EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. 

La UNODC proporciona de esta forma información al gobierno boliviano sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos, pues parte de la hoja de coca se desvía hacia el tráfico ilícito. Que este producto se convierta en una droga internacional es lo que trata de evitar la Policía boliviana y otras instituciones involucradas. Este informe les permite el desarrollo de estrategias y políticas para su control. 

Estas instituciones cuentan además con el apoyo en esta tarea de un proyecto gestionado por la FIIAPP, en coordinación con el Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con fondos de la Unión Europea y de la AECID. Y es que la paradoja es todavía más difícil de abordar cuando la hoja de coca es un producto cultural. 

El agricultor no es el traficante 

Javier Navarro es uno de los expertos del proyecto. El inspector de la Policía Nacional española recuerda que “el consumo de hoja de coca es algo que está muy arraigado en sus costumbres”. En Bolivia, el producto se consume directamente con el acullico (mascar la propia hoja de coca con otros productos que la dulcifiquen) o se utiliza para mate o caramelos. 

Su producción se gestiona a través de cooperativas. Cada agricultor registrado tiene derecho al cultivo de un cato de coca (1.600 m2). El producto llegaría al mercado legal después de pasar por la cooperativa. El problema es que no toda la producción sigue ese camino.  

Parte de la hoja de coca se introduce en “circuitos paralelos” y con ella se fabrica la pasta base de la que sale el clorhidrato de cocaína. Una vez conseguida esta sustancia, explica el inspector de policía, se habla de tráfico propiamente dicho. Además, existen cultivos ilegales “en zonas de frontera o de difícil acceso”. 

Sin embargo, ningún agricultor colabora en ese fin, simplemente viven de ello. “El productor no tiene ese perfil de traficante”, comenta Navarro, e incluso si actuara de manera ilícita, se trataría del eslabón más pequeño de toda la cadena de narcotráfico. 

Javier Navarro apunta además que “Bolivia no es solo un país productor, sino también de tránsito”, principalmente por cuestiones geográficas. Al país llega la pasta base de Perú, igualmente productor, para realizar la denominada “purificación” en laboratorios. 

Y aporta un dato representativo: “el kg de clorhidrato de cocaína sale en Bolivia a 2.500 dólares. Cuando llega a España, pasa a costar 35.000 dólares”. España vuelve a funcionar en este caso como país de tránsito: desde aquí se exporta la cocaína a Francia, Italia o Gran Bretaña con el consiguiente incremento de precio. Un recorrido que lo convierte en un problema transnacional. 

¿Cuál es el papel del proyecto? 

Para hacer frente a este problema, miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en este proyecto con los agentes bolivianos en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la trata y el tráfico de personas. Además se actúa en fronteras y aeropuertos. 

En concreto, se forma a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, unidades especializadas repartidas en varios puntos de la geografía boliviana. Y es que el narcotráfico representa el sector dominante del crimen organizado. La evolución de sus formas de organización y acción requieren una adaptación constante de los dispositivos y estrategias de lucha contra esta problemática. 

Una formación que se ha complementado con visitas a España para conocer los procedimientos de las fuerzas de seguridad españolas, por ejemplo, en inteligencia e investigación criminal. 

Tras dos años de trabajo, “el proyecto está consolidado y son las propias instituciones las que acuden a él”, explica Javier Navarro. Se ha conseguido, entre otras cosas, abordar las investigaciones de una forma más integral. Esto es, según el inspector, que no solo se detenga al transportista, sino que se lleguen a desarticular organizaciones. 

Un trabajo que se completa con la sensibilización de los ciudadanos a través de algunas actividades de comunicación. La última, un taller para periodistas en el que se trabajó sobre cómo comunicar adecuadamente sobre temas tan sensibles.

Proyectos para un problema transnacional 

La FIIAPP gestionaba hasta hace poco un proyecto similar en Perú, ejemplo de buenos resultados con la desarticulación de más de cien organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La Fundación también está presente en esta dimensión operativa con el proyecto SEACOP, para la  lucha contra el tráfico marítimo de drogas.  

Además, existen programas regionales que acompañan las políticas públicas de los países latinoamericanos. Es el caso de EL PAcCTO contra el crimen transnacional organizado o COPOLAD, que abarca la dimensión social y sanitaria. 

Además, otros proyectos siguen las rutas de narcotráfico más importantes, como la de la heroína. UE-ACT  actúa en 30 países de Asia central, la costa Este de África y Europa del Este, y trabaja para mejorar la eficacia de las policías y de los órganos judiciales, además de la prevención del consumo de drogas. 

En 2011, la gente tomó las calles de Oriente Medio y el Norte de África. El mundo árabe pidió democracia y derechos en sus países, a través de protestas populares que se englobaron en el concepto de Primavera Árabe. Siete años después, los cambios no son del todo destacables. Conflictos armados o el terrorismo han coartado muchas de esas expectativas. Sin embargo, sí se iniciaron reformas políticas, económicas o sociales que en algunos casos siguen desarrollándose a un ritmo más lento.

Procesos en los que la cooperación ha tenido y puede tener un papel determinante, aportando experiencias de otros países que han pasado por situaciones similares o haciendo frente a amenazas que frenan ese desarrollo. En este contexto de transición, se gestionan desde la FIIAPP varios proyectos en la región con financiación de la Unión Europea. Destacan, entre otros, los que tienen que ver con la justicia y la seguridad.

Túnez fue el primer país en el que se habló de revolución. Desde entonces, “ha habido unas primeras elecciones democráticas, un gobierno constituyente y una aprobación de la Constitución en 2014”. Así lo explicaba Ángel Llorente, coordinador del proyecto para acompañar la reforma judicial en el país que finaliza este año. El objetivo ha sido llevar a cabo en el Ministerio de Justicia “una reforma organizativa como consecuencia del proceso de transición democrática”. Y crear desde ahí un poder judicial independiente que nunca había existido en Túnez.

Pese a algunas resistencias que podrían haber supuesto una vuelta atrás, Llorente cree que la sociedad civil no dejará que ocurra: “son muy conscientes de sus derechos, yo veo muy difícil que ahora puedan renunciar a algo que les ha costado mucho trabajo conseguir”. Una ilusión que le recuerda a la España de hace algunos años.

EuroMed Justicia IV también apuesta por mejorar los sistemas judiciales. En este caso, en la región sur del Mediterráneo. Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, y Siria trabajan junto a los Ministerios de Justicia español y francés en la creación de un sistema eficiente, democrático, que respete los derechos humanos y coherente con las normativas internacionales.

En su cuarta fase, el proyecto forma además parte de la estrategia de vecindad de la UE. Y es que la mayoría de estos países se incluyen en la Política Europea de Vecindad, que fue revisada precisamente en el contexto de las revoluciones del mundo árabe, para prestar un mejor apoyo en sus transiciones democráticas. Al fin y al cabo, su objetivo principal es reforzar las relaciones con los países vecinos del espacio comunitario, basadas en unos valores comunes -democracia, derechos humanos o Estado de Derecho- y que fomente una mayor integración económica, movilidad y estabilidad.

Unas relaciones que, en el caso de EuroMed Justicia IV buscan una cooperación judicial internacional necesaria, según Victoria Palau, coordinadora del proyecto. “Hay problemas como el terrorismo, el cibercrimen o el tráfico de personas que, si no se resuelven a nivel regional, es imposible hacerles frente”, comenta. En este contexto, el proyecto fue testigo de la primera declaración de colaboración entre fiscales generales europeos y de los países del Mediterráneo, para trabajar conjuntamente frente a esos problemas.

La cooperación judicial es también uno de los componentes del proyecto para la aplicación del Estado de Derecho en el Cuerno de África y Yemen, cuyo objetivo es luchar contra las amenazas de seguridad. En concreto, trabaja para mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia, de las fuerzas cuerpos de seguridad, así como de fiscalías y tribunales.

Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Yemen y Djibouti son los países que se benefician de este proyecto financiado a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP). Lo que en estos países se produce, aunque no se incluyan en la región vecina de la UE, sí afecta al continente.

Además, es una región ejemplo de cómo los grupos terroristas aprovechan momentos de inestabilidad política para actuar. “Cuando hay un vacío de poder, siempre intentan colarse estos grupos con mayor o menor éxito”, comenta Javier Vega, coordinador del proyecto. Al final, el terrorismo es una amenaza cada vez más global con un foco importante en esta zona geográfica.

La clave está en actuar regionalmente para que no se extienda al resto del mundo. Por ejemplo, a través del control del territorio que también se lleva a cabo en la región Sahel -a través de los Grupos de Acción Rápida- y en Níger, más centrado en la inmigración ilegal.

La Agenda Europea de Seguridad subraya la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta amenaza de una manera más eficaz y global, que incluya a la comunidad internacional y a los proyectos de cooperación. Uno de estos últimos, también gestionado por la FIIAPP, se centra precisamente en la lucha contra el terrorismo en la región MENA (Middle East and North Africa).

Un trabajo que, según Mariano Guillén, director del Área de Justicia y Seguridad en la FIIAPP, busca además “fortalecer el diálogo político dentro de la Liga Árabe”, para favorecer la cooperación entre los países de la región. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Siria y Palestina son los países que, a pesar de sus diferencias políticas, económicas y sociales, trabajan para tener respuestas comunes ante el terrorismo. “La amenaza terrorista no distingue de niveles de desarrollo de los países y solo se puede atacar desde la cooperación”, comenta Mariano Guillén.

La inestabilidad de los cambios deja hueco a amenazas de seguridad que no entienden de fronteras. Pero los mismos cambios son necesarios si los vemos como una oportunidad para mejorar, como un buen momento para nutrirse de experiencias similares mientras se trabaja conjuntamente frente a esos problemas que nos afectan a todos.

«Mujeres y niñas a la vanguardia del desarrollo sostenible: proteger, empoderar e invertir» es el lema escogido para las Jornadas Europeas de Desarrollo 2018, que se celebran la próxima semana en Bruselas. Durante los días 5 y 6 de junio, la capital de Europa se convierte también en la capital del desarrollo.

Y es que las jornadas organizadas por la Comisión Europea tienen este año la igualdad de género como tema central. Además de impulsar la participación de las mujeres en los distintos foros, esta edición aspira a conseguir para todas ellas un mundo más seguro, más abierto y más inclusivo.

El evento sobre desarrollo más importante del mundo, abierto al público, concentrará unas 500 sesiones en dos días, en las que participarán más de 2.600 ponentes. Entre ellos, 7 premios Nobel y 100 líderes mundiales. La FIIAPP también estará presente en los European Development Days (EDD) a través de cuatro de los proyectos que gestiona: EUROsociAL+, Bridging the Gap, Cooperación Triangular y EUROCLIMA+.

El programa EUROsociAL+ promueve la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y América Latina en la promoción de políticas públicas que mejoran la cohesión social y reducen las desigualdades en Latinoamérica.

Pero según Enrique Martínez, técnico de Comunicación y Visibilidad del programa, “estas políticas públicas sólo son efectivas cuando atacan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, un reto y un objetivo que están marcados fuertemente en el ADN de EUROsociAL+”.

Por ello, el programa comparte en Bruselas tres avances en políticas de equidad de género en Paraguay, México y, a nivel regional, en América Latina. Así como la transferencia europea en esta materia.

La directora ejecutiva del Gabinete Social de la Presidencia de Paraguay, Mirta Denis, la secretaria ejecutiva del Instituto de las Mujeres de México, Marcela Eternod, la directora de la Fundación Género y Sociedad, Ana Isabel García Quesada, y la Consejera de Estado de Francia, Marisol Touraine, componen “el panel 100% femenino de EUROsociAL+ como contribución a este camino conjunto hacia la igualdad plena”, destaca Martínez. Además, la apertura y clausura del panel la efectuará Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe en la Dirección General para Cooperación Internacional y al Desarrollo de la Comisión Europea.

El proyecto Bridging the gap también participa en la edición 2018 de los European Development Days, con la sesión Women on the rise-no one left behind!, organizada en colaboración con el Programa europeo de sistemas de protección social (EU Social Protection Systems Programme) y la ONG Light for the World. Este es su vídeo de presentación:

El objetivo de esta sesión es, según Carmen Serrano, técnico de Comunicación del proyecto, “mostrar que, pese a la doble discriminación a la que suelen enfrentarse, las mujeres con discapacidad están liderando el desarrollo sostenible en países de renta baja”. En este sentido, cuatro mujeres compartirán sus experiencias en cuanto a las cuestiones de género y discapacidad a partir de los diferentes enfoques abordados por las tres iniciativas organizadoras de la sesión: protección social, liderazgo y emprendimiento, y acceso al trabajo y empoderamiento económico. Todo esto bajo la moderación de Hisayo Katsui, investigadora y profesora experta en discapacidad.

No obstante, afirma Serrano, “el objetivo de Bridging the gap en este gran evento europeo, no es tanto compartir experiencias como generar diálogo y reflexión sobre el papel de las mujeres con discapacidad en sus comunidades”. De ahí que hayan optado por la modalidad de Brainstorming lab. Durante 75 minutos, la interacción de la audiencia con las ponentes será constante, recogiendo sus insumos e ideas sobre cómo cada persona puede crear conciencia en su entorno sobre la contribución que las mujeres con discapacidad pueden hacer a la sociedad.

El proyecto Evalúa, para la promoción de la Evaluación de Políticas Públicas en América Latina y el Caribe, busca estrenarse en los EDD’s dando a conocer algunos de los resultados obtenidos desde su concepción en 2014.

El equipo de coordinación del proyecto asistirá a este foro de cooperación internacional con uno de sus más recientes exponentes: los resultados de la evaluación de la Política de Igualdad de Género de Costa Rica. Asimismo, la gestión, liderada por el equipo de evaluación del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), estará representada por Ericka Valerio, del área de Evaluación y Seguimiento.

El proyecto se enmarca dentro del programa ADELANTE, cuyo objetivo es mejorar la integración de los países de América Latina y el Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo (ODS). Los EDD serán un espacio interesante para exponer las principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación de esa política pública, así como el uso previsto de la misma como insumo para la elaboración de las siguientes fases.

Según Alina Orrico, técnico del proyecto, “esta participación adquiere especial relevancia en un evento en el que la presencia de experiencias latinoamericanas es mucho más escasa que las de otros continentes y, sobre todo, porque se enmarca en un año cargado de emociones, demandas y alusiones a la necesidad de ofrecer respuestas tangibles que garanticen la igualdad entre los géneros”.

EUROCLIMA+ es el programa regional de la Comisión Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible en América Latina. Una acción en beneficio de la mayoría de las poblaciones vulnerables, con un enfoque específico en el género, la población rural pobre y los pueblos indígenas.

En estas jornadas, proyectarán un video general sobre Género y Cambio Climático y elaboran un mapa informativo de América Latina con información sobre género.

EUROCLIMA+ apoya a los países en el desarrollo de sus NDCs o Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que se enmarcan en el Acuerdo de París. Las NDCs reflejan el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar los impactos del cambio climático.

Según Alexandra Cortés, experta en Comunicación y Visibilidad del programa, las NDCs “promueven la integración de la acción climática en un marco político que pueda brindar un crecimiento económico y desarrollo social, además de la protección del medio ambiente y resiliencia climática”.

“Tener que pagar por algún servicio al que tengamos derecho, ¿crees que eso es corrupción?”, Bárbara Mensah pregunta a los ghaneses por uno de los problemas más relevantes de nuestro tiempo. Es una de los Oficiales de Educación Cívica encargados de investigar la percepción que se tiene sobre la corrupción en Ghana.

“Voy a preguntar sobre ciertas prácticas, me contestas si piensas que es corrupción o no”, Jafaru Omar es otro de ellos. Con un cuestionario, varios enviados de la Comisión Nacional de Educación Cívica de Ghana (NCCE) recogen la opinión de los ciudadanos en diferentes zonas del país.

Sobre el terreno, ya se deja entrever el resultado: tras 8672 respuestas, más de la mitad de los encuestados (58,4%) han sido testigos de alguna forma de corrupción. Henrrieta Assante-Sharpong es la directora de la investigación: “los resultados indican que aunque los ghaneses sean conscientes de la corrupción, tienen muy poco conocimiento de las diferentes formas en las que se puede ejercer”.

La NCCE nació con el objetivo de sensibilizar a la población: “nuestras vidas están retrocediendo. No tenemos carreteras, no hay corriente eléctrica. Los recursos que se llevan a través de la corrupción se podrían haber utilizado para esos servicios”, comenta Aluliga Malpang, agricultor de la Comunidad Tengzuk. El África subsahariana es la región peor valorada en cuanto a corrupción, según el último informe de Transparencia Internacional.

Cooperación frente a un contexto desfavorable

El informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, usando una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente.

Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan los primeros lugares en 2017, con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen las puntuaciones más bajas con 14, 12 y 9 respectivamente. Ghana ocupa el puesto número 81, con 40 puntos. Una valoración por encima de la media de la región subsahariana (32 puntos).

No obstante, el estudio muestra que más de dos tercios de los países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50. Transparencia Internacional trabaja global y localmente en más de 100 países del mundo: “dando voz a las víctimas de la corrupción, trabajando con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder o el soborno”. Y destaca que la mayoría de los países están haciendo poco o ningún progreso para acabar con la corrupción.

Ghana no quiere que sea su caso. La iniciativa forma parte del programa ARAP Ghana, “Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana”. Un proyecto de apoyo a la transparencia que tiene como objetivo reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas del país africano. Durante 4 años y medio, la FIIAPP gestiona este proyecto financiado por la Unión Europea, en colaboración con GIZ (Alemania) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Quiero ayudar a solucionar el problema de la corrupción”, Joseph Samuel Bebefiankom es estudiante en Kwashieman (Accra). Como él, otros ciudadanos: “se puede reducir, se puede rebajar”, “dará trabajo a mucha gente”, “aportará desarrollo a la nación”. Saben lo que quieren conseguir, pero no saben cómo.

Diferentes instituciones públicas ghanesas como la NCCE, en colaboración con la FIIAPP, han diseñado una estrategia que involucra a la población, entre otros actores, en la lucha contra la corrupción. Una de las prioridades de ARAP Ghana es concienciarlos sobre la importancia de denunciarla.

Más líderes comprometidos, menos corrupción

El blog África no es un país recuerda a partir del mismo informe que “2017 ha visto la caída de varios gobernantes acusados de favorecer la corrupción”. Yahya Jammeh en Gambia, José Eduardo dos Santos en Angola, Robert Mugabe en Zimbabue y, ya en 2018, Jacob Zuma de Sudáfrica.

George Obeng Obei es otro de los Oficiales de Educación Cívica: “la gente que no tiene demasiado nivel de educación no conoce cómo funcionan las cosas en las asambleas y en muchas instituciones. Pero creen que allí hay elementos de corrupción”, comenta. Que no sepan cómo se ejerce, no quiere decir que no la vean. Saben, perciben, según Obeng Obei, que las cosas sólo se consiguen con dinero. Y hay que cambiar esa mentalidad.

Según Transparencia Internacional, es el momento para una “redefinición” del problema en África. Ya que en algunos casos, el IPC muestra un “futuro esperanzador” para el continente. A pesar de ser la peor región en conjunto, existen países con un progreso notable. Como Botswana (61), que obtiene una mejor puntuación que España (59).

La clave, según la organización, es que estos países tienen “un líder político comprometido en la lucha anticorrupción». Lo que les hace dar un paso más al asegurar el desarrollo de las leyes e instituciones al respecto. Ghana está haciendo esfuerzos en este sentido, el gobierno ha creado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) en el que se enmarca el proyecto.

Si además se hace partícipe a la población, el éxito está más cerca. Lo sabe la presidenta de la NCCE, Josephine Nkrumah, que valora la investigación realizada en el país: “NCCE va a usar ese informe para crear actividades de educación cívica. Hay que involucrar tanto al sector público como al privado para ganar la batalla. Y más importante aún, hay que involucrar a cada ghanés y a cada ghanesa”.

“Ganar la lucha contra la corrupción” es el lema de la Unión Africana (UA) para 2018. Una frase que podría extrapolarse a casi todo el mundo. Y que parte de la premisa de que “la corrupción recompensa a aquellos que no cumplen con las reglas, destruyendo todos los esfuerzos de una gobernanza constructiva, justa y equitativa”.

Recorre las zonas de la investigación en Ghana en este vídeo:

“En el Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. Son las palabras de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, para el Día Internacional de la Mujer. Otro 8 de marzo que sirve para reflexionar sobre lo logrado y lo que queda por avanzar en materia de igualdad.

En 1995, casi 200 gobiernos firmaron en Beijing una hoja de ruta histórica para la materialización de los derechos de las mujeres. Dos décadas después, movimientos a favor de esa igualdad siguen llenando las calles y redes sociales por todo el mundo. De cara a ese progreso conjunto y global, la cooperación internacional puede ser una herramienta clave para conseguirlo.

Mar Merita, técnica especialista en género del programa EUROsociAL+ – financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP – afirma lo mucho que se ha innovado respecto al rol de la mujer en la Agenda 2030 de cooperación.

Desde velar para que niños y niñas tengan una educación equitativa y de calidad, pasando por poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo, hasta que la igualdad sea uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecieron varios líderes mundiales por un mundo mejor en 2030.

La igualdad en la UE

La igualdad de género es también uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, que sigue de cerca estos objetivos de desarrollo. Y que analiza su progreso al respecto en un estudio periódico.

El último (Sustainable development in the European Union, 2017) en concreto aporta datos sobre cuatro áreas que sirven de indicador a la hora de evaluar el objetivo de igualdad: la violencia de género, el acceso a la educación, el empleo y los puestos de responsabilidad.

En 2012, la violencia de género es una realidad en la UE. Cuando una de cada tres mujeres dice haber experimentado violencia física o sexual desde los 15 años. Este problema es causa y consecuencia de la desigualdad, y se combate desde el acceso a la educación.

Sin embargo, el hecho de que los hombres abandonen antes los estudios y las mujeres tengan más éxito en esta área no se refleja en la tasa de empleo de los recién graduados, mayor en el caso de los varones. También la proporción de hombres en edad de trabajar que efectivamente lo hacen supera a la de las mujeres trabajadoras en un 11,6%.

El empleo es una de las áreas que va más unida a roles de género, responsabilidades familiares o tradiciones. Y tiene su reflejo en la brecha salarial: en 2015, según el mismo estudio, las mujeres ganaban un 16,3% menos por hora que los hombres. La misma diferencia que 5 años atrás.

El progreso cuesta en lo que Mar llama la “tercera generación de derechos”, en la que estaría incluida esa diferencia de salarios que sigue siendo importante en la mayoría de los países. Según la experta de EUROsociAL+, a pesar del avance en el reconocimiento de derechos políticos, todavía queda por hacer respecto a derechos sociales, culturales y económicos; mediante los que se conseguiría esa “igualdad real”.

El reparto de cargos políticos o puestos de responsabilidad también refleja la desigualdad, pues las mujeres no suelen tener tanta representación como los hombres en procesos de toma de decisiones. Aunque la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales ha aumentado desde 2003, las mujeres todavía ocupaban menos de un tercio (28,9%) de estos asientos en 2017.

La cooperación como herramienta

Muchos de estos temas, como la brecha salarial o el acoso sexual, están hoy en el foco de actualidad. Y constituyen denuncias públicas, con un impacto internacional fuerte, que sin embargo necesitan de “procesos para hacer frente a esas problemáticas”.

Así lo cree Dominique de Suremain, coordinadora del área de políticas de equidad de género del programa EUROsociAL+, que ve “un trabajo menos visible por cambiar” a la hora de que esas demandas se materialicen y tengan su reflejo en el sistema.

Es ahí donde entra en escena la cooperación, cuyo papel es esencial para la puesta en marcha de políticas públicas que tengan en cuenta esas peticiones. Desde el principio, según Dominique, es importante “introducir esa preocupación en el diseño de los proyectos”. Un aspecto transversal que no sólo debe aplicarse en proyectos sociales, sino que es pertinente para todas las temáticas.

Un ejemplo sería el taller de enfoque de género organizado por ARAP Ghana – proyecto contra la corrupción gestionado por la FIIAPP – o la inclusión de esta perspectiva en las actividades de Euroclima+. Ya que al final, la desigualdad es inherente a la sociedad en la que se produce e influye en los problemas que aborda.

Sin embargo, este enfoque es en muchos casos insuficiente para conseguir una igualdad real. Hay que ir más allá del diagnóstico, de los indicadores, de cuantificar cuántas mujeres han salido beneficiadas: “hay que aprovechar los proyectos de cooperación para tener un papel proactivo”, según Dominique.

Quizás por ello, EUROsociAL+ es uno de los primeros programas en crear un área temática exclusiva para abordar esta problemática. Un componente o eje de género fuerte que cuenta con acciones directas y un equipo de personas dedicado exclusivamente a ello.

La cooperación se basa en un intercambio de experiencias que es también importante para Mar Merita: “se puede combatir la desigualdad promoviendo ejemplos y buenas prácticas que surgen en los países”, aprendiendo unos de otros.

“La igualdad es una causa universal” y un objetivo realista que, en el marco de los proyectos, necesita de políticas públicas para avanzar de forma práctica. Aunque al final lo verdaderamente importante, según la experta, es creer en ello.

Escucha el programa dedicado al Día Internacional de la Mujer en nuestro espacio de Radio Nacional de España

Día Internacional de la Mujer

Cuando los niveles de contaminación aumentan, el transporte público es gratis en París. Y solo los vehículos “limpios” pueden acceder a la ciudad. En Bruselas, se da prioridad a las bicis, como en Copenhague. O se limita la velocidad, como en Madrid. Mientras que Londres, Oslo y Estocolmo recurren a los peajes para restringir el tráfico.

Controlar la circulación y el estacionamiento, fomentar el coche compartido y el transporte público o los premios a los coches ecológicos son algunas de las medidas tomadas en el sector del transporte para reducir la contaminación atmosférica urbana. Uno de los efectos del cambio climático más visibles en las ciudades de todo el mundo.

Fuera de Europa, Tokio controla la polución a tiempo real, con índices que se pueden consultar online. Controles en la calle, multas y listados de infractores son otras de las medidas en uno de los lugares más poblados del mundo.

Y es que la mayoría de la población mundial vive en las ciudades. Lo que hace necesario adoptar una perspectiva urbana del cambio climático, pues se calcula que el 70% de la población será urbana en 2050. Cuando los usos asociados al entramado de las ciudades producen más del 70% de las emisiones de CO2.

Contaminación atmosférica, cambio climático y salud

Este artículo plantea la reflexión sobre si somos conscientes de lo que significa la contaminación atmosférica urbana. Si somos conscientes de que la mala calidad del aire afecta a nuestra salud. Y de si somos conscientes de que provoca miles de muertes prematuras al año. Y aporta datos: 1.032.833 muertes al año en China, 621.138 en India, 54.507 en Ucrania, 32.668 en Turquía, 26.241 en Brasil, 26.160 en Alemania o 16.798 en México.

El programa Euroclima+, financiado por la Unión Europea para hacer frente al cambio climático en América Latina, apoya el desarrollo de políticas de mitigación relacionadas directamente con la reducción de gases de efecto invernadero y otras emisiones.

Planes específicos con este objetivo se desarrollan en los sectores industriales y del transporte. Pues el aumento demográfico hace que los patrones de producción y consumo choquen con los recursos limitados. Según la huella ecológica, si no se toman medidas, en 2030 será necesario el equivalente a dos planetas Tierra para cubrir nuestras necesidades.

Con presencia en 18 países latinoamericanos, el programa trabaja en conformidad con la convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático y según las necesidades de una región que acoge a algunas de esas ciudades en expansión.

El cambio climático en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Otra de las tareas de Euroclima+, cuyo componente de gobernanza climática lidera la FIIAPP, es la evaluación de esas políticas climáticas, que permite redefinir o rediseñar las acciones en el marco de acuerdos o el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un total de 17 metas que establecieron en 2015 varios líderes mundiales por un mundo mejor en 2030. Y que, en resumen, persiguen “acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y parar el cambio climático”.

Entre ellos, el número 11 hace referencia a las “ciudades sostenibles” – con un apartado de “impactos medioambientales” – y el número 13 se centra en la acción contra el cambio climático. Pero ¿cómo se está avanzando al respecto?

La Unión Europea estudia el progreso en torno a estos objetivos. En su último documento (Sustainable development in the European Union, 2017) determina que la concentración de población e industria sigue siendo un riesgo para la calidad del aire. A pesar de los avances, los niveles de contaminación atmosférica continúan estando por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, como parte de su estrategia para 2020, la UE estableció el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, en comparación con 1990. Para 2015, la meta ya se había superado, con una reducción del 22%.

Las ciudades también se comprometen

En este contexto, las ciudades son conscientes de su necesario protagonismo. Y así lo reivindicaron en la última Cumbre del Clima de la ONU (COP23), celebrada en Bonn en noviembre de 2017 y en la que reclamaron más herramientas para combatir el cambio climático.

En concreto, se abordó la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y su fin último: frenar el calentamiento global. El objetivo sigue siendo que las temperaturas terrestres no aumenten más de 2º C para 2050. Para lo que es necesario que las emisiones se reduzcan un 80%.

A ese encuentro también asistió Euroclima+ , reuniéndose con varios ministros de los países de la región para dar seguimiento a los objetivos a los que ya se comprometieron dentro del Acuerdo de París (COP21), y para reforzar el diálogo en torno a las políticas climáticas.

Muchas de las urbes que se dieron cita en Bonn pertenecen también a la red C40, que reúne a más de 90 ciudades para luchar contra el impacto climático a través del trabajo común. Entre los objetivos principales, “reducir los gases de efecto invernadero e incrementar la salud y el bienestar de los ciudadanos”.

Solo esta red representa a “más de 650 millones de personas y un cuarto de la economía mundial”, lo que vuelve a convertir a las ciudades en el lugar prioritario a la hora de abordar este problema.

Un ejemplo de este compromiso se refleja en el breve documental difundido por la red sobre el trabajo de 6 ciudades: Bogotá, Ciudad del Cabo, Nueva York, Paris, Portland y Seúl.

Y es que al final, el siguiente paso es que nosotros, como personas individuales, también tomemos conciencia de que estas medidas no pretenden hacernos la vida más difícil. Al revés, nos permitirán vivir en un futuro.

El truco está en cambiar algunos hábitos, con pequeños gestos, por insignificantes que parezcan. Más de 7.000 millones de pequeños gestos vencen al cambio climático.