Azerbaiyán pone fin a un exitoso proyecto de seguridad marítima

Esta Ley de Puertos, además de regular las actividades de la marina mercante en Azerbaiyán y la construcción y seguridad en sus puertos, facilita al país alcanzar su objetivo de rediseñar y modernizar bajo estándares internacionales la legislación marítima que heredó de la antigua Unión Soviética. Para la publicación de esta Ley, Azerbaiyán ha contado con el apoyo de un proyecto de seguridad marítima y protección del medio ambiente financiado por la Unión Europea y liderado por la FIIAPP durante los dos últimos años.

Este proyecto no sólo ha servido al país para impulsar dicha Ley, sino también para trabajar en general sobre una legislación nacional que haga de puente entre la vigente administración marítima azerí y el marco internacional. La intención de Azerbaiyán de sumarse a los estándares internacionales para mejorar su seguridad marítima y prevenir la contaminación lo justifica su contexto: cada año, este país tiene que controlar el tráfico de 9.500 barcos al estar a orillas del mar Caspio y ser un exportador de crudo y gas natural; además de gestionar anualmente unos 35 millones de toneladas de tráfico marino.

“Aquí, la Administración marítima es muy joven (2006), pero a pesar de ello tiene firmados 26 convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI), del orden de Brasil y Argentina, y ya que estamos hablando del marco europeo, tiene más que la propia Austria. Azerbaiyán es un país que está haciendo un esfuerzo legislativo marítimo bastante grande. Nosotros estamos aquí para ayudarles a desarrollar toda esa legislación que necesitan para que todos esos convenios que han firmado se reflejen en una legislación propia nacional con herramientas para poder controlar emisiones y vertidos o para poder sancionar, por ejemplo”, explica el experto de la FIIAPP encargado de coordinar el proyecto desde Azerbaiyán, Fernando Collado.

Este proyecto de hermanamiento, financiado con 900.000 euros, ha llegado a su fin hoy. Ahora, el reto de Azerbaiyán, además de continuar por esta senda de adaptación internacional, reside en establecer una herramienta de control para que se cumpla su legislación. “Vamos a tener toda la legislación para poder hacer, pero no va a haber una parte administrativa penalizadora. Vamos a tener las herramientas para obligar a la gente a que haga las cosas de un determinado modo, pero luego, al que no lo haga no tienes manera de penalizarlo. En el momento en que exista esta legislación, esto se va a traducir en que el que contamine va a pagar y será sancionado y esto se reflejará en la limpieza de las playas y de las aguas”, sentencia Collado.