EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Autor: Víctor Martínez, experto del Programa COPOLAD III y parte del Laboratorio de innovación en políticas de drogas de Perú

Con el apagado del motor de la lancha que nos lleva  al embarcadero de la comunidad nativa Flor de Ucayali en la Amazonía peruana, el silencio y el intenso verdor  terminan por imponerse al llegar a la localidad.

Ubicada en la selva central, esta comunidad ha sido propuesta para establecer un laboratorio de innovación social que permita avanzar en el diseño de un sistema de alerta temprana que avise ante violaciones de derechos humanos y delitos ambientales en la región, relacionadas con la producción y tráfico de drogas.

¿Qué significa esto? Que tanto la población como las instituciones de esta zona (de difícil acceso y comunicaciones, lo que beneficia al crimen organizado) puedan tener un procedimiento para avisar a las autoridades pertinentes cuando detecten una amenaza para el territorio, tanto desde el punto de vista ambiental como de amenaza a los líderes y defensores de la Amazonía. Se busca incrementar la eficiencia y coordinación de las actuaciones del Estado en este difícil contexto. ¿Están sufriendo amenazas los líderes de la comunidad por defender el territorio? ¿Se está avistando en las últimas semanas tráfico de precursores de drogas ? ¿Existen amenazas a la deforestación? ¿Puede que se estén observando nuevas zonas de cultivos ilícitos? Se trata de contar con canales útiles para que estas “amenazas” puedan ser controladas por las fuerzas de seguridad o la autoridad al cargo y que los avisos puedan llegar a su destino, pues se trata de zonas alejadas.

La misión forma parte de la hoja de ruta de cooperación del programa COPOLAD III con el Perú en materia de drogas, con el apoyo técnico del Agirre Lehendakaria Center (LAC) . Incluye entrevistas y coordinaciones con autoridades y representantes comunitarios en los procesos de escucha, de cocreación y de prototipado, incluyendo a DEVIDA -Autoridad Nacional en materia de drogas, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos , la Gobernación y a la Fiscalía Regional,  la Prefectura y la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior,  la Policía Nacional, y las organizaciones de Comunidades Nativas, además de con las representaciones de Agencias de Cooperación y del Alto Comisionado de las NNUU en Derechos Humanos.

No es la primera iniciativa de cooperación contra el crimen en este ámbito ni seguramente será la última. Pero busca aprovechar los aprendizajes que han dejado los diferentes proyectos y las alianzas, mecanismos de coordinación y vigilancia creados en torno a ellos y lograr integrarlos y fortalecerlos de manera que puedan servir de base para una acción más eficaz. El Amazonas vive en un contexto cada vez más complejo con el aumento del tráfico y de los cultivos ilegales y la operación de diferentes bandas criminales.

Las primeras voces que se escuchan distantes son un indicio del primer encuentro entre el equipo de COPOLAD III y Agirre, con algunos pobladores y líderes indígenas Shipibo-Konibo , que son quienes sufren en primera línea las amenazas y consecuencias del aislamiento en que viven. Nos cuentan cómo viven con impotencia y escasos medios para enfrentar a los agentes externos que les amenazan.

Tal como ocurre en otras regiones y localidades de la gran cuenca amazónica que abarca nueve países de América Latina, el narcotráfico ha encontrado allí un territorio amplio y seguro para expandir sin límites sus operaciones, en un entorno natural altamente frágil que -paradójicamente- dificulta las posibles acciones de control y respuestas por parte del Estado y que les permite movilizar recursos de todo tipo para el cultivo y procesamiento de la coca, además de abrir rutas estables para su comercialización.

Las estadísticas muestran que cada año, sólo en superficie nueva deforestada, los cultivos ilícitos van ganando más peso frente a otras actividades económicas, además de la convergencia con otros delitos ambientales, amenazas y violaciones.

Es aquí donde también resulta determinante el lavado de activos del narcotráfico, a través de operaciones locales de ocupación o compraventa de tierras, actividades de ganadería, construcción de pistas aéreas clandestinas, establecimiento de plantaciones y concesiones encubiertas, entre otras, que buscan consolidar y asegurar la infraestructura de servicios y apoyo, las zonas de expansión y las rutas de transporte.

A todo ello se suman las necesidades de salud y educación de la población local, unas 70 familias, de la cual apenas la mitad residen de manera permanente en el caserío.

Diversos proyectos de desarrollo local, conservación y vigilancia, centrados en el fomento de cultivos autóctonos, especies forestales y la piscicultura, junto a otras iniciativas socioeconómicas apoyadas por ONGD y agencias de cooperación han buscado servir de compensación a las comunidades nativas que han visto afectados sus recursos y territorios ancestrales. No obstante, el asedio del narcotráfico no cesa y los mecanismos de patrullaje y control se dificultan o se tornan inoperantes, mientras que las nuevas alternativas de producción conllevan nuevos desafíos:  en su mantenimiento, técnicas de cultivo, procesamiento y conservación y, principalmente, en el acceso a asistencia técnica, financiación y mercados.

En tal sentido, los próximos pasos de esta primera misión será la creación de prototipos o protocolos para la implementación del Sistema de Alerta.  En los próximos meses COPOLAD III pondrá a disposición del gobierno peruano apoyo técnico para consolidar sistemas de información y telecomunicaciones que brinden una cobertura estable a los territorios y comunidades afectadas, y que contribuyan a fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, vigilancia y control -teniendo como eje principal la red fluvial- que permitan generar respuestas rápidas a las amenazas identificadas.

“Vivir seguros, preservar nuestro territorio y recursos y los valores de nuestra cultura son parte esencial del desarrollo que deseamos”, comenta Irene Guimaraes, lideresa de la comunidad nativa Flor de Ucayali.

La situación de emergencia carcelaria continúa vigente 

Hace tres años escribimos un texto en que abordábamos la situación de emergencia generalizada que viven las cárceles de América Latina y una iniciativa que estaba en marcha con el objetivo de atender a las víctimas y familiares de violencia institucional carcelaria.

Pues bien, tras estos años, la situación crítica que describíamos desafortunadamente no ha dejado de agravarse en muchos de los países. La sobreocupación carcelaria y las problemáticas derivadas del hacinamiento siguen siendo preocupaciones centrales respecto del respeto de los derechos humanos en la región. Si entre los años 2000 y 2021 la población encarcelada a nivel mundial creció un 24% en promedio, en América Central lo hizo un 77%, y en América del Sur un espectacular 200% (Ver datos en último informe del ICPR, World Prison Pulation List (Fair & Walmsley 2021).

Si la tasa de encarcelamiento media a nivel mundial, según datos de Naciones Unidas, es de 140 por 100.000, en las Américas es de 376. Gran parte de los países del mundo con las tasas de encarcelamiento más alta están en América Central y del Sur: El Salvador (564, cuarto país del mundo con la tasa más alta), Panamá (436), Uruguay (383), Brasil (381), o Nicaragua (332)3. 

Respecto de las mujeres, aparece un fenómeno preocupante: su encarcelamiento ha subido en todos los continentes. A nivel mundial, mientras se estima que en el silgo XXI la población total de mujeres ha aumentado un 21%, las mujeres encarceladas han aumentado mucho más, el 53%. Lo preocupante es que el número de mujeres encarceladas en Centro América y algunos países de Sur América se ha disparado exponencialmente: en Colombia se ha multiplicado casi por 3, en Brasil 4,5 veces, en Guatemala, 5 veces, y en El Salvador, el número de mujeres presas ha aumentado casi 10 veces4 

Pero la tasa de encarcelamiento por sí sola no brinda datos de las condiciones carcelarias, como sí lo hace la tasa de densidad. Cuando el número de personas encarceladas supera el número de cupos disponibles hablamos de sobrepoblación. El Comité Europeo para los Problemas Criminales ha establecido que más del 120% de ocupación se considera sobrepoblación crítica o hacinamiento. Si continuamos mirando datos de la región latinoamericana, algunos países alcanzan los primeros puestos del ranking mundial de densidad, con Haití como el país con la mayor sobreocupación del planeta (454,5%), y con otros países con porcentajes altísimos como Guatemala (357,1%), Bolivia (263,6%) o Perú (212,2%)5. 

La representación cuantitativa de la realidad carcelaria de la región tiene una traducción preocupante a nivel cualitativo, es decir, en cómo las personas privadas de libertad viven y sufren la cárcel, en lo que podemos calificar como una situación de violencia institucional estructural. Falta de espacio mínimo vital, de acceso agua potable, a la luz natural, a una comida nutritiva y suficiente, o a asistencia sanitaria o a la justicia. Las personas privadas de libertad en realidad sufren una pena añadida, una vulneración de derechos que convierte en esa pena como inhumana o degradante. 

Vulnerabilidad de personas presas, especialmente aquellas que sufren violencia institucional 

La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), preocupada por el acceso a la justicia de las personas en situación de riesgo, entendió que las personas presas y especialmente las que sufren violencia institucional forman un grupo en situación de vulnerabilidad. En 2017, la AIDEF identificó un proyecto denominado Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional carcelaria. El objetivo principal era crear un instrumento para poner en común instituciones públicas y sociedad civil para ofrecer una atención integral (jurídica, médica y psicosocial) a las víctimas de malos tratos y sus familias. 

Con al apoyo del Programa EUROsociAL+ (financiado por la Unión Europea), la AIDEF pudo poner en marcha el proyecto. El primer paso consistió en realizar un Diagnóstico de la violencia institucional carcelaria en la región. Los resultados fueron muy alarmantes. 

Tras las conclusiones del diagnóstico, se elaboró la Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en el sistema penitenciario. La guía, aprobada por el Consejo Directivo de AIDEF en Santiago de Chile en septiembre de 2018, diseña el Sistema de Registro, Comunicación y Atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI), que prevé un protocolo de actuación intersectorial activado por las Defensorías Públicas (a través de un registro centralizado) y que despliega unas actuaciones como la visita y entrevista con la víctima, la atención a su familia, la solicitud de medidas judiciales cautelares de protección, la atención médica (bajo el Protocolo de Estambul de la ONU), la atención psicosocial e incluso la intervención de organismos internacionales del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas. 

La implementación del SIRCAIVI 

Tras la aprobación de la mencionada Guía por parte del Consejo Directivo de AIDEF, diversas defensorías públicas mostraron su interés en que la misma fuera implementada en sus países. En mayo de 2020 se aprobaba una nueva acción en el marco del mencionado Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea para que esto fuera efectivo en 3 países: Argentina, Chile y Costa Rica. Por medio de la FIIAPP se planificó una acción que se desarrollaría (con alguna extensión debido a la pandemia mundial por la Covid-19), en dos años. 

Se ponía así en marcha el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) el cual contempla la creación de diversos elementos, unos de tipo estructural como la Unidad de atención integral a víctimas de violencia institucional (UNAIVI), un sistema de fichas (para documentar y sistematizar los casos las cuales irían en un Registro de Violencia Institucional Carcelaria (REVIC). Junto con ello se previa el diseño de un elemento dinámico, de un Protocolo de atención integral por medio del cual y a través de diversos pasos, se ordenaban las acciones que debían llevarse a cabo desde el conocimiento de un caso hasta la puesta en marcha de medidas para dar atención a las víctimas.  Las actuaciones que preveía el Protocolo de funcionamiento del SIRCAIVI eran las siguientes:  

Actuación núm. 1, El conocimiento del caso. 

Actuación núm. 2. La visita al centro penitenciario. 

Actuación núm. 3 La adopción de medidas urgentes por parte de la Defensoría 

Actuación núm. 5 Comunicación y acción intersectorial.  

Actuación núm. 6 Seguimiento y monitoreo.  

Actuación núm. 7 Informes, registro y mapeo de la violencia institucional. 

Finalmente, y dado que las Defensorías públicas necesitarían del concierto de otros actores institucionales y de la sociedad civil, se diseñaba también la creación de una Mesa de Dialogo y Actuación Intersectorial (MEDAI). 

Los tres Sistemas fueron lanzados en el año 2022 en cada país (Costa Rica en enero y Argentina y Chile en mayo). Especialmente relevante fue la decisión de alojar el SIRCAIVI en las Defensorías Públicas de los tres países, readecuando sus organigramas, personal, oficinas y programas a las necesidades del nuevo sistema. Es fundamental, pues a través del SIRCAIVI las Defensorías pueden ayudar a cumplir su objetivo de velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Hay que recordar que el Sistema pretende cumplir con el concepto de atención integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria, esto es, garantizar la triple respuesta de proporcionar atención jurídica, médica y psicosocial, no solo a las personas privadas de libertad que sufren directamente las violaciones de derechos humanos a través del sometimiento a penas y tratos crueles inhumanos o degradantes, sino también a sus familiares que viven con desesperación esas situaciones traumáticas. 

Podemos concluir afirmando que este camino muestra una clara “buena praxis” en la adopción de políticas públicas para paliar los nocivos efectos de la violencia institucional y señala que existe una hoja de ruta clara y posible. Probablemente los retos más importantes sean ahora dos:

a) consolidar la implementación del SIRCAIVI en los tres países indicados; y

b) lograr su extensión a otros países de la región.

Así lo esperamos. 

Alejandro Forero Cuéllar e Iñaki Rivera Beiras, miembros del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y expertos del Programa EUROsociAL+. 

Finaliza el año 2022 pero los logros de la cooperación pública permanecen. Esta es una selección de lo que hemos conseguido en estos últimos 365 días gracias a la implicación de los profesionales de nuestro sector público en la cooperación. Ellas y ellos, bajo la firme convicción de que las políticas públicas pueden y deben mejorar la vida de las personas, se comprometen a trabajar con la FIIAPP en más de 120 países para mejorar los sistemas públicos para las personas y el planeta.  

Recogemos 15 ejemplos de los logros de la cooperación pública conseguidos este año. 

Son tuyos, son nuestros.

Estos 15 hitos nos recuerdan la importancia de la cooperación pública, de aprender y compartir conocimientos con otras administraciones públicas, de apoyar políticas que respondan a nuevos retos y seguir mejorando las ya existentes. Una cooperación pública que sigue demostrando, un año más y fortalecida bajo la nueva Ley de Cooperación, que la cooperación entre administraciones públicas y la promoción de nuestro talento público, es un ingrediente imprescindible para el progreso y el bienestar de todas las sociedades. 

Este año hemos conectado a más de 300 instituciones europeas con 830 instituciones en 120 países. Seguimos compartiendo nuestro talento público con el mundo.

1. Nigeria 

Cooperamos con la Policía para detectar nuevos patrones de las redes de trata y concienciamos a niñas para que sepan cuándo corren riesgo de ser captadas. Lo hacemos desde el proyecto europeo A-TIPSOM, cuyo objetivo es reducir la trata de personas en Nigeria con el apoyo de la Policía Nacional española.  

2. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Ecuador 

Extendemos la protección a las mujeres víctimas de violencia de género a través de un acuerdo internacional, gracias a la cooperación internacional. Un nuevo acuerdo promovido por instituciones de justicia y seguridad de la Unión Europea y América Latina que impulsa la seguridad de estas mujeres fuera de las fronteras nacionales. 

 3. Sahel 

Facilitamos la cooperación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos de seguridad de la región para detener el tráfico de personas y el terrorismo internacional.  

Gracias a esta colaboración promovida por el proyecto ECI Níger se han liberado 300 niños soldado de grupos yihadistas, se ha conseguido desarticular 196 redes de tráfico de personas en Níger y, en Burkina Faso y se ha escoltado hasta la capital a población civil durante los picos de violencia.   

4. Brasil

A través del programa AL INVEST Verde, facilitamos el cumplimiento de estándares ambientales y laborales en las cadenas de valor de carne y cuero. Una acción fundamental ante la entrada en vigor del reglamento de deforestación de la Unión Europea, que prevé minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a productos que la UE importa o exporta. 

5. Centroamérica

Reforzamos las capacidades forenses para luchar contra el crimen, equipando a sus laboratorios con material para la acústica forense, análisis histopatológico, químico-toxicológico y de ADN y formando a su personal médico forense. Un trabajo desarrollado por I-CRIME para mejorar la seguridad de la ciudadanía y aumentar la eficacia de la justicia penal en la persecución de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas a nivel internacional.  

6. Líbano

Acompañamos a la policía municipal libanesa en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y mejoramos la investigación de este tipo de delito en las comisarías territoriales del país. Trabajamos desde el proyecto Apoyo a la policía de proximidad para garantizar que haya mujeres policías que atiendan a las víctimas de esta violencia y abordamos la salud mental en las fuerzas de seguridad, otorgando herramientas para prevenir, proteger y resolver posibles situaciones de estrés.  

7. Bolivia  

Contribuimos al rediseño de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Centro de Formación Antinarcóticos desde el proyecto de Apoyo europeo a las fuerzas especiales de lucha contra la droga en la aplicación de la ley boliviana. Además, elaboramos guías de trabajo institucional para detectar víctimas de trata, contra el blanqueo de capitales e informática forense.  

8. Ucrania 

Apoyamos la digitalización de la administración a través de 17 iniciativas legislativas. En estos tiempos de guerra que atraviesa el país, el proyecto Apoyo de la UE a la Administración Electrónica y la Economía Digital en Ucrania EU4DigitalUA a través del Ministerio de Transformación Digital continúa cumpliendo con su tarea principal: construir un estado digital dirigido a todos los ucranianos.  

9. Cuba 

Favorecemos la inversión en energías renovables para integrar el biogás, el hidrógeno verde, la biomasa y la economía circular en su modelo de producción energética. Lo hacemos a través del intercambio de expertos de la Unión Europea y Cuba para promover las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética. 

10. Chile y Panamá 

Apoyamos desde EUROCLIMA+ las leyes de cambio climático de Chile y Panamá y las estrategias relacionadas en cinco países de la región. Facilitamos el diálogo sobre políticas regionales y proporcionamos apoyo para el desarrollo y la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático y políticas de mitigación en la región latinoamericana. 

11. Argentina, Chile y Costa Rica  

A través de la cooperación pública, impulsamos un Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.  

12. Marruecos 

En los últimos veinte años, Marruecos ha pasado de ser un país de emigración a un país de tránsito y de asentamiento de personas migrantes. Esta nueva dimensión de los movimientos migratorios sitúa a la sociedad marroquí frente a nuevas realidades que tienen que ser paulatinamente integradas a nivel político, económico y social. Por eso, colaboramos con la administración pública del país para prevenir acciones xenófobas hacia la población migrante en el país, proponiendo un sistema de detección de incidentes racistas y sensibilizando a servidores públicos y colegios.  

13. Georgia  

Apoyamos un plan de formación para la inspección de trabajo y acercamos la normativa de seguridad y salud en el trabajo a las directivas europeas. Además, fortalecemos el Servicio Estatal de Supervisión de Seguros. 

14. Angola 

Involucramos a la Federación Española de Municipios y Provincias en el apoyo al proceso descentralización y desarrollo local en el país a través de PASCAL, el proyecto de apoyo a la sociedad civil en la gobernanza local en Angola.  

15. Asia Central y América Latina  

Creamos grupos de trabajo para propiciar nuevas políticas contra las drogas que aborden producción, tráfico y consumo desde un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos. Además, abordamos este enfoque en el primer vídeo de un ciclo de conversaciones entre personas expertas de instituciones para debatir sobre retos globales que pueden y deben abordarse desde las políticas públicas. 

• La FIIAPP, entidad de la Cooperación Española, materializa este compromiso a través de la movilización de profesionales públicos de nuestras instituciones para apoyar políticas públicas feministas en todo el mundo que cierren el paso a los maltratadores.
   
• Policías, juezas, médicos o fiscales son algunos de los profesionales que se movilizan a través de la FIIAPP para cooperar con sus homólogas en otros países aportando sus experiencias en las instituciones españolas para combatir la violencia de género.
   

Condenar a los maltratadores, sensibilizar a los adolescentes, no revictimizar a las mujeres, juzgar a los agresores, perseguir la trata, velar por la seguridad de las amenazadas, facilitar rutas migratorias seguras, apostar por una educación feminista… Son actuaciones imprescindibles para combatir la violencia de género que tienen algo en común: necesitan instituciones públicas para realizarse.  

A través de la cooperación pública, – una tipología de cooperación que permite la movilización de profesionales desde las instituciones- la FIIAPP moviliza especialistas como policías, juezas, médicos o fiscales para trabajar de la mano con sus homólogos en otros países. Estos intercambios facilitan el diálogo y el apoyo a normativas, leyes y políticas públicas que pongan coto a la violencia contra niñas y mujeres.  

“La violencia de género es un problema estructural que requiere abordajes transversales. Instituciones de igualdad, pero también de sanidad, interior, justicia o educación tienen la capacidad de construir políticas públicas con enfoque de género, que protejan a las mujeres, pero que también pongan el foco en la prevención y en el cambio de estructuras sociales”, explica la directora de Administración Pública y Asuntos Sociales, Peggy Martinello. 

Tres ejemplos de cooperación pública contra la violencia de género: 

Seguridad: La policía española forma a policías libaneses contra la violencia de género 

Especialistas de la Policía Nacional trabajan en el Líbano a través de un programa europeo de la FIIAPP que brinda apoyo a la policía libanesa. El programa incluye un componente de género que cuenta con la participación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. “Con su apoyo, impulsamos la creación de la Unidad de Violencia de género dentro del ISF (Fuerzas de Seguridad Libanesas) con policías formados en atención a las víctimas y en la investigación de estos tipos de delitos en las 12 comisarías territoriales del país. También queremos garantizar que existan mujeres policías que atiendan a las víctimas, ya que actualmente solo son hombres, y aspiramos a que se ofrezca una atención más integral a todas las víctimas, institucionalizando la prestación de servicios sociales, sanitarios, psicológicos y legales a todas las víctimas” explica la coordinadora del programa en la FIIAPP, Consuelo Navarro.  

Para el Policía Nacional y líder del proyecto, Joaquín Plasencia, las policías españolas que trabajan en el proyecto no solo aportan a través de las formaciones, “ellas son mandos de la Policía, y son un claro ejemplo de que es posible y necesario que la mujer ocupe estos cargos, hay que conseguir juntos, dar ejemplo de la igualdad de género para que las mujeres puedan alcanzar sus objetivos dentro de una sociedad moderna como es la libanesa. 

Justicia: mujeres latinoamericanas protegidas de sus maltratadores en todo el continente 

Dos expertas de la Fiscalía General de España y de la COMJIB han estado trabajando durante meses junto a las instituciones de América Latina para extender la protección a las víctimas de violencia de género en América Latina. Lo han hecho en el marco de EL PAcCTO, programa europeo de lucha contra el crimen organizado, a través del cual la FIIAPP moviliza especialistas públicos españoles que cooperan con sus homólogos en América Latina.  

El resultado de este trabajo conjunto ha sido la aprobación del Acuerdo sobre Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia de Género en el ámbito de Mercosur y Estados Asociados. Este hito promueve la extensión de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género a cualquiera de los países que han ratificado este acuerdo. “Hemos trabajado con EL PAcCTO para conocer cuáles son las legislaciones locales en materia de protección de víctimas de violencia y trata de personas para poder extender esta protección no solo en el país donde se produce el delito sino también en otros países parte de Mercosur y Estados Asociados” explica la coordinadora general de la COMJIB, Tatiana Salem. 

Este acuerdo “ayuda a esa homogeneización de legislaciones en la región. Se hace, además, con acompañamiento europeo, lo que garantiza cierta capacidad de interlocución transregional que debe acabar en sistemas que garanticen la protección de las mujeres en sus países, en sus regiones y más allá de sus regiones” asegura Mariano Guillén, director de Justicia y Estado de Derecho de la FIIAPP. 

Educación: Prevención contra la trata para más de 500 niñas en las escuelas de Nigeria  

Nigeria es uno de los principales países de origen de la trata de mujeres que son explotadas en Europa. Allí trabajan policías de nuestro Cuerpo Nacional de la Policía junto a ONG’s y Centros Nacionales realizando labores de formación y sensibilización directa a mujeres y niñas, principales víctimas potenciales de las redes de trata.   

«La lucha contra la trata de personas en Nigeria ha tomado una dimensión positiva, el país se ha situado en la vanguardia de la lucha contra la trata de personas y la migración irregular en África gracias al apoyo de programas europeos de cooperación como ATIPSOM, que nos recuerdan la importancia de poner nuestros esfuerzos de cooperación y desarrollo en combatir la trata de personas”, explica Fatima Waziri-Azi, directora general de La Agencia Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas (NAPTIP).  

Las políticas públicas no caben en un tweet, no se pueden contar en 280 caracteres y es que para comunicar su extensión y acción hace falta mucho más. Por eso, ponemos en marcha una serie de conversaciones bajo el nombre Hablemos de Políticas Públicas en las que, a través de la voz de los expertos y expertas, profundizamos sobre el alcance de las administraciones públicas de distintos países para compartir soluciones a retos globales. 

Retos que pueden y deben abordarse desde las políticas públicas 

Iniciamos este ciclo de conversaciones colaborando con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) y hablamos sobre #Drogas. Una conversación a tres bandas entre Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el PNSD; Anna Terrón, directora de la FIIAPP; y Javier Sagredo, director del programa de cooperación en materia de drogas COPOLAD III. 

¿Por qué políticas públicas en materia de drogas? 

El reto de las drogas es global, atraviesa fronteras y golpea fuertemente a personas de todo el mundo. Además, se prevé que para 2030, las personas que consumen drogas se incrementen en un 11%. Una problemática de la que las políticas públicas se hacen eco e implementan, cada vez con mayores avances, estrategias que tratan de darle respuesta. 

En esta línea, Javier Sagredo remarca la importancia de “apelar a la urgencia de humanizar más la política” y destaca que es necesaria una revisión puesto que “las recetas han estado siempre muy ligadas a ser muy duros con los débiles y muy débiles con los duros” y “esta es una parte de la revisión que tenemos que hacer para conseguir todo lo contrario”. Además, destaca que las respuestas comunitarias desarrolladas en América Latina y Caribe son una inspiración, puesto que han construido modelos de políticas públicas. 

Lo cierto es que los datos de producción, tráfico y consumo problemático de drogas presentan una preocupante tendencia general al alza: 36 millones de personas en todo el mundo sufren trastornos por consumo de drogas. Además, según algunas previsiones, el narcotráfico mueve cada año entre 426 y 652 mil millones de dólares: el equivalente al PIB de Suecia.  

Por ello, la coherencia de las políticas públicas es imprescindible para avanzar en las políticas de drogas y, con este propósito, el programa COPOLAD III, liderado por la FIIAPP en consorcio con el instituto italo-latinoamericana (IILA) y financiado por la Unión Europea, lleva trabajando más de diez años junto a la DGPNSD y otros aliados para fomentar el diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina.  

América del Sur es el origen de la producción de la hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína en todo el mundo y en algunos países de América Latina y el Caribe, el 80% de las mujeres privadas de libertad lo son por delitos menores de drogas. 

Las mujeres necesitan un enfoque específico 

El enfoque que ha guiado las políticas públicas en materia de drogas ha girado, en su gran mayoría, en torno al consumo problemático de los hombres, sin poner la atención suficiente en las mujeres, quienes también sufren trastornos por consumo de drogas.  

El feminismo ha modificado algunos de los parámetros para el desarrollo de las nuevas políticas públicas. “Nuestra cooperación es feminista” ha destacado Anna Terrón, y es esta dimensión la que ha propiciado el desarrollo de nuevas estrategias y formas de dar respuesta al consumo problemático en las mujeres. 

En palabras de Joan Ramón Villalbí, “la realidad es que las mujeres tradicionalmente tienen un consumo menor de drogas, pero las que tienen el problema lo tienen más grave y encuentran barreras para acceder a los servicios, que no han sido pensados para ellas, sino para los hombres”. Además, ha añadido que son las mujeres las que impulsan a muchos hombres a buscar ayuda cuando ellos tienen un consumo problemático, pero “¿quién acompaña a la mujer que tiene un problema?” Aunque esta situación es menos frecuente en las mujeres “es, quizás, más complicado para las que tienen el problema encontrar salida”, ha afirmado Villalbí. 

Sofía habla ante un auditorio de jueces, fiscales, cooperantes, funcionarios de hacienda, de tribunales de cuentas y de órganos garantes de la transparencia, entre otros. La joven, estudiante de la Universidad de Valparaíso, interpreta, visiblemente emocionada, el caso real de una niña que fue a dar a luz enferma de sífilis. La menor había sido víctima de una red de trata con fines de explotación sexual. Esta organización criminal operaba gracias a la complicidad de agentes de policía, que recibían dinero de los proxenetas y sexo gratis de las mujeres explotadas. “¿Cómo alguien que juró protegernos puede ser tan despreciable?”, clama Sofía, poniéndose en la piel de la niña y conmoviendo con su actuación a los más de 80 funcionarios y funcionarias de América Latina y la Unión Europea presentes en la representación coral y teatral, una de las diversas actividades de la iniciativa ‘Mujer y corrupción. Expresión de dolor y esperanza’, un conjunto de dinámicas artísticas integradas en el Encuentro ‘Pactos políticos y sociales para una nueva América Latina’, organizado por EUROsociAL + el pasado mes de enero en Valparaíso (Chile).

A través de la acción ‘Mujer y corrupción’, desde el Área de Gobernanza de EUROsociAL + en la FIIAPP hemos trabajado para identificar, visibilizar, medir, prevenir y combatir los efectos de la corrupción en las mujeres de América Latina. Hemos realizado diagnósticos y buscado soluciones con operadores del sistema de justicia, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo a posicionar el tema en las agendas nacionales e internacionales, generando herramientas e impulsando reformas normativas.

La importancia de identificar y conocer el problema

La corrupción presenta impactos diferenciados en las mujeres y las niñas de América Latina, que sufren las prácticas corruptas de formas específicas por razón de su género y su vulnerabilidad. Funcionarios judiciales que exigen sexo a cambio de un trato de favor, docentes universitarios que hacen proposiciones a sus alumnas, policías pagados por redes de prostitución o de trata de personas, vigilantes de prisiones que permiten el ingreso de niñas y mujeres para que las exploten sexualmente… Algunos de estos comportamientos son delitos aislados, pero otros forman parte de un fenómeno sistémico que debe ser identificado y combatido.

Ese ha sido uno de los objetivos de EUROsociAL + durante los tres últimos años, un período de trabajo al que pusimos cierre entre el 12 y el 14 del pasado enero con el mencionado Encuentro de Valparaíso, en el cual recibieron una atención especial las víctimas de la corrupción. La forma de conocer sus experiencias fue mediante la iniciativa ‘Mujer y corrupción. Expresión de dolor y esperanza’, una actividad fruto de la colaboración entre EUROsociAL +, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud de Bogotá (Idipron), la Universidad de Valparaíso y la artista peruana Aisha Asconiga.

El objetivo de estas iniciativas es emplear el arte en sus diferentes formas para dar voz a las mujeres y niñas que sufren la extorsión sexual y la corrupción facilitadora de las redes de trata y explotación sexual. Quisimos tener una primera aproximación para saber quiénes son, entender su historia y compartir sus vivencias, para abrir discusiones sobre las mejores estrategias para luchar más eficazmente contra los delitos de los que fueron víctimas.

El arte para reflejar el dolor

El arte es una ventana, un mecanismo de reparación, de concienciación, de transformación social e institucional. Es también memoria, expresión de resistencia, dolor y esperanza. El arte debe servir para humanizarnos, para forjar nuevos caminos en la búsqueda de soluciones con una mirada distinta.

En este contexto, a través de tres dinámicas, se plasmaron diferentes visiones plásticas y musicales inspiradas en siete casos reales narrados por las víctimas y recopilados por EUROsociAL + que puedes ver aquí.

La primera dinámica estuvo a cargo del Idipron. Bajo el lema #QuéCaminoRecorrer, tres grupos de personas en Bogotá (Colombia) realizaron dibujos a partir de los relatos desde tres perspectivas o caminos, desde tres sensibilidades.

La primera reflexión artística se realizó desde el ámbito institucional. El área de comunicación de Idipron elaboró ilustraciones como reacción a los relatos de las víctimas, desde una visión más técnica, a modo de campaña institucional. El segundo camino fue el de las víctimas, plasmado en dibujos realizados por niñas que salieron del barrio de Santa Fé de Bogotá y que están bajo medidas de protección tras haber sido víctimas de explotación sexual. Ellas sienten de manera especial las situaciones que están pintando, porque en ocasiones las han vivido en carne propia. La tercera visión es la de la calle, la de los niños y niñas que viven en la zona que rodea el Castillo de las Artes, en el mencionado Barrio de Santa Fé, un antiguo lugar de explotación sexual, que fue escenario de abuso y maltrato durante años y que ahora brinda alternativas a los jóvenes a través del arte. Los niños y niñas que hicieron estos dibujos viven en un entorno donde muchos habitantes son captados por estructuras delictivas, en ocasiones de buen grado, otras por la fuerza. Por tanto, entienden muy bien este tipo de problemas y disyuntivas.

El objetivo de la dinámica fue que, a través de los relatos y las ilustraciones, expuestas en un stand coordinado por Carlos Marín, Director de Idipron, el público asistente al Encuentro de Valparaíso reflexionara sobre qué políticas públicas son necesarias para abordar estos problemas y para que la sociedad tome conciencia de ellos. ¿Podemos guiarnos solo por lo institucional, sin consultar a las personas que viven en primera persona este tipo de situaciones? Las víctimas tienen una visión más personal, desde el dolor, de lo que está ocurriendo. A la hora de identificar #quécaminorecorrer, hay que afrontar el tema no solo desde la acción de la autoridad, sino también desde la conexión con la sociedad. Estos delitos están, con frecuencia, invisibilizados y es preciso romper la inacción social frente a ellos.

La segunda dinámica fue protagonizada por la artista plástica peruana Aisha Asconiga. Aisha explora la posición de la mujer en la sociedad y la violencia asociada al mero hecho de ser mujer. En su obra ´Cuándo dejaré de ser objeto´ se aprecia una figura femenina que pretende mostrar cómo las mujeres son vistas como un objeto, como una mercancía en el inconsciente colectivo, como moneda de pago. De manera específica, la obra muestra cómo impacta en las mujeres la corrupción de agentes públicos cuando la extorsión o la explotación sexual condicionan su libertad y sus derechos, y se ven forzadas a pagar con su propio cuerpo.

Las dinámicas artísticas culminaron con la representación musical y teatral ‘Mujer y corrupción. Voces que denuncian, cantos de libertad’, de la Camerata Vocal de la Universidad de Valparaíso, bajo la conducción de Ximena Soto. Fue una oportunidad para compartir con el público interpretaciones musicales intercaladas con relatos teatralizados a partir de la experiencia de niñas, adolescentes y mujeres afectadas por la corrupción.

Sofía, una de las integrantes de la Camerata y la persona con quien comenzábamos estas líneas, explica cómo ha vivido la experiencia de crear arte a partir de experiencias traumáticas: “Son relatos impactantes, pero debemos mostrárselos a la gente porque suceden todos los días. Debemos acordarnos de que esto existe”. Y continúa: “¿Qué podemos aportar desde el arte a estas problemáticas sociales? Cuando uno canta no se trata solo afinar las notas y que suenen bonitas. Es también el mensaje. La música te mueve a sentir más profundamente. Había nervios en el grupo antes de empezar, pero nos quedamos muy contentos porque el público es gente que puede hacer algo para aportar soluciones y nosotros pusimos nuestro granito para ayudar a que esa gente haga algo. Hay una responsabilidad social que decidimos asumir como artistas; si una puede aportar de alguna manera desde la cultura que te llena, el corazón te lleva para adelante, te anima a seguir”.

Borja Díaz Rivillas, Responsable de Buen Gobierno, Área de Gobernanza Programa EUROsociAL+/FIIAPP

Ana Linda Solano López, experta en corrupción y género, Área de Gobernanza Programa EUROsociAL+/FIIAPP