EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

 Entrevistamos a Laura Gonzalvo, directora de Auditoría Interna y Control de Riesgos en la FIIAPP 

¿La FIIAPP es una institución transparente?  

La transparencia es un principio básico en la gestión diaria de la FIIAPP. Para empezar, tal y como recoge nuestro código de conducta, todas las personas que trabajamos en esta organización tenemos que actuar con transparencia y velar por la transparencia de la organización. Este compromiso va más allá del mero cumplimiento de las obligaciones a las que estamos sujetos como parte de nuestro deber de servicio público que administra fondos del contribuyente español y europeo. Somos una organización cuyo fin misional es el fortalecimiento de los sistemas públicos en otros países, y esto quiere decir que un eje clave de nuestras acciones es precisamente la mejora de políticas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Pero para poder acompañar a otras instituciones en el camino de la transparencia el primer paso es ser transparente.  

Desde la FIIAPP podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que aquellos países con mayores niveles de transparencia cuentan con instituciones más fuertes, instituciones que favorecen realmente el crecimiento económico y el desarrollo social.  

¿Qué mecanismos de transparencia existen en la FIIAPP?   

Contamos con un “Procedimiento de transparencia” que tiene como objetivo garantizar que la información relevante sobre nuestra actividad sea comunicada a los diferentes grupos de interés de la FIIAPP de forma veraz, en tiempo y forma, a través de nuestra web, para así garantizar su derecho de acceso a la información. Esta rendición de cuentas es constante porque también lo es nuestra actividad.  

La ciudadanía tenemos un papel clave de corresponsabilidad, contribuyendo a la “construcción y evolución” de este nuevo paradigma, en el que lo importante no es sólo lo que las organizaciones cuentan y cómo lo cuentan, sino lo que realmente son.  

La transparencia se basa en una comunicación bidireccional, en la que el ciudadano pueda preguntar y las organizaciones tengan mecanismos para dar respuesta a sus inquietudes, con una información accesible. La conversación en redes sociales, por ejemplo, está impulsando un nuevo modelo de transparencia del siglo XXI. 

¿Más allá de la gestión económica, en qué dimensiones es importante que la FIIAPP sea transparente?  

Al final es poner el foco en contar qué hacemos cada organización, pero con un doble objetivo, y es asegurando que cómo lo hacemos se hace bajo unos estándares éticos, eficaces, eficientes y responsables de los recursos. Por ello, reducir la rendición de cuentas al ámbito económico es algo muy sesgado, ya que tiene que abarcar la gestión de toda la organización. 

Los números y la publicación de nuestras cuentas son solo una pieza más de la transparencia. Todo ello (las cuentas de la organización y de sus proyectos) están puntualmente auditadas. Pero la rendición de cuentas es mucho más que números. Tiene que ver también con la gestión de las personas con las formas de gestionar… En última instancia para una organización como la FIIAPP es ser capaces de mostrar el grado de cumplimiento de nuestro mandato, el impacto real de nuestro trabajo diario sobre las personas y el planeta.   

El pasado 22 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en su Asamblea Anual la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública. Este marco normativo, impulsado por el Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la OEA, ha contado con una amplia participación en su proceso de elaboración y es de enorme relevancia para América Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información.  

La Ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública, partido político, gremio y organización sin fines de lucro, los cuales deberán responder a las solicitudes de información sobre los fondos o beneficios públicos recibidos. 

Como destaca el DDI, el objetivo último de la normativa es que es que “el acceso a la información pública se consolide como una herramienta que permita incrementar los niveles de transparencia y una lucha efectiva contra la corrupción, promueva la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico, genere la confianza de la población en sus instituciones democráticas y empodere a los ciudadanos, incluidos aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad”.  

“Con esta Ley Modelo se pretende brindar a la ciudadanía un mayor acceso a la información en manos de las autoridades. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento sobre cómo se gestiona la administración y sobre cómo se utilizan los recursos públicos que provienen de sus impuestos. También se quiere incidir en los modelos de gestión que impactan en el ciudadano común y corriente porque el derecho de acceso a la información va desde las altas esferas hasta los gobiernos locales”, subraya Dante Negro, Director del DDI de la OEA. 

El programa de cooperación financiado por la Unión Europea en América Latina, EUROsociAL+, a través de su área de Gobernanza Democrática, que coordina la FIIAPP, ha contribuido de manera decisiva a la elaboración de esta propuesta normativa, mediante un importante apoyo técnico canalizado a través de la  Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) en espacios de debate e intercambio de experiencias entre los órganos garantes y promotores del derecho a la información, así como con la sistematización de buenas prácticas aportadas por diferentes expertos y expertas. 

La normativa se centra en factores clave como la naturaleza y funciones de los órganos garantes de este derecho, el régimen de excepciones, los sujetos obligados, la transparencia activa y proactiva y las definiciones y alcance del derecho de acceso a la información. Asimismo, incluye como anexo la Ley Modelo interamericana sobre Gestión Documental y su guía de implementación, elaborados por especialistas de la Subdirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España sobre la base del Modelo de Gestión Documental de la RTA impulsado por EUROsociAL+.  

A lo largo de los procesos de trabajo, desde EUROsociAL+ se contribuyó además mediante la incorporación de la perspectiva de género, ​ ​siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano en incluir dicha visión desde su gestación. ​ 

Como destaca Gabriel del Piazzo, presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP) (Presidencia de la RTA), “la Ley Modelo 2.0 tiene el valor agregado de recoger la experiencia de los órganos garantes de América Latina, que tuvieron la responsabilidad de implementar las leyes de acceso a la información en los últimos 10 años”.  

La Ley Modelo se convierte así en una referencia a seguir por los Estados a efectos de mejorar las normativas, lineamientos y procedimientos internos de transparencia y acceso a la información. Desde el momento en que los 35 Estados de las Américas la han refrendado, están dando su reconocimiento a que es necesario llegar a ese estándar. Para la ciudadanía y la sociedad civil organizada implica tener conocimiento de cuáles son los estándares a los que potencialmente su Estado podría llegar y poder así exigir procesos de elaboración de normas o políticas orientadas a alcanzar ese estándar.  

Esta acción de EUROsociAL+ está alineada con la Agenda 2030, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10 (garantizar el acceso a la información), el 16.5 (reducir considerablemente la corrupción y el soborno), el 16.6 (crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas), y el ODS 17 (promover alianzas para lograr estos objetivos). 

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP 

El Día Internacional del Acceso Universal a la Información​ es un día de reconocimiento global designado por la Conferencia General de la UNESCO y celebrado desde el año 2016. La resolución, en parte impulsada por grupos de la sociedad civil en busca de una mayor transparencia, expresa que “el derecho a buscar, recibir y difundir información es parte indisociable del derecho a la libertad de expresión”. Este mismo documento señala que, tanto la libertad de expresión como el acceso universal a la información son piedras angulares para construir sociedades del conocimiento inclusivas.

La libertad de expresión es un derecho reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de «investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  De esta manera, la libertad de información puede definirse como el derecho a tener acceso a la información que no está clasificada como restringida y que se encuentra en manos de entidades públicas.

Por este motivo, contar con leyes que garanticen el acceso a la información es un factor imprescindible de toda sociedad democrática, ya que garantiza una mayor transparencia en los procesos internos que ocurren dentro de ella. El derecho a la información otorga una mayor libertad y empoderamiento a los ciudadanos.

Este día tiene especial relevancia para la Agenda 2030  y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 16 que exige garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales. En línea con este objetivo, desde los proyectos de la FIIAPP se busca contribuir a este derecho universal.

Uno de los proyectos en cuya gestión participa la Fundación es EUROsociAL+, a través del cual se busca apoyar la mejora de la cohesión social en los países latinoamericanos, así como el fortalecimiento institucional. En concreto, el área de gobernanza del proyecto, que trabaja en favor de la transparencia y acceso a la información en América Latina, lanzará la “Caja de herramientas de transparencia legislativa” realizada a través de la colaboración entre la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y Parlaméricas.

También en la región, se encuentra funcionando el proyecto Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 en Paraguay que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible del país a través de la aceleración de la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. Para lograrlo se han planteado dos objetivos principales: por un lado, que el país cuente con un sistema de gobernanza eficiente y que incluya datos estadísticos oficiales que faciliten el monitoreo y evaluación, y por otro, que se cuente con mejores políticas públicas para implementar con eficacia la Agenda 2030, en particular el ODS 5 (igualdad de género) y los ODS 13 y 15 (protección del medioambiente).

Por otro lado, en el continente africano el proyecto Apoyo a la Transparencia y Anticorrupción en Ghana apunta a reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas en el país. El proyecto está apoyando al gobierno de Ghana en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP). También, junto a organizaciones de la sociedad civil ghanesa ha participado en foros que han tenido como objetivo impulsar la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en Ghana.

¿Cómo se logra empoderar a la ciudadanía mediante el acceso a la información?

Estos proyectos tienen en común garantizar la transparencia mediante el fortalecimiento de la buena gobernanza, y si entendemos el derecho a la información como un derecho humano, este resulta ser la base para el desarrollo de muchos otros derechos civiles y universales puesto que no solo se garantiza que la ciudadanía esté en pleno conocimiento de la verdad, sino que, además, exige la transparencia en las gestiones de los gobiernos. Por lo tanto, contar con una ley de acceso a la información resulta ser un factor clave para toda sociedad y país que pretenda ser igualitario ya que contribuye a evitar actos de corrupción, crímenes de lesa humanidad y a reducir las desigualdades.

La exdirectora de la UNESCO, Irina Bokova, explicaba el acceso a la información como un “compromiso de los gobiernos para formular, aprobar y aplicar políticas y leyes sobre el derecho a la información a fin de velar por el respeto de este derecho humano. Para ello se necesitan mecanismos de aplicación eficientes y una cultura de transparencia en todas las instituciones.”

Por eso mismo, desde la FIIAPP conmemoramos el Día Mundial de Acceso a la Información todos los días a través de nuestro trabajo y continuamos luchando para que todas las regiones del planeta, en especial aquellas más desfavorecidas, puedan gozar plenamente de todos sus derechos y de pertenecer a una sociedad más informada, justa y libre.

¿Qué importancia tiene el derecho de acceso a la información pública para los derechos humanos y para la democracia?

El acceso a la información es fundamental para el disfrute de los demás derechos. No se puede disfrutar de los derechos sociales y económicos sin el derecho de acceso a la información; y, además, es importante también para el derecho al voto. Por todo ello, es fundamental en el sistema de derechos humanos.

Desde el punto de vista histórico, ¿cuál ha sido la importancia de este derecho para la ciudadanía sudafricana?

En este caso, hay que recordar que venimos de una muy triste historia, la del apartheid y de la segregación racial. Por eso, en 1994, cuando obtuvimos la liberación, una de las primeras cosas que hicimos fue asegurarnos de que acabábamos con la “cultura del secreto”. En este sentido, una de las primeras leyes que adoptamos después de la liberación fue la de la promoción del acceso a la información.

¿Podemos reseñar algún caso relevante relativo a la información pública que haya sido históricamente importante en Sudáfrica?

Creo que el caso más importante al respecto ocurrió el año pasado. Varias organizaciones de la sociedad civil habían pedido a los partidos políticos que divulgaran el origen de su financiación y, en un principio, estos se negaron. Entonces, una organización llamada “El derecho de saber” llevó el caso ante la justicia, quien determinó que el derecho de acceso a la información es fundamental para el derecho de voto. Y para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, deben poder acceder a la información sobre la financiación de los partidos políticos.

EUROsociAL+, el programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, ha presentado estos días su experiencia de apoyo a la Red de Transparencia en América Latina (RTA). En África, existe la idea de crear una red similar. ¿Cómo cree que podría contribuir la creación de una red similar en el continente?

Creo que la red es muy importante y la colaboración entre países de África y América Latina es significativa porque se trata de cooperación Sur-Sur. Por ejemplo, estos días, cuando hemos celebrado nuestra primera reunión sobre el establecimiento de la Red Africana de Comisionados de Información, nuestros colegas de la red latinoamericana compartieron con nosotros la forma en que establecieron su red.

Hablemos ahora de género y del derecho de acceso a la información: ¿qué importancia tiene este derecho para las mujeres en Sudáfrica y en toda África?

Creo que es muy importante para las mujeres del mundo, por ejemplo, si observamos los derechos relacionados con la salud reproductiva y sexual; en este caso, las mujeres y las niñas no pueden disfrutar de estos derechos si no disponen de la información suficiente. Si cuentan con ella, podrán hacer frente a los desafíos específicos de salud que estas cuestiones conllevan.

Y algunos de ellos pueden resolverse fácilmente dando a las mujeres acceso a información, por eso, este año, en la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información hemos presentado un panel que expone la importancia del acceso a la información para grupos vulnerables: cómo impacta en las mujeres o también en las personas con discapacidad. Personalmente, creo que el acceso a la información tiene un impacto positivo en todas las personas, también en los grupos vulnerables.