“A sus 27 años Noelia ha vivido más que cualquier persona de su edad; ella es una de las cinco mujeres que están internadas en el pabellón de Farmacodependientes del Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba, por consumo de múltiples de drogas…” 

Así comienza Momentos de placer a cambio de una vida de sufrimiento, el relato ganador del I Concurso Crónica Periodística “Prevención del Consumo de Drogas y Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas”. Laura Manzaneda Barrios, periodista de Los Tiempos en Bolivia, narra la vida de una drogodependiente que pierde la custodia de sus hijos y llega a una institución para rehabilitarse.

Según el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana, el 97% de la población considera el consumo de drogas como un problema social. Y es que el país es epicentro del narcotráfico.

Reflejar experiencias positivas en la prevención del consumo de drogas o en la lucha contra la trata y tráfico de personas es el objetivo de este concurso organizado por la SC-CONALTID y la FIIAPP, en el marco del proyecto de apoyo en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.

Un trabajo que busca dar formación a las instituciones bolivianas en los campos de investigación criminal operativa, inteligencia, control de fronteras y mercancías, lavado de activos y blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas.

Este último problema es el tema del segundo relato premiado: Desperté de la red, esquivé la trata de personas, del presentador de Red Bolivisión Víctor Hugo Rojas Chávez.

“El aceptar a un atractivo desconocido como contacto fue el pasaje corto a la desgracia, ticket que adquirió al responder el primer “hola que tal” en el chat… el resto sólo un juego de cálidas y halagadoras palabras en medio de los vibrantes emoticones plagados de besos y corazones… así fue el viaje que la condujo por este rumbo, pasaje sin retorno y al más alto precio”.

El fragmento refleja el principio de los muchos casos de lo que UNICEF considera “una forma moderna de esclavitud”. Las principales víctimas del tráfico de personas son niños, adolescentes y mujeres que son seducidos con fines de explotación sexual o trabajo forzado.

Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 2 millones de personas son víctimas de la trata humana cada año. Y un estudio promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló a Bolivia como uno de los países con mayor índice de trata y tráfico de personas en la región.

La acción de las instituciones, fundamental

El proyecto gestionado por la FIIAPP –  financiado por la Comisión Europea y la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) – se centra en la formación de las instituciones bolivianas que pueden hacer frente al problema.

Visibilizarlo con actividades como ésta es el primer paso. Pero hace falta un trabajo coordinado de las entidades públicas e internacionales. Y es que al final, la implicación de estas instituciones es fundamental. Así lo apunta el tercer premiado, el profesor de Comunicación Social (UMSA) Ramiro Reynaldo Quintanilla Ramírez, al final de su relato: La trata de personas un delito silencioso que amenaza Bolivia.

“Las madres seguirán buscando a sus hijas, las víctimas trataran de salir del horror en el que viven y el dinero nunca será suficiente para enfrentar un delito tan lucrativo y peligroso. Sin embargo, hay esperanza para la sociedad mientras haya instituciones que se preocupen por el dolor del otro”.

Para leer los relatos completos, pincha aquí

En Latinoamérica se producen 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. Muchos de estos homicidios tienen relación con el crimen organizado. Es una de las razones por las que la sensación de inseguridad que viven los ciudadanos ha aumentado en los últimos años convirtiéndose en una prioridad para los Estados.

Durante muchos años en Latinoamérica se han probado diferentes políticas para combatir el crimen organizado. Algunas represivas, y otras más moderadas (como la “mano dura” y “mano blanda” aplicadas en Guatemala desde el 2007 al 2015) con la sensación de no haber abordado con efectividad el problema. Muchas y variadas son las razones, pero el carácter cíclico y “a corto plazo” de esas políticas podría estar detrás de su ineficacia. Como lección aprendida se puede destacar el buen uso de políticas más globales que perduren en el tiempo para identificar y acabar con la inseguridad en la región.

Es aquí donde entra en escena EL PAcCTO (Europa-Latinoamérica. Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado). Un programa de la Comisión Europea pionero en su contenido porque es la primera vez que se trata la cadena penal en su conjunto. Concretamente, el foco está puesto en tres áreas (policial, judicial y fiscal y sistema penitenciario) con cinco ejes transversales de trabajo (cibercrimen, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos) y con la inclusión de dos proyectos intrínsecamente vinculados (AMERIPOL y otro gestionado por Interpol). Un programa, por lo tanto, ambicioso y complejo que tratará de abordar el problema del crimen organizado de forma más global y efectiva a través de la asistencia técnica a 18 países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Públicas (FIIAPP) y la Agencia Francesa de Cooperación Técnica Internacional, Expertise France (EF), se encargan de coordinar el proyecto junto a dos socios, el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) y el Instituto Camões de Portugal.

El Programa facilitará el aprendizaje entre pares, la cooperación Sur-Sur y la transferencia de las mejores prácticas europeas y latinoamericanas, y estará enfocado en las administraciones públicas. Para ello, contará con el apoyo del Consejo General de Poder Judicial español, Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil, Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado y sus homólogos en Francia, Italia y Portugal.

EL PAcCTO persigue crear modelos y herramientas concretos de actuación, homologación y cooperación internacional, tanto en la región como entre los países latinoamericanos y los Estados Miembros de la UE. De esa manera, se busca eliminar las fronteras mediante soluciones legales y técnicas que conviertan a Latinoamérica en un espacio de libertad y seguridad unido contra el crimen organizado.

Durante este año se ha realizado una labor muy importante con el estudio y la recopilación de las demandas de los países y el diseño del plan de trabajo para 2018, año en el que se empezarán a implementar las actividades.

El Programa intenta responder ya a todas las demandas urgentes de los países porque el objetivo del programa es construir una sociedad más segura y los beneficiarios finales son las personas. Por eso, es importante aumentar la conciencia social sobre los peligros del crimen organizado. Es un asunto de vital importancia para garantizar los derechos de las personas, la libertad y la vida.

María Jesús Martín es Técnico de Comunicación de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado) 

Cuando Margarita acudió a su hospital del Seguro Social salvadoreño para la revisión periódica de su tratamiento de diabetes grado 2, su expediente clínico había desaparecido. Tras horas de búsqueda infructuosa, pasó a ver a su médico con un expediente provisional (vacío) para que le recetara las correspondientes medicinas. Ante la ausencia de información clínica, el doctor le indicó que no le podría recetar la glimepirida, uno de los dos fármacos claves en el tratamiento de su diabetes, hasta no contar con unos análisis precisos sobre su situación médica. Margarita tuvo que esperar casi un mes para obtener los resultados de unos nuevos análisis clínicos, sin recibir mientras tanto el adecuado tratamiento farmacológico. Al cabo de casi tres meses, el expediente fue por fin encontrado, sorprendentemente, en el archivo de defunciones.

Gestionar adecuadamente las historias clínicas resulta crítico para mejorar el tratamiento de los pacientes y el ejercicio de sus derechos, pero también para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema sanitario. Sin embargo, se trata de una tarea titánica que requiere afrontar enormes desafíos como la ausencia de espacio de almacenamiento o las carencias de recursos humanos y económicos, al tiempo que se garantiza la debida protección de los datos personales de los pacientes o se logra de manera progresiva la compleja transición del formato papel al expediente electrónico.

Conscientes de la imperiosa necesidad de abordar esta problemática en el Salvador, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) han unido fuerzas con el objetivo de construir los pilares para una nueva etapa en la gestión de los expedientes clínicos del sector sanitario público del país centroamericano.

El Programa EUROsociAL+, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP, acompaña a El Salvador en este proceso de reforma. Como primer paso, del 25 al 28 de septiembre se desarrolló en Madrid una visita de representantes de las tres instituciones salvadoreñas para conocer los avances y desafíos que ha vivido España en este ámbito. Durante una semana, pudieron intercambiar experiencias y aprendizajes con el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), el Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y con la Agencia Española de Protección de Datos Personales. La visita incluyó el desplazamiento al archivo del Hospital Clínico San Carlos y al Archivo Central de la Administración del Estado en Alcalá, así como una presentación de las lecciones aprendidas en el proyecto sobre el expediente electrónico en Túnez liderado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea.

Esta actividad ha representado un primer paso para impulsar el diálogo interinstitucional en El Salvador, avanzar en la creación de instrucciones operativas y nuevas normativas, e impulsar el cambio cultural necesario para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el país centroamericano.

Borja Díaz Rivillas, técnico senior de Gobernanza Democrática / Senior Officer of Democratic Governance. EUROsociAL+

En los últimos años el Gobierno de Ghana ha realizado avances positivos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas en sus reformas. Entre estos compromisos cabe destacar el desarrollo y puesta en marcha, en un horizonte temporal de 10 años, del Plan Nacional Anti-Corrupción (NACAP), así como la adhesión en 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Como parte de estos esfuerzos, el Proyecto ARAP, financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP, trabaja en las áreas de “Rendición de cuentas, fomento del Estado de Derecho y Anti-corrupción”. El objetivo del programa es contribuir a los actuales procesos de reforma para reducir la corrupción y reforzar la rendición de cuentas, anticorrupción y gobernanza ambiental.

El acceso a la información resulta crítico y decisivo para todos aquellos que quieran exigir la rendición de cuentas al gobierno. La información es  fundamental para tomar decisiones informadas. La información es también poder. Cuando la información no se ofrece ni se consulta libremente, se generan condiciones que propician la corrupción.

El acceso privilegiado a la información puede confluir en situaciones en las que se requieren sobornos a aquellos que demandan de dicha información. No es de extrañar por tanto, que el acceso a la información se haya convertido en un pilar de la buena gobernanza, y una herramienta fundamental contra la corrupción.

Hoy, 28 de Septiembre, es el Día Internacional del Derecho a Saber. El Día Internacional del Derecho Universal de Acceso a la Información fue declarado hace dos años por la UNESCO. Sin embargo muchos desconocen esta iniciativa de las Naciones Unidas tiene sus raíces en África, siendo un resultado de las labores de promoción y defensa de la Plataforma Africana para la Información (APAI- African Platform on Access to Information).

En los últimos 10 años, el derecho a la información ha sido reconocido por un número cada vez mayor de países, mediante la adopción de una oleada de Leyes de Libertad de la Información. En 1999, únicamente 13 países habían adoptado legislaciones nacionales en materia de libertad de la información, mientras que en la actualidad hay 90 Leyes de tal calado adoptadas en todo el mundo.

Hasta el momento Ghana no dispone de una ley que regule la libertad de información, a pesar de que ha sido debatido en el país durante los últimos 20 años. Aunque existen signos positivos del gobierno que afirman que el Proyecto de Ley será aprobado el próximo año, en el marco de las reformas legislativas en marcha que incluyen varias iniciativas anti-corrupción como la creación de una Fiscalía especial Anti-corrupción o la protección de denunciantes y testigos.

Equipo del Proyecto “Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana” (ARAP)

Colombia arrastra a sus espaldas las trágicas cifras de 218 mil muertes y casi 6 millones de desplazados , todo esto como consecuencia de un conflicto armado que se ha prolongado durante más de 50 años. Un conflicto que ataca a la sociedad colombiana a todos los niveles, donde uno de los grandes protagonistas encargado de la perpetuación de este contexto de violencia ha sido la corrupción.

Hoy Colombia mira hacia delante, depositando todas las esperanzas en un arduo Proceso de Paz que debe tener en cuenta a todos los actores de la sociedad. Una pieza clave para avanzar en este proceso de paz es el compromiso con la transparencia y la prevención de la corrupción tanto en las instituciones públicas como en las entidades privadas del país.

En coherencia con esta premisa en 2014 nace el proyecto ACTÚE Colombia como respuesta de la Unión Europea a una solicitud del Gobierno colombiano para el fortalecimiento e implementación de políticas públicas anticorrupción. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP que trabaja mano a mano con varias instituciones públicas colombianas, como son la Secretaría de Transparencia, Departamento de la Función Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas, Procuraduría y Consejo de Estado como representante del poder judicial, entre otras.

Con este proyecto se busca crear un enfoque integral en la prevención de la corrupción que trabaje desde cuatro áreas estratégicas de especial impacto en el país:

Integridad Pública y Gobierno Abierto: Creación de un gobierno abierto y transparente a través de instrumentos como la ley de transparencia y acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética pública, la protección de los denunciantes, entre otros. Tal y como expresa Liliana Caballero, directora del departamento administrativo de la Función Pública “para el Gobierno es muy importante que el ciudadano confíe en el Estado y en los empleados de las administraciones públicas y los ciudadanos deben tener la seguridad de que tienen acceso a toda la información, que ya no hay un secreto en lo que se maneja, en los presupuestos”. 

Acción Sectorial: para fomentar la integridad y la transparencia también es necesario incidir en los sectores concretos como son los órganos de justicia, la sanidad, las industrias extractivas y cultura de integridad. 

• • El Consejo de Estado de Colombia está trabajando en la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y la ética judicial. Para servir como precedente el Consejo de Estado llevó a cabo el pasado 29 de junio una audiencia pública de rendición de cuentas, lo que ha supuesto la primera vez que un órgano de justicia organiza un acto de rendición de cuentas en el país.

   

  • La industria extractiva supone uno de los sectores económicos más importantes de Colombia, en el año 2015 la industria extractiva reportaba el 7,2% del PIB del país, por esto es importante que esta actividad económica no caiga en las redes de la corrupción. Por ello se está incentivando la aplicación de la iniciativa EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) en todo el país, y ya se han comprometido a la aplicación de esta iniciativa las 16 empresas extractivas más importantes de Colombia, que suponen un 80% de la producción minera.

   

  • En el sector salud, ACTUE Colombia ha venido apoyando lo que algunos llaman “transparencia radical” en la política farmacéutica del país con miras a no solamente garantizar el goce de derecho, el acceso a un servicio de calidad y transparente, sino también para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sector. Para asegurar estos objetivos se han desarrollado iniciativas que involucran a varios actores y donantes como es el Decálogo de Transparencia e Integridad en el sector salud y se han implementado herramientas de acceso a la información como  Medicamentos a un Clic, plataforma web para los profesionales de la salud o el Termómetro de Precios de Medicamentos, entre otras.

   

  • Además ACTUE Colombia apoyo el compromiso del gobierno nacional por promover un cambio cultural, dado que existe amplio reconocimiento que las leyes son importante pero insuficientes . En este sentido se están implementando las Rutas Pedagógicas para la promoción de la Transparencia, la Integridad y el Cuidado de lo Público, destinados a sensibilizar desde las aulas de los colegios, las universidades y desde las instituciones públicas a las personas acerca de su rol en un tal cambio cultural de conductas personales e institucionales

Participación ciudadana y sector privado: Tanto ciudadanos como empresas son actores clave para la lucha contra la corrupción. Para crear una sociedad sana, integra y consciente es necesario que sean partícipes en los cambios culturales, institucionales y normativos.

• Para promover la corresponsabilidad de los empresarios en prevención de la corrupción se ha dado continuidad a iniciativas que promueven la ética empresarial, la Autorregulación, anti-soborno y las reglas claras, como son el Registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción y la Guía de Pactos Empresariales de Transparencia y Anticorrupción.

• Para involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y la integridad, se han apoyado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, el impulso de una Red de Amigos de la Transparencia o la mejora de la rendición de cuentas en las instancias de participación ciudadana, así como en las ONGs, entre otras.

Gobierno Abierto Territorial: El cambio debe tener lugar en todos los niveles políticos, desde el gobierno nacional a los gobiernos territoriales. Esta área fortalece las capacidades regionales y locales en la aplicación de la ley de transparencia; atención al ciudadano y gestión de los riesgos de corrupción; fomentar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas. Además se está impulsando la creación de una red de gobernaciones abiertas con miras a promover el intercambio y aprendizaje entre pares.

La labor de coordinación y el enfoque integral de ACTÚE está facilitando los pasos hacia un cambio real en Colombia pero acabar con la cultura de la corrupción es una tarea que requiere del compromiso y el trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad colombiana.

Afganistán se sitúa desde hace décadas como principal exportador mundial de heroína, una droga mortal al calor de la cuál prolifera el crimen organizado y un negocio enorme que mueve miles de millones de euros anualmente.

Con una producción de 4.800 toneladas de opio en 2016 y más de 200.000 hectáreas cultivadas, según los datos de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el país se sitúa en el centro neurálgico de la zona conocida como Medialuna de Oro (Afganistán, Pakistán e Irán), de donde procede la mayoría de los opiáceos que se consumen en Europa.

En línea con la Estrategia Europea de Drogas 2013-2020, se ha lanzado esta semana en Bruselas el proyecto UE-ACT Acción contra las Drogas y el Crimen Organizado, la tercera fase de una iniciativa que lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada asociada a dos ámbitos:

Reducción de la oferta: se trata de reforzar la cooperación judicial y policial transnacional para atacar a las grandes redes de narcotráfico.

Reducción de la demanda: también se dirigen esfuerzos a la prevención del consumo de drogas y la mejora del tratamiento de las drogodependencias.

Ambos frentes son fundamentales. Como explica el líder del proyecto Thomas Carter, “son dos caras de la misma moneda: debe existir un balance entre las políticas represoras que persiguen el tráfico y el crimen organizado, y aquellas que se centran en la reducción de la demanda”.

Más de treinta países

Desde Afganistán, tradicionalmente, la Ruta de la Heroína atravesaba los Balcanes para llegar a Europa. Sin embargo, las vías se han multiplicado y recorren una treintena de países a través de varias rutas:

Ruta de los Balcanes: Une Afganistán con Irán y transita luego por Turquía. Constituye la distancia más corta y la ruta terrestre más directa hacia los mercados de consumo europeos. Se utiliza desde la década de 1980.

Ruta meridional: en años recientes han atraído la atención internacional los voluminosos cargamentos de heroína embarcados en puertos de Irán y Pakistán.

Ruta septentrional: desde el Norte de Afganistán, la heroína se destina principalmente a los grandes mercados de consumo de Asia central, Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

Ruta del Cáucaso: la droga producida en la Medialuna de Oro se transporta desde Irán hasta Turquía pasando por Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Ruta Sur: pasa por África del este para después alcanzar la UE por el sur.

El proyecto se centra en más de 30 países beneficiarios con necesidades muy diferentes y con 5 zonas estratégicas: Asia Central, Cáucaso Sur, Ucrania, Asia y este de África.

El coronel de la Guardia Civil y codirector del proyecto Manuel Marión destaca la flexibilidad de la iniciativa: “Una de las necesidades más acuciantes de Kirguistán es formar a fiscales y policías en utilizar técnicas especiales de investigación en materia de drogas, como por ejemplo las entregas controladas”.

Sin embargo, “puede ocurrir que Tanzania requiera conocer la experiencia europea en vigilancia de costas porque la heroína llega al país en barcos” indica Marión.

La acción policial y judicial se realiza generalmente a nivel nacional, lo que dificulta acabar con fenómenos globales como éste. Por eso, el proyecto pone especial énfasis en la coordinación entre policías de todos los países por los que transita la droga. La cooperación transnacional y transregional es fundamental.

Un negocio millonario

Tom Carter explica una de las principales dificultades para acabar con el tráfico de heroína: la corrupción. “Estamos hablando de miles de millones de euros y la cuestión es que cuanto más cerca está del mercado más dinero se mueve y más caro es el producto. Por ejemplo, puede ser que un kilo de opio en Afganistán sean 2.000 euros y con el tiempo, según se va acercando a Europa puede alcanzar entre 25.000 a 40.000 euros”.

“Es un negocio enorme e invasivo. Se mueve tanto dinero que corrompe fácilmente. Un policía o un agente de aduanas de cualquier país fuera de Europa, por ejemplo en Asia central o África, se ve muy tentado cuando alguien le ofrece 200 euros a cambio de no abrir un camión”. Se trata de invertir en desarrollo porque “en un país minado por oficiales corruptos en las instituciones el proyecto se convierte en algo inútil”, apunta Carter.

La clave: influir en las políticas

Uno de los objetivos principales del proyecto es ayudar a las autoridades y órganos de seguridad de estos países a identificar y perseguir a los grandes traficantes, que manejan grandes cantidades de droga.

Sin embargo, se trabaja paralelamente en la búsqueda de alternativas a la prisión como tratamientos de desintoxicación. “No tenemos ni el presupuesto ni el tiempo para solucionarlo todo pero podemos aportar nuestras experiencias desde la perspectiva de la UE. Hay que cambiar percepciones para que vean a un drogadicto como una víctima y no como un criminal”, explica Carter.

La ruta de la heroína

Durante cuatro años la FIIAPP gestionará este proyecto, que cuenta con una financiación de 12.000.000€ de la Comisión Europea, y que será ejecutado por expertos del Ministerio de Interior de España, Carabinieri de Italia y Nacional Crime Agency (NCA) de Reino Unido.