17/12/2020
Jueces y fiscales de la región SICA profundizan en la utilidad de las bases de datos genéticas en la investigación de hechos delictivos con los seminarios organizados por I-CRIME
El proyecto I-CRIME, de cooperación en investigación criminal en Centroamérica para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel internacional ha desarrollado cuatro seminarios web dirigidos a jueces, fiscales e investigadores forenses, con el objeto de revisar los aspectos legales involucrados en el uso de las bases de datos de ADN.
Durante los seminarios se ha tratado de mostrar a jueces, fiscales y abogados, así como a los funcionarios de los distintos laboratorios forenses de los países que conforman la región SICA, la gran utilidad de las bases de datos genéticas en la investigación de hechos delictivos y en la identificación de cadáveres y restos humanos.
A lo largo de estas sesiones se ha presentado el modelo legislativo utilizado en distintos países de Europa y de Iberoamérica para regular esta materia. Entre los distintos temas, que se han tratado, destaca la revisión sobre la utilización del ADN en la investigación criminal; las bases legales para la creación de bancos de datos genéticos con fines forenses; los criterios legales para la introducción y cancelación de perfiles; los marcadores genéticos de ancestralidad; y la problemática legal que plantea su utilización en torno a la toma de muestras como el consentimiento informado, la utilización de perfiles de ADN en menores de edad o la valoración de la prueba en el proceso penal.
Estas actividades forman parte del bloque temático de genética forense del ciclo de actividades que I-CRIME ha puesto en marcha para mejorar la eficiencia de la judicialización e investigación penal de la delincuencia internacional. Los otros bloques son calidad y violencia de género.
El proyecto I-CRIME, financiado por la Unión Europea, en cuya gestión participa la FIIAPP, se suma al proceso de integración de los países de la región a través de la investigación criminal. Tiene como finalidad mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de justicia penal en el enjuiciamiento de los delitos transnacionales y el tráfico de drogas para mejorar las tasas de aplicación de la justicia penal.