El tráfico de opiáceos es una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada en Asia Central. El tráfico perpetúa las actividades ilícitas, fomenta la corrupción, el uso indebido de drogas y la infección por VIH, presentando serias implicaciones para la estabilidad jurídica, económica y social de los países que forman la región de Asia Central.
El Programa de Acción en materia de Drogas de Asia Central (CADAP por sus siglas en inglés) es una iniciativa de la Unión Europea que, desde 2003, promueve el desarrollo de políticas de reducción de demanda de drogas efectivas, basadas en evidencias y buenas prácticas con las que fortalecer las capacidades de los gobiernos de los países de Asia Central para hacer frente al fenómeno de las drogas de manera integral y sostenible.
En su séptima fase (2021-2024), liderada por la FIIAPP, CADAP trabajará para reducir el consumo de drogas en Asia Central mediante un enfoque basado los derechos humanos y la incorporación de una perspectiva de género en todas las acciones. Y trabajará con la colaboración del Observatorio Europeo sobre Drogas y Toxicomanías (EMCDDA) además del PNSD español.
El programa se centrará de manera especial en las nuevas sustancias psicoactivas, la propagación del VIH, la atención a los migrantes, la prevención de la violencia y consumo de drogas entre los jóvenes, las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas y en analizar los efectos que la pandemia de COVID-19 está teniendo en el mercado de las drogas y en las pautas de consumo por la población de los países de Asia Central.
Para más información consulte su página web o su cuenta de Twitter.
Políticas sociales, libertades y derechos
Kazajstan, Kyrgyzstan, Tayikistan, Turkmenistán, Uzbekistán
Inicio - 16/02/2021
Fin - 15/11/2025
6.800.000 €
Unión Europea
Plan Nacional sobre Drogas (PNSD)
El tráfico de opiáceos es una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada en Asia Central. La FIIAPP gestiona el programa europeo CADAP 7, que impulsa políticas de reducción de demanda de drogas desde un enfoque basado en los Derechos Humanos.
Kazajstan, Kyrgyzstan, Tayikistan, Turkmenistán, Uzbekistán
