Cooperación para favorecer el trabajo decente en Honduras

En Honduras, más de la mitad de la población activa se encuentra frente a la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral formal y tener un trabajo decente. Esta situación implica que más de 1,7 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social y trabajan en condiciones precarias y con ingresos por debajo del salario mínimo.

En este contexto, la Unión Europea (UE) ha financiado el programa EUROLABOR, a partir del cual se ha trabajado durante más de dos años para desarrollar las capacidades nacionales en la promoción de empleo en Honduras. El proyecto, que acaba de llegar a su fin, ha sido gestionado por la FIIAPP y en él ha estado plenamente implicada la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) de Honduras.  

Durante 30 meses, especialistas hondureños y europeos han trabajado junto a las instituciones del país para promover sistemáticamente el empleo decente, especialmente en la población joven, afectada con mayor fuerza por el desempleo y el subempleo, o empleo informal, y así fomentar el desarrollo sostenible del país. 

En particular, el proyecto se ha centrado en el fortalecimiento de las capacidades nacionales en la generación de empleo decente a través del intercambio de experiencias exitosas desarrolladas en este ámbito por instituciones afines de la Unión Europea y América Latina. 

Para conseguirlo, se ha trabajado principalmente con la STSS y con instituciones del Estado relevantes como el Consejo Económico y Social de Honduras, el Servicio Nacional de Empleo de Honduras y el Instituto Nacional de Formación Profesional, entre otros, a través de asesorías en el diseño de políticas económicas, sociales y normativas que afectan al empleo en áreas claves del contexto económico, social y normativo a nivel nacional, regional y municipal. Además, se ha elaborado material formativo a funcionarios de la STSS y se ha movilizado expertise pública y privada de la UE y América Latina.  

Entre otras actividades, destaca el acompañamiento en la definición de la Política Nacional de Empleo de Honduras aprobada en 2017 y el apoyo en la creación del Marco de Acción Conjunta como un instrumento estratégico y operativo. 

Para lograr los resultados esperados, el proyecto ha contado con la participación activa de diferentes administraciones públicas nacionales y autonómicas de España como fuentes de expertise: el Servicio Público de Empleo de la Junta de Extremadura, el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, el Servicio de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana, Consejo Económico y Social de España.