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Andrés Mahnke, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile y Coordinador General de la AIDEF, nos habla de los retos en la región y de los proyectos que desarrollan con apoyo del Programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea
En América Latina, las Defensorías Públicas son actores clave para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con pocos recursos o privadas de libertad y asegurar que puedan ejercer sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los principales retos de las Defensas Públicas de la región para poder ejercer una defensa pública eficaz?
Existen tres dimensiones. Conceptualmente y aunque parezca inicialmente contradictorio, la Defensa no es un servicio asistencialista de personas pobres. Es la representación de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a un Derecho Fundamental. Presentarlo de otra forma permite que el Estado eluda su responsabilidad y afecte directamente a la igualdad ante la ley, precisamente de las personas más vulnerables.
La siguiente dimensión hace referencia a aspectos institucionales. La independencia técnica de los defensores, la autonomía institucional que asegure esa independencia, la dotación, los recursos para seleccionar y capacitar, la equivalencia de remuneraciones con los demás actores del sistema, la capacidad y financiación para sostener la investigación propia, la habilitación de infraestructuras que permitan atender dignamente a sus representados y las tecnologías de la información que aseguren una gestión de la defensa en igualdad con la persecución penal.
Finalmente, la dimensión cualitativa pretende asegurar estándares de defensa y un sistema que controle su cumplimiento. A través de AIDEF, las Defensorías de América y Caribe hemos avanzado notoriamente en este ámbito. De no considerar esta dimensión, nos encontraríamos con abogados que no tienen ninguna posibilidad de representar eficazmente los intereses y derechos de sus defendidos.
La actuación de EUROsociAL+ en la línea de justicia está orientada a ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de asistencia prestados por las Defensorías Públicas, con el fin de humanizar y dignificar la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué grupos en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para el acceso a la justicia, debido al limitado reconocimiento de esa condición?
La realidad de América Latina nos demuestra que la población perteneciente a pueblos originarios, migrantes y las personas privadas de libertad presentan vulneraciones a su dignidad y derechos. Ocurre lo propio con los jóvenes, mujeres – principalmente las privadas de libertad – población LGTBI, personas con capacidades diferentes. Todos transversalmente unidos por el principal factor de vulnerabilidad y discriminación: la pobreza.
A nivel regional, EUROsociAL+ trabaja en estrecha colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF), apoyando el avance en la construcción de respuestas y marcos estratégicos comunes de referencia para políticas públicas regionales, la adopción de acuerdos, declaraciones o lineamientos conjuntos o la elaboración de protocolos u otros productos comunes. ¿Qué valor añadido tiene el trabajo en red para las Defensorías de América Latina?
En primer lugar, defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en pactos internacionales sobre la materia, que es también uno de los objetivos de AIDEF. Actuar de forma conjunta y coordinada provoca un impacto real en debates que de forma aislada serían complejos de sostener. Permite establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas con el propósito de elevar los estándares de defensa en cada una de ellas.
Finalmente, actuar en red y en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, produce un evidente apalancamiento de las instituciones de defensa que logra atenuar las deficiencias estructurales.
Actualmente, en coordinación con la AIDEF, se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico y guía de actuación de las Defensas Públicas en casos de violencia institucional, para dar respuesta acasos de tortura o violencia institucional en cárceles. Según diagnósticos recientes, a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, en América Latina aún subsisten importantes desafíos en materia de violencia institucional. ¿Cree que la población en general en América Latina desconoce la dimensión del fenómeno de la tortura? ¿Cómo se podría abordar esta problemática desde el quehacer de las Defensorías Públicas?
Este es un tema profundo. Tras las dictaduras recurrentes en la región, ha sido difícil el tratamiento de vulneraciones graves a los DDHH en gobiernos democráticos, tanto para distinguirlas, enfrentarlas y hasta para “denominarlas” tal cual son, como es el caso de torturas.
Sin duda es un tema que hemos liderado, ya que las situaciones más frecuentes de violencia institucional y tortura se presentan en los extremos del proceso penal. Al inicio, después de la detención en los recintos policiales, y, al final, tras la sentencia condenatoria privativa de libertad en los recintos penitenciarios.
Hemos logrado posicionar la temática, precisamente a través de los proyectos que hemos llevado adelante con EUROsociAL+, con la incorporación del debate en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de Resoluciones Generales de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y audiencias plenarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la misma institución, entre otros instrumentos.
Todo ello ha permitido permear el debate interno en torno a la privación de libertad y sus consecuencias, el uso excesivo de la prisión preventiva (ya como pena anticipada y mecanismo de control social), la reclusión como elemento central de la pena en la región y, en particular, la violencia institucional y tortura en recintos carcelarios que se producen en dichas circunstancias.
Finalmente, dada la diversidad de actores que intervienen en el ámbito de la justicia y que se trata de problemáticas multidimensionales, ¿qué mecanismos/instrumentos se podrían poner en marcha para mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de políticas de acceso a la justicia?
Más que crear o poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos, lo que actualmente se requiere en América Latina es fortalecer y mejorar las instancias que ya existen para una buena coordinación interinstitucional. Robustecer el trabajo entre las instituciones del ámbito de la justicia y capacitar a los actores potenciando el trabajo en conjunto.
Porque una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, pero no sólo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los mismos actores del sistema.
María Luisa Domínguez, Técnica Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+
