México es la segunda economía y el segundo país en términos de población de América Latina. Sin embargo, la cohesión social y la lucha contra la desigualdad continúan siendo grandes retos para el país. La desigualdad ha aumentado en múltiples dimensiones desde 2018, incluida una disminución en el acceso a la atención médica y los alimentos y un aumento de la informalidad y el subempleo, junto con una disminución de la participación de las mujeres en el mercado laboral. A partir de 2005, México ha tenido un coeficiente de Gini de 0.5, mostrando que el crecimiento económico ha sido positivo, pero no inclusivo.
Al igual que en muchos otros países, la crisis provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad y deficiencia, no sólo de los servicios públicos sino, en general, de las instituciones y programas de protección social. Aunque el Gobierno mexicano tomó varias medidas para proteger los ingresos y el empleo de las familias, la emergencia sanitaria condujo a una consecuente reducción de los niveles sociales de confianza en las instituciones y en la democracia, subrayando de una forma más explícita la necesidad de reevaluar las relaciones establecidas entre la ciudadanía y el Estado y, a su vez, el mercado laboral y las políticas de empleo. A pesar de que la economía mexicana ya se está recuperando de la pandemia (OCDE, 2022[1]), la informalidad sigue siendo significativa (la más alta entre los países de la OCDE), ya que el 55,7% de los trabajadores continúan realizando actividades bajo este estatus. Cabe notar que el empleo informal no afecta a todos los grupos de población por igual: las mujeres y los jóvenes, así como los refugiados, los migrantes, los retornados y los desplazados internos tienden a estar más expuestos.
En este contexto surge el proyecto EU4DecentWork, un programa de cooperación delegada de 2 millones de euros financiado por la UE a través del Programa Indicativo Plurianual para las Américas y el Caribe 2021-27, cuyo objetivo principal es asegurar el empleo decente para mujeres y hombres en toda su diversidad, en particular para las personas más vulnerables y en riesgo. Esta acción tiene como objetivo un doble impacto: incrementar el número de mexicanos afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social e inscritos en el Sistema Tributario Nacional, e impulsar el Sistema Nacional de Inspección del Trabajo en México.
Así, la FIIAPP pretende, con su implicación en el proyecto, mejorar el acceso a la protección social para los trabajadores y trabajadoras en México (centrándose en particular en los jornaleros agrícolas, los trabajadores domésticos, los migrantes, los refugiados y retornados, las personas desplazadas, los trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo y los trabajadores de plataformas digitales, al tiempo que se incorpora la perspectiva de género), apoyar el fortalecimiento de las instituciones pertinentes para fomentar la formalización laboral y la transición de empleadores y trabajadores de la economía informal a la formal, y promover la toma de conciencia de los beneficios derivados de la transición de la economía informal a la formal entre ambos grupos, así como entre el público en general.
Para ello, este proyecto -definido y orientado en base a las necesidades previamente identificadas en procesos de diálogo entre socios y beneficiarios- aplica un enfoque metodológico basado principalmente en el intercambio de conocimiento entre pares de administraciones públicas, como parte de un amplio proceso de apoyo a los procesos de reforma, con foco en la cohesión social.
[1] Estudio Económico de México 2022 de la OCDE: Lograr el Gran Potencial Económico de México.
Empleo y Protección Social
México
Inicio - 16/12/2023
Fin - 16/12/2026
2.000.000,00 €
Comisión Europea