y de seguridad, generando ambientes insalubres donde resulta fácil la propagación de enfermedades y donde, además, los conflictos entre personas presas y entre estas y el personal penitenciario hacen de las cárceles lugares donde la violencia institucional es una situación de normalidad. No en vano asistimos a tristes noticias de motines e incendios en cárceles que se saldan con la muerte de decenas o cientos de personas. No en vano en varios países se ha llegado a declarar públicamente la situación penitenciaria como de “emergencia carcelaria” o de “estado de cosas inconstitucional”. Por ello, si desde empezado el siglo XXI las cárceles de la región se han convertido en una bomba de relojería donde su colapso no permite ni siquiera garantizar el derecho a la vida o a la integridad física y mental de sus habitantes, la aparición de la COVID-19 solo llega para dar el último empujón al contador.

La combinación de esta nueva emergencia sanitaria con la existencia estructural de altísimos niveles de hacinamiento carcelario en América Latina, representan una alarma que debe ser inmediatamente atendida. Numerosos pronunciamientos internacionales se están publicando estas últimas semanas en esa dirección. Desde las Naciones Unidas, su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha hecho un contundente llamado a la reducción demográfica en las cárceles. Lo propio ha sido indicado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. En el ámbito europeo, el Comité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes ha alertado acerca de la responsabilidad por velar por el derecho a la salud en las cárceles. Por cuanto hace a América Latina, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han publicado declaraciones, recomendaciones y advertencias en torno a ello. Todos esos pronunciamientos (de organizaciones como Amnistía Internacional, Prison Reform International o Human Rights Watch), coinciden en la necesidad de potenciar medidas alternativas o extra-penitenciarias; la necesidad de ampliar el concepto del derecho a las comunicaciones entre estas personas y sus familiares; la consideración de que la estancia en prisión en las actuales circunstancias y en países con sobrepoblación penitenciaria puede comportar el sometimiento de las personas presas a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, las cuales deben ser combatidas y la necesidad de fortalecer el derecho a la salud de las personas presas.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone el énfasis en la “posición especial de garante” en que se encuentran los Estados frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Esto quiere decir que es su obligación garantizar la salud de las personas presas, así como el cumplimiento de medidas que se exigen para la sociedad en libertad, como las de distanciamiento social. Pero en cárceles sobrepobladas, esto es simplemente una quimera. No hay alternativa: deben ponerse en práctica planes públicos de acción dirigidos a la reducción drástica de la población encarcelada.

Recomendaciones internacionales

El Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el prestigioso penalista Raúl Zaffaroni, afirma de manera tajante que no podemos engañarnos: “aquí se juegan miles de vidas humanas y nadie podrá alegar en el futuro que lo ignora, puesto que todos tenemos plena consciencia de la ilicitud de esas penas en esas condiciones de cumplimiento, y si no se procede a hacer lo correcto, es porque dolosamente se está consintiendo la posibilidad de muerte de miles de personas, más de la mitad de las cuales, en nuestros países, ni siquiera están condenadas. Estamos ante la inminencia de una hecatombe y los Estados que permitiesen la muerte de miles de personas en sus prisiones superpobladas, serían responsables internacionalmente, sin perjuicio de que sus autoridades resultasen responsables de delitos masivos de abandonos de personas. No nos olvidemos que dejar morir a miles de personas, con clara consciencia de que inevitablemente ese sería el resultado de su inacción, omitiendo las medidas urgentes reclamadas por todos los órganos responsables del mundo, sería una conducta típicamente dolosa de abandono masivo de personas, claramente caracterizada como crimen de lesa humanidad”.

Frente a semejante panorama, creemos que la implementación del SIRCAIVI debe incluir acciones dirigidas a reducir el impacto de la pandemia en las prisiones de América Latina. Especialmente en cuanto la misma pueda directamente incidir en el concepto de violencia institucional carcelaria. Es en tal sentido que las Defensorías Públicas de Argentina, Chile y Costa Rica (que es donde se localizará el SIRCAIVI) pueden ver reforzado su rol de protección de los derechos de las personas privadas libertad, asumiendo tareas de registro de las incidencias provocadas por la pandemia, monitoreando su evolución, y ofreciendo información a estas personas y sus familiares.

En concreto puede y debe ser monitoreado el cumplimiento de recomendaciones internacionales. Esas medidas también están siendo reclamadas en países de la Unión Europea con distinto grado de aceptación.

La pandemia es global. Las vías para afrontarlas también deben seguir una hoja de ruta común que es la que proviene de las recomendaciones internacionales. Cumplirlas a tiempo, antes que sea demasiado tarde, constituye no sólo un deber jurídico sino un imperativo ético en el que nos jugamos la civilización contemporánea.

Alejandro Forero Cuéllar e Iñaki Rivera Beiras, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona; y expertos del Programa EUROsociAL+.

Las lluvias torrenciales o las sequías son fenómenos meteorológicos relacionados con el agua, todos ellos cada vez más extremos en cualquier punto del planeta. A estos y otros fenómenos similares se consagra este año el Día Meteorológico Mundial que, presidido por el lema «clima y agua» pone el foco en los efectos del cambio climático que se manifiestan a través del agua.

Según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el ser humano no puede sobrevivir más de tres días sin agua y, en la actualidad, en todo el mundo hay 3000 millones de personas que no disponen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Además, sabiendo esto, hay que tener en cuenta que en los próximos 30 años la demanda mundial de agua dulce aumentará entre un 20 % y 30 %.

Con el objetivo de conmemorar el nacimiento de la OMM, que tuvo lugar el 23 de marzo de 1950 en el seno de la ONU, este día sirve también para poner de relieve la contribución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a la seguridad y al bienestar de las sociedades. Y, por qué no, para reflexionar sobre la importancia de la meteorología en el contexto global de cambio climático en el que vivimos en la actualidad.

El agua, un bien común

Los fenómenos meteorológicos extremos, fruto del cambio climático que estamos atravesando a nivel global, son una de las mayores amenazas mundiales. En concreto, aquellos que se relacionan con el agua constituyen un riesgo máximo por los impactos que provocan, tanto en el desarrollo sostenible como en la seguridad de las personas. Según declara el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas, en el comunicado de la organización sobre el 23 de marzo, «los cambios en la distribución mundial de las precipitaciones están teniendo importantes repercusiones en muchos países. El nivel del mar aumenta a un ritmo cada vez mayor debido a la fusión de los glaciares más grandes, como los de Groenlandia y la Antártida. Ello está exponiendo las zonas costeras y las islas a un mayor riesgo de inundación y a la sumersión de zonas bajas”.

Las crecidas de los ríos o las inundaciones son fuente de paz y de conflicto, pues la mayoría de los ríos y otras aguas dulces son transfronterizas, y las decisiones que un país adopte en relación con la gestión de recursos hídricos a menudo repercuten en otros países. Además, la seguridad alimentaria está muy relacionada con el agua: por ejemplo, la concentración de las lluvias en determinadas épocas del año o en determinados sitios afecta a la agricultura, a los desplazamientos y, en definitiva, a la supervivencia de millones de personas en todo el mundo.

Buena prueba de la relevancia internacional del lema escogido la encontramos  en el hecho de que el agua y el clima son la piedra angular del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento) y 13 (Acción por el clima), ambos recogidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que alberga en su seno las prioridades mundiales para los próximos 10 años.

Para el proyecto EUROCLIMA+, cada gota cuenta

Tal y como de forma expresa detalla la OMM, en la actualidad, los datos sobre los recursos hídricos son incompletos y están dispersados, lo que impide en gran medida el trabajo conjunto entre países y la cooperación internacional para poder enfrentarse a retos globales, como el cambio climático.

En esta línea trabaja el proyecto EUROCLIMA+ de la mano de AEMET en Centroamérica, donde están llevando a cabo, junto a las instituciones de los distintos países, la generación de escenarios climáticos para anticiparse a los impactos del cambio climático y planificar medidas de adaptación. En este sentido, el proyecto, financiado por la UE y en cuya gestión participa la FIIAPP, tiene la mirada puesta en prever el impacto, la vulnerabilidad y las necesidades de adaptación al cambio climático.

La utilidad de los escenarios, en palabras del especialista del proyecto y meteorólogo de AEMET Jorge Tamayo, consiste en disponer de información para saber “qué es lo que va a ocurrir y qué medidas son las que se pueden aplicar”, y que además esta información pueda “ser utilizada por parte de los responsables de la gestión hídrica, para planificar”, por ejemplo “si tienen que hacer mayor número de embalses o tienen que redimensionar los que tienen actualmente, para intentar paliar estos efectos al menos conociéndolos”.

Trabajar juntos en la adaptación o mitigación del cambio climático es trabajar juntos por un futuro más resiliente, tal y como demuestra EUROCLIMA+.

Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en sí mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

 La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

 El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.

Representando un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018, según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando. 

Estas cifras han aumentado exponencialmente en los últimos años, con un crecimiento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio insuficiente y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal. Además, la focalización de recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictuales, han facilitado el surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros, y sus delitos conexos como la corrupción, el lavado de activos, el sicariato y la explotación laboral y sexual. 

Si tenemos en cuenta que América Latina representa más del 40% de la biodiversidad mundial y que la complejidad geográfica y política de la región hace difícil el control efectivo de territorio por parte de los Estados, la lucha contra los delitos ambientales en su conjunto es una tarea titánica. 

Por eso es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, el desarrollo estratégico debe obligatoriamente pasar por la creación de un marco regulatorio internacional, ya sea mediante protocolos adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente. 

Por otro lado, a nivel operacional y siguiendo las conclusiones y los compromisos de los Jefes de Estado y los ministros del Interior de las 7 mayores potencias económicas del mundo, reunidos en el G7 los días 4 y 5 de abril de 2019 en Francia, es necesario crear mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial, tanto nacionales como regionales, así como el desarrollo de Task Forces multidisciplinares especializadas en la materia y Equipos Conjuntos de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés). En este aspecto, la Unión Europea tiene una ventaja comparativa importante respecto a otras regiones ya que ha fomentado el desarrollo de instituciones cuyos principales propósitos son la coordinación, el intercambio de información y el trabajo interinstitucional e interpaís. Ejemplos de ello son Europol y Eurojust. 

Pactos de Estado contra los delitos ambientales 

Sin embargo, bajo mi punto de vista, la acción más eficiente, pero quizás más compleja, es la búsqueda de alianzas y pactos de Estado estratégicos para el desarrollo de políticas públicas integrales tanto de prevención como de tratamiento penal de los delitos ambientales, incluyendo aspectos importantes de lucha contra la pobreza, la perspectiva de género, el fomento del emprendimiento, la cultura y la educación. 

Los pactos de Estado, junto a sus políticas públicas, deben tener un consenso mayoritario de la población y deben estar regidos por cinco principios básicos: voluntad de financiación y presupuesto concreto; control y fiscalización; transparencia; buena ejecución; y, responsabilidad ante la ciudadanía. 

En este sentido, América Latina tiene la oportunidad, la experiencia y el deber de asumir el liderazgo internacional en el desarrollo de políticas públicas integrales que puedan luchar más eficazmente contra los delitos ambientales, fomentando la transición a una economía verde y responsable, así como con un crecimiento económico sostenible que pueda generar negocios y que permita impulsar el desarrollo de aquellas comunidades dependientes directamente de ciertos ecosistemas particulares para subsistir. 

Este es el caso de una parte importante de los aproximadamente 60 millones de personas que se consideran indígenas en la región latinoamericana. Una gran parte de ellos se encuentran localizados en la cuenca del Amazonas, la cual ha perdido el 20% de su biodiversidad en los últimos 50 años según el World Wide Fund for Nature (WWF, 2018), por motivos vinculados a sobreexplotación y crimen organizado. 

Por su forma de vida y por su número, estas comunidades son clave no sólo para cambiar el desarrollo económico y humano de muchos países, sino también para desarrollar nuevas aproximaciones en el desarrollo económico sostenible, la lucha contra los delitos ambientales y el cambio climático, teniendo en cuenta la colaboración entre la sociedad civil, las empresas privadas con responsabilidad social corporativa y el Estado. 

Desarrollo económico vs protección de los recursos naturales 

Llegados a este punto, es necesario poner de relieve la dicotomía entre, por un lado, el desarrollo económico desmesurado y a toda costa; y, por otro, la protección de los recursos naturales. De hecho, es importante destacar que, en parte, el aumento de la extracción ilícita de materias primas y la deforestación para la creación de grandes zonas de pasto de animales y plantaciones, ha sido provocados por un incremento del consumo humano desenfrenado. 

Hay que admitir que si existen grupos criminales organizados detrás de estos delitos es porque hay una demanda concreta al respecto. Voluntaria o involuntariamente. Con conocimiento o sin conocimiento de la existencia de violencia y delitos conexos por parte del demandante. 

Es evidente que todos los países y sociedades del mundo tienen el derecho, pero no la obligación, de desarrollarse económicamente, así como cultural e intelectualmente. Sin embargo, con el más que evidente cambio climático, tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico indefinido y salvaje, el cual fomenta el surgimiento de una multitud de delitos que acaban contribuyendo al cambio climático y al aumento de la violencia en los países. 

En consecuencia, es necesario balancear el consumo humano desenfrenado con la protección del medioambiente. 

EL PAcCTO es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica.

 Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO 

El acceso a la justicia es una seña de identidad del programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, constituyéndose como una de las dimensiones a través de las cuales se quiere luchar contra la exclusión y las desigualdades.

A pesar de los notables avances en la región latinoamericana en esta materia, aún existe una necesidad de mejorar y garantizar el acceso a la justicia de determinados grupos vulnerables para reforzar la cohesión social. En ese marco, Las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justica de personas en condición de vulnerabilidad aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana son un instrumento clave para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a la cohesión social en la región. Desde el inicio de EUROsociAL, en 2005, el programa ha acompañado a los países de la región y a las redes regionales, no solo en la definición inicial de las Reglas de Brasilia en 2008, sino también en la revisión y actualización de las mismas en 2018, y en su difusión e implantación a nivel nacional en los países de América Latina.

El caso de Lorenza Cayuhan, que se presenta en el video, es paradigmático en este sentido porque muestra una discriminación múltiple (interseccionalidad de la discriminación) por ser mujer, mapuche, en estado de gestación y privada de libertad, como así fue finalmente reconocido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile.

Área de Política de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia