26/10/2023
Especialistas de América Latina, Caribe y Europa suman esfuerzos en un taller de COPOLAD para diseñar pautas de actuación que aborden de forma diferenciada la situación de mujeres en situación de vulnerabilidad, explotadas por redes de trata e involucradas en el tráfico de drogas
La expansión de las redes de narcotráfico en Europa, América Latina y Caribe genera conexiones con otros fenómenos criminales, como es el caso de la trata de personas. Estos vínculos afectan de forma particular a mujeres en situación de vulnerabilidad, con frecuencia víctimas de trata, que además se ven involucradas en la producción, tráfico y transporte de drogas, lo que desemboca en altas tasas de encarcelamiento. La complejidad de estas situaciones obliga a replantearse las estrategias contra el narcotráfico desarrolladas hasta la fecha, prestando una atención diferenciada a este tipo de delitos interconectados.
En este contexto, los pasados días 19 y 20 de octubre tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) el lanzamiento de la iniciativa ‘La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas’, impulsada por el programa europeo de cooperación COPOLAD, liderado por la FIIAPP, en el marco de la alianza con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP): la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (REDTRAM), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG). La iniciativa está liderada por la FIIAPP y por la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA), en estrecha colaboración con el Ministerio Público Fiscal de Argentina.
La actividad ha contado con la participación argentina de personal del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Seguridad. Además, han asistido representantes del Ministerio Público Fiscal de Paraguay; el Ministerio Público Federal de la República de Brasil; el Ministerio Fiscal de España; Eran Nagan, jefe de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea en Argentina; y miembros de tres programas de la UE que combaten el crimen organizado en la región: EUROFRONT, el Programa de Apoyo europeo a las fuerzas especiales de lucha contra la droga de Bolivia y el Programa de Apoyo de la UE a la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en Perú.
A lo largo de las sesiones de trabajo se han abordado nuevos enfoques preventivos y de tratamiento penal para mujeres y personas de colectivos LGTBI+ utilizadas por el narcotráfico en la producción, transporte o microtráfico de drogas, mediante su captación por redes de trata laboral o con fines de explotación sexual, que se aprovechan de su situación de extrema vulnerabilidad. La lucha contra la trata de personas y el narcotráfico requiere un abordaje integral y con perspectiva de género.
Además, se ha destacado la importancia de dirigir estratégicamente la persecución penal hacia las organizaciones criminales involucradas en el tráfico ilícito de drogas y en la trata de personas y en fortalecer las estrategias articuladas y holísticas para la detección del delito y la investigación. Se ha hecho hincapié en el principio de ‘no criminalización’ en los casos de mujeres y personas de colectivos LGTBI+ que transportan droga o están involucradas en la producción o el microtráfico por ser víctimas de la trata de personas.
El taller ha concluido con la necesidad de capacitar a equipos multidisciplinarios que apliquen tempranamente un enfoque diferencial de género y derechos humanos, así como la creación de equipos conjuntos de investigación multidisciplinarios nacionales e internacionales; y el refuerzo de medidas de protección y atención a las víctimas.
A partir de las reflexiones del taller en esta primera labor de diagnóstico, durante las próximas semanas se identificarán estándares y buenas prácticas en la materia que brinden pautas generales de actuación a las fiscalías que forman parte de la AIAMP. La iniciativa contempla el inicio de experiencias de implementación de esas pautas en intervenciones concretas impulsadas por los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil y Paraguay.