La importancia de coordinar esfuerzos para luchar contra “la creciente amenaza de la ciberdelincuencia” ha sido reconocida dentro de la Unión Europea como “multi-dimensional”, orientada de este modo a ciudadanos, empresas y gobiernos y creciendo a un ritmo vertiginoso.

Pero no hace falta ningún reconocimiento de un organismo oficial o una institución superior para que la percepción y la realidad del cibercrimen se traslade a un fenómeno ya cercano y casi “familiar” para el usuario final. Empezamos con estos párrafos para poner de manifiesto que la ciberseguridad es un problema de todos y esta implicación global hace que de igual forma, cualquier usuario individual, empresa e institución público- privada tenga su parte de responsabilidad, tanto como autor o víctima.

La transnacionalidad e internacionalidad de estos delitos, que por la estructura y dinámica de funcionamiento intrínseco de la Red no conocen fronteras, hacen que el delito online pueda ser cometido a escala masiva y con una gran distancia geográfica entre el acto criminal en sí y sus efectos. En consecuencia, los aspectos técnicos, es decir, los métodos utilizados para cometer los delitos cibernéticos y los métodos de investigación son similares en todo el mundo debido a que los delincuentes suelen conectarse a través de los mismos sistemas de comunicación y redes de información. Es, probablemente, la incidencia en mayor o menor medida de un determinado delito, por ejemplo, el fraude o los ciberataques, lo que distingue los diferentes planteamientos de cada país hacia esta materia.

Por ello, la colaboración y cooperación tanto judicial como policial es crucial y necesaria para que la lucha contra el cibercrimen sea cada vez más ágil y efectiva, adoptando estrategias de trabajo conjuntas y medidas prácticas para garantizar la lucha y prevención contra la misma, siempre adaptada a las necesidades de los países afectados. Así mismo, la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los agentes policiales encargados de su investigación, contribuye significativamente al progreso y éxito de las investigaciones sobre todo en las que existe una implicación internacional.

Uno de los proyectos de cooperación policial internacional y europea es el Hermanamiento que se está llevando a cabo en la actualidad entre las autoridades policiales españolas dirigido por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y las autoridades de esta misma materia en Croacia, gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), institución pública dedicada a la cooperación internacional.

El nuevo Código Penal croata, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, incorpora plenamente el Acervo comunitario así como las disposiciones de los convenios internacionales relacionados con el cibercrimen que engloban las disposiciones legales existentes. Este hecho proporciona la base jurídica y las herramientas suficientes para la lucha eficaz contra la delincuencia informática. Con el propósito de alcanzar los estándares de la UE y para luchar contra la ciberdelincuencia con éxito, la cooperación policial entre ambos países, España y Croacia, se centra en cuestiones de organización, fortalecimiento las capacidades de los agentes de policía y el desarrollo de procedimientos estandarizados de investigación y análisis forense.

Los sistemas de formación continua de los agentes de la policía deben establecerse teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Cabe preguntarse si con el alto grado de especialización y complejidad técnica que a veces presentan las investigaciones sobre delitos cibernéticos, es posible el desarrollo de procedimientos normalizados de trabajo. Efectivamente, aunque ciertas técnicas de cibercrimen evolucionen hacia la complejidad buscando nuevas formas de ataque, la motivación y la psicología de los criminales es siempre la misma. En ello se seguirá trabajando.

Silvia Barrera

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