28/12/2020
EUROsociAL+ promueve una respuesta integral para garantizar la protección de las personas en situación de movilidad humana en América Latina
Operación Acogida Brasil
La pandemia de la COVID-19 ha llevado a un agravamiento de las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas en América Latina que partían ya de un contexto muy difícil por la crisis migratoria venezolana y centroamericana. El fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará, en las próximas décadas, especialmente en la etapa post-COVID, tal y como señala el diagnóstico Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana realizado por el programa de cooperación financiado por la Unión Europea y en cuya gestión participa la FIIAPP, EUROsociAL+. Y las Defensorías Públicas son instituciones que pueden marcar la diferencia en este escenario crítico para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de este colectivo.
Por ello, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) con el apoyo de EUROsociAL+ y bajo el impulso de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile, ha trabajado este último año en una propuesta para la creación de una red y un modelo regional de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad.
Tal y como ha subrayado en su presentación la directora general de FIIAPP, Anna Terrón, “las personas en situación de movilidad no tienen porque ser personas especialmente pobres o vulnerables, sino que están en un recorrido que, a la vez, es una promesa de empoderamiento y mejora”. Pero este tránsito conlleva muchísimos riesgos como el de que los migrantes queden fuera del sistema nacional de justicia. “Estamos haciendo algo muy importante, ampliando este marco nacional a uno regional”, ha añadido.
Para el Secretario General de AIDEF, Andrés Mahnke “no hay un ámbito en nuestra historia actual que vaya a tener más trascendencia que el fenómeno migratorio. Y escenarios complejos necesitan medidas complejas, extraordinarias y de protección integral para impactar en los derechos y en dignidad de las personas”.
El modelo tiene por objetivo orientar la forma en que las defensas públicas de la región darán cumplimiento a la normativa internacional de derechos humanos para mejorar el acceso a la justicia para este grupo de población. Asimismo, recoge una tabla de identificación de vulnerabilidades asociadas al fenómeno migratorio -como es la condición de menores no acompañados, mujeres víctimas de violencia de género o trata, o posibles solicitantes de asilo o refugio- que requieren un análisis jurídico sobre las normas que les protegen y protocolos de derivación que deben ser activados para protegerlos.
En opinión de Sonia González, coordinadora del área de gobernanza democrática “este modelo y esta red contribuyen a mejorar la gobernanza de la migración regional e internacional y a fortalecer el vínculo entre migración y desarrollo”.
