La Junta Nacional de Drogas de Uruguay, el Ministerio del Interior de Uruguay y las distintas instituciones que intervienen en la atención a las poblaciones en medidas de ejecución penal, han impulsado este Plan que refuerza la articulación interinstitucional para garantizar una respuesta integral y coherente a personas con consumo problemático de drogas en privación de libertad. El Programa de cooperación europea COPOLAD III (liderado por la FIIAPP), a través de Episteme Social, ha acompañado el diseño de este Plan, que incluye perspectiva de género y de reducción de daños y está en plena concordancia con las políticas públicas de drogas, salud y ejecución penal, así como con los principios de la salud pública y los derechos humanos.
Este Plan surge como respuesta a la prevalencia del uso problemático de drogas en la población sujeta a sanciones penales, la alta disponibilidad de drogas en el interior de las prisiones y el fácil acceso a ellas. Con este nuevo documento se pretende prevenir el uso de drogas, reducir la reincidencia, promover la inclusión y la reintegración social, y mejorar la respuesta al consumo problemático de drogas en este ámbito, en diálogo con la política nacional de drogas, las políticas sanitarias y las políticas penitenciarias y de alternatividad penal.
En el acto de lanzamiento han participado Pablo Abdalá, subsecretario de Interior; Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en Uruguay; Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario; Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay; y Ana Juanche y Clara Musto del equipo consultor de COPOLAD III.
Para dinamizar el proceso de asistencia técnica se estructuró un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Subdirección Nacional Técnica (SNT) y Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA).
Cinco objetivos estratégicos
El Plan incluye cinco objetivos estratégicos:
-Promover acciones coordinadas para el tratamiento del uso problemático de drogas tanto en el sistema penitenciario como en la comunidad, asegurando un acompañamiento terapéutico adecuado tras el cumplimiento de las sanciones penales. Esta coordinación busca garantizar la continuidad de los cuidados y apoyar a las personas en su proceso de reintegración.
-Establecer lineamientos interinstitucionales para el diagnóstico y la estimación de la demanda de tratamiento en la población objetivo, lo cual pretende desarrollar intervenciones más precisas y adecuadas a las características de esta población.
-Incorporar la perspectiva de género y diversidad en las políticas públicas de abordaje del uso problemático de drogas, reconociendo que las mujeres y otros grupos vulnerables pueden tener necesidades diferentes que deben ser atendidas de manera específica.
-Fortalecer los procesos de reclutamiento, formación y reconocimiento del personal encargado de la ejecución de estas políticas, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para ofrecer una atención de calidad.
-Incorporar en el monitoreo y la evaluación de los programas de tratamiento para el uso problemático de drogas las metas específicas de reducción de daños ante el uso problemático de drogas y general de reducción de la reincidencia.
