22/02/2022
Las redes de justicia de más de 20 países se unen para promover el acceso a la justicia a través de un convenio que haga vinculantes las Reglas de Brasilia.
#AbramosLaJusticia: Todas las personas son iguales ante la ley pero ¿tienen siempre el mismo acceso a la justicia? La respuesta es NO. Todavía. Pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad, en entornos remotos o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos, encuentran a menudo serias limitaciones para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o denunciar con garantías, entre otros. Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y desconfianza son solo algunos de los obstáculos más habituales que impiden a estos grupos un acceso efectivo a los sistemas públicos de justicia en América Latina.
“Poca o ninguna utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Y obviamente las dificultades son mayores cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad”, explica Stella Maris Martínez, Coordinadora General de la AIDEF y Defensora General de Argentina.
Personas en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas migrantes, personas con discapacidad, colectivo LGTBI, pueblos originarios, mujeres víctimas de violencia machista y personas privadas de libertad son los principales destinatarios de las Reglas de Brasilia.
“Las 100 Reglas promueven medidas tan básicas como la participación activa de servidores públicos en la divulgación de conocimiento sobre los derechos de las personas en zonas desfavorecidas. Algunos de los estándares promovidos son la gratuidad de la asistencia jurídica, formularios de fácil manejo, la oralidad y comprensión de las actuaciones judiciales; también, medidas de acercamiento del servicio a lugares remotos o medidas alternativas de resolución de conflictos”, declara la magistrada Angela Russo, integrante de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana
“Los Ministerios Públicos de Iberoamérica hemos asumido el firme compromiso de eliminar la inequidad y la desigualdad en el acceso a la justicia. En un trabajo coordinado y complementario, las fiscalías y procuradurías de la región nos hemos abocado a mejorar la protección y asistencia de las víctimas y los testigos, porque parte de la legitimidad de la democracia está en que la ciudadanía entienda su sistema de justicia, entienda sus derechos y se sienta integrada en este proceso. Los riesgos de invisibilizar a los más vulnerables son altos en contextos de alta desigualdad, de allí la relevancia de nuestro deber”, sostuvo el Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Jorge Abbott.
“Las 100 Reglas de Brasilia fueron actualizadas en 2018, pero hoy debemos ir más allá, centrando la justicia en las personas y procurando que las reglas no solamente sean marcos conceptuales de referencia. Tenemos un inmenso desafío, que es desplegar una estrategia que facilite la articulación de Planes Nacionales de Acceso a la Justicia en los países de Iberoamérica”, Paola Andrea Jhon Martínez, Secretaria General Adjunta de la COMJIB.
Para Anna Terrón, directora de la FIIAPP, que ha impulsado la formulación de estas normas a través del programa EUROsociAL+, “el acceso a la justicia es un derecho llave para la realización de otros derechos y debe estar en el centro de la cooperación internacional entre instituciones públicas: el intercambio de experiencias es y será un acelerador para la implementación efectiva de las 100 Reglas de Brasilia”
#AbramosLaJusticia, campaña promovida en las redes sociales de las principales entidades de justicia eurolatinoamericanas trata de arrojar luz sobre los distintos obstáculos que impiden un acceso efectivo a la justicia y visibilizará el esfuerzo de jueces/as, fiscales y defensores/as por abatirlos.
