20/07/2016
Durante diez y nueve meses Macedonia ha trabajado en un proyecto, gestionado por la FIIAPP, con el objetivo de mejorar la protección el medioambiente en el país, además de fortalecer las capacidades de las instituciones de inspección ambiental.
Durante diecinueve meses la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha trabajado en un proyecto, gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), con el objetivo de mejorar la protección el medioambiente en el país, además de fortalecer las capacidades de las instituciones de inspección ambiental.
Durante el desarrollo del proyecto, financiado por la Comisión Europea, de “Fortalecimiento de las capacidades administrativas a nivel central y local de la aplicación y cumplimiento del acervo medioambiental”, la Xunta de Galicia ha trabajado en consorcio con Holanda (Dutch Knowledge Centre InfoMil), para mejorar las leyes del sistema de inspección y el papel de los inspectores de medio ambiente, sugerir cambios en las instituciones relacionadas con las inspecciones ambientales y mejorar la planificación de los servicios de control.
Expertos españoles, holandeses y de otros cinco países miembros, han trabajado con los organismos de control medioambiental a nivel central y local en Macedonia en la correcta aplicación y cumplimiento de la legislación de la Unión Europea.
En el proyecto se han realizado diferentes actividades en las que se han trabajado temas como el ciclo de inspección medioambiental, el conocimiento de los sectores industriales y las técnicas de reducción de la contaminación o la orientación para casos de incidentes o accidentes.
En la ceremonia de clausura del proyecto han participado, entre otras personalidades, el Embajador español Sr. Ramón Carranza; el Ministro macedonio de Medio Ambiente y el Jefe de Operaciones de la Delegación de la Unión Europea, Sr. Martin Klaucke.
Este proyecto pertenece al Programa de Hermanamiento de la Comisión Europea, creado en 1998, que proporciona el marco para que las administraciones públicas y las organizaciones semi-públicas en los países beneficiarios puedan trabajar con sus homólogos en otros Estados miembros de la Unión Europea.