EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Cristina García-Herrera es especialista en fiscalidad y directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales. En esta entrevista nos habla de su experiencia en cooperación fiscal con América Latina como experta del programa Eurosocial.

¿Cuál ha sido el mayor logro de su experiencia como experto de FIIAPP/Eurosocial?

Mi mayor logro en este proyecto es coadyuvar a que el Instituto de Estudios Fiscales siga siendo un socio clave en el programa de Eurosocial, contribuyendo así al mantenimiento de una labor de muchos años del IEF en la construcción de finanzas públicas más sólidas en los países latinoamericanos, con el apoyo y la ayuda de los especialistas y del personal público de España.   

¿De qué se siente más orgullosa?

Me siento muy orgullosa del papel que ha desempeñado el Ministerio de Hacienda de España, y el Instituto en particular, en el proyecto Eurosocial a lo largo de todos estos años, por el alto grado de involucración de su personal público, por la ilusión que existe por contribuir a la mejora y el fortalecimiento de las finanzas públicas de los países latinoamericanos, y por el trabajo bien hecho de todo el equipo. 

¿Cómo ha contribuido su misión a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Creo que el programa Eurosocial contribuye a través de la política fiscal, tanto desde la perspectiva tributaria como presupuestaria, como pieza clave para el desarrollo de los países y la mejora de las condiciones de vida de las personas. Los cambios en la estructura de los ingresos y los gastos públicos tienen un impacto en la distribución de la renta disponible de los hogares, en la consecución del derecho fundamental a la igualdad, en la mejora de los servicios públicos y, en definitiva, en la consecución de un Estado del bienestar sólido que permita una vida mejor para todos y, en particular, para los menos favorecidos.  

¿Cuál es para usted el principal valor de lo público?

Para mí el principal valor de lo público es la protección de los intereses generales. Y en momentos de crisis económica, como la derivada de la pandemia que aún atravesamos, la respuesta pública por parte de los países ha sido sólida, y ha demostrado la relevancia de seguir apostando por la intervención del Estado en la economía para corregir los fallos del mercado. 

¿Qué ha aprendido con esta experiencia?

He aprendido muchísimo, tanto en lo personal como en lo profesional. He podido compartir e intercambiar ideas con funcionarios y responsables políticos de un gran número de países. Pero, sobre todo, he aprendido la importancia de la colaboración entre pares, porque la asistencia a Latinoamérica siempre es un win-win, recibimos más de lo que damos, y eso nos hace mejores tanto en el ámbito profesional como en el personal.  

¿Por qué la lucha contra la evasión fiscal es una herramienta tan potente para lucha contra la desigualdad?

 Nos encontramos en un momento crítico no solo en la región latinoamericana sino a nivel global en el que hay necesidades fiscales latentes. Y los sistemas tributarios producen unos resultados, pero nunca se está recaudando todo su potencial, en ningún país. Por ello, es necesario ver qué tipo de acciones podemos llevar a cabo para maximizar la recaudación potencial. Porque la evasión produce perdidas para el Estado y produce inequidad tributaria, unos pagan más que otros, no es solo un tema caja sino un tema de equidad. Es un círculo virtuoso que es bueno conocer para que la administración pública pueda tomar las medidas. Elevar la recaudación fiscal requiere una lucha sin cuartel contra el fraude porque permite identificar medidas para prevenir y reducir los niveles de evasión y lograr mejorar la eficiencia del gasto público en la prestación de servicios públicos, como en educación y salud.

¿Qué trabajo has realizado en el marco de EUROsociAL+ para la Subsecretaría de Estado de Tributación de Paraguay (SET) y cuáles son sus principales conclusiones?

A través de una metodología elaborada por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) realizamos la medición del incumplimiento del impuesto de la renta empresarial para medir la trayectoria y el comportamiento de la tasa de evasión fiscal en el país. A través de este análisis logramos conocer qué porcentaje del impuesto potencial se deja de recaudar – que en el caso de Paraguay se encuentra dentro del rango de los países de la región – y conocer la tendencia de ese fenómeno. Además, a través del análisis de microdatos se pudieron identificar casos concretos de empresas con los que la SET pudo tomar acciones específicas para incrementar la recaudación.

¿Existe diferencias en el incumplimiento del pago de impuestos entre hombres y mujeres?

No, no existen. Sin embargo, este trabajo, en consonancia con la transversalidad de género del programa EUROsociAL+, adoptó una estrategia de abordaje singular para incluir la perspectiva de género en la evasión tributaria. Los resultados revelaron datos de gran interés para el diseño de políticas públicas específicas para fomentar la igualdad de género mediante el emprendimiento empresarial femenino. Observamos que la proporción de mujeres empresarias es mucho más pequeña que la de hombres empresarios, en una relación del 35% de mujeres frente al 65% de hombres, y esa proporción se hace mayor en algunos sectores de actividad como en el agro, en una relación de 1 a 9. En cambio, hay sectores relacionados con oficios más vinculados tradicionalmente a la mujer donde hay una mayor representación de empresarias, como en el comercio, textil y hostelería, donde representan más del 50%.

Además, al analizar el nivel de ingresos promedio, se determinó que las mujeres están concentradas en los niveles de ingreso inferiores. En conclusión, hay menos mujeres empresarias, tienen barreras de acceso a determinados sectores, y cuentan con ingresos más bajos. De cada 10 personas empresarias en Paraguay, 3 son mujeres frente a 7 hombres.

Larissa Estevan es agente de mediación comunitaria “por amor y compromiso con la ciudad donde crecí”, Samambaia, una región de Brasilia. “Me convertí en agente de mediación comunitaria después de ver a un grupo de agentes que permitieron un diálogo horizontal entre recolectores de materiales reciclables, una profesión muy precaria en Brasil, estudiantes universitarios y representantes del Estado. En esa reunión me enamoré del Programa de Justicia Comunitaria”, explica Estevan.  

Cada día Larissa Estevan realiza un trabajo  para “brindar espacios para el diálogo, el derecho y la justicia en mi territorio”. Como fue el caso de Doña Ana, que en plena pandemia acudió a ella porque su hijo había sido detenido y no sabía qué hacer. “Ella vino a nosotros desesperada porque había pasado un mes desde que lo detuvieron y no tenía información sobre él, no sabía a dónde ir o cómo buscar ayuda. Escuchamos a Doña Ana y llevamos el caso a una asamblea del Programa de Justicia Comunitaria para que juntos pudiéramos pensar en posibles orientaciones, referencias y contactos para que ella pudiera buscar su derecho a obtener información de su hijo. Finalmente le pusimos en contacto con la Defensoría Pública del Distrito Federal. A los pocos días nos llamó para darnos las gracias pues había descubierto el lugar donde estaba detenido su hijo y la Defensoría ya le había puesto a su disposición un defensor público”. 

“Ciertamente, mientras haya desigualdad de poderes será necesaria la justicia social. En el Programa de Justicia Comunitaria trabajamos para asegurar que nuestra comunidad disfrute al menos de parte de la justicia social a la que tiene derecho”, subraya Estevan. 

Programas de la Unión Europea como EUROsociAL+ están trabajando por una mayor justicia social en América Latina para que la ciudadanía pueda tener atención jurídica y, en definitiva, una vida mejor. En concreto el área de Gobernanza Democrática del programa gestionado por la FIIAPP, a través de su línea de Justicia Inclusiva está prestando asistencia técnica al Programa de Justicia Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios de Brasil con el acompañamiento técnico del Consejo General de la Abogacía Española.

Laura Cárdenas, consultora de comunicación en el área de Gobernanza del programa EUROsociAL+

El pasado 22 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en su Asamblea Anual la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública. Este marco normativo, impulsado por el Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la OEA, ha contado con una amplia participación en su proceso de elaboración y es de enorme relevancia para América Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información.  

La Ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública, partido político, gremio y organización sin fines de lucro, los cuales deberán responder a las solicitudes de información sobre los fondos o beneficios públicos recibidos. 

Como destaca el DDI, el objetivo último de la normativa es que es que “el acceso a la información pública se consolide como una herramienta que permita incrementar los niveles de transparencia y una lucha efectiva contra la corrupción, promueva la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico, genere la confianza de la población en sus instituciones democráticas y empodere a los ciudadanos, incluidos aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad”.  

“Con esta Ley Modelo se pretende brindar a la ciudadanía un mayor acceso a la información en manos de las autoridades. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento sobre cómo se gestiona la administración y sobre cómo se utilizan los recursos públicos que provienen de sus impuestos. También se quiere incidir en los modelos de gestión que impactan en el ciudadano común y corriente porque el derecho de acceso a la información va desde las altas esferas hasta los gobiernos locales”, subraya Dante Negro, Director del DDI de la OEA. 

El programa de cooperación financiado por la Unión Europea en América Latina, EUROsociAL+, a través de su área de Gobernanza Democrática, que coordina la FIIAPP, ha contribuido de manera decisiva a la elaboración de esta propuesta normativa, mediante un importante apoyo técnico canalizado a través de la  Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) en espacios de debate e intercambio de experiencias entre los órganos garantes y promotores del derecho a la información, así como con la sistematización de buenas prácticas aportadas por diferentes expertos y expertas. 

La normativa se centra en factores clave como la naturaleza y funciones de los órganos garantes de este derecho, el régimen de excepciones, los sujetos obligados, la transparencia activa y proactiva y las definiciones y alcance del derecho de acceso a la información. Asimismo, incluye como anexo la Ley Modelo interamericana sobre Gestión Documental y su guía de implementación, elaborados por especialistas de la Subdirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España sobre la base del Modelo de Gestión Documental de la RTA impulsado por EUROsociAL+.  

A lo largo de los procesos de trabajo, desde EUROsociAL+ se contribuyó además mediante la incorporación de la perspectiva de género, ​ ​siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano en incluir dicha visión desde su gestación. ​ 

Como destaca Gabriel del Piazzo, presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP) (Presidencia de la RTA), “la Ley Modelo 2.0 tiene el valor agregado de recoger la experiencia de los órganos garantes de América Latina, que tuvieron la responsabilidad de implementar las leyes de acceso a la información en los últimos 10 años”.  

La Ley Modelo se convierte así en una referencia a seguir por los Estados a efectos de mejorar las normativas, lineamientos y procedimientos internos de transparencia y acceso a la información. Desde el momento en que los 35 Estados de las Américas la han refrendado, están dando su reconocimiento a que es necesario llegar a ese estándar. Para la ciudadanía y la sociedad civil organizada implica tener conocimiento de cuáles son los estándares a los que potencialmente su Estado podría llegar y poder así exigir procesos de elaboración de normas o políticas orientadas a alcanzar ese estándar.  

Esta acción de EUROsociAL+ está alineada con la Agenda 2030, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10 (garantizar el acceso a la información), el 16.5 (reducir considerablemente la corrupción y el soborno), el 16.6 (crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas), y el ODS 17 (promover alianzas para lograr estos objetivos). 

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP 

El llamado “estallido social” iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos y destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 

En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacional. En ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19. A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta a que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura.  

Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

En el marco del Proyecto EVALÚA,  gestionado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea,  se ha elaborado una Guía metodológica sobre la aplicación de metodologías de economía experimental y del comportamiento para la evaluación de políticas públicas. La guía, elaborada por Diego Aycinena Abascal, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá e investigador visitante del Economic Science Institute de la Chapman University de Orange, recopila los hallazgos más relevantes extraídos mediante experimentos comportamentales desde el inicio de la disciplina hace 50 años hasta la actualidad, de forma que se puedan utilizar de manera y puedan ser tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones. 

¿Cómo nos afectan los sesgos y las preferencias no estándar durante la crisis del COVID-19? 

La economía política clásica establece que los seres humanos somos lo que se conoce como “homus economicus” que, dicho de forma sencilla, significa que tomamos decisiones haciendo un balance racional entre el coste y el beneficio de nuestras acciones, de forma que éste sea mayor que aquél. Sin embargo, desde mediados del siglo XX se ha venido comprobando de forma experimental que nuestras acciones se desvían en muchas ocasiones de esta manera de actuar. 

Preferencias no estándar, creencias no estándar y toma de decisiones no estándar

Estos conceptos implican que el comportamiento de los seres humanos se desvía de lo racional porque está influido por sesgos, intuiciones y falsas creencias. Por ejemplo, la aversión a las pérdidas es un comportamiento (sesgo) muy frecuente que conlleva que preferimos no perder ahora antes que ganar más más adelante. La aversión miope a las pérdidas combina lo anterior con una situación de riesgo, y puede llevarnos a actuar de tal forma que el resultado a medio plazo sea perjudicial. Cuando nos enfrentamos a situaciones que involucran riesgos, nuestra percepción es completamente distinta sobre las pérdidas que sobre las ganancias, como evidencia la teoría de los prospectos: en una situación de riesgo, preferimos no perder ahora antes que la ganancia que obtendríamos más adelante, es decir, frente a una posible pérdida, se asumen riesgos, frente a una posible ganancia, se busca seguridad.  

El sesgo presente o problemas de auto-control, involucra actuaciones inconsistentes y demuestra que nuestra fuerza de voluntad es limitada. Podemos tomar una decisión y después ir postergándola de manera más o menos indefinida. Conlleva en muchas ocasiones gastar dinero para intentar doblegar nuestra falta de voluntad o de acción, por ejemplo, la compra de “productos milagro” en lugar de comenzar la dieta planificada. 

Los modelos de normas sociales sugieren que al elegir una acción no solo importan los beneficios y costes que se obtienen de dicha acción. También se toma en cuenta si esa acción es acorde a lo que el grupo de referencia (círculo social) normalmente hace y lo que éste considera apropiado hacer en esa situación. Este hecho determina que nuestras decisiones están muy influenciadas por el entorno social en el que vivimos, que puede llegar a pesar más que el balance del coste y el beneficio que podamos obtener con nuestra acción. 

El sesgo de comprensión retrospectiva es la tendencia de las personas con conocimiento de un resultado a creer falsamente que hubieran predicho el resultado de un evento, exagerando la similitud entre sus creencias ex post y las que eran sus creencias antes de un evento informativo. 

La preferencia por lo prominente, a pesar de no ser una estrategia racional, conduce a las personas a elegir la opción más llamativa o que sobresalga del resto por motivos espurios, como pueden ser la estética o el lugar preferente en el que se encuentre la opción (estante del supermercado, por ejemplo).  

En definitiva, muchos de estos fenómenos (problemas de auto-control, preferencias sociales, normas sociales, sobre-proyección de preferencias) se deben a nuestras emociones y sentimientos. La literatura psicológica muestra el papel de las emociones como mecanismo mediador de nuestras acciones. Sin embargo, recientemente se han empezado a incorporar estos hallazgos psicológicos a las políticas públicas.  

Sesgos, falsas creencias y preferencias no estándar durante la crisis del COVID-19  

Nos afectan en la toma de decisiones y en nuestro día a día más de lo que pensamos. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, estamos viendo, por ejemplo, que el sesgo de la aversión a las pérdidas ha influido en la toma de decisiones de muchos gobiernos, sobre todo en un inicio, cuando aún no se era consciente de la magnitud del fenómeno que se desarrolló poco después. El hecho de tomar medidas más contundentes de aislamiento en muchos casos se retrasó por temor a la afectación económica, sin analizar despacio que una “pérdida” más temprana podía ahorrar muchos “costes” posteriores. Está estrechamente relacionado en este caso con la teoría de los prospectos, que incluye el sesgo anterior en una situación de riesgo. Estos sesgos se sumaron a otros también frecuentes como el del optimismo y la ilusión del control, que provocó que mucha gente recurriera a remedios inútiles, a pseudociencias y supersticiones, haciendo circular un número enorme de bulos y mentiras sobre la pandemia. 

Asimismo, estamos observando recurrentemente el sesgo de comprensión retrospectiva enunciado más arriba, en multitud de opiniones a nuestro alrededor, hasta llegar a parecer que una mayoría de la gente ya sabía lo que iba a pasar desde el primer momento y cuáles eran las mejores decisiones que se debían tomar. 

Los modelos de normas sociales han influenciado claramente nuestro comportamiento durante el confinamiento, habiéndose observado situaciones en las que el incumplimiento o cumplimiento más estricto de las normas ha estado condicionado por lo que ocurría en el entorno inmediato (familia, barrio, municipio). 

Aunque en un plano más psicológico que económico, también hemos podido observar a algunos líderes políticos o sociales que han animado al incumplimiento estricto de la normativa, cuestionando su eficacia o su legitimidad. El sesgo de la obediencia a la autoridad implica que, si una autoridad nos permite violar la ley e incluso traspasar la frontera de nuestra moralidad, sentimos propensión a hacerlo, como ha ocurrido recientemente en ciertos casos.  

El sesgo optimista, que nos lleva a proyectar nuestros propios deseos sobre los datos objetivos, ya mencionado, también se puede observar en esta etapa de la desescalada. Tendemos a pensar que el riesgo se minimiza y se observan conductas alejadas de la toma de las precauciones que serían necesarias si analizamos despacio los datos. 

Son sólo algunos ejemplos de cómo nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos se desvían de lo racional, tanto en pequeñas decisiones como en asuntos trascendentales. Conocer nuestras desviaciones y atajos mentales nos puede ayudar a mejorar nuestras decisiones individuales, pero resulta crucial para los tomadores de decisiones en materia de Políticas Públicas. 

 ¿Qué son los nudges? 

Una de las intervenciones comportamentales más frecuentemente utilizada para políticas públicas son los llamados nudges. Los nudges son intervenciones que buscan influir en las decisiones modificando la arquitectura de la toma de decisiones, sin modificar sustancialmente los incentivos ni restringir opciones, explotando los diversos hallazgos de la economía del comportamiento. 

Los nudges se han vuelto muy populares pues permiten hacer intervenciones de bajo costo y basadas en un paternalismo suave o libertario, sin recurrir a prohibiciones ni restricciones. Además, se han documentado varios casos exitosos de intervenciones usando nudges, por ejemplo, para incrementar las donaciones de órganos, dejar de fumar mediante contratos de compromiso, reducir muertes en quirófanos mediante checklists, incrementar la tasa de repagos de préstamos mediante recordatorios personalizados, incrementar el cumplimiento de pago de impuestos, entre otros. 

Sin embargo, los nudges deben diseñarse con cuidado, de lo contrario pueden ser inefectivos o incluso contraproducentes o utilizarse con otros fines. Algunos de los sesgos mencionados nos pueden llevar a sobreestimar la probabilidad de éxito de los nudges. Las intervenciones que muestran efectos positivos tienden a recibir más atención y aquellas que no muestran efectos tienden a ser ignoradas o a quedar almacenadas para el olvido. Además, se ha encontrado que para algunas intervenciones los efectos tienden a ser de corto plazo y se ignora efectos nulos a largo plazo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito de una intervención comportamental o de un nudge va a ser tan buena como tan sólido sea el fundamento comportamental en que se base. 

Los experimentos comportamentales aplicados a las políticas públicas

Los experimentos comportamentales han sido ampliamente utilizados en materia de consumo, márketing político, inversión y finanzas, entre otros. Su aplicación a las políticas públicas, en cuanto a su diseño, a su gestión y evaluación es mucho más reciente. Sin embargo, ya existe una pequeña tradición que nos permite extraer algunas enseñanzas importantes: 

Los datos experimentales son replicables en la medida que permiten construir conocimiento basándose en hallazgos previos. Esto facilita un proceso acumulativo y sistemático de aprendizaje experimental. Es de esta forma como se construye conocimiento generalizado que respalda el diseño de las políticas públicas, lo que redunda en su pertinencia y su viabilidad. 

 Los datos que nos muestran los experimentos nos permiten observar directamente variables que de otra forma no sería posible. Por ejemplo, observar acciones antisociales que fuera del laboratorio se buscaría mantener ocultas (solo sería posible observar las denuncias), como tomar dinero ganado por terceros, o subdeclaraciones de ingresos para evitar impuestos y obligaciones. 

 Los temas en los que se pueden utilizar los experimentos de campo son enormemente amplios, por ejemplo, han resultado exitosos para evaluar intervenciones orientadas a incrementar la participación electoral, medir la corrupción en calificaciones educativas, medir reducciones en consumo de agua o energía o el incremento del reciclaje, determinar la respuesta para mejorar el cumplimiento fiscal. 

 Existen distintos tipos de experimentos. Según su naturaleza, los experimentos de laboratorio, artefactuales y enmarcados tienen menores costos y ventaja comparativa en ayudarnos a comprender los mecanismos y en darnos información valiosa antes de implementar una política o programa mediante pruebas a escala. Los experimentos de campo naturales tienen ventaja comparativa en evaluar el impacto de políticas o programas ya ejecutados (policy experiments), o para medir con precisión los efectos en la población específica de interés en su contexto natural. Sus enfoques pueden ser complementarios, como se ha podido ver en combinaciones de experimentos de campo artefactuales con experimentos de campo naturales. 

La Guía metodológica es una herramienta al servicio de las instituciones que permite seleccionar el tipo de experimento que se quiera llevar a cabo y disecciona la hoja de ruta para su puesta en marcha, definiendo los pasos para su desarrollo y describiendo sus ventajas y limitaciones.